¿Por qué y para qué votar?

Considero que son las dos preguntas más importantes a responder antes de decidir por quién votar o cómo votar.

Voy a votar porque el reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos de escoger el sistema político dentro del cual queremos vivir, la forma de gobierno que va a imperar y quiénes van a ejercer como gobernantes, a los cuales prefiero llamar mandatarios, ha tenido un costo altísimo, en especial en vidas humanas. Las vidas de los valientes que nos antecedieron en la batalla de las ideas, que pelearon por hacer realidad la definición de Estado que nos dio Aristóteles: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno”. Los héroes que murieron porque prevaleciera el respeto a la libertad de toda persona.

Voy a votar porque necesitamos que los poderes del Estado sean independientes, no sólo en el texto, sino en la práctica. Para que se mantenga una mutua y constante vigilancia de los unos y de los otros. Para que nadie tenga un poder ilimitado sobre nosotros y nuestros bienes. Voy a votar y dividir mi voto porque en arcas abiertas hasta el justo peca.

Voy a votar para que prevalezca el principio de separación de poderes, el cual es vital para fijar los límites al ejercicio del poder, monopólico y coercitivo, del Estado: condición sine qua non para evitar el abuso del mismo por parte de los gobernantes. Voy a votar para que algún día vivamos dentro de un verdadero Estado de Derecho que vele por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, asegurando la igualdad de todos, sin excepciones, ante la ley.

           

Voy a votar por aquellas propuestas que más se acerquen a los principios universales que han mostrado ser la clave para el progreso y la mejora constante en calidad de vida de las personas. Voy a votar porque yo quiero ser parte de una sociedad donde podamos convivir, cooperar y compartir en paz.

Pero, ante todo, voy a votar haciendo uso de mi juicio propio. No me voy a dejar presionar por nadie, por más bien intencionado que sea, para votar de determinada manera. No votaré a favor de alguien que promueva principios contrarios a los míos. Mi voto será racional, objetivo y coherente con mi código de valores. Ayn Rand enseña en el ensayo titulado “¿Cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional?” que “pronunciar un juicio moral es una enorme responsabilidad… Se requiere una integridad inquebrantable, es decir, no ser indulgente EN ABSOLUTO con la maldad consciente o intencionada… toda persona racional debe mantener una integridad igualmente estricta y solemne en el tribunal de su mente”.

Por mi bienestar y el de mis seres queridos, me voy a enfocar en  el Congreso. No votaré por el Partido de quien tiene la mayor probabilidad de ser el próximo Presidente. No votaré por partidos atestados de corruptos. Mi voto será a favor nuestro, de los mandantes, y no en nuestra contra.  Usted, ¿por qué votará y para qué votará?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de junio de 2019.

No somos propietarios de nadie

Al enterarme de que un grupo de sindicalistas pretenden impugnar ante la Corte de Constitucionalidad la prudente decisión del Presidente Jimmy Morales de no aumentar el salario mínimo para 2019, recordé un artículo de Tom Mullen que leí el pasado diciembre, en el cual mencionó el que considero, al igual que el autor, el mejor argumento contra las leyes que imponen un salario mínimo: el argumento de que ni usted, ni yo, ni nadie posee a otras personas. Y sólo aquel que busca un empleo debe decidir por cuánto es lo mínimo que está dispuesto a vender su trabajo.

Más allá de las justificaciones irracionales y emotivas que utilizan para impulsar un salario mínimo, la realidad, les parezca o no, es que éstos provocan más desempleo y fuerzan a los menos productivos y a los empresarios que no pueden seguir operando bajo esos parámetros, a caer en lo que se conoce como la informalidad. Cualquier aumento artificial (forzado) en el precio del trabajo, independientemente de cuál sea el salario mínimo, dará como resultado una menor demanda, que no es otra cosa que menos empleo, lo que termina siendo el motivo principal por el que tantos optan por emigrar a EE.UU. Pero, a pesar de la importancia que tiene el argumento del desempleo en contra de los salarios mínimos, existe uno anterior y mucho más importante. El argumento moral: usted no es dueño de otras personas.

Como bien explicó John Locke, los derechos individuales proceden a partir de la condición humana inherente y evidente de sí misma. En el Capítulo V de su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, escribió: “Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona sobre la cual nadie tiene ningún derecho, sino él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos”. Sólo él o ella tienen el derecho de determinar cuál será el precio mínimo de su propio trabajo. Nadie necesita leyes de salario mínimo para ejercer este derecho de propiedad.

Como dice Mullen, “los defensores de las leyes de salario mínimo centran su atención en los compradores de servicios laborales y olvidan a los vendedores. En su afán por restringir los derechos de los primeros, se vuelven indiferentes con los de los últimos, y no se preguntan quién es el dueño del trabajo en cuestión”. Como todo lo demás, el vendedor, el posible empleado, posee lo que se ofrece a la venta. Uno puede establecer su propio salario mínimo sin ellos.

Nunca se le ocurre a los fanáticos del salario mínimo que hay personas cuyas vidas podrían mejorar si se les deja vender su trabajo a un precio por debajo del mínimo legal. No solo es esta la diferencia entre tener un trabajo y no tener uno para millones de personas, sino que también puede permitir que las personas que trabajan por un salario superior al mínimo en un trabajo tomen un segundo trabajo con un salario más bajo, donde puedan aprender nuevas habilidades y, eventualmente, cambiar a un trabajo que les guste más o en el que les paguen más. O ambos. Eso se llama la búsqueda de la felicidad, algo a lo que todos tenemos derecho. Somos dueños de nuestro trabajo porque somos dueños de nosotros mismos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de enero de 2019.

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

In memoriam: Ludvin Tiul

Es poco lo que se puede decir sobre la corta vida de Ludvin Bernal Tiul Chacach, un niño que murió en inhumanas circunstancias con apenas 4 años de edad, a causa de la indulgencia de los gobernantes con los delitos anunciados ¡y perpetrados! por los dirigentes de la organización criminal CODECA. No obstante, de su muerte lamentablemente podemos decir mucho. Muerte que no debe pasar inadvertida.

Sin duda, Ludvin sufrió en esos pocos años que vivió, debido a que padecía de cáncer en los huesos. Probablemente iba a morir pronto, pero no merecía una muerte miserable dentro de un bus a causa de las medidas de hecho toleradas por los gobernantes.  Violaciones llevadas a cabo por integrantes del mencionado Comité, cuyos líderes mienten al decir que promueven el desarrollo de los campesinos indígenas, cuando en la realidad son unos los principales enemigos del progreso en nuestro país.

