Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

5.21.2018

Escudo anticorruptos




El único escudo anticorruptos que cumple con el objetivo de reducir al mínimo posible la corrupción es un verdadero Estado de Derecho. Un término utilizado de forma superficial por tantos que, deduzco, por sus propuestas para construirlo o, no tienen ni idea de qué es un Estado de Derecho o, simplemente usan el término como muletilla políticamente correcta para avanzar sus intereses personales a costa, precisamente, de ese Estado de Derecho.

El Estado de Derecho no se construye con la incontinente aprobación de nueva legislación por parte del Congreso. Si el Estado de Derecho fuera lo mismo que una incontable cantidad de supuestas leyes, de decretos y de regulaciones, ¡hace cuánto tiempo no hubiéramos cantado victoria en Guatemala! Y las condiciones de vida de aquellos que hacen el esfuerzo mental y físico por superarse serían mil veces mejor. Sin embargo, ¿cuántas leyes existen en nuestro país y acaso han contribuido la mayoría de estas a que vivamos en paz, con seguridad y justicia?

Por cierto, una cosa es el Estado de Derecho y otra el Estado de Legalidad. Por supuesto, el Estado de Derecho implica un Estado de Legalidad, pero un Estado de Legalidad NO implica un Estado de Derecho. En una dictadura puede ser que se cumpla con la mayor parte de las llamadas leyes, pero tales leyes en lugar de cumplir con su función de proteger a los individuos, sirven para violar sus derechos y asegurar la explotación de la gente por parte de los dirigentes.

En nuestro país, mucha de la legislación no se cumple. Al menos, no la cumplen aquellos que viven dentro de la economía informal, que son la mayoría. ¡Y menos mal no se cumple, porque hoy estaríamos peor! ¿Y por qué no se cumple? Porque la mayoría de normas son ilegítimas e incumplibles. Porque violentan los derechos de muchos para beneficiar a unos pocos. Porque casi toda esa legislación promueve la corrupción. ¿Significa esto que los guatemaltecos necesitamos “reglas especiales” que se adapten a nosotros? ¿Será que nuestra naturaleza es diferente a la naturaleza del resto de humanos? Quienes creen tal mentira ancestral, es probable que nunca hayan leído ni escuchado la sentencia de G. K. Chesterton de que “lo esencial en los hombres es lo que tienen en común y no lo que los separa”.

Bruno Leoni distinguió entre la seguridad jurídica a corto y a largo plazo. La primera está asegurada por el hecho de que las normas están escritas y son accesibles. Y, según Leoni, la seguridad jurídica a largo plazo se remonta a los romanos, quienes tenían "un concepto de la certeza de la ley que se podía describir como que el significado de la ley nunca debía estar sujeto a cambios repentinos e impredecibles".

En fin, tratando de concluir un tema de por sí vital como incomprendido, la esencia de la ley radica en las interacciones humanas tal cual son, y no en el gobierno que tiene el poder de legislar. La gente hace la ley al esperar un respeto mutuo por ciertos reclamos que le son propios: su propiedad, su vida y su esfera de acción autónoma. En otras palabras, el Estado de Derecho está conformado por las normas que promueven el respeto al derecho ajeno lo que, parafraseando a Benito Juárez, es el bien común.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 21 de mayo de 2018.

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5.14.2018

¿En quién creer?




Las declaraciones de Juan Carlos Monzón contra varios miembros de la prensa, han agudizado la crisis de confianza en las instituciones que enfrentamos en la actualidad. También contribuye a la pérdida de confianza en los medios de comunicación, particularmente los vistos como tradicionales, el exitoso cabildeo de varias de las facciones interesadas en el ejercicio del poder (que no necesariamente involucra sobornar a alguien por medio de la llamada fafa), al igual que el poco cuestionamiento al intervencionismo promovido tanto por burócratas nacionales como internacionales.

Por cierto, el testigo estrella de la CICIG es ya de por sí un personaje poco confiable que, como aquellos a los que acusa, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Y por esa poca confiabilidad que inspira un criminal confeso como Monzón, espero que las pruebas científicas y documentales que aporten al proceso citado, al igual que a otras causas justificadas como la del Transurbano, sean suficientes para condenar sin lugar a dudas a corruptos que, como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, salta a la vista la fortuna que acumularon abusando del poder que se les delegó como gobernantes.

