Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

12.10.2018

Estado en calamidad


¿Qué pasaría si los tributarios declaráramos en calamidad a nuestro Estado, con el objetivo de recobrar el control de nuestro dinero? Los impuestos que nos son expoliados para financiar la corrupción, tanto de los gobernantes como de la burocracia estatal, la cual es innecesaria en su mayor parte. Lo más trágico, dentro de este contexto, es que la poca burocracia que es necesaria, es ineficiente. La burocracia inexistente corresponde a las plazas para fantasmas de quienes llegan al ejercicio del poder.

El Estado es débil porque, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Tal es el caso del Estado Benefactor/Mercantilista que impera en nuestro país y en la mayor parte de países del tercer mundo. Un Estado considerado por sus promotores como un Estado todopoderoso, cuasi Divino, que de todo debe hacerse cargo, que todo lo va a resolver y que todas las necesidades de la gente va a satisfacer. Un Estado con el cual pretenden hacer de todo y al final, o no hacen nada, o lo poco que hacen, lo hacen mal. Terminan entorpeciendo el progreso, precisamente, de aquellos a quienes buscan beneficiar. Me refiero a los pobres, el objeto principal (al menos eso dicen) de su cruzada por el Estado.

La ironía es que hoy, aún en aquellos países donde se creó riqueza que les permitió a sus habitantes mejorar exponencialmente su calidad de vida, este obstaculizador Estado logró penetrar las estructuras republicanas poniendo en riesgo el futuro de sus habitantes. Tal es el caso de los EE.UU., como lo describió Andrew J. Napolitano en The Glenn Beck Show (2009):

"Todo lo que el gobierno maneja está en bancarrota. Medicare está quebrado. Medicaid está quebrado. La oficina de correos está arruinada. Amtrak está arruinado. La Seguridad Social es el esquema Ponzi más grande que hay y un fraude mayor que cualquier cosa que Bernie Madoff haya soñado, además de que también está en quiebra. El gobierno solo consume riqueza. La empresa privada produce riqueza.

“El gobierno y la empresa privada son lo opuesto. Piénselo: si la empresa privada no produce lo que los consumidores quieren o no devuelve una ganancia a los inversionistas, se cierra el negocio. El gobierno no comprende la necesidad de satisfacer a los consumidores o inversionistas porque no produce nada. Simplemente sigue consumiendo nuestros impuestos, y nosotros, como ovejas, seguimos recurriendo a los burócratas para gastar.

“Cuando los votantes lleguen a la conclusión de que el tesoro público se ha convertido en un canal público, entonces enviarán a DC solo a aquellos que les darán tantos freebies (regalos) como puedan y nuestros valores constitucionalmente garantizados de la empresa privada y la propiedad privada desaparecerán para siempre. Si quieres más de algo, hazlo rentable y no los graves, y crecerá y prosperará. Si desea menos de algo, deja que el gobierno lo regule y limite sus costos y se requerirán subsidios de los tributarios para mantenerlo con vida".

La única manera de cambiar las cosas para bien, es declarar lo obvio: que el Estado es una calamidad y debemos reformarlo radicalmente.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de diciembre de 2018.

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12.03.2018

El despilfarro presupuestario



Los politiqueros en el ejercicio del poder, junto con la burocracia parasitaria nacional y supranacional, elevaron el botín para 2019 a casi Q88 millardos. Los esquilmados, como todos los años, seremos los tributarios. La mayor parte de nuestro dinero será despilfarrado en la buena vida que se dan los gobernantes y los burócratas del Banco Mundial, del FMI, del BID… y en el mantenimiento de una enorme cantidad de empleados gubernamentales que, la mayoría, vegeta dentro de la estructura estatal.

Hace dos semanas, los diputados aprobaron el Acuerdo 23-2018 que fijó el presupuesto del Organismo Legislativo en Q792 millones 36 mil; el de la PDH en Q100 millones; el del PARLACEN en Q13 millones; y el de la Corte Centroamericana de Justicia Q2.4 millones. Entre los incrementos más significativos se encuentran, en el renglón 131, los viáticos al exterior, que tendrá un aumento de Q1 millón 43 mil. El renglón 151, que es para el arredramiento de edificios y locales, también tuvo un incremento de Q4 millones 22 mil 500, mientras que en el renglón 171 para el mantenimiento y reparación de edificios se hizo un aumento de Q16.7 millones.

En fin, el partido oficial consiguió los votos suficientes para aprobar el presupuesto. Desconozco, a ciencia cierta, las negociaciones que han de haber habido para ese cambio, pero no nos debe extrañar que sean similares a las que mencioné en mi artículo de la semana pasada, basada en una investigación de elPeriódico, según la cual el objetivo de varias de las modificaciones al presupuesto es poner fondos adicionales de éste a disposición de familiares y amigos de los diputados que han apoyado al Presidente. No me va a extrañar que la distribución del listado geográfico de obras favorezca los intereses de los diputados que votaron a favor del presupuesto.

El año entrante es un año electoral, por lo cual los funcionarios intentarán utilizar parte del presupuesto, en particular los fondos del Ministerio de Desarrollo, para tratar de comprar votos. Sin embargo, en Guatemala las experiencias pasadas muestran que los anteriores intentos en ese sentido han fallado. Lamentablemente, los políticos se siguen engañando creyendo que de esa manera tendrán el apoyo de los votantes, y lo único que logran es despilfarrar el dinero de los tributarios.

Como he escrito en otras ocasiones, la corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto. El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder: el Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual oficializan la repartición del botín. El botín, el cual es mantenido por nosotros por medio de los impuestos que somos obligados a tributar: el fruto de nuestro trabajo que nos es expoliado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de diciembre de 2018.

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