Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

8.13.2018

La realidad guatemalteca




Según he leído en algunos medios y redes, parece que en Guatemala no sólo Jimmy Morales vive en la Luna. Por ese motivo, decidí hacer un breve recuento de algunos de los muchos hechos que nos muestran la realidad en la que vivimos: una verdadera crisis que se agudiza.

Uno de los casos más dramáticos es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero lo más trágico es que a la fecha se calcula que alrededor de 6 mil personas se han quedado sin ingresos debido a esta situación. ¿Quiénes son los principales responsables de  estos hechos deplorables? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su malevolencia: la ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días.

Según funcionarios del Banco de Guatemala, las exportaciones cayeron aproximadamente un 2.7 por ciento en los primeros seis meses del año y la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo 6.5 por ciento de enero a marzo, comparadas con el mismo período del 2017. La IED ha decaído en los últimos tres años. En julio el Índice de Confianza de la Actividad Económica retrocedió a 31.25 puntos, la más baja del año. El 92 por ciento de los encuestados consideró que la economía está peor que hace un año y el 75 por ciento descartó que la situación mejore en los siguientes seis meses.

Los conflictos sociales en las comunidades preocupan hasta a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, quienes demandaron garantías para la inversión. Se prevé que los conflictos van a aumentar, principalmente en el interior del país. Parte del problema es la tolerancia de las autoridades a las medidas de hecho de los grupos de presión, tales como las invasiones de fincas, los secuestros y los bloqueos. Conflictos que empeoran por la falta de empleo productivo que lleva a muchos a emigrar o a emprender en lo que puedan, aceptando que serán extorsionados por los pandilleros de su área. Todo lo anterior sumado a la multiplicación de las “patrullas de seguridad locales”, ante el incumplimiento del gobierno de su función primordial: velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos.

Si agregamos a la falta de certeza jurídica, los obstáculos que hay en nuestro país a todo nivel para emprender, comerciar y producir, es creíble el aumento de la pobreza que presentó la semana pasada el gobierno de Guatemala en Perú, durante la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la  Organización de Naciones Unidas. El porcentaje de pobres se calcula en 59.3 por ciento de la población, lo que representa un aumento de más de ocho puntos porcentuales con relación a 2006.

Se me acabó el espacio, pero no las evidencias de que la realidad de la mayoría es peor de lo que imagina la minoría, a la cual le caería bien poner los pies en la Tierra y dejar de falsear la realidad. Si no cambiamos el sistema político (estatista e intervencionista), estamos condenados a vivir, más que en una eterna primavera, en una eterna agonía.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de agosto de 2018.

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8.06.2018

El secreto mejor guardado



El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.


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7.30.2018

El pobre censo




Tanto los detractores como los admiradores de Jimmy Morales parece que han encontrado un enemigo común en quienes nos hemos atrevido a cuestionar el censo. Quienes lo único que hemos hecho es reconocer la realidad. Lo que es, más allá de los deseos o creencias de aquellos que esperan milagros del conteo de los habitantes de nuestro país, proceso realizado al mejor estilo milenario de los romanos, sin importar que en lugar de tablas lleven tablets.

¡En pleno siglo veintiuno! Ridículo. Total, si les interesa saber cuántos vivimos en Guatemala esa información la encuentran, sin gastar un centavo más de lo que ya hemos gastado, en el “Registro Nacional de las Personas” (Renap) que, con todo y sus falencias, sin lugar a dudas los datos con los que cuenta son más creíbles que el número que resulte del censo. Y si a puro tubo querían hacer un censo, se pudo hacer por medio del blockchain, de una manera más segura, económica y exacta. Porque si usted necesita del censo para saber quién es, ¡sí que está bien fregado! ya que el somos colectivo no es más que una ficción.

La información es necesaria para tomar decisiones, pero para que sea útil en todo contexto, tiene que ser verdadera: basada en los hechos de la realidad. Y, dentro del contexto actual guatemalteco, caracterizado por la falta de confianza, la corrupción estatal y la inseguridad, ¿serán las cifras recabadas ciertas? ¡Hay que ser muy ingenuo para creer que los datos que reporten en el censo sean los reales!

