Ni todos corruptos, ni todos vendidos

En esta crisis política que inició hace ya varios años, en la cual se enfrentan el gobierno y la CICIG, ni todos los que apoyan al gobierno son corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son vendidos. Ni todos los que apoyan al gobierno son defensores de la libertad, ni todos los que apoyan a la CICIG son socialistas. Ni todos los que apoyan al gobierno están en contra de la persecución de corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son honrados. Deshonestos hay en ambos bandos. Idealistas hay en ambos grupos. Oportunistas hay en ambas facciones. Y en las dos partes hay personas que quieren una Guatemala diferente.

Quiero aprovechar para recordar lo que he escrito en otras oportunidades, lo que representa uno de los más serios problemas que enfrentamos. Somos muy pocos los que realmente estamos interesados en lo que sucede a nivel político en nuestro país. La mayoría de nuestros compatriotas no están interesados en temas políticos. A la mayor parte de ellos lo que les preocupa es cómo van a lograr satisfacer sus necesidades básicas y las de sus seres queridos. Muchos otros están enfocados en juntar el dinero que necesitan para emigrar a Estados Unidos. Y el resto, defraudados y desconfiados de los políticos, con sobrados motivos, prefieren ignorar la realidad creyendo que de esa manera no les va a afectar. Tremendo error que pagamos todos.

Ahora, el problema que tienen los que en la presente crisis se han decantado por un grupo en particular, al menos la mayor parte de ellos, es que se están dejando llevar por la emoción y no por la razón. Sin embargo, dentro de la ínfima minoría interesada en los asuntos políticos en Guatemala, existe un tercer grupo con el cual me identifico yo. Dentro de este debate hay muchos que no tomamos una posición indiscutida por un grupo. Y somos más de lo que se imaginan, porque la mayoría prefiere mantenerse silenciosa para no ser etiquetados ni vilipendiados, para no enfrentarse con amigos ni familiares. Ciudadanos que prefieren solo observar, sin emitir públicamente su opinión. Quienes ni estamos indiscriminadamente a favor del gobierno, ni ciegamente a favor de la CICIG.

Que estamos a favor de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, dentro de un gobierno republicano, donde nadie esté por encima de las normas y nadie goce ni de privilegios ni de inmunidades especiales. Que exigimos que aquellos que ejercen el poder, lo ejerzan de forma limitada, que rindan cuentas y paguen las consecuencias de sus errores. Todos, sin excepción. En pocas palabras, donde todos seamos iguales ante la Ley: con iguales derechos y obligaciones.

Los invito a meditar de una forma objetiva, racional y prudente, para que no los manipule nadie. Al fin, lo que realmente estamos viendo y viviendo hoy en Guatemala, es una desesperada lucha por el ejercicio del poder a como dé lugar. En unos días será la convocatoria oficial a las elecciones generales de 2019, y estas elecciones, que incluyen su proceso y saber quiénes son los candidatos, deben ser nuestro principal motivo de discusión. Porque en estas elecciones nos estamos jugando las condiciones en las cuales vamos a vivir en los próximos años.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de enero de 2019.

El plebiscito de Trump

Mañana se llevarán a cabo, como oficialmente son conocidas, las midterm elections (elecciones de medio término) de Estados Unidos. Estas elecciones son consideradas el segundo acontecimiento político más importante del ciclo electoral estadounidense, después de los comicios presidenciales. Estas elecciones, que se realizan a la de mitad del mandato presidencial, suelen considerarse como una especie de evaluación del trabajo del presidente, quien quiera que este sea, durante los dos primeros años de su gobierno.

En las elecciones de este 6 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (33 escaños más dos por la renuncia de los senadores de Minnesota y Misisipi). Además, 36 estados elegirán gobernadores este año. Según The New York Times, están en juego 6,665 puestos políticos a nivel estatal y miles más a nivel local.

                                                             

Estos comicios determinarán qué partido controlará las dos cámaras del Congreso en los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump. En otras palabras, quienes tendrán el poder de supervisar al presidente Trump y a sus funcionarios. Hoy, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras. En el Senado, hay 51 senadores republicanos contra 49 demócratas, y en la Cámara de Representantes 235 contra 193, además de 7 puestos vacantes, Muchos ven estos comicios como una especie de referendo sobre la gestión de Trump, del que depende el apoyo que tendrá en el Congreso en los próximos dos años y su posible reelección en 2020.

Si los demócratas logran el control de la Cámara Baja, es muy probable que impulsen investigaciones que podrían ser la excusa para promover un proceso de destitución (impeachment) contra el presidente. Con una sola cámara bajo su control, los demócratas no pueden imponer su agenda legislativa, pero pueden limitar la de Trump, bloqueando sus proyectos en el Congreso. Si logran el control del Senado, además de promover sus políticas, pueden rechazar cualquier nuevo nombramiento de Trump en la Corte Suprema de Justicia o en su Gabinete, aunque Trump podría vetar cualquier medida antes de que se convierta en ley. No obstante, el Congreso puede descartar el veto presidencial con dos tercios de los votos.

Coincido con los analistas que piensan que el escenario más probable es que el Partido Republicano conserve su mayoría en el Senado y que los demócratas logren el control de la Cámara de Representantes. Baso mi juico en los datos proporcionados por FiveThirtyEight, un sitio especializado en pronósticos electorales, según los cuales la probabilidad, al 4 de noviembre, de que los demócratas obtengan el control de la Cámara Baja es de un 85.3 por ciento, frente a tan solo un 15.5 por ciento que tienen de tomar el control del Senado. Sin embargo, otras encuestas muestran que la competencia por el control de la Cámara Baja es muy pareja y que, al final, puede suceder cualquier cosa el martes próximo: el día del referéndum de Trump.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.