Los líderes de CODECA son los principales responsables de la desgraciada muerte de Ludvin Tiul. Y también son responsables de que Carlos René Pineda Sosa, atropellara accidentalmente a Vicente Calderón, al perder la paciencia después de horas de estar detenido a la fuerza por la gente de CODECA e intentar sortear el bloqueo. Pineda se hizo responsable de su acción y se está haciendo cargo de la salud de Calderón, además de que se comprometió a indemnizarlo y mantenerlo económicamente el tiempo que no pueda trabajar.

Calderón confesó a Pineda y a sus abogados que participó en el bloqueo debido a las extorsiones de los dirigentes de CODECA. Los criminales que dirigen esta organización, amenazan a la gente de que si no participan en las medidas de hecho que promueven, les van a cortar la energía eléctrica que les venden. La ironía del caso, es que esa energía eléctrica la roban los integrantes de CODECA. ¿Hasta cuándo va a continuar el gobierno ignorando estas violaciones flagrantes?

“Viajar al extranjero, como viajar dentro del país, puede ser necesario para ganarse la vida. Puede estar tan cerca del corazón del individuo como la elección de lo que se come, o se usa, o se lee. La libertad de movimiento es básica en nuestro esquema de valores”. La anterior es una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en 1958 en el caso de Kent versus Dulles, lo cual es válido para toda persona en cualquier lugar. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros.

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Manifestar es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos como el de Ludvin Tiul y de Vicente Calderón, pone en peligro la vida de otros. Evitemos más tragedias. No más consideraciones con los delincuentes y los criminales. El gobierno DEBE evitar los bloqueos y castigar las violaciones a los derechos de los demás.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de noviembre de 2017.

¿Es el gobierno inevitable?

Para responder esta pregunta, primero debemos entender por qué la mayoría de personas elegimos vivir en sociedad. ¿Cuál es el objetivo de asociarnos con otros? ¿Por qué y para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuáles deben ser las características de esa asociación para que sea beneficiosa para todos? Si el objetivo de asociarnos es para vivir la mejor vida posible, según nuestros propios valores y proyectos personales, y facilitarnos alcanzar el propósito más importante de todo ser humano racional, ser feliz, sí es inevitable un gobierno. Si queremos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz, que solo se logra a base del respeto mutuo, sí es inevitable el gobierno.

Ahora, en base a las respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál es la naturaleza del gobierno? ¿Cuál debe ser su función dentro de la sociedad? ¿Para qué es necesaria la existencia del gobierno? La naturaleza del gobierno es institucional, y quienes actúan en su nombre poseen temporalmente el poder exclusivo, otorgado al Estado, de poner en vigor en una determinada área geográfica, las normas de conducta que aseguren ese respeto irrestricto de los unos a los otros. Y cuando alguno de los miembros de la sociedad violente la vida, la libertad y la propiedad, estos dos últimos derechos necesarios para que toda persona logre alcanzar sus objetivos de vida, es el gobierno el responsable de capturarlo y juzgarlo respetando el debido proceso.

Hay quienes piensan que debe haber competencia entre los gobiernos. Y en cierta forma la hay, por eso muchos emigran a otros países cuando en el suyo no existen las condiciones necesarias para sobrevivir y mejorar. Pero, no hay que confundir al gobernante con el empresario. La naturaleza del gobierno y la naturaleza de la empresa son diferentes. No se trata de qué puede hacer el gobierno y qué la empresa privada: no es cuestión de permisos que se otorguen por medio de la legislación. El punto importante es entender qué DEBE hacer cada uno de acuerdo con su naturaleza. Cuándo el gobernante o el empresario se entrometen en asuntos que no les corresponden, se convierten en un obstáculo para que los miembros de la sociedad alcancen sus fines.

Como bien lo explica Thomas Babington Macaulay, en “Southey’s Colloquies on Society” (1830): “No es por la intermediación del Estado omnisciente y omnipotente, sino por la prudencia y la energía del pueblo, que Inglaterra ha sido civilizada hasta el presente; y es a la misma prudencia y la misma energía que ahora nos vemos con comodidad y buena esperanza. Nuestros gobernantes promoverán la mejora de la nación limitándose estrictamente a sus propios deberes legítimos, dejando al capital encontrar su curso más lucrativo, a las mercancías su precio justo, a la industria y a la inteligencia su recompensa natural, a la ociosidad y a la locura su castigo natural, manteniendo la paz, defendiendo la propiedad, disminuyendo el costo de la ley y observando la estricta economía en todos los departamentos del Estado. Que el Gobierno haga esto: el pueblo seguramente hará el resto”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de octubre de 2017.

Brenda y Jabes

Si pudiera despersonalizarlos, serían los representantes de dos estereotipos que muchos aceptan como muestra de lo que es nuestra ¿sociedad?, juicios que no necesariamente comparto plenamente. Sin embargo, no puedo hacerlo. Al pensar en ellos pienso en dos jóvenes cuyas vidas fueron truncadas. Brenda, porque murió violentamente. Jabes porque probablemente va pasar la mayor parte de su existencia en la cárcel. Trato de ser justa y ponerme en los zapatos de ambos.

Primero, pienso en Brenda, la cual nunca va a leer estas líneas que inspira. Pienso en las ideas equivocadas que los adultos a su alrededor le vendieron como el medio para alcanzar sus fines. Aquellos que le hicieron creer que recurriendo a medidas de hecho, en este caso un bloqueo en la Calzada San Juan, iba a conseguir cambios en su escuela. Pienso que Brenda y los otros adolescentes que la acompañaban solo fueron instrumentos para que los adultos que los convencieron de salir a la calle lograran avanzar sus intereses personales, sin importarles las consecuencias de sus acciones y el mal ejemplo que daban a estos muchachos fáciles de manipular por la etapa de la vida en la que se encuentran.

Luego, pienso en Jabes. Veo el vídeo que por siempre nos recordará el momento preciso de la tragedia que se veía venir desde hace años. Veo como pasa primero un vehículo rojo, al cual poca atención se le ha puesto. Vehículo a la par del cual iba Jabes, esperando superar el bloqueo y continuar su camino. Sin embargo, Jabes no tuvo la misma suerte que el otro conductor. Veo en el vídeo cómo los manifestantes se le dejan ir encima y empiezan a golpear el vehículo. Pienso en el miedo que debe haber tenido Jabes, probablemente consciente de que vivimos en un país donde linchar sin vacilar es casi un deporte. Pienso que más que pensar, en ese momento Jabes reaccionó a partir de sus emociones y no pasó por su mente el posible desenlace de su decisión de continuar su viaje.

