Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

8.21.2017

Hambre de progreso



No es el hambre de los burócratas, nacionales e internacionales, que utilizan el hambre de los demás, en particular el hambre de los más pobres, para saciar su apetito. Que se llenan la boca de las penas de los otros, jurando y perjurando que ellos tienen la solución a la lamentable situación en la que viven muchos. Esa original solución es hacer más de lo mismo que ha sido un fracaso para combatir la pobreza: aprobar más legislación estatista e intervencionista que otorgue a los gobernantes, y a los funcionarios estatales, más poder arbitrario del que ya tienen para quitarles una mayor tajada de sus ingresos a la gente productiva.

Por supuesto, venden su idea repitiendo la mentira que todavía muchos se tragan para alimentar su resentimiento: aseguran que serán los más ricos los sacrificados. ¿Cuál es la realidad? Que todos pagaremos, independientemente del patrimonio con el cual contemos, por la ingenuidad de quienes caen presas del engaño de estos bien pagados personajes que viven la buena vida a costa del hambre de los más pobres. Sí, porque esos pobres no van a lograr superar la pobreza con más despilfarro del dinero que le sea expoliado al legítimo creador de esa riqueza. Ese dinero que pudo ser parte del capital que hubiera servido para crear fuentes de trabajo productivo para aquellos que más lo necesitan: los que a duras penas juntan lo necesario para mal comer cada día.

Estos burócratas, que los hay de varias especies que comparten el gusto por la vida parasitaria, no sólo proponen más programas y legislación con la excusa de ayudar a los más pobres con el peculio de otros, sino que también obstaculizan la creación de riqueza por medio de regulaciones absurdas y contradictorias. Tal es el caso de la ley anticompetencia que tanto les interesa que se apruebe en Guatemala.

Es obvio, como lo han señalado muchos antes que yo, que una política de intervención del gobierno en un sistema comercial de libre mercado es una contradicción de términos. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia y/o el mercado es una contradicción.

En pleno siglo veintiuno de la era compartida, ya debería ser entendido que las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas, los agravan. No entiendo como todavía hoy tantos se alimentan del cuento de que un abstracto Estado les va a resolver la vida, cuando lo único que los gobernantes, en nombre de ese Estado deben hacer para proteger el bienestar y el progreso de la humanidad, es velar porque haya seguridad y justicia para todos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de agosto de 2017.

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8.14.2017

El linchamiento de Gloria



En un linchamiento virtual, las personas tienen la opción de levantarse de entre las cenizas, y renacer como lo hacía la mitológica ave fénix. En un linchamiento virtual, el acusado sólo muere si sucumbe a la agresión de aquellos que quieren acabarlo. El más reciente, y tal vez el más despiadado linchamiento en redes que yo he conocido, es el de Gloria Álvarez. Un exacerbado ataque falaz, promovido por un pequeño grupo de gente obsesionada con Gloria, del cual hicieron eco muchos incautos que se adelantaron al anunciar el fin de la conocida politóloga. ¡Ah! Y cuidado alguien se atreviera a levantar la voz en defensa de Gloria, porque también saldría trasquilado.

Los linchadores manipulados por los intoxicadores, agentes de la era de la posverdad, reclaman la cabeza del imputado, sin ningún juicio previo y sin el cumplimiento del debido proceso que permita probar, sin lugar a dudas, de que la persona señalada es culpable del delito o del crimen que se le atribuye. En la mayoría de los linchamientos, físicos y virtuales, ni siquiera se conoce a ciencia cierta si se cometió alguna falta. El único hecho comprobado es que alguien gritó “CULPABLE”, y que muchos de quiénes lo escucharon corrieron detrás del señalado, listos para quemarlo vivo.