El suicidio de Roxana

Roxana Baldetti se suicidó hace muchos años. Aclaro que uso el término de una manera metafórica, ya que, al menos mientras escribo estas líneas, la exvicepresidente sigue vivita y coleando y, según el informe del Inacif, con ánimo de continuar adelante a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra en la cárcel de Santa Teresa. Condiciones que, por más privilegiada que sea Baldetti, ni de broma se parecen a las condiciones en las cuales esperaba vivir después de su paso por el gobierno. El suicidio que cometió Roxana, y cometen muchos más de quienes llegan al ejercicio del poder, es el suicidio moral. Ese del cual podrían resucitar si reconocieran sus errores y pagaran las consecuencias de sus acciones retribuyendo justamente a sus víctimas.

Roxana se suicidó en el momento en el cual decidió ser deshonesta, arrogante y viciosa. Se suicidó cuando se dejó de valorar. Se suicidó en el momento en el cual decidió ser inmoral, ser corrupta. “Lo moral es lo escogido, no lo forzado; lo comprendido, no lo obedecido. Lo moral es lo racional…”, escribió Ayn Rand. Lo moral es tomar las decisiones correctas para asegurar nuestra felicidad. Es saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Las acciones habituales tienen consecuencias. Si la consecuencia es deseable, es un hábito bueno. Si no es deseable, es un hábito "malo". Si no es ni bueno ni malo, es un hábito irrelevante.

Una virtud es un hábito moralmente bueno que promueve un buen propósito con un significado moral. Una acción es moralmente significativa cuando trata asuntos que son fundamentalmente importantes para la vida y el bienestar humanos. ¿Cuáles son los principios básicos según los cuales uno debe vivir? ¿Cómo se debe tratar con otras personas? ¿Cuáles son los roles de la razón y la emoción para vivir una buena vida? Estas y otras preguntas similares son esenciales para nuestra existencia y, por lo tanto, tienen un significado moral. Tales preguntas y sus respuestas caen dentro de la esfera de la ética o la filosofía moral.

Aquel que practica la virtud del orgullo no es ni vanidoso ni arrogante como lo ha sido Roxana Baldetti que aún presume ser quien no es. Ser orgulloso implica practicar el hábito de adquirir y crear los valores de carácter que lo hacen a uno merecedor de florecer, sentirnos dignos de vivir y tenernos en gran estima: valorarnos a nosotros mismos. Exigirnos ser llenos de virtudes y no cometer actos vergonzosos. Nunca aceptar una culpa inmerecida, corregir los agravios y errores cometidos, no permitir ser tratados como menos que persona. No aceptar el papel de animal de sacrificio, ni de esclavo, ni de objeto. Es una virtud introvertida: conseguir dentro de nosotros el mejor carácter posible, sin manchas, sin ser presumidos, fanfarrones, ostentosos. Sin pretender impresionar a otros o convertir nuestra vida en una competencia cuyo objetivo es alardear de la supuesta superioridad de uno sobre los demás.

Nuestra vida y nuestra felicidad dependen de que las elecciones que hagamos sean las correctas. Ser libre significa que tus elecciones son tuyas, ya que no existe un ente del gobierno capaz de monitorear cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros impulsos. Ninguna organización del gobierno puede prevenir cada acto de violencia porque cada acto de violencia es una expresión del poder humano. No hay burocracia estatal que sea más poderosa que las acciones de los individuos que somos libres de elegir hacer el bien o hacer el mal: libres de determinar el curso de nuestras vidas, libres de tomar nuestras propias decisiones. Ser libres también significa que podemos elegir hacer cosas terribles. Somos libres para ser buenas o malas personas. Aquellos que como Roxana eligen la vida inmoral nunca alcanzaran la verdadera felicidad, porque eligieron el suicidio moral.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de octubre de 2018.

Juicio sin ante

Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.

Los inmigrantes, la nueva droga

La imagen la baje de Time.com La edición es mi responsabilidad.

Los gobernantes de EE.UU. buscan desesperadamente las nuevas drogas a prohibir, al ver cómo avanza la descriminalización de la producción, la distribución y el consumo de las sustancias que hoy están prohibidas, gracias a las elecciones de los ciudadanos y la legislación de los Estados obligados por los primeros a eliminar esas restricciones a su libertad. Prohibiciones que esperan con ansiedad aquellos que felices van a suplir su demanda en el mercado estadounidense.

En los años veinte del siglo pasado, la droga prohibida fue el alcohol. Y es en esa prohibición donde se encuentra el origen de las fortunas de muchos gringos que ahora mantienen sus ingresos con la prohibición de la mariguana, la cocaína, la heroína…, asociados con narcos mexicanos, guatemaltecos, colombianos…. Pero como estas prohibiciones están en vías de extinción, ya encontraron en las personas que sueñan con vivir en Estados Unidos un nuevo medio para mantener el crecimiento de sus haciendas. Gente que está dispuesta a pagar lo que pidan y pasar por cualquier cantidad de peligros, violaciones y abusos, con tal de llegar a su destino final. Así de terrible es la alternativa que tienen: quedarse en su tierra. Y entre más difícil sea el proceso de inmigración, más alto será el precio que tendrán que pagar y mayor la ganancia de quienes los van a ayudar.