Al final, la pregunta más importante que debemos hacernos es ¿para qué quieren los gobernantes, y los burócratas de organismos supranacionales, saber cuántas personas viven en un país? Para responder honestamente esta pregunta, hay que conocer la naturaleza de los censos e históricamente para qué han servido. El objetivo primario de un censo es determinar el número de personas que componen un grupo y sus características que consideren relevantes quienes lo llevan a cabo. Los censos poblacionales son promovidos para justificar la intervención de los gobernantes en las vidas de los censados por medio de políticas propias del Estado Benefactor.

Por supuesto que no le informan a los que dócilmente aceptan formar parte del inventario que el resultado esperado de éste será el aumento de impuestos y del poder de los gobernantes para implementar las políticas mencionadas. Sin embargo, tampoco son plenamente engañados: sí saben que es para promover más de esos maravillosos programas estatales que, hasta la fecha, le han permitido a los pobres que llegan al ejercicio del poder y a sus familiares, amigos y miembros del partido, mejorar exponencialmente su calidad de vida.

¡Ah no! Perdón, me confundí: la propaganda dice que es para ayudar a los que no pueden superar la pobreza en que viven. Lo que les ocultan es que no lo logran porque no encuentran un trabajo productivo, ya que quienes están dispuestos a arriesgarse e invertir en Guatemala para crear esas fuentes de trabajo y transformar los recursos en riqueza son extorsionados,  expoliados y acosados para financiar tales programas. En fin, Ave census morituri te salutant!


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de julio de 2018.

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7.23.2018

El censo impositivo



Comenzó el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, que nos va a costar a los tributarios, no al abstracto Estado, alrededor de 350 millones de quetzales. ¡Carísimo! Un gasto innecesario, al menos para quienes lo vamos a pagar. Pero el costo mayor del censo serán las consecuencias que los datos recopilados traerán en el largo plazo. Sin importar que tales datos sean verdaderos o falsos, el gobierno los certificará como las cifras a partir de las cuales van a aumentar el número de diputados al declarar inconstitucional la reforma que los fijó en 160. Las cifras que usaran para expoliarnos aún más con la excusa de financiar las supuestas políticas públicas que van a promover para apoyar a los más pobres. ¿Qué pobres? ¿Los pobres politiqueros que lleguen al ejercicio del poder, sus familiares, sus amigos y los miembros del partido al que pertenecen?

Un censo que hace sólo unos días fue denunciado, entre otras cosas, por irregularidades en su planeación y organización, lo que presagia la falta de credibilidad en sus resultados, independientemente de todo el dinero que han gastado en promocionarlo. En particular se comentó que en censos anteriores se tenía seleccionado y capacitado el personal desde varios meses antes de su inicio, mientras que para este censo se supo que la semana pasada todavía se encontraban en ese proceso. También se supo que pidieron una ampliación del presupuesto aprobado porque no les alcanzó lo que solicitaron. Espero que efectivamente los auditores de la Contraloría General de Cuentas estén pendientes del proceso del censo para reducir en algo el malgasto de nuestro dinero.

El objetivo primario de un censo poblacional es determinar el número de personas que componen un grupo. Por medio de un censo de población se pueden llevar a cabo algunas actividades extras, como en el caso presente en Guatemala. Además de calcular el número de habitantes de nuestro país a la fecha, van a aprovechar para ¿obtener? una serie de datos demográficos, económicos, sociales y de hábitos para justificar la intervención de los gobernantes en nuestra economía y en nuestras vidas.

El cuestionario consta de 70 preguntas, divididas en siete capítulos. En la primera hoja de la boleta se recogen datos geográficos, como el tipo de vivienda y material de construcción del inmueble. Las páginas dos y tres se centran en preguntas relacionadas con la propiedad de la vivienda, servicios e infraestructura de las casas, además de la migración hacia otros países. Las páginas cuatro y cinco se enfocan en las características sociodemográficas, migración interna, autoidentificación étnica, discapacidad, escolaridad, usos de la tecnología informática, condición laboral y fecundidad. La boleta tiene capacidad para recabar datos de hasta ocho personas por hogar.

El único censo que era importante hacer, además de una de las primeras promesas del gobierno actual, es el de los empleados estatales, el cual no se hizo por la oposición de los líderes sindicales a quienes no les conviene que se conozca esa información. El censo es un engaño más que servirá de excusa para cobrar más impuestos y financiar al ineficiente Estado Benefactor/Mercantilista. Yo no seré parte de ese censo. ¿Usted?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de julio de 2018.