Prevalece la reacción emocional, la identificación errónea de lo percibido, la irracionalidad. Se obvia la falta de evidencia: el imputado simboliza las frustraciones de aquellos que lo quieren linchar, con la vana esperanza de que así superaran sus infortunios. Olvidan los linchadores que la cólera, el resentimiento, el rencor… son sentimientos que a los primeros que destruye es a ellos mismos. Pero, ¿por qué se ensañan con Gloria? ¿Por qué los líderes de este linchamiento la detestan tanto? ¿O será que le temen? Y si lo anterior es cierto, ¿por qué le tienen miedo a alguien que consideran una especie de broma? ¿Quiénes ganan con la desaparición pública de Gloria Álvarez?

¿O acaso la envidian? La envidia, como explica Ayn Rand en “The age of envy”, es considerada por la mayoría de la gente como una emoción insignificante y superficial y, por lo tanto, sirve para ocultar una emoción tan inhumana que, quienes la sienten, rara vez se atreven a admitirlo, incluso a sí mismos. Esa emoción es el odio al bien por ser el bien. Este odio no es resentimiento contra alguna visión determinada del bien con la que uno no está de acuerdo. El odio al bien por ser el bien, significa odio a lo que uno considera bueno por su juicio propio, consciente o subconsciente. Significa odiar a una persona por poseer un valor o una virtud que uno considera deseable.

Con el pasar del tiempo se calman las aguas, pasa la tormenta y la mayoría se empieza a cuestionar. Y a ellos me dirijo hoy. Revisen sus premisas, investiguen los hechos y descubrirán que no hay ni una sola acusación en contra de Gloria Álvarez. Si la hubiera, yo no estaría compartiendo hoy con ustedes estas reflexiones. Seamos justos, y reconozcamos a cada quien lo que le corresponde. Gloria Álvarez no merece ser linchada. Yo no voy a ser parte de ningún linchamiento, aunque yo misma termine linchada por este atrevimiento.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de agosto de 2017.

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8.07.2017

Muerte, sin pena ni ley


¿De cuál pena de muerte piden su abolición los delegados de la CIDH? Porque, según yo sé, la legal hace años que no se aplica en Guatemala. Eso sí, la pena de muerte que es el pan diario de los guatemaltecos es la de los linchamientos, que no son otra cosa más que la aplicación informal de tal castigo, los cuales considero que es utópico pretender abolir, al menos por el momento. Más difícil será aún si, finalmente, acaban prohibiendo su  aplicación dentro del marco de la Ley.

Precisamente el día que se publicó este reclamo de los burócratas de la CIDH, en el mismo medio (Prensa Libre) venía una breve nota que informaba que alrededor de 100 vecinos lincharon a dos presuntos asaltantes en la ruta que comunica a Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla) con San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), un hecho terrible y lamentable, aunque los editores de los medios le den poca importancia. ¿Eran o no culpables los acusados? ¡Quién sabe! Nunca hubo un proceso legal en el cual se probara su culpabilidad.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, tal y como lo dije en mi artículo titulado “Sin duda razonable, pena de muerte” (Siglo Veintiuno, 29 de febrero de 2016), terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de sus vidas a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado) con el reto de mejorar nuestro sistema de justicia.

Una vez cumplamos con nuestra parte del trato, respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie, merecemos que se respeten nuestros derechos, incluido primordialmente nuestro derecho fundamental a la vida. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos y los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo, más allá de si es un disuasivo o no.

Es poco probable, por no decir imposible, que algún día lleguen a abolir plenamente la pena de muerte. Lo único que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar, sin duda razonable, la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos, lo cual se presta, en la mayoría de los casos, a cometer injusticias y convertir a las personas que participan en éstos en homicidas. Sé que la desesperación de muchos ante la inseguridad que reina reclama justicia, pero esta no se va a alcanzar si no es dentro de un marco de normas legítimas y legalmente sancionadas.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de agosto de 2017.