Si hay individuos que libremente deciden consumir las sustancias prohibidas por el gobierno de EE.UU., no es responsabilidad de los gobernantes de ese país ni de ningún otro país reducirlo y, menos, evitarlo. Con sus buenas intenciones lo único que logran es agravar el problema. Lo mismo sucede con el caso de los inmigrantes. No importa cuán difícil sea llegar a EE.UU. y cuánto les cobren los coyotes, seguirán emigrando, porque el motivo que los lleva a tomar esa decisión se encuentra en los países en los cuales nacieron.

¿Cómo terminar con la crisis migratoria? Terminando con la crisis económica que la provocó. ¿Cómo terminar con la crisis económica? Eliminando todos los obstáculos a la creación de riqueza. ¿Cómo terminar con los obstáculos a la creación de riqueza? Eliminando toda la legislación arbitraria, discrecional y violatoria de los derechos individuales. ¿Cómo acabar con la legislación positivista y antojadiza? Reduciendo el ejercicio del poder. ¿Cómo reducir el ejercicio del poder? Cambiando el sistema de incentivos perversos vigente.

¿Cómo cambiar el sistema de incentivos perversos vigente? Reconociendo que el estatismo y el intervencionismo promovido por el sistema benefactor/mercantilista es contrario a la naturaleza del gobierno. ¿Cómo reconocerlo? Aclarándonos las ideas. ¿Cómo nos aclaramos las ideas? Cuestionando nuestros prejuicios, desechando nuestras creencias falsas y emitiendo juicios verdaderos, o sea, basados en hechos. Persuadiendo a la mayoría indiferente de que la realidad política, independientemente de que elijan ignorarla, los afecta a ellos y a sus seres queridos. Convenciéndolos de que es en esa actitud indiferente donde van a encontrar la raíz de sus problemas y de las condiciones en las que viven: los motivos por los que deciden emigrar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 25 de junio de 2018.

Después del Fuego

La imagen es de RepúblicaGt. La edición es responsabilidad mía.

Viene el duelo, no la calma. Viene el dolor, no la paz. Viene la lágrima, no la risa. Viene la angustia, la confusión, la indefensión. Vienen las preguntas sin respuestas, los reclamos, la búsqueda de culpables… viene el rostro que refleja el espejo. Después del fuego que quema, también puede venir más fuego. Puede venir el fuego que destruye lo poco que quedó en pie, o puede venir el fuego que calienta el hogar que se logra integrar. ¿Qué hará la diferencia entre uno u otro escenario?

¿Qué hacer frente a una catástrofe? ¿Cómo continuar viviendo? ¿Qué se necesita para entender las palabras que dejó escritas José Antonio Castillo a su esposa, Gloria Cojolón? “No todo es para siempre. Sigan adelante, la vida sigue…la vida es así”. Es una verdad indiscutible que la vida termina algún día. Pero, ¿tiene que ser la vida trágica, infeliz, plagada de obstáculos insalvables? ¿Qué podemos cambiar para que la vida, independientemente de la muerte, sea diferente?

¿Por qué arriesgar la vida por unos pocos bienes, tal y como hicieron tantos que no abandonaron sus casas? Porque, ante las circunstancias que enfrentamos en Guatemala, esos pocos bienes les ha costado mucho acumularlos. Porque ante tantas dificultades que encuentran en el inhabilitado camino de la prosperidad en nuestro país, cualquier bien que posean es indispensable para seguir viviendo.

Porque, sin más rodeos, el origen de esta tragedia, ¡cómo de la mayoría de tragedias que se dan en Guatemala! se encuentra en nuestro sistema político, basado en incentivos perversos que castigan al productivo y facilitan la corrupción de los peores representantes de la sociedad. Un sistema basado en la fe irracional en el Divino Estado, todopoderoso, que todo lo resuelve y de todo se debe hacer cargo.

Un sistema que ha fracasado. Un sistema que impide la mejora en la calidad de vida. Un sistema que estorba la existencia misma. Qué mejor forma de ejemplificarlo, que con las declaraciones de Héctor Pozuelos Illescas - un sobreviviente de San Miguel Los Lotes que asumió la búsqueda de su mamá, María de Jesús Illescas-, de que las autoridades en lugar de ayudarlos a encontrar a sus parientes los hacen caminar más al restringir el acceso.

La zona cero del desastre es toda Guatemala, y los damnificados somos los que en esta tierra vivimos. La ruta que con urgencia debemos habilitar es la que nos permita progresar. Debemos derribar los muros que hemos permitido que levanten quienes ejercen el poder, apoyados por grupos de presión que, brevemente, son los únicos que se benefician de la miseria del resto. Debemos detener la búsqueda de excusas para seguir sosteniendo un sistema inmoral que solo beneficia a unos pocos. Que promueve el paternalismo, la mediocridad y el conformismo.

Los expertos opinan que tomará 50 años para que los terrenos cubiertos de material volcánico se recuperen. Espero que no sea ese el tiempo que nos lleve hacer los cambios urgentes al sistema, porque de lo contrario, ¿cuántas tragedias más vamos a vivir? ¿Cuántos más van a morir por la decisión de la mayoría de falsear la realidad para seguir aferrados a fantasías que terminan convirtiéndose en pesadillas?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de junio de 2018.

El fin del financiamiento

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.

El desborde del poder

Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

¿Cómo limitar el poder?

Es la pregunta más importante que nos debemos hacer, si queremos vivir en una sociedad donde todos, a partir de nuestros objetivos personales y esfuerzo propio, podamos prosperar. Sólo limitando el poder que gozan quienes lo ejercen, a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno podemos acabar con la corrupción. Sólo limitando el poder podemos convivir en paz con los demás y progresar.

