Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.11.2019

¿Quiénes crecen sanos?




Los burócratas del Banco Mundial (BM) y sus cuentas monetarias. Eso, por supuesto, si logran que la manipulación por parte de varios medios de comunicación fuerce a la mayoría de diputados a aprobar el préstamo por 100 millones de dólares. Y aunque algunos diputados crean que también van a crecer sanas sus finanzas, al asignar parte de los fondos que esperan que ingresen, a entes gubernamentales que les faciliten robarse el dinero, estos últimos quedarán burlados. Como en múltiples ocasiones anteriores, los desembolsos se harán a cuenta gotas y apenas una parte de estos, ya que es poco probable que al final los burócratas del BM quieran compartir los cada vez más escasos fondos con los corruptos locales de turno en el ejercicio del poder.

Los desembolsos que seguro sí harán, aunque nunca entrarán a las cuentas manejadas por nuestros gobernantes, son los de los fondos destinados a las consultorías, supervisiones, ejecución de informes… O sea, todos aquellos rubros destinados al personal del mismo BM que se hará cargo de los menesteres listados que, como es obvio para los bienintencionados que apoyan el constante endeudamiento de los guatemaltecos para asuntos sociales, son vitales para combatir la desnutrición crónica, en especial la de los niños menores de 2 años. ¡Qué nobles almas! Me impresiona su sacrificio.

En fin, ironías al margen, el tal préstamo no servirá para nada positivo en el largo plazo. No obstante, el aumento de nuestra deuda estatal, lo único que logra en el largo plazo es poner más peso en los ya recargados hombros de la gente productiva de nuestro país, lo que en lugar de mejorar la calidad de vida de todos, la obstaculiza, llevando a más de nuestros compatriotas a tomar la difícil decisión de emigrar a EE.UU. ante la falta de oportunidades en nuestro país.

No tengo ninguna duda de que este préstamo será un total fracaso para combatir la desnutrición de los niños, los cuales son una simple excusa para mantener el crecimiento sano de los que viven de nuestro impuestos, sean parásitos locales o extranjeros. Solo durante los 6 años recién pasados, se han gastado más de 30 mil millones de quetzales en programas que se suponía iban a ayudar a aliviar la desnutrición infantil y el hambre. Sin embargo, según muestra una estudio presentado por la FAO el año pasado y los mismo datos proporcionados por el gobierno, ese gasto multimillonario no logró aliviar en prácticamente nada los flagelos que se buscaba combatir.

Al final, el problema no es de dinero asignado dentro del presupuesto estatal a combatir la desnutrición y el hambre: ya varios miles tienen asignados sin necesidad de endeudarnos más. El origen del problema está en la desnaturalización de las funciones del gobierno, el creciente aumento de obstáculos a la creación de riqueza y, por tanto, de trabajos productivos que permitirían a los más pobres superar esa pobreza y mejorar su calidad de vida. Lo que necesitamos es desparasitarnos de tanto vividor de la miseria y del trabajo ajeno.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de febrero de 2019.

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2.04.2019

Corrupción, con o sin CICIG


Mientras muchos - de los pocos -, interesados en la política en Guatemala todavía se encuentran enfrascados en un diálogo de sordos cuyo tema principal es Iván Velásquez y la CICIG, ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción? ¿Continúa la persecución de corruptos? ¿Se detuvo la cacería de brujas? ¿Hemos avanzado en el proceso de arrancar las raíces del árbol de la corrupción o no pasamos de podarlo? Veamos con qué información contamos para responder estas preguntas:

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por “Transparencia Internacional” (TI) desde 1995, clasifica a los países según el grado de corrupción gubernamental que los encuestados perciben. El IPC evalúa al sector público, incluyendo a funcionarios y políticos en general. Es un índice compuesto: o sea,  es una encuesta de encuestas, que se construye a partir de sondeos a expertos y a gerentes de empresas. TI define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. El “Diccionario de la Lengua Española” (DLE), en su cuarta acepción, define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

El IPC es una evaluación basada en la percepción de prácticas corruptas en la esfera estatal y se mide en una escala entre cero (muy corrupto) y cien (ausencia de corrupción). En los resultados de 2018, Guatemala obtuvo una puntuación de 27 sobre 100, posicionándose en la casilla 144 de 180 países. Nuestro país bajó un punto en comparación con los 28 puntos obtenidos en 2015, 2016 y 2017, retrocediendo una posición en el ranking mundial. En el año 2009 obtuvimos 34 puntos y en ninguno de los años siguientes la percepción mejoró. Más aún, en 2011, durante el gobierno de la UNE, también obtuvimos 27 puntos.

Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron puntajes por debajo de 50, con una nota promedio de 43. Guatemala, se ubica por debajo del promedio mundial. Y cómo no se va a percibir de tal manera la corrupción en nuestro país si, solo por mencionar uno de tantos ejemplos, la semana pasada la Contraloría General de Cuentas denunció que varios de los cupones para alimentos que el MAGA debía entregarle en 2018 a los agricultores afectados por la sequía, fueron a parar a manos de empleados públicos. Aunque, según IT, la percepción negativa sobre el gobierno de Morales se debe a su enfrentamiento con la CICIG.

Sin embargo, lo que los datos nos muestran, analizados contextualmente en la última década, es que, con todo y la presencia de la CICIG, la percepción sobre la corrupción empeoró en lugar de mejorar. ¿Por qué? Porque como lo hemos señalado unos cuantos ¡hasta el cansancio! en Guatemala, lo que hemos visto, particularmente en los últimos tres años, es una persecución selectiva de corruptos, y en varios casos un acosamiento injusto, pero NO una verdadera lucha contra la corrupción. Se han atacado algunos de sus efectos, pero no su causa: el sistema político de incentivos perversos. Si realmente queremos reducir la corrupción al mínimo posible, lo que debemos hacer es limitar el poder discrecional del cual gozan los gobernantes y fortalecer nuestras instituciones legítimas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 4 de febrero de 2019.

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1.21.2019

El bumerán electoral



Comenzó el proceso para las Elecciones Generales de este año. Proceso que ya no se puede detener, ni siquiera con un estado de excepción. Y, a pesar de las mágicas expectativas de Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y próximo Presidente del mismo, la realidad es que están serán las elecciones más complicadas que hemos visto en lo que va de este siglo. Los principales problemas serán provocados por la violaciones a la libertad de expresión contenidas en la reformada Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por cierto, tanto la Cámara Guatemalteca de Periodismo como la Cámara de Medios presentaron acciones de inconstitucionalidad al respecto, sobre las cuales no se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad. ¿Puede cambiar el panorama del proceso eleccionario las decisiones que tomen los magistrados de la CC en lo que respecta a las acciones mencionadas? ¡Quién sabe! Todo dependerá de las célebres interpretaciones que le den los responsables de aplicar la decisión de los magistrados de la CC, si esta es favorable a quienes interpusieron las acciones.

Hay quienes piensan que una vez convocada las elecciones, cualquier cambio en la legislación, incluidos los derivados de una acción de inconstitucionalidad, solamente se podrían aplicar hasta después de concluido el período electoral ya convocado: o sea, hasta las elecciones de 2023. Otros opinan que los temas constitucionales, una vez no cambien los tiempos de las elecciones, se deben aplicar en el momento que queden firmes, indistintamente si es dentro de un período electoral.

Pienso que la segunda opción es la correcta y espero que la CC resuelva lo más pronto posible dichas acciones. Pero, al final, dentro del sistema positivista jurídico que nos rige, lamentablemente, estamos sujetos a lo que interpreten que es la ley aquellos que la van a aplicar. Mientras tanto, continuará la incertidumbre de si entrevistar a un candidato, y no al resto, puede significar para el entrevistador y el medio por el cual se transmite la entrevista, un demanda legal, que puede llegar a ser hasta penal.

Otro de los grandes problemas, es la imposición a los tributarios de financiar las campañas publicitarias de los partidos políticos que participen. La ironía del caso es que uno de los que más se ha quejado de la distribución que hizo el TSE, es el principal responsable de los cambios: Mario Taracena de la UNE. Cuando Taracena ocupó el cargo de Presidente del Congreso fue que se llevaron a cabo los cambios promovidos por Todd Robinson e Iván Velásquez, con lo cuales pretendían igualar la publicidad electoral para todos los partidos, y que ésta fuera pagada por los tributarios y no por los “financistas”. Sin embargo, en lugar de mejorar la promoción de los candidatos y sus planes, la entorpecieron.