Pero más allá de la tragedia misma de estas dos vidas truncadas, y muchas más que se han visto afectadas por la tragedia de estos jóvenes, pienso en su origen y cómo esta fue anunciada por algunas cuantas personas, entre ellas yo, tiempo atrás. Uno de los principales problemas que acarrea el sistema de incentivos perversos en el que vivimos es la irresponsabilidad, tanto personal como con la obligación que tenemos de respetar los derechos individuales de los demás.

Es en la idea falsa de que se puede pasar por encima de los derechos de los otros con tal de lograr lo que se desea donde encontramos el germen de esta desgracia y de tantas más a las cuales no se les pone la atención que merecen. Confundir el derecho de todo individuo a manifestarse y protestar, con el delito de violentar el derecho a libre locomoción del resto, tarde o temprano iba a provocar que alguien que no usara su razón y poco le importara la posibilidad de poner en peligro la vida de otros, decidiera dejarles ir su vehículo. Ojalá se haya aprendido la lección, y nunca más vuelva a pasar una tragedia como la de Brenda y Jabes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de mayo de 2017.

La responsabilidad de Jimmy

Es responsabilidad de Jimmy Morales, y de todo aquel que ocupe el cargo de Presidente del Organismo Ejecutivo, velar, en nombre del abstracto Estado, por la seguridad de todos. ¿A qué me refiero con seguridad? A que es responsabilidad del Primer Mandatario de nuestra nación velar porque no se violen los derechos individuales de los habitantes de Guatemala: que se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. También es su responsabilidad, en caso de que los derechos de uno o varios miembros de la sociedad hayan sido violados, investigar el caso y presentar ante los tribunales competentes a los responsables de los delitos o los crímenes señalados, para que estos sean juzgados.

Lo anterior queda estipulado en los artículos 1, 2, y 4 de nuestra Constitución. Estos artículos ordenan lo siguiente: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.

El objetivo del Ejecutivo no es gastar a rajatabla lo que pueda gastar. Mucho menos es obligación del Presidente gastarse todo el dinero aprobado por el Legislativo por medio del Presupuesto, el cual en gran parte es financiado por préstamos y/o bonos que luego tendremos que pagar nosotros. Sin embargo, tomando en cuenta que el tal Presupuesto no es otra cosa que el reparto del botín entre gobernantes, funcionarios, grupos de presión y la burocracia estatal parasitaria, más de uno de los pícaros incluido en el listado de maleantes que esperan apropiarse de nuestros impuestos, pondrá el grito en el cielo si no le entregan su tajada.

Gastar por gastar para mantener la corrupción vivita y coleando: eso es lo que Jimmy y aquellos que llegan al ejercicio del poder entienden por ejecución. Y ya advirtió Morales que, aquel que no cumpla con la orden de gastar a manos llenas será ejecutado: en otras palabras, será despedido y sustituido por un malandrín que sí cumpla con los requisitos esperados. Va a cambiar a los que considere ladrones mediocres por otros que sí sean capaces de repartir eficientemente la plata que nos expoliaron.

¡Son buenos para malgastar lo que nos costó producir! Pero  nada más. Después de más de 10 meses de gobierno nos queda claro que mintieron en su campaña. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  aumentaron las denuncias por extorsión, a pesar de que la mayoría de los extorsionados no denuncian por temor a los mismos policías y las autoridades. ¿Debemos los tributarios denunciar por extorsionistas a nuestros gobernantes? Sí, es lo que se merecen.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de octubre de 2016.

La calamidad es no prever, Conred

Total señores, la prevención se supone que es la más importante de sus tareas, según lo que ustedes mismos han oficializado como su visión: “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”. Más aún, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es, precisamente, la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, ustedes que se supone van a enseñar a otros a prever, sean INCAPACES de hacerlo en su caso, sin un estado de excepción? Esa es una verdadera calamidad.

Es una contradicción, o una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones, para las distintas etapas climatológicas por las que pasamos, TODOS LOS AÑOS, en nuestro país. El propio Secretario de Conred, Sergio Cabañas, reconoció la semana pasada que tiene ¡33 años de experiencia en la mal llamada institución! ¿De qué le ha servido si ni siquiera sabe cuándo hay que cambiar la flota de vehículos necesarios para enfrentar las crisis que se puedan dar en la temporada de lluvias en Guatemala?

Con más de tres décadas trabajando en Conred, ¡tantos años de Marqués y aún no sabe mover el abanico!, en lugar de estar lamentando que tuvieron que dar marcha atrás con el intento de restringir varios de nuestros derechos constitucionales, debería ocuparse en hacer lo que debieron desde principio del año: prever. O sea, en base al conocimiento acumulado a la fecha, iniciar los procesos dentro de la ley para comprar lo que iban a necesitar en el transcurso del año. Como lo hacemos todos los que nos hemos atrevido a ejercer el más riesgoso de los oficios: emprender. Por supuesto, la diferencia trascendental es que nosotros tomamos decisiones sobre NUESTROS recursos (si nos equivocamos, nosotros pagamos las consecuencias), mientras que los funcionarios estatales trabajan con el dinero de otros que, al final, somos nosotros.

Dice Cabañas que por primera vez actuaban de buena fe. ¡Ups! ¿Qué nos dice eso del pasado? Pienso que después de esa declaración, vale la pena investigar cómo han manejado el dinero de los tributarios quienes han estado a cargo de Conred. Por cierto, para el actual Secretario del ente mencionado tengo a la mano otro sabio refrán: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Los estados de excepción, ayer, hoy y mañana y en casi todos los casos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y, al fin, para qué tanto lloriquear si al final se salieron con la suya. El estado de calamidad aprobado solo servirá para que unos acumulen fortunas a costa nuestra.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de septiembre de 2016.

El poder

El poder es el origen de la corrupción: entre más poder tengan los gobernantes, mayor será ésta. Por tanto, que debemos urgentemente limitar el ejercicio del poder político, es la más importante lección que al menos a mí me dejan las largas, monótonas y soporíferas audiencias que se llevan a cabo para determinar la situación de los acusados en los casos de corrupción denunciados por el MP/CICIG.

                                                              

“Que si Otto aceptó tanto… que si Roxana exigió cuánto… Que si Daniela movió tal cantidad…” En fin, podría dedicar todo este artículo y los siguientes a listar a los acusados y todo el dinero que lograron acumular mientras gobernaban o eran parte del gobierno. “Que si lo dijo fulanito… que si perencejo le reclamó… que si zutanito formó tal sociedad de cartón para lavar lo extorsionado, los sobornos, lo robado…”. Así fue, así es y así será el desarrollo de casi todos los procesos actuales y los que están por venir.