Es irónico que en Guatemala el gobierno sea débil en el cumplimiento de sus obligaciones, dar seguridad y velar porque haya justicia; pero inmensamente poderoso en funciones que no le corresponden, lo que facilita el abuso del poder. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. No es el gobernante responsable, ni debe serlo actuando en nombre del abstracto Estado, de satisfacer los gustos, deseos y demandas de los individuos y los grupos de presión. Que algunos quieran que alguien más les provea sus necesidades, no hace de ésta exigencia una obligación de los gobernantes.

¿Cómo lograr que aquellos que detentan el poder lo limiten? ¿Cómo quitarles el poder innecesario que les hemos otorgado? Exigiendo al Congreso la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más poder discrecional y arbitrario. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención caprichosa de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Como bien lo explicó el político estadounidense James F. Byrnes (quien ejerció como diputado, senador, juez de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de Estado y gobernador) al describir lo que le sucede a la mayoría de quienes gobiernan con pocos límites: “El poder intoxica a los hombres. Cuando un hombre está intoxicado por el alcohol, puede recuperarse, pero cuando está intoxicado por el poder, rara vez se recupera”.

¿Por qué es importante que el ejercicio del poder sea temporal, y ese tiempo racional y prudentemente limitado? Por el peligro de que aquellos que ejercen el poder terminen enamorándose de este y convirtiéndose en dictadores, una amenaza permanente, en particular en países donde los atributos de una república son pocos y prevalece, por otro lado, la democracia, como es el caso de muchos naciones latinoamericanas.

Recordemos el sabio consejo que dio John Adams en Notes for an Oration at Braintree en la primavera de 1772: “Hay un peligro de todos los hombres. La única máxima de un gobierno libre debería ser no confiar en ningún hombre que viva con poder para poner en peligro la libertad pública”. El límite al poder del gobernante debe ser el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, con excepción de aquellos que violenten los derechos de otros y al iniciar el uso de la fuerza contra alguien más, renuncian a sus propios derechos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de diciembre de 2017.

Desigualdad: pobreza y corrupción

Tanto la pobreza como la corrupción, junto con otros muchos males, son consecuencia de la desigualdad. Pero no de la desigualdad económica como algunos repiten irresponsablemente desde tiempos de Karl Marx. La pobreza y la corrupción son consecuencias de la desigualdad ante la ley, cuando ésta pierde su razón de ser y se convierte en un medio para otorgar privilegios a unos a costa de los otros.

Sé que reconocer lo anterior es ir en contra de la idea predominante en el mainstream intelectual, que apoya esa desigualdad ante la ley para buscar la igualdad en las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, yo elijo ser políticamente incorrecta, porque lo que me interesa es estar en lo correcto: que los juicios que emita sean verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad. Total, si nos vamos a dejar guiar por las opiniones de los demás, ¿qué sentido tiene tener opiniones propias?

Quienes hoy sufren los estragos de la miseria, irónicamente, están sufriendo más “por las buenas personas que quieren preocuparse por los negocios de otros hombres que por las malas personas que están dispuestas a dejar que todos se preocupen por sus propios asuntos individuales”, como declaró Clarence Darrow, en su discurso de 1908 a los miembros de la Liga de la Libertad Personal. Hecho que podemos corroborar con sólo ver los resultados trágicos que el intervencionismo en búsqueda de la igualdad económica ha provocado.

El origen de la pobreza NO es la desigualdad per se. La desigualdad es propia de nuestra naturaleza. No existen dos personas idénticas. Todo ser humano es único e irrepetible: un fin en sí mismo. Respetarnos implica reconocer que cada quién es libre de elegir su proyecto de vida y, además, es responsable de realizarlo. Y es en esa diversidad de individuos y de elecciones en donde encontramos el origen del progreso de nuestra especie. Lamentablemente, quienes pretenden acabar con tal desigualdad, que entre otras cosas se refleja en la consecuente diferencia en ingresos, promueven medidas estatistas que obstaculizan la creación de riqueza que permite la mejora en la calidad de vida de todos. En fin, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Y la ironía de lo anterior es que con esas medidas que invocan la intervención del omnipotente, Estado, terminan favoreciendo a los gobernantes otorgándoles poderes casi ilimitados. Poder que utilizan para favorecer a amigos o extorsionar a la gente productiva y creadora de riqueza. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los políticos como pretenden algunos que creamos. El origen de la corrupción es ese PODER que gozan dentro del Estado Benefactor/Mercantilista aquellos que llegan a su ejercicio.

“El hombre verdaderamente educado es ese individuo raro que puede separar la realidad de la ilusión”. Eduquémonos y ayudemos a otros en ese proceso. Demos la batalla de las ideas, previamente aclarando las propias, para que cambiemos efectivamente lo que debemos cambiar, si es que nuestro objetivo es superar la pobreza, acabar con la corrupción y progresar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de noviembre de 2017.

Las noticias son noticia

Y no son buenas noticias. Todo lo contrario. En casi todo el mundo se cuestiona cómo se presentan en los medios de comunicación al público los hechos que son relevantes para el ser humano. Hechos que describen nuestro presente y configuran nuestro futuro. Esta crítica, justificada en la mayoría de los casos, ha llevado a muchos a recurrir a otros medios ajenos a los tradicionales que, gracias a la Internet, facilitan el acceso a la información. Sin embargo, en muchos casos, los datos que encontramos en estos medios alternativos son menos fiables que aquellos que encontramos en los mismos medios organizados que hoy son cuestionados.

