Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

9.17.2018

¿Quién contra bando?




En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

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9.10.2018

Juicio sin ante



Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.


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9.03.2018

Con o sin CICIG, contra la corrupción




Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.

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