La extorsión es posible porque los gobernantes, los funcionarios gubernamentales y los burócratas estatales TIENEN el poder para hacerla. Los gobernantes, los funcionarios gubernamentales, los burócratas estatales son sobornables porque TIENEN el poder de conceder los privilegios y las prebendas que desean aquellos que tienen el dinero para comprar tales favores. ¿Por qué los gobernantes han adquirido tanto poder? ¿Un poder del cual gozan y abusan también los actuales gobernantes? Porque la mayoría sucumbió ante el engaño del Estado benefactor/Mercantilista. La ÚNICA forma de evitar la corrupción es no dándoles el poder a los gobernantes de otorgar concesiones a NADIE.

Ni los gobernantes ni ningún burócrata de cualquiera de los tres organismo del Estado, debe tener el poder para otorgar privilegios y prebendas a NADIE bajo ninguna excusa. No se justifica, bajo ningún punto de vista racional y objetivo, el que se violen los derechos de unos para beneficiar a otros. Es cuando se les otorga tal poder a los gobernantes con el pretexto de ayudar a los más frágiles, que se pervierte el sistema político y termina siendo una herramienta para cometer injusticias en lugar de prevenirlas o corregirlas.

Aspiremos a vivir en una sociedad donde prevalezca la igualdad de todos ante la ley y donde cada quien coseche lo que siembre. Que nadie goce de prerrogativas que lo sitúen al margen de la ley, la cual debe de regir por igual para todos. Una sociedad en la cual podamos sentir el orgullo de saber que lo que tenemos nos lo hemos ganado, sin importar cuánto sea: poco o mucho son términos relativos. Sentir el orgullo de saber que no le hemos robado nada a nadie de ninguna manera: ni por medios propios ni utilizando al abstracto Estado. Sentir el orgullo de saber que lo que poseemos es nuestro legítimamente: es el resultado de nuestro esfuerzo mental y físico por alcanzar nuestros objetivos libremente fijados. Saber que merecemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Frutos que compartiremos o intercambiaremos con otros según nosotros lo deseemos. Una sociedad justa.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de junio de 2016.

Vivamos en un paraíso

Será una experiencia de vida maravillosa. Ideal. Será una manera esplendida de vivir nuestra vida irrepetible, al menos para todos aquellos que nos esforzamos, mental y físicamente, por hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas personales. Hombres y mujeres que actuamos con visión de largo plazo para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos. Que sabemos que obtendremos aquello que merecemos a partir de lo que nosotros hemos escogido y dependiendo de cuánto hayamos trabajado para obtenerlo. En resumen, viviremos cosechando cada uno lo que ha sembrado y gozando de nuestros logros.

Un paraíso en todos los sentidos: armonioso, respetuoso y pacífico. Un paraíso en el cual podamos convivir, compartir e intercambiar en paz con los demás, respetando los unos a los otros el derecho de todo individuo a su vida, a su libertad y a su propiedad. En el paraíso no van a existir parásitos que pretendan vivir de la productividad de otros. Los habitantes del paraíso sabemos que el almuerzo gratis de hoy que ofrecen los populistas en el infierno se paga con el hambre de mañana. Reconoceremos que es injusto pretender vivir a costa de los demás.

Un grupo de gente será contratada por nosotros, reconocidos como los mandantes, para velar por la justa convivencia en sociedad, a los cuales llamaremos mandatarios y no gobernantes como los llaman en el infierno, para que, en caso de que se cuele en el paraíso algún antisocial que cree que puede impunemente violentar los derechos de los demás, sean los responsables de atraparlos, recabar la evidencia que muestre la veracidad de la acusación en su contra y presentarlos ante los jueces a cargo de velar porque haya justicia, los que se asegurarán de que las víctimas de los delincuentes y los criminales sean compensadas por estos.

En el paraíso no habrá tributarios que sean extorsionados para satisfacer los deseos de otros. Seremos contribuyentes que, por voluntad propia, vamos a pagar en igual proporción lo estrictamente necesario para que los mandatarios cumplan satisfactoriamente con los servicios de seguridad y de justicia que están obligados a prestar, lo cual será estipulado por medio de una Constitución breve, de principios y cuyo principal objetivo sea limitar el ejercicio del poder.

Los puestos en el Congreso serán ocupados por quienes hayan probado a lo largo de su vida que son personas virtuosas, productivas y honestas. Los senadores se encargarán de velar porque no se aprueben decretos violatorios de los derechos individuales de los miembros de la sociedad, y los diputados se encargarán de fiscalizar las cuentas que les entreguen los miembros del poder ejecutivo y del judicial. No necesitarán reunirse más que dos veces al año: una para aprobar el presupuesto y la otra para revisar cómo se ejecutó. Si es rechazado, los funcionarios responsables de tal hecho deberán pagar con su propio patrimonio las consecuencias de sus errores.

¿Es posible el paraíso? Sí. Cuán probable sea dependerá de nosotros.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de mayo de 2016.

Justicia para Anaité

Y para todos los inocentes que se encuentran presos, víctimas de abogados y jueces corruptos que abusan de la poca institucionalidad que hay en Guatemala, que se aprovechan del sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro país para violentar los derechos individuales de miles, en particular el derecho al debido proceso, privándolos de su libertad y poniendo en riesgo su vida misma.

                                                            

Puedo citar varios artículos de nuestra Constitución que nos aseguran a todos ese derecho al debido proceso, pero me voy a enfocar hoy en dos: el artículo 12 que dice: “Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”; y el artículo 14 que reza: “Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

En el caso de Anaité Alvarado Sánchez, quien se encuentra injustamente presa, se ha violentado descaradamente el derecho al debido proceso, entre otros derechos, ya que la juez Julia Rivera del juzgado 4to. de primera instancia penal la ¿sentenció?, sin una sola prueba en su contra, a guardar cárcel por los delitos de los cuales se acusan a otras personas, bajo la excusa de que puede influir a los acusados. Absurdo. La Ley también aplica a los jueces que no actúan en base a derecho, y en su momento, la juez mencionada tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones.

Si Roberto Montano y la otra persona son responsables de los delitos de los que se les acusa no es un tema que a mí me compete. Montano y su empleado deberán responder de tales acusaciones. Pero nadie más: ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni las que han sido sus esposas. Sin embargo, la actitud de los demandantes responde a la idea de buscar quién se las paga y no quién se las debe. Pretenden hacer justicia cometiendo una injusticia. Tal es el caso de Anaité, a quien tienen como rehén bajo la amenaza de que si no aparece Roberto Montano y el dinero que le reclaman, la dejarán presa. ¿Con qué autoridad? ¿Qué les permite creer que se pueden salir con la suya? Los delitos de los cuales acusan a Montano palidecen al lado del crimen que ellos cometen.