¿Quién va a llenar el vacío que dejan los periodistas que han olvidado la misión de nuestro oficio? Es una pregunta que todos debemos hacernos: desde quienes reportan los hechos, pasando por aquellos que los analizamos, hasta quienes consumimos la información que, al final, somos todos. De lo contrario, corremos el riesgo de que ese vacío lo terminen llenando los gobernantes, y es aquí donde debemos recordar la advertencia que nos hace George Orwell en “1984”.

La misión del periodismo y, por tanto, la misión del periodista, es la búsqueda de la verdad de los hechos. Para esto, nos gusten o no los resultados de nuestra búsqueda, debemos ser leales a esos hechos. No debemos falsear la realidad. Debemos ser objetivos. Lamentablemente, con excusas burdas y argumentos falaces que no son sostenibles cuando se cuestionan, durante ya décadas, los profesores de periodismo han convencido a los estudiantes y futuros buscadores de la verdad, de que esto es imposible. Y, casi sin discusión, esta mentira, contradictoriamente, ha sido aceptada por la mayoría como una verdad.

Pero no sólo son responsables los periodistas. También son culpables de esta situación la mayoría de los consumidores de noticias que son incapaces de diferenciar entre la realidad y la ficción y fácilmente son manipulados por aquellos que, o no reportan verazmente los hechos o, simplemente, mienten descaradamente y con conocimiento de causa para alcanzar sus fines o avanzar los intereses de los grupos de presión buscadores de privilegios con los cuales simpatizan.

Esta era de la desconfianza casi generalizada en la que vivimos, les ha facilitado a demagogos y oportunistas acercarse al ejercicio del poder. Esa desconfianza tanto a la mayoría de los políticos como a los miembros de las supuestas élites (convertidas en grupos de presión) y a los periodistas en los medios tradicionales, ha beneficiado a los peores representantes de nuestras sociedades que, por medio de sus discursos que apelan a las emociones de los electores y no a su razón, terminan ejerciendo el poder con pocas limitaciones en muchos casos. En fin, en río revuelto ganancia de malhechores, como bien me gusta parafrasear el célebre refrán.

¿Cómo cambiar el estado actual de las cosas en el mundo del periodismo? Cuestionándonos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es por qué creemos lo que creemos. Mejor aún, le pregunto, ¿por qué cree usted lo que cree?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de octubre de 2017.

Los corruptistas

Se parecen a los extorsionistas. Acusan a quienes no coinciden con ellos en su supuesta lucha contra la corrupción de pertenecer a oscuras organizaciones criminales, de ser parte de la oligarquía explotadora, de ser corruptos… y de cualquier sandez que se les ocurra a sus emotivas cabecitas. ¡Ah! Quiero mencionar la ridícula ocurrencia de acusar a quienes cuestionan los abusos por parte de miembros de la CICIG de vendidos al ¿Mariscal Zabala? O sea, a un edificio inanimado, en lugar de tener al menos los cojones de mencionar a Otto Pérez Molina y a otros que lo acompañan en el mentado cuartel convertido en cárcel. En fin, una sarta de tonterías y falacias que no intentaré listar ya que rebasan el espacio de cualquier artículo de tamaño promedio.

En mi caso, pues SÓLO me hago responsable de lo que YO digo y de lo que YO hago y NO de lo que otros interpreten y menos de lo que digan que dije o hice, dejo CLARO que estoy en contra de TODO abuso de poder, independientemente de quién sea el señalado, y sus consecuencias que INCLUYEN la corrupción en sus distintas expresiones. Hecho que es obvio para quienquiera que haga el esfuerzo mental por aclararse las ideas y para aquellos que han seguido mi trayectoria en los diecinueve años que llevo de ejercer el periodismo.

No me amedrentan los bullies. A estos los enfrento dando la cara y el nombre, si ellos también los dan. A los que actúan en las redes sociales por medio de cuentas falsas, escondiéndose detrás de seudónimos, los ignoro. Al final, son cobardes que sólo pueden actuar en mara o en el anonimato, pero en el momento que alguien se les planta y los expone como lo que son, irracionales resentidos, se achicopalan y no les queda más que recurrir al insulto. Pobre la gente que les hace el coro y terminan convirtiéndose en los peones de los saqueadores de los grupos de presión.

Comparto la opinión de Fernando Savater de que muchos de los más críticos con la corrupción, en especial si sólo se han dedicado a la política, no se indignan por integridad, sino por deshonestidad contrariada: no perdonan a los corruptos haberse aprovechado de una ocasión que a ellos no se les ha ofrecido. “Entre los que van a la puerta de los tribunales a chillar contra los encausados hay algunos personalmente perjudicados, sin duda, pero creo que la mayoría van como maletillas olvidadas, a pedir una oportunidad…”. No buscan limitar el ejercicio del poder arbitrario de los gobernantes y funcionarios. Por el contrario, esperan ampliarlo con la esperanza de que algún día sean ellos quienes lo ejerzan.

Pero, a fin de cuentas, no es a ellos a quienes me dirijo en mis escritos y mis programas. A mí me interesa reflexionar e intercambiar ideas con personas que, como yo, buscan la verdad, que son honestas y quieren vivir en una sociedad donde prevalezca la justicia y el respeto mutuo. Personas productivas que no pretenden vivir a costa de nadie y que cada vez tienen más claro que debemos limitar el poder para acabar con la corrupción y los abusos en general.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de septiembre de 2017.

El árbol de la corrupción

De poco sirve podar las hojas del árbol de la corrupción, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que creen que ignorando la realidad todo lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer.