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7.16.2018

Las piñatas fantasmas




Ni es el nombre de una película de ficción ni el título de una novela de misterio. Las piñatas fantasmas no son otra cosa más que el resultado de los estados de excepción que solo sirven para facilitar la corrupción de quienes ejercen el poder y de sus aliados. Personas concretas que de espectros no tienen nada, pero que asustan más que la Siguanaba un viernes a medianoche. Más aún ¡cuánta cólera e indignación inspiran! cuando deciden cómo gastar el dinero que nos han expoliado, el que tanto nos ha costado ganar.

El gobierno ha gastado por lo menos Q691 millones amparado por el Estado de Calamidad. De las compras que más han llamado la atención, en mi opinión, sobresalen tres. Dos de estas, una vez expuestas, fueron anuladas. Pero no hay que olvidar que intentaron hacer tales compras y si no se hubiera conocido su intención de hacerlas, el robo se hubiera consumado.

La primera de estas compras cuestionadas, responsabilidad del Ministerio de Agricultura, fue la adquisición de 297 mil 612 latas de sardina a un costo de Q17 cada una, para un total de Q5.6 millones. La segunda, fue la compra por la Municipalidad de Escuintla de materiales para la construcción de una cancha con grama sintética a un costo de Q260 mil. Ambas fueron anuladas después de que fueron hechas públicas.

La tercera de estas, la cual no conozco su estado actual porque recién fue denunciada, es la compra por excepción por parte del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) de Q18.7 millones en materiales de construcción supuestamente para reparar daños en viviendas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. De acuerdo a una investigación de elPeriódico, la Conred confirmó que no existen tales viviendas “dañadas”. Adicionalmente, encontraron que los materiales fueron comprados un promedio de 20 por ciento arriba del precio de mercado a mayoristas.

Estos son solo algunos ejemplos más de cómo los estados de excepción son utilizados para hacer compras dudosas, tanto por su monto como por su destino. Y eso que no he mencionado las serias dudas que hay en lo que respecta a las reparaciones de la Ruta RN-14. De allí la importancia de no aprobar estos estados, independientemente de la emergencia, si no existen buenos mecanismos de control. Por supuesto, estos ejemplos también sirven para contradecir al presidente Jimmy Morales, quien declaró en el XI Congreso Nacional de Turismo que ellos son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

El Estado de Calamidad fue renovado por el Ejecutivo, pero no fue ratificado por el Congreso. Sin embargo, tampoco fue rechazado, lo que puede servir de excusa para que sigan gastando casi sin límites el dinero, como lo hicieron durante el gobierno del Patriota con la excusa del terremoto de San Marcos. La Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de investigar de oficio todos los gastos hechos por el gobierno, aunque tal fiscalización “irrite” al Presidente y a sus funcionarios. En especial, se deben auditar los gastos que se hacen por medio de los estados de excepción, de lo contrario, continuará la piñata.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de julio de 2018.

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7.09.2018

Janus: el David de los trabajadores




El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. emitió un dictamen en favor de Mark Janus, contrario a las pretensiones de AFSCME, el cual debe ser celebrado por todos los trabajadores del mundo. Se enfrentó a Goliat, representado por el sindicato estatal, y le ganó. Un importante triunfo que afirma los derechos de los estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus versus AFSCME, que no se puede exigir a los trabajadores gubernamentales no sindicalizados, que paguen cuotas a los sindicatos como condición para trabajar en el Estado. Esta resolución, considerada histórica por muchos, restaura los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de la Primera Enmienda, a más de cinco millones de maestros de escuelas públicas, personal de primera respuesta (policías, bomberos, etcétera) y otros empleados del gobierno en todo el país.

La Primera Enmienda reza: “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni limitará la libertad de expresión o de la prensa; ni coartará el derecho de las personas para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Mark Janus, demandante en el caso, empleado por el gobierno estatal de Illinois, declaró: "Estoy muy emocionado de que la Corte Suprema haya restaurado no solo mis derechos asegurados por la Primera Enmienda, sino también los derechos de millones de otros trabajadores gubernamentales en el país. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pagar por discursos políticos y posiciones políticas con las que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestros trabajos. Esta es una victoria para todos nosotros. El derecho a decir ‘no’ a un sindicato es tan importante como el derecho a decir ‘sí’”.