Entre los abogados que representan a los que se consideran afectados por las acciones de Montano, se encuentra Frank Trujillo, hermano del célebre Héctor que hoy se encuentra detenido en EE. UU. por el caso de corrupción en la FIFA. Me cuentan colegas suyos que tiene una fama similar a la del hermano y que al parecer eso le afecta poco. Lo lamentable en la canallada contra Anaité, es la participación de abogados que navegan con la bandera de correctos, que no son nada más que sepulcros blanqueados. Esta tragedia nos muestra que cualquiera en Guatemala, aunque no sea culpable de lo que se le acusa, puede ir preso. Hoy es Anaité, mañana puede ser usted.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de febrero de 2016.

Inocentes

El 28 de diciembre de cada año, es el día en el cual los cristianos occidentales decidieron, arbitrariamente, conmemorar la supuesta matanza de niños menores de 2 años ordenada, según el Evangelio de Mateo, por Herodes I, apodado El Grande. Como es el caso en la mayoría de creencias y celebraciones místicas y religiosas, no existe ninguna evidencia histórica ni arqueológica que sustente este crimen como un hecho que realmente se haya dado en la realidad. A lo más que han llegado algunos que han estudiado este tema es a decir que este asesinato en masa de infantes encajaría con el carácter brutal de Herodes I. Pero nada más, no hay ninguna evidencia que sustente el relato de Mateo.

A mí en lo particular, si acaso se hubiera dado este infanticidio colectivo, me parece algo horrendo conmemorarlo. A lo sumo pienso que habría que recordarlo para que aprendamos que, desde siempre, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, como afirmó Lord Acton. Y que por eso el poder del cual gozan los mandatarios (todavía conocidos como gobernantes) se debe restringir al cuidado de los derechos individuales de todos los miembros inocentes de la sociedad de la cual recibieron el mandato.

El juez Hugo L. Black, uno de los miembros más respetados de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., en su obra titulada “The bill of rights” (1960) apuntó lo siguiente: “El mal uso del poder del gobierno, sobre todo en momentos de estrés, ha traído sufrimiento a la humanidad en todos los tiempos, sobre los cuales tenemos historia auténtica. Algunos de los hombres más nobles y más importantes del mundo han sufrido la ignominia y la muerte sin haber cometido un crimen... Incluso en la iluminada Atenas hubo víctimas inocentes, como es el caso de Sócrates… Las llamas de las inquisiciones en todo el mundo nos han advertido que los gobernantes dotados de poder ilimitado, incluso los hombres bienintencionados… son peligrosos”. Coincido plenamente con el juez Black en lo aseverado en el párrafo citado.

Y, precisamente para asegurar el respeto a los derechos individuales de los inocentes (aquellas personas que respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás y asumen las obligaciones que les corresponde para reclamar el respeto de los propios), debemos reducir el poder que les otorgamos a los mandatarios al estrictamente necesario para que cumplan con sus funciones primordiales: dar seguridad y velar por que haya justicia.

Cualquier otra función que se les otorgue en nombre del abstracto Estado, por más loable que sea, solo abre la oportunidad para que aquellos que lleguen al ejercicio del poder violenten los derechos de quienes se lo otorgaron. Es darles el permiso legal para que cometan injusticias, sin importar en nombre de quién o de qué lo hagan. Bien dicen que la legalidad es una cuestión de poder más que de justicia, lo que ha permitido a lo largo abominaciones como la esclavitud. ¿Queremos vivir en paz? Limitemos el poder político.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de diciembre de 2015.

Santa Brother

Santa es algo más que un gran hermano. Es ese anciano bonachón que vive en el Polo Norte, rodeado de duendes y acompañado por venados de nariz roja, que te espía día a día con el objetivo de que te portes bien. “Big daddy is waching”, advierte Ella Fitzgerald mientras anuncia que Santa Claus is coming to town. Más te vale obedecer, de lo contrario, Santa no te va a favorecer.

“You better watch out, you better not cry, you better not pout”, si no vas a recibir un pedazo de carbón en lugar de hermosos regalos. Aunque si te portas muy mal, según los parámetros estipulados por Santa, a lo mejor te trae una bolsa completa que te podría servir para preparar un riquísimo churrasco en compañía de otros que hayan recibido la misma sorpresa bajo el árbol. Sería una divertida manera de terminar el ciclo: celebrando con los amigos.

                                           

Hay una parte en particular de la pegajosa canción mencionada que me recuerda al malévolo personaje omnipotente de “1984”, la famosa distopía de George Orwell: “He sees when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows if you been good or bad, so be good for goodness sake.” Sin duda, es una figura menos apreciada que aquel Santa Baby al cual le cantó Eartha Kitt. ¿Qué hubiera sido de la célebre obra de Orwell si el papel del Big Brother hubiera sido representado por Santa?

Por cierto, no sé cómo le hace Santa, pero es capaz de bajar por chimeneas a pesar de la barriga que adorna su cintura. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de la suciedad que debe de haber en los conductos por los cuales se desliza, su traje rojo y blanco se mantiene impecable. ¿Qué pasaría si uno de tantos niños a los cuales acecha hiciera algo similar? ¿Cómo quedaría su ropa? ¿Se enojarían los padres de la criatura en cuestión? ¿Afectaría la calificación que le daría el querido Santa Claus?

Con el pasar del tiempo, aprendí que portarse bien significa no violentar los derechos individuales de los demás y hacer el esfuerzo mental por aclararme las ideas para formar juicios verdaderos que me permitan alcanzar y conservar mis valores: ganarme honradamente la vida y merecer lo que posea. Aprendí que me debo portar bien por mi propio bienestar en el largo plazo, no por la amenaza de que alguien que me está vigilando me vaya a premiar o a castigar.

Desde siempre ésta ha sido mi época favorita del año. Tengo la costumbre de hacer el balance del período que termina y, al menos hasta hoy, el resultado de este ejercicio me ha sido favorable. Por supuesto, he llorado, pero al final he reído aún más. Y más de una de las lágrimas que derramé fueron de felicidad. He aprendido tanto de mis aciertos como de mis errores, y mi conocimiento aumenta año con año: es un objetivo mío aprender algo nuevo todos los días. He tenido fracasos, no obstante mis éxitos han sido mayores. He sido productiva, respetuosa y responsable. He amado y he sabido cuidar de mis valores, en especial de mis seres queridos. Soy feliz, muy pero muy feliz. Felices fiestas, apreciable lector.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de diciembre de 2015.

Crónicas revolucionarias

Por segundo año consecutivo, por decreto del Legislativo, me corresponde publicar el día en el cual se recuerda una revolución olvidada que fue truncada por la ambición de poder de alguien, mal llamado Justo, que no entendió lo que representa en la vida en sociedad de una persona, y en la prosperidad de nuestra especie, el respeto a los derechos individuales, comenzando por la misma libertad que da su nombre al sistema político que añoraban unos pocos idealistas, allá por 1871, para Guatemala. Ese ideario que promulgaban se conoce desde principios del siglo diecinueve como Liberalismo.