¡Ilusos! El ser humano puede ELEGIR actuar contradictoriamente y falsear los hechos, desvirtuarlos, ignorarlos… Pero lo que NO podemos evitar son las consecuencias de esa desacertada decisión. Y, lamentablemente, dentro del sistema político actual no sólo ellos se hacen daño, sino también se lo hacen al resto, aún a quienes valientemente aceptan el reto de buscar la verdad y dar la batalla de las ideas.

La corrupción ha existido desde siempre. Pero, ¿qué es la corrupción? Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), en su cuarta acepción, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y los medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Para el filósofo español Fernando Savater, la corrupción consiste en aprovechar la preeminencia social que otorga un cargo público en beneficio propio, personal o partidista, en lugar de en servicio de la comunidad. Según Savater: “Las motivaciones de los corruptos para legitimar a sus propios ojos las fechorías que cometen deben abarcar un amplio registro. En primer lugar, van aquellos para quienes aprovecharse de todo, por poco que sea, es casi una ley moral... Luego están los que creen que prestan servicios tan destacados a la comunidad que se lo merecen todo y más… hay otros que han nacido para el embrollo y la tropelía, para los que la deslealtad es un mórbido placer aunque arriesguen más de lo que pueden obtener: en una palabra, que ‘pagarían por venderse’, como dijo Flaubert”. En resumen, frente al poder, hasta el más honesto se puede corromper, porque falsean el autocontrol por bienintencionado que sea.

¿Se puede acabar con la corrupción? Sí. Entonces, ¿cuáles son los barrotes que nos impiden salir de esa cárcel? Las reglas del juego que los constituyentes y los legisladores nos han impuesto desde 1945. Reglas que pueden y DEBEN ser cambiadas radicalmente, si es que de verdad queremos liberarnos de la corrupción y sus consecuencias. Al fin, la misma corrupción es sólo un resultado más de ese sistema de incentivos perversos al cual hago mención.

¿Por qué es un sistema de incentivos perversos? Porque premia las malas acciones y castiga las buenas. Promueve la corrupción y destruye la moral de la gente. Es un sistema en el que se admira a quien se sale con la suya y acostumbra a mentir y engañar para subsistir. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. Y más intervención estatal no resuelven los problemas: los agrava y, además, facilita la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de septiembre de 2017.

Chulada de hundimiento

Y no me refiero a los cráteres, algunos cuyo fondo no es visible, que inundan nuestras carreteras. Hundimientos de los cuales, descaradamente, los funcionarios estatales culpan a la lluvia. Sí, créalo o no, la culpa es del agua que se atreve a filtrarse en las magníficas autopistas que cubren nuestro país de punta a punta. Caminos que da gusto recorrer disfrutando del hermoso paisaje que nos brinda Guatemala. ¡Qué bárbara la lluvia! ¿Cuándo irá a ser perseguida y denunciada por el Ministerio Público y la CICIG?

En fin, ironía aparte, la desastrosa condición en la cual se encuentran nuestras vías de comunicación, simplemente reflejan la realidad misma del sistema político vigente que facilita la corrupción, la verdadera causante de la desgracia en la cual no sólo se encuentran las carreteras, sino todos los servicios que, supuestamente, son responsabilidad de los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Somos testigos del hundimiento del Estado Benefactor/Mercantilista. Sin embargo, aún somos pocos los que nos atrevemos a señalarlo. Tal vez es porque la mayoría sólo sufre las consecuencias de su fracaso, pero no conocen o entienden el origen de la tragedia en la que vivimos.

Es raro el que niega que la reina de la construcción es la corrupción. Al menos, en la construcción a cargo de los gobernantes. En la construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas… y todo aquello que, según los estatistas, debe hacer el gobierno. Vaya ingenuidad de muchos a estas alturas del partido y en un siglo en el cual es cada vez más difícil ocultar los hechos de la realidad.

Aunque, detrás de los bienintencionados que sirven de parlantes de la potestad estatal para intervenir en todo aspecto de la vida humana en sociedad, están aquellos perversos, oportunistas, saqueadores parasitarios que se aprovechan de la candidez de la mayoría para llegar al ejercicio del poder. Y una vez en posesión de sus cargos, con contadas excepciones, se quitan la máscara y se dedican a hacer lo mismo que sus antecesores: mentir, robar y extorsionar. ¡Ah! Y vender al mejor postor el poder que los ingenuos le otorgaron.

Alejandro Sinibaldi es un ladrón, un extorsionador, un corrupto que debe rendir cuentas ante la justicia y compensar a sus víctimas, los tributarios. Así como lo es Arnoldo Medrano y familia. Así como lo son los burócratas corruptos que los apoyaron y, sin duda, muchos más de quienes han ejercido un cargo en el Estado. Sin embargo, de los acusados que no eran parte de la burocracia estatal habrá que diferenciar a los cómplices voluntarios de Sinibaldi y demás funcionarios que hicieron negocios turbios con ellos, de quienes cedieron a la extorsión. Y todos, en su justa medida, deberán pagar las consecuencias de sus acciones.

¿Qué deben hacer quienes son extorsionados? Denunciar y no trabajar con los inmorales. ¿Cómo evitar la corrupción, no sólo en los nuevos contratos de infraestructura, sino en todo el Estado? Cambiando el sistema de incentivos perversos que prevalece.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

El diseño pro impunidad

En la reciente reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Iván Velázquez, jefe actual de la CICIG,  hizo una declaración en la cual coincido en principio. Dijo Velázquez que Guatemala fue diseñada para la impunidad. No obstante, como bien dice el refrán que el diablo está en los detalles, me pregunto ¿a qué “diseño” se refiere el Comisionado? Si se refiere al sistema político, continúo estando de acuerdo con él.