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7.31.2017

El patojón pidón



Es ni más ni menos que el Presidente del Organismo Ejecutivo de Guatemala: Jimmy Morales. Y no hago nada más que repetir lo que el mismo mandatario declaró la semana pasada en una reunión con alcaldes de Jutiapa, cuando les solicitó, humildemente, una contribución en materiales de construcción para reparar las carreteras que se encuentran en un proceso de destrucción.

Morales opina que de no darse tal colaboración de poco servirá el patriótico trabajo de los Ingenieros del Ejército en el proceso de rellenar los agujeros que pueblan las carreteras del país. Se corre el riesgo de que el plan “a parchar las carreteras” del Ministro de la Defensa, fracase. Pero, ¡quién sabe! puede ser que el plan del Ministro de Comunicaciones de apoyar a la seguridad ciudadana, funcione.

En fin, según el Presidente, no hay dinero para comprar los materiales, además de que les cuesta mucho adquirirlos por culpa de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y, para colmo de males, no hay compañías confiables para hacer el trabajo, ya que la mayoría de estas han sido cuestionadas por la Contraloría, la CICIG y el MP. La última excusa citada, sin duda, es en parte cierta. Y digo en parte, porque sé que hay otras empresas que les gustaría licitar las construcciones y las reparaciones de carreteras, pero NO están dispuestas a pagar, primero, ni el diezmo que les exigen para darles el trabajo ni, segundo, la comisión que requieren los burócratas para que les sea cancelado el proyecto una vez terminado y entregado.

En lo que respecta a la primera excusa, la falta de dinero, ¡esa NO la creo! ¿Acaso no se ha regodeado Juan Francisco Solórzano Foppa al presentar sus logros al frente de la Santa Inquisición Tributaria de Guatemala? ¿Acusa el Presidente al mencionado Superintendente de mentiroso? ¿O en qué se han gastado todo lo que han recaudado? ¿Para qué ha servido el aumento en la recaudación fiscal? Y, ¿por qué la sospechosa insistencia de los burócratas en el porcentaje de recaudación y no en lo importante, el monto necesario para que el gobierno cumpla con las funciones propias de su naturaleza?

¿Es necesario un nuevo sistema de compras del abstracto Estado? ¿Qué les molesta a los gobernantes de la actual legislación? ¿Es culpa de tal ley el bajo nivel de ejecución estatal? ¿Por qué los hallazgos por incumplimiento de la entrega de obras, bienes y servicios, son la “evidencia para generar un nuevo sistema de adquisiciones”? Lo que, por cierto, es falso. Esto simplemente es una prueba más de la inutilidad, ineficiencia e irresponsabilidad de los gobernantes y los funcionarios estatales.

¿Por qué premiarlos facilitando la corrupción? Ni siquiera la actual normativa asegura el uso correcto de nuestros impuestos. Bien lo dijo el mismo Solórzano Foppa, en un tuit que compartió hace algunos días: “Como funcionario que tiene que ejecutar en base a la ley de compras le puedo asegurar que usar la misma NO es garantía alguna de transparencia”. Una vez no cambiemos de raíz el sistema de incentivos perversos que prevalece, ¡bien amolados seguiremos!


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de julio de 2017.

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7.24.2017

Chulada de hundimiento



Y no me refiero a los cráteres, algunos cuyo fondo no es visible, que inundan nuestras carreteras. Hundimientos de los cuales, descaradamente, los funcionarios estatales culpan a la lluvia. Sí, créalo o no, la culpa es del agua que se atreve a filtrarse en las magníficas autopistas que cubren nuestro país de punta a punta. Caminos que da gusto recorrer disfrutando del hermoso paisaje que nos brinda Guatemala. ¡Qué bárbara la lluvia! ¿Cuándo irá a ser perseguida y denunciada por el Ministerio Público y la CICIG?