El 30 de junio es una fecha importante: es el día en el que llegaron triunfantes a la capital un grupo de soñadores cuyo objetivo era fundar una República Liberal donde se pudiera vivir en libertad. Un día en el que contradictoriamente se celebra al Ejército, una institución en la cual la norma básica es obedecer órdenes. La animadversión de ciertos colectivos influyentes en contra del Ejército, ha logrado que un evento clave en nuestra historia, pase a ser considerado un tiempo cualquiera de ocio.

Para mí este día tiene un significado personal, ya que valoro el honroso legado que dejó mi tatarabuelo, a quien admiro profundamente. Joaquín Díaz-Durán y Durán, quien a sus 25 años se unió a la revolución liberal liderada por Miguel García Granados, que entró a la Ciudad de Guatemala, junto con su ejército improvisado, el 30 de junio de 1871, después de levantar el Acta de Patzicía el 3 de junio del mismo año, en la cual aparece como uno de los firmantes mi ilustre antepasado.

Casualmente, hace poco encontré un texto que desde hace varios años quiero leer, “Crónicas de la campaña revolucionaria de 1871”, escrito por Joaquín Díaz-Durán y por Gregorio Contreras. Es curioso que la copia que hoy me pertenece forma parte del lote de 4000 ejemplares que fueron encargados en 1971 por el Presidente del Comité Central Profestejos del Centenario de la Revolución, el Ministro de Educación de aquella época y actual vicepresidente de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre. Hoy que tenemos una nueva oportunidad para hacer realidad el sueño y cambiar radicalmente nuestro sistema político de incentivos perversos, injusto e inmoral.

Termino compartiendo parte del sueño de aquellos liberales, en palabras de Joaquín Díaz-Durán publicadas en el diario “El Progreso” en junio de 1895: “He ahí, pero imparcialmente bosquejada, la biografía de aquella legión de patriotas, que al calor de una idea, luchando contra fuerzas numéricamente superiores, arrostrando una vida de privaciones, peripecias y peligros, después de dos meses de combates, llegó victoriosa a la capital como el heraldo de una reforma social, política y económica de trascendencia decisiva, a demoler de una vez el formidable edificio de preocupadas y caducas instituciones; a iniciar a los pueblos en la vida del progreso, a descentralizar el poder de manos de una minoría privilegiada y a elevar las mayorías a la dignidad de la inteligencia y al proletariado al rango del capitalista”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de junio de 2015.

La necesidad de trabajar

Si elijo vivir necesito trabajar. Si no trabajo, no podré ni siquiera sobrevivir, no digamos mejorar mi calidad de vida. Nadie tiene el derecho moral de impedirme trabajar en lo que yo decida, una vez mi elección no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros. Los otros, ciudadanos y gobernantes (burócratas estatales y de organismos internacionales), deben respetar mis decisiones en general, incluidas las condiciones que haya negociado con mi empleador. La única persona que sabe cuál es MI canasta básica, los bienes y los servicios mínimos que necesito para mi supervivencia, soy yo: yo decido qué incluyo en ésta y a qué me voy a dedicar para cubrirla.

Más aún, si decido trabajar a cambio de víveres, vivienda, vestido, educación, salud… y otras necesidades, sin importar lo que me den en efectivo, ES decisión mía. De nadie más. La obligación de los gobernantes es velar porque nadie violente mis derechos individuales. NO es obligación de los gobernantes protegerme de lo que ellos crean son malas decisiones en lo que respecta a cómo manejo mi vida y mis bienes. NO tienen el derecho de protegerme de mi misma, sólo porque ellos eligen de manera distinta.

Los bienintencionados, que generalmente poseen una bondadosa alma de dictadores, que creen que protegen a los trabajadores impidiéndoles trabajar, no solo son cómplices de los políticos que promueven leyes que violan nuestra libertad, sino que son responsables de la miseria en la cual muchos mueren de inanición ante la imposibilidad de conseguir empleo en las condiciones que, según los activistas sociales, son las ideales. No me canso de reconocer la sabiduría del refrán que dice: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. El principal problema en la mayoría de los casos, tal vez por eso no aprenden los bienintencionados, es que quienes sufren las consecuencias de las acciones de los mencionados no son ellos, sino aquellos a quienes se suponen pretendían ayudar.

Trabajar no es un derecho: es una actividad necesaria para ejercer mi derecho a la vida. Trabajar corresponde al ámbito de mi libertad: ese es el derecho que violan todos aquellos que impulsan y aprueban legislación antiprogreso, como lo son los salarios mínimos y los impuestos directos que castigan a quienes son exitosos en la creación de riqueza. Todas son medidas que ahuyentan el capital que URGENTEMENTE necesitamos que venga a nuestro país para que todos podamos mejorar nuestros ingresos reales y, por tanto, sean pocos los que opten por emigrar.

Los colectivistas/socialistas, entre los que hay muchos resentidos y envidiosos, pueden decir cualquier tontería pero la realidad es que con sus acciones cuyo objetivo es promover la intervención de los gobernantes en nuestras vidas en nombre del abstracto Estado, dañan irremediablemente la existencia de la mayoría, en especial la de los más pobres a quienes no dejan más opciones que vivir al margen del sistema en la economía informal o buscar trabajo en otro país.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de febrero de 2015.

Impuestos: perpetuadores de miseria

Los impuestos, en particular los que castigan directamente a la inversión de capital y a quien es exitoso en la creación de riqueza, son los primeros responsables de la miseria que no puede superar la mayoría con menos recursos para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Los impuestos solo benefician a los oportunistas que llegan al ejercicio del poder, a aquellos que parasitan dentro del aparato burocrático estatal y a los familiares y amigos de estos que se acomodan en una plaza innecesaria e improductiva o se las agencian para negociar jugosos contratos con el abstracto Estado.

Debido a la incapacidad de muchos de aceptar la realidad, ya que desde muy pequeños han sido programados a aceptar cosas que los mayores les dicen que son posibles a pesar de su imposibilidad, cuando llegan a adultos y un politiquero cualquiera les ofrece solucionarles la existencia y hacerse cargo no solo de los requerimientos esenciales para asegurar su supervivencia, sino además cumplir sus deseos, sobre todo el de no trabajar, fácilmente lo aceptan casi sin chistar. Se tragan el cuento de que van a tener comida, educación, salud, vivienda… y todo lo que se les ocurra pedir. Y, lo que es peor, se convencen a sí mismos que fuera de votar por el ungido, prácticamente no tendrán que hacer nada. Creen que se merecen todo lo anterior y más sin haberlo ganado.