Ahora, ¿cuál es el sistema político que impera en Guatemala desde hace más de 70 años? Hasta hace unos días que leí por enésima vez nuestra Constitución, el sistema que prevalece es el de Estado Benefactor/Mercantilista, que es estatista e intervencionista y otorga grandes poderes a los gobernantes, no sólo para proteger los derechos individuales, sino para satisfacer las demandas de los grupos de presión y otorgar privilegios.

Esto me lleva a preguntarme si las acciones legales y los cambios constitucionales que promueve Velázquez, más allá de sus intenciones sean éstas cuales sean, que asumo son buenas, ¿profundizan ese sistema de incentivos perversos o lo cambian radicalmente? Según lo que investigué antes de escribir este artículo, lamentablemente, en lugar de corregir de raíz el problema, lo profundiza proponiendo en la mayoría de los casos más de lo mismo. Repito: estatismo e intervencionismo, además de la concentración del poder judicial en pocas manos. Terrible.

Siguiendo el hilo anterior, pienso que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en la misma reunión mencionada, se equivocó al decir que la corrupción provoca la pobreza. La pobreza no tiene causas, solo la riqueza. En otras palabras, la corrupción NO genera pobreza, pero sí impide que la gente la supere porque la corrupción es parte de ese sistema de incentivos perversos que le roba fondos a la gente productiva para repartirlo entre aquellos que viven parasitariamente dentro de la burocracia estatal (nacional, internacional y supraestatal), los gobernantes, sus familiares, sus amigos y los miembros de los grupos de presión influyentes, en particular en los medios de comunicación. Nos debe de preocupar (y ocupar) quitar los obstáculos que impiden la creación de riqueza y facilitan la corrupción.

Lo anterior explica la preocupación de Fernando del Rincón, en lo que respecta a por qué no existe una lucha real de los Estados contra la corrupción, sino lo que existe es complicidad. Es lógica esa complicidad, al final, los Estados son sólo abstracciones. Quienes actúan con el poder del Estado son los gobernantes y todos los que ya mencioné que se benefician del diseño político que no sólo asegura la impunidad: también facilita la corrupción, o sea, la acumulación de fortunas y, en el largo plazo, la destrucción de la riqueza que podría ayudar a la mayoría a superar la pobreza.

Por tanto, termino preguntando a Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, ¿para qué debemos pagar impuestos? ¿Para sostener ese nefasto diseño?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de abril de 2017.

Trump, ¿manipulador o fanfarrón?

O ambas cosas, entre muchas más. El tiempo lo dirá. A pesar de lo sensacionalistas y arbitrarias de algunas de las medidas adoptadas por el nuevo Presidente de EE.UU., considero que aún es demasiado pronto para pronosticar qué va pasar durante los cuatro años de gobierno de Donald Trump. Lo que sí puedo asegurar a la fecha, es que Trump logró acaparar la atención de la mayor parte del mundo con apenas unos días en el ejercicio del poder. Y logró que la mayoría de analistas reconocieran que “ha sido coherente y está cumpliendo sus promesas de campaña”. Ahora, que esas promesas supuestamente cumplidas prosperen en el largo plazo no depende del Presidente: la última palabra la tendrán el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, ya ante sus votantes, Trump cumplió, según lo repetido por muchísimos expertos tanto en EE.UU. como en el resto de países del mundo. Como dijo Joseph Goebbels: “Una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”. Y, como el mismo Trump enseña en su libro “The art of the deal” (1987), a la hora de negociar es importante el bluff: alardear para que la contraparte ceda. En fin, lo crucial es que aunque después las instituciones republicanas se traigan abajo algunas de las locuras ejecutadas por Trump, ya este logró lo que quería: un reconocimiento público de que sí cumple lo que dice.

Pienso, sin dejarme llevar por la emoción generalizada, que las preguntas que debemos hacernos son las siguientes: ¿Puede Trump aumentar los aranceles o terminar tratados de comercio internacionales sin autorización del Congreso de EE.UU.? ¿Es cierto que le declaró la guerra a los inmigrantes? ¿Es factible el muro? ¿Es el muro una distracción? ¿Distracción de qué? ¿Por qué los inversionistas de todo el mundo que cotizan los mercados estadounidenses han reaccionado favorablemente a los primeros días de gobierno de Trump? ¿Por qué el Dow Jones alcanzó marcas históricas?

Como reza la Constitución estadounidense en la 4ta sección del Artículo IV: “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta  Unión una Forma Republicana de Gobierno”. Así que repito lo expresado en mi artículo “Trump y la República”, publicado el 14 de noviembre de 2016: “para el bienestar de todos, Estados Unidos continúa siendo, primordialmente, una República, basada en un sistema de pesos y contra pesos claramente definidos, una división territorial y normativa federal independiente del gobierno central, una declaración universal de respeto a los derechos individuales contenida en su Constitución, el compromiso con la igualdad de todos ante la Ley y el sometimiento al cumplimiento de esa Constitución asegurado por su control judicial (Judicial Review), una importante expresión del balance de poderes que sostiene la República estadounidense”.

Es una verdadera República la que protege a los ciudadanos de los abusos de poder de sus gobernantes, sin importar quiénes estos sean. Larga vida a la República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de enero de 2017.

