Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

9.17.2018

¿Quién contra bando?




En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

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9.10.2018

Juicio sin ante



Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.


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9.03.2018

Con o sin CICIG, contra la corrupción




Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.

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8.27.2018

Estado de extorsión




El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.

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8.20.2018

Antejuicio contra la CC

Fotomontaje de Prensa Libre. La oración que acompaña a la imagen es mí responsabilidad.



En mi artículo anterior, comenté que uno de los casos más dramáticos de nuestra realidad es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, lo que representa una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero la mayor pérdida que ha dejado este hecho deplorable es que a la fecha se calcula que alrededor de 8 mil personas, no 6 mil como estimé hace una semana, se han quedado sin ingresos debido a esta infamia.

¿Quiénes son los principales responsables de  esta tragedia colectiva? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en especial Gloria Patricia Porras Escobar y sus fieles seguidores, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, los cuales maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su perversidad y falta de responsabilidad.

La ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días, lo que constituye una prueba irrefutable de la falta de cumplimiento de sus deberes, además de su mezquindad y falta de solidaridad con los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo.

Se debe acusar a los magistrados de la CC de, por lo menos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal que dice: “Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Agregaría el  incumplimiento de deberes, plasmado en el artículo 419: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Si hay quien tiene el descaro de interpretar que los magistrados no son funcionarios, tendrá que aceptar que se les puede acusar de retardo de justicia, según reza el artículo 468 del Código Penal: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial”.

Sé que antes de que se les pueda acusar, se les debe retirar el privilegio del antejuicio del cual gozan. Por cierto, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular (que hoy disfrutan miles, una vez tengan alguna relación con el ejercicio del poder o deseen ejercerlo por medio de elecciones), les permite hacer impunemente lo que se les antoje a aquellos que lo poseen, incluido beneficiar a quienes ellos quieran o fregar a quienes lo deseen, como lo prueba el caso de la Mina San Rafael.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de agosto de 2018.

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8.13.2018

La realidad guatemalteca




Según he leído en algunos medios y redes, parece que en Guatemala no sólo Jimmy Morales vive en la Luna. Por ese motivo, decidí hacer un breve recuento de algunos de los muchos hechos que nos muestran la realidad en la que vivimos: una verdadera crisis que se agudiza.

Uno de los casos más dramáticos es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero lo más trágico es que a la fecha se calcula que alrededor de 6 mil personas se han quedado sin ingresos debido a esta situación. ¿Quiénes son los principales responsables de  estos hechos deplorables? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su malevolencia: la ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días.

Según funcionarios del Banco de Guatemala, las exportaciones cayeron aproximadamente un 2.7 por ciento en los primeros seis meses del año y la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo 6.5 por ciento de enero a marzo, comparadas con el mismo período del 2017. La IED ha decaído en los últimos tres años. En julio el Índice de Confianza de la Actividad Económica retrocedió a 31.25 puntos, la más baja del año. El 92 por ciento de los encuestados consideró que la economía está peor que hace un año y el 75 por ciento descartó que la situación mejore en los siguientes seis meses.

Los conflictos sociales en las comunidades preocupan hasta a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, quienes demandaron garantías para la inversión. Se prevé que los conflictos van a aumentar, principalmente en el interior del país. Parte del problema es la tolerancia de las autoridades a las medidas de hecho de los grupos de presión, tales como las invasiones de fincas, los secuestros y los bloqueos. Conflictos que empeoran por la falta de empleo productivo que lleva a muchos a emigrar o a emprender en lo que puedan, aceptando que serán extorsionados por los pandilleros de su área. Todo lo anterior sumado a la multiplicación de las “patrullas de seguridad locales”, ante el incumplimiento del gobierno de su función primordial: velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos.

Si agregamos a la falta de certeza jurídica, los obstáculos que hay en nuestro país a todo nivel para emprender, comerciar y producir, es creíble el aumento de la pobreza que presentó la semana pasada el gobierno de Guatemala en Perú, durante la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la  Organización de Naciones Unidas. El porcentaje de pobres se calcula en 59.3 por ciento de la población, lo que representa un aumento de más de ocho puntos porcentuales con relación a 2006.

Se me acabó el espacio, pero no las evidencias de que la realidad de la mayoría es peor de lo que imagina la minoría, a la cual le caería bien poner los pies en la Tierra y dejar de falsear la realidad. Si no cambiamos el sistema político (estatista e intervencionista), estamos condenados a vivir, más que en una eterna primavera, en una eterna agonía.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de agosto de 2018.

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8.06.2018

El secreto mejor guardado



El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.


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