Una de las ironías de este engaño es que cuando se dan cuenta de que una bolsita de víveres al mes, una promesa incumplida de darles casa, educar a sus hijos y velar por su salud les sirve de poco, salen a exigir su supuesto derecho al trabajo, como si alguien tuviera la obligación de dárselos. Pero lo que es peor, aquel que pudo en su momento crear empleos productivos que les permitieran dignamente satisfacer sus necesidades y aumentar sus ingresos reales, ya quebró su empresa ante la dificultad de salir adelante dentro de un sistema enemistado con el progreso y violatorio de los derechos individuales.

Cito a Ludwig von Mises en el capítulo XXVIII de “La acción humana” en el cual aborda el tema del intervencionismo fiscal: “Cuando proliferan desmesuradamente los impuestos, se desnaturalizan y se convierten en arma que puede fácilmente destruir la economía de mercado. Esta metamorfosis del mecanismo impositivo en instrumento de destrucción es la nota característica de las finanzas públicas actuales. No se trata de juicios arbitrarios de valor respecto a si la elevada imposición fiscal implica daños o beneficios, como tampoco si los gastos financiados de este modo son o no acertados y, en definitiva, remuneradores. Lo fundamental es que cuanto mayor es la presión tributaria más fácilmente se puede desbaratar la economía de mercado… el Talón de Aquiles del mecanismo fiscal radica en la paradoja de que cuanto más se incrementan los impuestos, tanto más se debilita la economía de mercado y, consecuentemente, el propio sistema impositivo”.

No más impuestos: son el alimento de los corruptos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de febrero de 2015.

Tú, yo, él: origen de los derechos

El propósito de la moral es enseñar, NO a sufrir y morir, sino a disfrutar de nosotros y vivir".
Ayn Rand.

Un derecho es un concepto moral aplicable solo en un contexto social: pertenece estrictamente a las relaciones entre humanos. Es una aplicación social de la moralidad. Los derechos son condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre para su propia supervivencia (man qua man). Cómo debemos sobrevivir y vivir, es una pregunta metafísica que depende de nuestra naturaleza y la de la realidad.

Solo hay una forma correcta para sobrevivir en sociedad: por medio de los derechos. Qué debemos hacer y qué no debemos hacer en relación con otras personas se deriva del mismo estándar y de las mismas definiciones que los principios éticos. Cuando tratamos con otros, las condiciones requeridas para nuestra supervivencia apropiada constituyen nuestros derechos. ¿Qué requiere la naturaleza del hombre para sobrevivir apropiadamente? Que use su razón: que haga de la percepción de la realidad su primera preocupación y el uso de su razón la virtud básica para actuar en base a su propio juicio racional: según lo que su mente le dice que es lo correcto.

Por naturaleza, debemos sostener nuestra vida por esfuerzo propio: debemos trabajar para sobrevivir. Dependemos de nuestras acciones. Para poder sobrevivir en un ámbito social, tenemos el derecho a la vida y a mantenerla, por lo cual debemos ser libres de actuar en base a juicio propio: el derecho a la libertad. Para decidir las metas a perseguir, debemos ser libres de elegir nuestros valores y alcanzarlos si podemos: el derecho a buscar nuestra felicidad.

Como el ser humano es una entidad integrada por consciencia y materia, necesita de bienes concretos para poder sobrevivir. Tenemos que sostener nuestra vida con el producto de nuestro esfuerzo: el derecho a adquirir propiedades. El derecho a la propiedad: el derecho de trabajar en pos de nuestros valores y conservar el resultado de nuestra labor. Tener el derecho a la vida significa tener el derecho a producir los bienes requeridos para sobrevivir e intercambiar con otros. Lo cual no significa que alguien más debe producir esos bienes para uno, solo porque uno los necesita.

Los derechos pertenecen concretamente a los individuos y se derivan de su propia naturaleza. Una vida basada en el estándar de la fuerza bruta de la supervivencia momentánea, normalmente termina pronto. Sobrevivir se debe medir en el largo plazo. Si un hombre no se provee a sí mismo lo necesario para sobrevivir, la naturaleza no se va a hacer cargo de él. La ley moral aplicable, universal y racional, es que cada quien es responsable de su supervivencia y que no debe convertirse en una especie de hipoteca sobre la vida de otra persona. Tener el derecho a la vida no significa que alguien más debe perder sus derechos y gastar su existencia manteniendo a otros por imposición de la sociedad.

Cómo bien lo resumió Ayn Rand: “El principio de los derechos del individuo es la única base moral de todos los grupos o asociaciones”. ¿Queremos vivir bien? Respetémonos los unos a los otros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de diciembre de 2014.

Mi mente es mía

Soy propietaria del producto del uso de mi mente y tengo todo el derecho a beneficiarme del éxito de usarla correctamente. Tengo el derecho de gozar del resultado del uso de mi mente. Los humanos nos diferenciamos del resto de seres vivos por la evolución de nuestra razón: la facultad que nos permite identificar la realidad e integrar el material provisto por los sentidos. Pero el uso de la razón, como todo en la vida, es volitivo: nosotros decidimos si la usamos o no.

Coincido con mi amigo Luis Figueroa en la importante observación que hizo en su artículo publicado el pasado viernes en “elPeriódico”, en lo que respecta a cuál es el tema principal a discutir en lo que trata a la “Ley para la protección de obtenciones vegetales”: debe o no el Estado asegurar que lo que es mío sea respetado por los otros. Y acepto la invitación que hace a dialogar sobre este asunto.

Lo único que justifica la existencia de un gobierno es que este vele porque no se  violenten los derechos individuales. Que no se violen la vida, la libertad y, por supuesto, la propiedad de nadie. Los derechos solo tienen sentido si decido vivir en sociedad. Si mi elección es vivir alejada del resto de miembros de mi especie, el reconocimiento de mis derechos no tiene sentido porque no habrá quién, más que yo, ponga en peligro mi vida, intente imponerme sus decisiones o robe lo que es mío.

Para vivir en paz, dentro de una sociedad, se necesita que algunos ejerzan condicionalmente (solo con el objetivo mencionado, limitado y temporalmente) el uso de la fuerza para evitar que los antisociales agredan a los demás; y en caso alguien viole el derecho de otro, asegurar que se haga justicia: que el malhechor compense a su víctima. El gobernante no debe de tener el poder de violentar a los ciudadanos, a menos que uno de estos haya violado a otro: solo puede usar la fuerza contra el delincuente y/o el criminal.