El robo legal del año

Todos los años por estas fechas, se legaliza el mayor robo que hay en nuestro país. Y hasta hoy, a excepción de unas pocas columnas de opinión como esta que usted lee, los medios de comunicación tradicionales no sólo NO lo denuncian públicamente, en la mayoría de los casos se vuelven comparsas del robo al convertirse en caja de resonancia del establishment que aboga para que cada período los gobernantes malgasten y despilfarren más de nuestro dinero.

Sí, el dinero de los tributarios, el cual nos es expoliado bajo la amenaza de ir a la cárcel: una extorsión trágicamente legal. Por supuesto que aducen para justificar ese robo que se va a utilizar para lo que la mayoría considera fines deseables: educación, salud, vivienda, cultura, deporte… Agregue a la lista todo aquello que se le antoje: dentro de la reglas del Estado Benefactor/Mercantilista que impera, todo deseo (sea un derecho, una necesidad o un capricho) es bienvenido por los pícaros que quieren ejercer el poder y están dispuestos a ofrecer el cielo y la tierra a quienes voten por ellos, que suelen ser los peores representantes de nuestra sociedad ya que es a quienes atrae el sistema de incentivos perversos que prevalece.

Ese multimillonario robo, que pretenden que para 2017 sea de alrededor de Q.80 millardos, lo legalizan por medio del decreto legislativo que da vida al mal llamado Presupuesto del Estado que, si utilizaran correctamente los términos, deberían llamar Presupuesto de malgasto de las pandillas politiqueras en el ejercicio del poder. El tal Presupuesto lo que refleja es la negociación entre los gobernantes y los grupos de presión que se piensan repartir el botín.

No se deje engañar por el uso mal intencionado del lenguaje. Los gobernantes, en nombre de esa ficción llamada Estado, NO invierten en nada. Los gobernantes lo único que hacen es gastar lo que otros han creado. ¿Cómo lo gastan? Es esta una de las preguntas más importantes que debemos responder aquellos que somos obligados a financiar tal gasto, que al final solo sirve para que otros, que no se lo han ganado, acumulen fortunas a costa nuestra.

No me canso de repetir, y lo seguiré haciendo hasta que la mayoría de los tributarios lo hayan entendido e internalizado, que el robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto de los politiqueros en el ejercicio del poder. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses. Somos obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico.

¿Y para qué tributamos? Para mantener la buena vida de los gobernantes, de los líderes de los grupos de presión, de los burócratas internacionales de organizaciones supranacionales, de la parasitaria e innecesaria burocracia estatal nacional y de todos aquellos que se benefician del estatismo y el intervencionismo, impulsado en muchos casos por gente que se ve afectada pero no es capaz de superar la programación de siervo promovida por la educación estatizada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de noviembre de 2016.

Payasos terroríficos

De niña los payasos me eran indiferentes. Ni me provocaban risa ni me daban miedo. Si mucho me hacían sonreír de vez en cuando. Al crecer, me di cuenta de que había ciertas similitudes entre los payasos y la mayor parte de los que buscan llegar al ejercicio del poder. Ambos pretenden entretener a un público cuya mayoría no tiene interés en pensar y mucho menos cuestionar la veracidad de lo que presentan en sus shows. Al menos en el primer caso, si nos aburría la presentación, nos podíamos ir a jugar a otro lado. En el caso de los segundos, todos pagamos los errores de quienes les aplauden y votan por ellos.

Por supuesto, mi sentimiento en lo que corresponde a quienes han convertido la política en un circo es diferente a la indiferencia que me producen los payasos en general. Los farsantes que terminan de gobernantes me indignan, ya que la terrorífica actuación de los payasos en el ejercicio del poder se convierte en la realidad, más allá de la comedia, en una tragedia de la cual nadie tiene escape. Hay algunos a los que les va peor que a otros, pero nadie se salva de estos bufones que, irónicamente, se ríen de nosotros en la cara, sin importar si votamos por ellos o no.

¿Cuánta gente, de la que nunca nos vamos a enterar, ha muerto a consecuencia de esos payasos terroríficos, que pueden ser desde directores de tercera categoría en entes estatales hasta presidentes de organizaciones supranacionales, pasando por los presidentes del país? Una pregunta que, a pesar de que nunca vamos a saber la respuesta exacta, vale la pena plantear para que quienes queremos vivir en condiciones diferentes a las presentes reaccionemos.

Son los politiqueros los que provocan terror, y no las personas que se disfrazan en Halloween o en carnaval para tratar de evadir la realidad o, simplemente, pasar un rato feliz riendo y compartiendo con amigos. Sin embargo, a pesar del miedo, debemos dar las batallas que sean necesarias para cambiar las cosas en el bienestar de todos aquellos que queremos convivir en paz, que queremos cooperar e intercambiar con los demás en pos de nuestros objetivos personales. En beneficio de todos aquellos que hacemos el esfuerzo mental y físico por vivir la mejor vida posible sin violentar la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Debemos enfrentar nuestros temores, ya que como bien respondió David Bowie en el cuestionario de Marcel Proust, vivir con miedo es la más baja de las miserias.

Cuando el estándar para diferenciar el bien del mal es el bienestar de las personas en el largo plazo, el cual se refleja en la mejora de las condiciones de vida sostenidas en el tiempo, los sistemas que propician la destrucción de la vida humana son la máxima expresión de la maldad. Y malvados son todos aquellos, payasos o no, que promueven medidas que la destruyen o le impiden al ser humano florecer. Y aún es peor cuando consiguen el apoyo para sus propuestas basados en una mentira, como es el caso del socialismo y su derivado, el Estado Benefactor/Mercantilista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de octubre de 2016.