Jacob Huebert, abogado de Janus, comentó al respecto lo siguiente: "Esta es la mayor victoria para los derechos de los trabajadores en una generación. La Primera Enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros, como individuos, el derecho de elegir a qué grupos queremos apoyar y a cuáles no. La Corte Suprema reconoció que nadie debe ser obligado a renunciar a ese derecho solo para poder trabajar en el gobierno. La Corte reconoció que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y abogar por las políticas en las que creen, pero no tienen un derecho especial para obligar a las personas a pagar por su cabildeo. Tienen que jugar según las mismas reglas que todos los demás”.

La importancia de esta sentencia radica en que nos recuerda que todo trabajador, sin importar el sector en el cuál trabaja, debe ser libre de elegir con quién asociarse,  de rechazar formar parte de un sindicato y no ser obligado a pagar cuotas para mantener a los líderes de estos grupos. Debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de SU esfuerzo. Si es capaz de ganarlo, lo justo es respetar su decisión de cómo gastarlo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de julio de 2018.

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7.02.2018

¿Sobreviviremos al Mundial de Fútbol?



Pienso que sí. No sé en qué condiciones, pero considero que es el escenario más probable. Más aún, espero que los aficionados al fútbol estén disfrutando de los partidos. Aunque me entra cierta duda al ver a unos cuántos agonizar junto con el equipo de sus preferencias. También sé que no todo es diversión. Puede haber partidos aburridos, o al menos parte de estos. Sin duda los que más emoción generan son aquellos en los cuales proliferan los goles bien hechos. Lo que no es igual en el campo político, donde a más goles, menos alegrías.

Mientras, unos pocos ermitaños en la época del mundial, que no deliramos por estos encuentros deportivos, nos concentramos en cuidar la portería de nuestro país que, precisamente por estos tiempos, es atacada por los oportunistas que aprovechan la distracción que representa la gesta fútbolera para pasar legislación que sólo los beneficia momentáneamente a ellos y, en el largo plazo, termina sumándose al cuerpo de ¿leyes? que impiden el progreso y la mejora en la calidad de vida de todos.

Por ahora, que sepamos, nos han metido dos goles que, confío, al finalizar los encuentros mundialeros indigne a quienes hoy no quieren saber nada de política. A lo mejor todavía algo podemos hacer para minimizar las consecuencias nefastas esperadas de los goles anotados por los aprovechados que se encuentran en el ejercicio del poder y sus socios en los grupos de presión y en la burocracia estatal supranacional.

El primero de estos tantos, lo metieron el mismo día que inició el Mundial, aunque nos enteramos de éste penalti cuando metieron el segundo gol: el miércoles 20 de junio pasado. Según declaraciones de Juan Francisco Sandoval, titular de la “Fiscalía Especial Contra la Impunidad” (FECI), Juan Carlos Monzón está libre desde el 15 de junio, luego de “cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos de La Línea y Cooptación del Estado”. La excusa que dio Sandoval a semejante aberración, es que la libertad le fue concedida a Monzón para “procurar su seguridad”. Agregó que Monzón rechazó la oferta que le hicieron de pasar a formar parte del programa de protección de testigos. ¿Por qué lo rechazó? ¿Cuánto de lo que robó logró esconder antes de entregarse?

En fin, el segundo gol nos lo metieron los diputados que aprobaron el préstamo por 250 millones de dólares, promovido por burócratas del Banco Mundial (BM). El préstamo se supone que incluye 3 mil 500 quinientos quetzales, por 10 meses, para las familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. Un engaño populista más. Dinero que probablemente recibirán allegados al partido. Deuda que pagaremos los tributarios y disfrutaran quienes recibirán los desembolsos: los gobernantes, la burocracia nacional y los funcionarios del BM a los que les adjudiquen las consultorías incluidas.

Como bien la define Ambrose Bierce en su "Diccionario del Diablo", dentro del sistema de incentivos perversos que prevale, “la política es una lucha de intereses enmascarada como una competencia de principios”. En otras palabras, la política no es más que la conducción de los asuntos públicos para la ventaja privada de aquellos que actúan en nombre del Estado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 2 de julio de 2018.

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