Todo lo anterior, más muchas más cosas que no menciono en este artículo, además de complicar el proceso, van a exigir una mayor responsabilidad de quienes decidan ejercer sus derecho a votar. De lo contrario, estás elecciones se convertirán en un bumerán que nos golpeara a todos después de lanzado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el martes 22 de enero de 2019.

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1.14.2019

Ni todos corruptos, ni todos vendidos




En esta crisis política que inició hace ya varios años, en la cual se enfrentan el gobierno y la CICIG, ni todos los que apoyan al gobierno son corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son vendidos. Ni todos los que apoyan al gobierno son defensores de la libertad, ni todos los que apoyan a la CICIG son socialistas. Ni todos los que apoyan al gobierno están en contra de la persecución de corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son honrados. Deshonestos hay en ambos bandos. Idealistas hay en ambos grupos. Oportunistas hay en ambas facciones. Y en las dos partes hay personas que quieren una Guatemala diferente.

Quiero aprovechar para recordar lo que he escrito en otras oportunidades, lo que representa uno de los más serios problemas que enfrentamos. Somos muy pocos los que realmente estamos interesados en lo que sucede a nivel político en nuestro país. La mayoría de nuestros compatriotas no están interesados en temas políticos. A la mayor parte de ellos lo que les preocupa es cómo van a lograr satisfacer sus necesidades básicas y las de sus seres queridos. Muchos otros están enfocados en juntar el dinero que necesitan para emigrar a Estados Unidos. Y el resto, defraudados y desconfiados de los políticos, con sobrados motivos, prefieren ignorar la realidad creyendo que de esa manera no les va a afectar. Tremendo error que pagamos todos.

Ahora, el problema que tienen los que en la presente crisis se han decantado por un grupo en particular, al menos la mayor parte de ellos, es que se están dejando llevar por la emoción y no por la razón. Sin embargo, dentro de la ínfima minoría interesada en los asuntos políticos en Guatemala, existe un tercer grupo con el cual me identifico yo. Dentro de este debate hay muchos que no tomamos una posición indiscutida por un grupo. Y somos más de lo que se imaginan, porque la mayoría prefiere mantenerse silenciosa para no ser etiquetados ni vilipendiados, para no enfrentarse con amigos ni familiares. Ciudadanos que prefieren solo observar, sin emitir públicamente su opinión. Quienes ni estamos indiscriminadamente a favor del gobierno, ni ciegamente a favor de la CICIG.

Que estamos a favor de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, dentro de un gobierno republicano, donde nadie esté por encima de las normas y nadie goce ni de privilegios ni de inmunidades especiales. Que exigimos que aquellos que ejercen el poder, lo ejerzan de forma limitada, que rindan cuentas y paguen las consecuencias de sus errores. Todos, sin excepción. En pocas palabras, donde todos seamos iguales ante la Ley: con iguales derechos y obligaciones.

Los invito a meditar de una forma objetiva, racional y prudente, para que no los manipule nadie. Al fin, lo que realmente estamos viendo y viviendo hoy en Guatemala, es una desesperada lucha por el ejercicio del poder a como dé lugar. En unos días será la convocatoria oficial a las elecciones generales de 2019, y estas elecciones, que incluyen su proceso y saber quiénes son los candidatos, deben ser nuestro principal motivo de discusión. Porque en estas elecciones nos estamos jugando las condiciones en las cuales vamos a vivir en los próximos años.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de enero de 2019.

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1.07.2019

No somos propietarios de nadie



Al enterarme de que un grupo de sindicalistas pretenden impugnar ante la Corte de Constitucionalidad la prudente decisión del Presidente Jimmy Morales de no aumentar el salario mínimo para 2019, recordé un artículo de Tom Mullen que leí el pasado diciembre, en el cual mencionó el que considero, al igual que el autor, el mejor argumento contra las leyes que imponen un salario mínimo: el argumento de que ni usted, ni yo, ni nadie posee a otras personas. Y sólo aquel que busca un empleo debe decidir por cuánto es lo mínimo que está dispuesto a vender su trabajo.