En fin, ironía aparte, la desastrosa condición en la cual se encuentran nuestras vías de comunicación, simplemente reflejan la realidad misma del sistema político vigente que facilita la corrupción, la verdadera causante de la desgracia en la cual no sólo se encuentran las carreteras, sino todos los servicios que, supuestamente, son responsabilidad de los gobernantes en nombre del abstracto Estado. Somos testigos del hundimiento del Estado Benefactor/Mercantilista. Sin embargo, aún somos pocos los que nos atrevemos a señalarlo. Tal vez es porque la mayoría sólo sufre las consecuencias de su fracaso, pero no conocen o entienden el origen de la tragedia en la que vivimos.

Es raro el que niega que la reina de la construcción es la corrupción. Al menos, en la construcción a cargo de los gobernantes. En la construcción de puentes, carreteras, hospitales, escuelas… y todo aquello que, según los estatistas, debe hacer el gobierno. Vaya ingenuidad de muchos a estas alturas del partido y en un siglo en el cual es cada vez más difícil ocultar los hechos de la realidad.

Aunque, detrás de los bienintencionados que sirven de parlantes de la potestad estatal para intervenir en todo aspecto de la vida humana en sociedad, están aquellos perversos, oportunistas, saqueadores parasitarios que se aprovechan de la candidez de la mayoría para llegar al ejercicio del poder. Y una vez en posesión de sus cargos, con contadas excepciones, se quitan la máscara y se dedican a hacer lo mismo que sus antecesores: mentir, robar y extorsionar. ¡Ah! Y vender al mejor postor el poder que los ingenuos le otorgaron.

Alejandro Sinibaldi es un ladrón, un extorsionador, un corrupto que debe rendir cuentas ante la justicia y compensar a sus víctimas, los tributarios. Así como lo es Arnoldo Medrano y familia. Así como lo son los burócratas corruptos que los apoyaron y, sin duda, muchos más de quienes han ejercido un cargo en el Estado. Sin embargo, de los acusados que no eran parte de la burocracia estatal habrá que diferenciar a los cómplices voluntarios de Sinibaldi y demás funcionarios que hicieron negocios turbios con ellos, de quienes cedieron a la extorsión. Y todos, en su justa medida, deberán pagar las consecuencias de sus acciones.

¿Qué deben hacer quienes son extorsionados? Denunciar y no trabajar con los inmorales. ¿Cómo evitar la corrupción, no sólo en los nuevos contratos de infraestructura, sino en todo el Estado? Cambiando el sistema de incentivos perversos que prevalece.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

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7.17.2017

Bloqueadores



Manifestar no es lo mismo que bloquear. Hechos evidentes para cualquiera que no falsea la realidad, no engaña a otros ni si se miente a sí mismo. El primero es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos, pone en peligro la vida de otros.

Sin embargo, en nuestro país, comenzando por el gobierno, muchos se hacen de la “vista gorda” ante la evidencia y prefieren sufrir las consecuencias de las acciones violentas de los delincuentes que bloquean carreteras, y a otros poco les importa porque creen que a ellos no les afecta. Tremendo error de los mencionados, que terminamos pagando todos, aún aquellos que señalamos a quienes violan descaradamente nuestros derechos y le exigimos a los gobernantes que cumplan con su función de velar porque estos sean respetados.

Repito lo que he señalado en otras ocasiones: no es lo mismo reclamar para que se respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, que extorsionar con medidas de hecho para que alguien más (en este caso los gobernantes en nombre del abstracto Estado) se haga cargo de satisfacer nuestras necesidades y todo aquello que deseamos pero no queremos hacer el esfuerzo por adquirirlo. Lo que suelen hacer los bloqueadores es EXIGIR violentamente que se les den bienes y se les otorguen beneficios que no han ganado. Demandan privilegios.