“Toda palabra tiene su significado exacto”, Francisco d’Anconia. Las palabras nos sirven primordialmente para pensar, por eso es VITAL que las usemos correctamente. Los anarcocapitalistas que consideran el reconocimiento de la propiedad intelectual un privilegio, utilizan incorrectamente este término. Un privilegio es una ley privada: solo aplica a unos. El reconocimiento de que el producto de mi mente es mi propiedad, no es aplicable sólo a mí: es un derecho IGUAL para todos. Yo decido si hago uso de este o no, así como decido si utilizo mi mente para crear algo nuevo o no.

De todas las propiedades de una persona, la más frágil es la intelectual. Es la más fácil de robar. Hay quienes ni siquiera se enteran de que les roban aquello que es producto de su mente. Por ejemplo, cuando el plagio no es descubierto, el ladrón impunemente cosecha el fruto de la mente de otro. Por eso necesita de protección, aún más que aquella propiedad que yo sola puedo defender hasta cierto punto: mi vida, mi hogar, mis seres queridos, mis bienes tangibles… De lo contrario, estamos destruyendo la base del progreso y de la paz: el respeto a lo ajeno.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de agosto de 2014.

Nación de ovejas

Comienzo repitiendo lo que afirmé en mi artículo anterior: “Lamentablemente esta actitud intolerable de parte de aquellos que viven a nuestras costillas, que viven de nuestros impuestos, ha sido consentida por muchos que han olvidado el papel que representan en un Estado moderno, el papel de la autoridad, y bajan la cabeza cada vez que un servidor público los trata como siervos”.

Como bien lo dijo el célebre periodista estadounidense Edward R. Murrow a mediados del siglo veinte: “No caminaremos con miedo, el uno del otro. No seremos conducidos por el miedo hacia una era de sinrazón… no descendemos de hombres temerosos: no de hombres que temían escribir, hablar, asociarse y defender causas que eran, por el momento, impopulares… Podemos negar nuestra herencia y nuestra historia, pero no podemos evadir la responsabilidad por el resultado. No hay forma para un ciudadano de una República de abdicar de sus responsabilidades”.

La primera responsabilidad de toda persona digna es defender sus derechos individuales de todo criminal que atente contra estos incluyendo a los gobernantes, de lo contrario, como advirtió Murrow: “Una nación de ovejas pronto engendra un gobierno de lobos”. No debemos permitir que aquellos que están obligados a velar porque haya seguridad y asegurar que en caso de una violación el delincuente y/o el criminal compense a sus víctimas (asegurar que haya justicia) terminen poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. No debemos temer a expresarnos y, mucho menos, dejarnos intimidar por quienes gobiernan y aquellos que trabajan para ellos.

Cada vez son menos los que permiten que los gobernantes y sus empleados violen sus derechos individuales. Pero debemos entender que si lo hacen es porque hay quienes se dejan. Es porque estos últimos no pueden soportar que otros tengan la valentía que a ellos les falta. Es porque estos apaciguadores, para ocultar su vergüenza y su incapacidad de defenderse a sí mismos y a los suyos, pretenden que el resto actuemos como ellos, dejándonos avasallar por los gobernantes: renunciando a nuestra condición de humanos libres que se reconocen como mandantes y no como súbditos de quienes hemos elegido para que ejerzan el poder.

El pensamiento de una persona racional no se doblega ante aquellos que ejercen el poder temporalmente ni ante sus aduladores. Al contrario, los enfrenta dando la cara y el nombre, no cobardemente escondidos detrás de seudónimos. Quien conoce sus derechos CONSTITUCIONALES exige que sean respetados por todos y respeta los de los otros. A Murrow le gustaba recordar las palabras que Shakespeare puso en boca de Casio, palabras sabias que nosotros también debemos recordar: “La falla, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos que aceptamos la servidumbre”. Termino mi artículo de hoy con la misma oración que usé la semana pasada: “El abuso de los gobernantes, centrales y locales, sólo va a terminar hasta que nosotros digamos ¡BASTA!”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de agosto de 2014.

La prepotencia de Emetra

O, para ser exacta, la prepotencia de los agentes de Emetra la cual refleja la actitud de sus jefes. Gente que cree que manda, olvidando que los mandantes somos nosotros. Lamentablemente esta actitud intolerable de parte de aquellos que viven a nuestras costillas, que viven de nuestros impuestos, ha sido consentida por muchos que han olvidado el papel que representan en un Estado moderno, el papel de la autoridad, y bajan la cabeza cada vez que un servidor público los trata como siervos.

La arbitrariedad con la que actúan estos familiares de los buitres, abusando del poder y violentando los derechos individuales de los ciudadanos respetuosos de las normas, los acerca cada vez más a los corruptos agentes de la Policía Nacional Civil. Total, “aunque la mona se vista de seda, mona se queda”. De nada les sirven sus vistosos uniformes si en lugar de detener a quienes infringen la ley de tránsito, detienen a quien nada debe, solo porque se les antojó. Lo que a mí precisamente me sucedió el 4 de agosto de este año.

En esta ocasión al menos, estaban parando a quienes nos conducíamos en vehículos de modelo reciente. ¿Lo harían creyendo que podrían exprimirnos más dinero imponiendo multas inconstitucionales por si acaso no habíamos pagado el impuesto de circulación? Pues conmigo les salió el tiro por la culata. No solo estaban mis papeles en orden, sino había pagado en tiempo el tributo mencionado y no tenía NINGUNA multa pendiente de pago. Y, lo más importante, no había cometido ninguna infracción que les autorizara a detenerme y registrarme, lo cual fue reconocido por el agente Alberto Ortega.

El artículo 25 de la Constitución nos protege de abusos como los que cometieron contra mí y muchos más el pasado lunes. Artículo que reza: “Registro de personas y vehículos. El registro de las personas y de los vehículos, SÓLO podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca CAUSA JUSTIFICADA para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad DEBERÁN presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse el respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas”. Imperativo, pero bajo ningún punto de vista facultativo. Por cierto, los agentes que me detuvieron eran hombres: otra violación a mis derechos.

Hoy ocupa un lugar preferencial en mi camioneta una Constitución que recién me regaló un apreciado amigo, abogado de profesión, para que la próxima vez que enfrente una situación similar les recuerde, con la Ley en la mano, que si no he cometido una infracción NO tienen el poder para detenerme. Además, mantengo mi teléfono a la mano y la cámara de video fácil de activar, junto con la grabadora y el número de mi abogado, porque si vuelven a violar mis derechos, no solo me voy a expresar públicamente: los voy a demandar. Lo que todos deberíamos de hacer. El abuso de los gobernantes, centrales y locales, sólo va a terminar hasta que nosotros digamos ¡BASTA!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de agosto de 2014. La fotografía del agente Alberto Ortega la tomé el lunes 4 de agosto de 2014.