Más allá de las justificaciones irracionales y emotivas que utilizan para impulsar un salario mínimo, la realidad, les parezca o no, es que éstos provocan más desempleo y fuerzan a los menos productivos y a los empresarios que no pueden seguir operando bajo esos parámetros, a caer en lo que se conoce como la informalidad. Cualquier aumento artificial (forzado) en el precio del trabajo, independientemente de cuál sea el salario mínimo, dará como resultado una menor demanda, que no es otra cosa que menos empleo, lo que termina siendo el motivo principal por el que tantos optan por emigrar a EE.UU. Pero, a pesar de la importancia que tiene el argumento del desempleo en contra de los salarios mínimos, existe uno anterior y mucho más importante. El argumento moral: usted no es dueño de otras personas.

Como bien explicó John Locke, los derechos individuales proceden a partir de la condición humana inherente y evidente de sí misma. En el Capítulo V de su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, escribió: “Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona sobre la cual nadie tiene ningún derecho, sino él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos”. Sólo él o ella tienen el derecho de determinar cuál será el precio mínimo de su propio trabajo. Nadie necesita leyes de salario mínimo para ejercer este derecho de propiedad.

Como dice Mullen, “los defensores de las leyes de salario mínimo centran su atención en los compradores de servicios laborales y olvidan a los vendedores. En su afán por restringir los derechos de los primeros, se vuelven indiferentes con los de los últimos, y no se preguntan quién es el dueño del trabajo en cuestión”. Como todo lo demás, el vendedor, el posible empleado, posee lo que se ofrece a la venta. Uno puede establecer su propio salario mínimo sin ellos.

Nunca se le ocurre a los fanáticos del salario mínimo que hay personas cuyas vidas podrían mejorar si se les deja vender su trabajo a un precio por debajo del mínimo legal. No solo es esta la diferencia entre tener un trabajo y no tener uno para millones de personas, sino que también puede permitir que las personas que trabajan por un salario superior al mínimo en un trabajo tomen un segundo trabajo con un salario más bajo, donde puedan aprender nuevas habilidades y, eventualmente, cambiar a un trabajo que les guste más o en el que les paguen más. O ambos. Eso se llama la búsqueda de la felicidad, algo a lo que todos tenemos derecho. Somos dueños de nuestro trabajo porque somos dueños de nosotros mismos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de enero de 2019.

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12.10.2018

Estado en calamidad


¿Qué pasaría si los tributarios declaráramos en calamidad a nuestro Estado, con el objetivo de recobrar el control de nuestro dinero? Los impuestos que nos son expoliados para financiar la corrupción, tanto de los gobernantes como de la burocracia estatal, la cual es innecesaria en su mayor parte. Lo más trágico, dentro de este contexto, es que la poca burocracia que es necesaria, es ineficiente. La burocracia inexistente corresponde a las plazas para fantasmas de quienes llegan al ejercicio del poder.

El Estado es débil porque, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Tal es el caso del Estado Benefactor/Mercantilista que impera en nuestro país y en la mayor parte de países del tercer mundo. Un Estado considerado por sus promotores como un Estado todopoderoso, cuasi Divino, que de todo debe hacerse cargo, que todo lo va a resolver y que todas las necesidades de la gente va a satisfacer. Un Estado con el cual pretenden hacer de todo y al final, o no hacen nada, o lo poco que hacen, lo hacen mal. Terminan entorpeciendo el progreso, precisamente, de aquellos a quienes buscan beneficiar. Me refiero a los pobres, el objeto principal (al menos eso dicen) de su cruzada por el Estado.