Les da igual que para satisfacer sus reclamos los gobernantes se conviertan en violadores de los derechos de otros. Reclaman descaradamente lo que ellos no están dispuestos a dar: RESPETO. Dejan claro que lo único que termina las protestas (y sólo de forma temporal, mientras se les ocurre por qué más bloquear) es que se les conceda todo lo que piden. Eso es EXTORSIONAR. Su negocio se mantiene a base de medidas de hecho violentas, constantes y sostenidas en el tiempo. Su modus vivendi se basa en la destrucción y la pobreza de otros a quienes dicen defender, aunque en la realidad lo que logran es obstaculizar su progreso.

El principio de la no-agresión es la norma básica para asegurar la coexistencia pacífica dentro de una sociedad. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros. Por eso es necesaria la existencia del gobierno cuyas funciones, propias de su naturaleza, son velar porque haya seguridad y justicia. El gobierno DEBE cumplir con su obligación y DEBE retirar a los delincuentes que bloquean y violan los derechos de los demás.

¿Es justo que unos vivan de obstaculizar la creación de riqueza y condenando a vivir miserablemente a la mayoría? No. Ojalá prosperen las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público en contra de los profesionales del bloqueo, delincuentes confesos y responsables de la pobreza de muchos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

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7.10.2017

Un mundo justo



Es uno de los eslóganes más comunes. En su nombre los artistas hacen conciertos, los burócratas estatales (nacionales y supranacionales) organizan cumbres, los miembros de los grupos de presión exigen privilegios… En fin, ¿quién en su sano juicio no desea vivir en un “mundo justo”? El problema no se encuentra en el anhelo de que prevalezca la justicia. El problema se encuentra en la definición ambigua del término “justicia” y el poco entendimiento de la mayoría de lo que es justo. Es por eso que en nombre de ese “mundo justo” se terminan cometiendo tremendas injusticias.   

¿Cómo sería un “mundo justo”? ¿Por qué sería un “mundo justo”? ¿En qué nos basamos para decir que es un “mundo justo”? ¿Qué necesitamos para vivir en un “mundo justo”? Primero, reconocer que “justos” sólo podemos ser los seres humanos que decidimos cultivar el hábito de darle a cada quién lo que le corresponde. Y segundo, así como buscamos ser justos en nuestra vida diaria, debemos buscar esa justicia en la sociedad en la que vivimos, lo que significa que el sistema político que impere en nuestro país debe ser justo.

¿Cómo debe ser ese sistema justo que respete la máxima de darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Debe ser un sistema que discrimine y beneficie a unos a costa de los otros? ¿O debe ser un sistema de leyes iguales para todos? ¿Un sistema que vele por igual para que se respeten los mismos derechos y las mismas obligaciones a todo miembro de la sociedad? ¿Debe ser un sistema que reconozca y respete el éxito a quien le corresponda y, por otro lado, castigue a los delincuentes y criminales, los cuales deben ser obligados a compensar a sus víctimas?

Lamentablemente, en el mundo actual, en diferentes grados, el sistema que predomina es el que discrimina. El sistema de incentivos perversos, injusto, que favorece a los que engañan, roban, destruyen… y castiga a los productivos, responsables, que se superan y respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Los trágicos sucesos recientes en el correccional “Las Gaviotas” y la decisión de los magistrados de la “Corte Intermedia de Injusticia” en el caso de la Minera San Rafael son una muestra más del fracaso de ese sistema que sólo beneficia en el corto plazo a gente acostumbrada a violentar los derechos de otros y vivir parasitariamente del trabajo del resto. Otra tragedia provocada por quienes promueven el Estado Benefactor/Mercantilista.

Dentro de ese contexto, es perder el tiempo preguntarse por qué tantos de nuestros compatriotas deciden emigrar y por qué son pocos, cada vez menos, los que se atreven a invertir en Guatemala. Más que medidas superficiales para promover “un mundo justo”, lo que necesitamos es que más personas se decidan a cuestionarse y, después de aclararse las ideas, cambiar de raíz lo que hay que cambiar y podemos cambiar por ser creación humana: el sistema político estatista e intervencionista.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de julio de 2017

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