Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

4.16.2018

La consulta que no fue



La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”… solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1999. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de las tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de abril de 2018.

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4.09.2018

El negocio del genocidio




Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

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4.02.2018

Parásitos de las remesas




¿Es la economía de los guatemaltecos parasitaria de la creación de riqueza de nuestros compatriotas que viven en EE.UU.? Sí. Parasitismo que llega al extremo del descaro en los cálculos de los tecnócratas de la burocracia estatal, incluido el banco central (Banguat), que consideran como parte del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país a las remesas, que no son otra cosa más que el remanente del resultado del dinero que han ganado los guatemaltecos que viven y trabajan en otros lados. 

Por supuesto que el impacto de las remesas en los hogares guatemaltecos es enorme. Más aún, si no fuera por éstas, nuestro “rezago económico histórico”, como declaró recientemente algún burócrata del Fondo Monetario Internacional, sería aún mayor. Pero eso no justifica el engaño de los técnicos, que al final nos provoca más daño, porque el cálculo de la recaudación fiscal lo hacen en base a ese falso PIB. Y como rara vez llegan a sus metas, les sirve de excusa para oprimir más al tributario e impulsar el terrorismo fiscal.

Experimentamos la agonía de la prosperidad. Crece el temor, entre otros, de invertir en Guatemala, en particular por el incierto panorama de nuestra economía, cuyo nivel de confianza ha caído a niveles peligrosos. Por eso casi todo lo que tiene que ver con el progreso en nuestro país “tiene un lento despegue”, no sólo el PIB, como anunciaron los burócratas intervencionistas del Banguat, defensores del dólar más que del quetzal. Y ni el magro 3 y pico por ciento de ¿crecimiento? de 2017 se hubiera dado si no fuera por las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan principalmente en EE.UU., las cuales, a pesar de los agoreros, continúan aumentando.

El motivo por el cual NO hay inversión creadora de riqueza en nuestro país es porque NO hay certeza jurídica, ni respeto a la propiedad privada, ni seguridad. Y las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas: los agravan. El aumento de impuestos, la legislación contra la obesidad, contra el alcoholismo, contra la competencia, contra la desnutrición… sólo sirven para facilitar la corrupción. Por cierto, en el largo plazo, a todos nos beneficia la eliminación de impuestos. Hasta a los vividores de los organismos internacionales supraestatales y a la burocracia nacional les conviene. No se diga a los habitantes productivos, responsables y respetuosos de nuestro país.

Lo que necesitamos y exigimos de nuestros gobiernos es que velen por el respeto a nuestra vida, libertad y propiedad.  Además, esperamos que no obstaculicen el camino del progreso individual: que nos dejen arriesgar, trabajar, crear, invertir, producir… para alcanzar nuestras metas propias. Ser productivos, no parásitos de nadie. Menos de nuestros compatriotas que han pagado un costo altísimo al emigrar en búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de abril de 2018.

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3.26.2018

El desborde del poder



Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

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3.19.2018

¿Competencia o más corrupción?




Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

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3.12.2018

Criptomonedas: la revolución del dinero




El dinero, como casi todos los medios que utiliza el ser humano, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como escribió Arturo Pérez-Reverte: “Cambian los tiempos y las gentes. Cambia nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. A menudo esos cambios son para bien, y nada ha de objetarse a ellos”. El dinero, además de representar la riqueza creada, facilita el intercambio de bienes y servicios. Durante el neolítico lo que la gente hacía era intercambiar directamente los bienes por medio del trueque. Con el pasar del tiempo, optaron por usar, en la mayoría de los casos, piedras preciosas, en especial el oro y la plata, para agilizar el intercambio. En algunas culturas también se utilizaron granos.

Según Heródoto, fue en el siglo VII a.C. que los lidios empezaron a acuñar monedas de oro y plata, las cuales eran garantizadas por aquellos que las acuñaban. El nombre y la confianza que la gente tenía en ellos les permitían competir con los gobernantes que también acuñaban monedas. Los primeros en empezar a usar oficialmente el papel fueron los chinos en el siglo IX, aunque éste ya sea utilizaba desde el siglo VII.

En occidente, los primeros en usar papel moneda fueron los suecos: en 1661 Johan Palmstruch, fundador del Banco de Estocolmo, los entregaba como una especie de recibo para quien depositaba oro u otro metal precioso. Y es así como se empiezan a intercambiar billetes en lugar de los metales que estos representaban, billetes que en ese tiempo estaban respaldados por su “peso en oro”. Y es este el motivo por el cual muchas de estas monedas se conocían como “peso”. Sin embargo, en el siglo veinte el esquema cambió, perdiendo esos “pagarés” o “recibos” el respaldo metálico que antes tenían: hubo una involución, un retroceso, en lo que al dinero respecta.

Hoy, nos encontramos a merced del poder arbitrario de los gobernantes que emiten las monedas llamadas de “curso legal” sin ningún respaldo, más que el del abstracto Estado: que no son otros más que los políticos, en gran parte corruptos, que llegan al ejercicio del poder. No obstante, esto va a cambiar en los próximos años. El dinero como institución, después del traspié del siglo pasado, continúa en este siglo su evolución por medio de las criptomonedas, las cuales con razón son temidas por los gobernantes, todavía desconocidas por la mayoría de personas y vilipendiadas por personas mal intencionadas, ignorantes o sesgadas que hasta del narcotráfico las quieren responsabilizar.

Pero, ¿qué son las criptomonedas? ¿Quiénes la “acuñan”? ¿Qué o quiénes las respaldan? ¿Cómo nos beneficia o afecta la evolución del dinero? ¿Es esta evolución parte de la cuarta etapa de la revolución industrial: de la revolución digital y de la inteligencia artificial? En fin, son un montón de preguntas las que muchos nos hacemos, es especial aquellos que no queremos que nos deje el tren del progreso. Por eso es importante, para aclararnos las ideas, asistir al LiberCon sobre el Bitcoin. Para más información vaya al sitio libercon.gt


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 12 de marzo de 2018.

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3.05.2018

¿Magistrados o dictadores de la CC?




El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.

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