La ironía es que hoy, aún en aquellos países donde se creó riqueza que les permitió a sus habitantes mejorar exponencialmente su calidad de vida, este obstaculizador Estado logró penetrar las estructuras republicanas poniendo en riesgo el futuro de sus habitantes. Tal es el caso de los EE.UU., como lo describió Andrew J. Napolitano en The Glenn Beck Show (2009):

"Todo lo que el gobierno maneja está en bancarrota. Medicare está quebrado. Medicaid está quebrado. La oficina de correos está arruinada. Amtrak está arruinado. La Seguridad Social es el esquema Ponzi más grande que hay y un fraude mayor que cualquier cosa que Bernie Madoff haya soñado, además de que también está en quiebra. El gobierno solo consume riqueza. La empresa privada produce riqueza.

“El gobierno y la empresa privada son lo opuesto. Piénselo: si la empresa privada no produce lo que los consumidores quieren o no devuelve una ganancia a los inversionistas, se cierra el negocio. El gobierno no comprende la necesidad de satisfacer a los consumidores o inversionistas porque no produce nada. Simplemente sigue consumiendo nuestros impuestos, y nosotros, como ovejas, seguimos recurriendo a los burócratas para gastar.

“Cuando los votantes lleguen a la conclusión de que el tesoro público se ha convertido en un canal público, entonces enviarán a DC solo a aquellos que les darán tantos freebies (regalos) como puedan y nuestros valores constitucionalmente garantizados de la empresa privada y la propiedad privada desaparecerán para siempre. Si quieres más de algo, hazlo rentable y no los graves, y crecerá y prosperará. Si desea menos de algo, deja que el gobierno lo regule y limite sus costos y se requerirán subsidios de los tributarios para mantenerlo con vida".

La única manera de cambiar las cosas para bien, es declarar lo obvio: que el Estado es una calamidad y debemos reformarlo radicalmente.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de diciembre de 2018.

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12.03.2018

El despilfarro presupuestario



Los politiqueros en el ejercicio del poder, junto con la burocracia parasitaria nacional y supranacional, elevaron el botín para 2019 a casi Q88 millardos. Los esquilmados, como todos los años, seremos los tributarios. La mayor parte de nuestro dinero será despilfarrado en la buena vida que se dan los gobernantes y los burócratas del Banco Mundial, del FMI, del BID… y en el mantenimiento de una enorme cantidad de empleados gubernamentales que, la mayoría, vegeta dentro de la estructura estatal.

Hace dos semanas, los diputados aprobaron el Acuerdo 23-2018 que fijó el presupuesto del Organismo Legislativo en Q792 millones 36 mil; el de la PDH en Q100 millones; el del PARLACEN en Q13 millones; y el de la Corte Centroamericana de Justicia Q2.4 millones. Entre los incrementos más significativos se encuentran, en el renglón 131, los viáticos al exterior, que tendrá un aumento de Q1 millón 43 mil. El renglón 151, que es para el arredramiento de edificios y locales, también tuvo un incremento de Q4 millones 22 mil 500, mientras que en el renglón 171 para el mantenimiento y reparación de edificios se hizo un aumento de Q16.7 millones.

En fin, el partido oficial consiguió los votos suficientes para aprobar el presupuesto. Desconozco, a ciencia cierta, las negociaciones que han de haber habido para ese cambio, pero no nos debe extrañar que sean similares a las que mencioné en mi artículo de la semana pasada, basada en una investigación de elPeriódico, según la cual el objetivo de varias de las modificaciones al presupuesto es poner fondos adicionales de éste a disposición de familiares y amigos de los diputados que han apoyado al Presidente. No me va a extrañar que la distribución del listado geográfico de obras favorezca los intereses de los diputados que votaron a favor del presupuesto.

El año entrante es un año electoral, por lo cual los funcionarios intentarán utilizar parte del presupuesto, en particular los fondos del Ministerio de Desarrollo, para tratar de comprar votos. Sin embargo, en Guatemala las experiencias pasadas muestran que los anteriores intentos en ese sentido han fallado. Lamentablemente, los políticos se siguen engañando creyendo que de esa manera tendrán el apoyo de los votantes, y lo único que logran es despilfarrar el dinero de los tributarios.

Como he escrito en otras ocasiones, la corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto. El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder: el Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual oficializan la repartición del botín. El botín, el cual es mantenido por nosotros por medio de los impuestos que somos obligados a tributar: el fruto de nuestro trabajo que nos es expoliado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de diciembre de 2018.

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