Ahora, ¿quiénes son los principales responsables de la crisis de confianza que crece en nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias esperadas de esta crisis de confianza que empeora? ¿Cuándo y qué debemos de creer a los colaboradores eficaces? ¿A los medios de comunicación? ¿A los comentaristas y/o analistas? ¿Qué hacer con los rumores? Y aún más importante, ¿cuál es la realidad de la mayoría en Guatemala? ¿La que se refleja en los medios, en las redes o en la calle? O, ¿es esa realidad una mezcla de las tres?

Precisamente, entre los principales responsables de la creciente desconfianza se encuentra el grupo de analistas mencionados, ya sea que estén a sueldo de intereses de terceros o por simple conveniencia personal, que opinan desconectados de la señalada realidad, elevando sus oraciones al Divino Estado como responsable de proveer todo lo que el pueblo demande, ya sea una necesidad o un capricho. Un Divino Estado fracasado, convertido en violador de los derechos individuales de la mayoría, fuente de desilusiones y origen de la corrupción. ¿Por qué promueven medidas que sólo facilitan la corrupción?

¿En quién creer? Primero que todo, en nosotros mismos. En fin, de cada uno de nosotros depende hacer una evaluación justa y verdadera para determinar qué es cierto y qué es falso. Segundo, podemos confiar en quien emita juicios basados en los hechos de la realidad, que contextualice los hechos que describe o analiza y aporte la evidencia que demuestre la verdad de las afirmaciones que sostiene. O sea, quien tenga los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y, por supuesto, no debemos caer en la falacia de la generalización apresurada: no todo en el mundo del periodismo está podrido. Depende de usted como lector, espectador u oyente objetivo, diferenciar el trigo de la paja y apoyar a quienes, les guste o no los resultados de su trabajo, cumplen con su misión: la búsqueda de la verdad de los hechos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de mayo de 2018.

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5.07.2018

La obsesión con la CICIG




Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta, basada en los hechos de la realidad, independientemente de si estos nos agradan o nos disgustan. En particular en el principal tema de los debates en las redes sociales, en los medios de comunicación y en casi todo tipo de reunión: Iván Velásquez y la CICIG.



En estos enfrentamientos que han llegado al seno familiar, se pueden identificar con facilidad tres grupos: los ivanlovers, los ivanhaters y los indiferentes. Los últimos, como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, suelen ser la mayoría que, harta de la política, creen que ignorándola no los afecta. Lamentable error que pagamos todos. Existe un cuarto grupo, el de la minoría en la que me incluyo, que no encajamos en ninguno de los tres señalados. Los grupos más notorios suelen ser los dos primeros, entre los cuales encuentro más coincidencias que diferencias. El problema principal es la intensidad emocional que los ciega a la hora de intentar evaluar imparcialmente a Iván Velásquez, la principal diferencia, más que la misma CICIG.

En ambos grupos, lovers y haters, hay gente que lo único que le interesa es ejercer el poder. También, en ambos grupos hay gente corrupta, envidiosa y comprada cuyo propósito es, o mantener el statu quo, o cambiarlo en beneficio de ellos mismos y en detrimento del resto de la población. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, lo que observo es a gente hastiada de la corrupción, deseosa de vivir dentro de circunstancias diferentes y con la esperanza de que algún día vivamos dentro de una sociedad justa.

¿Por qué tantos han perdido el juicio, han dejado de ser objetivos, si alguna vez lo fueron, y se dejan llevar por sus pasiones en lo que respecta a Velásquez? ¿Por qué confunde la mayoría la lucha en contra de la corrupción con defender o atacar a Velásquez? ¿Es Velásquez el principal obstáculo para construir un Estado de Derecho? ¿Quién o quiénes ganan con los enfrentamientos que, en varios casos, ya rayan en lo absurdo? ¿Estarían hoy presos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti si no existiera la CICIG? ¿Por qué el trato que se le da a Álvaro Colom y su gabinete es diferente al que se le da a los otrora patriotas? ¿Por qué hay personas presas sin evidencia contundente de los delitos que se les imputa? ¿Qué evidencia respalda las acusaciones de abuso de poder y violación al debido proceso por parte de la CICIG?

En fin, para unos Velásquez es un héroe. Para otros es el mismo diablo encarnado. Para mí es sólo un hombre que, como cualquier otro, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Recordemos que la batalla va más allá de encarcelar a los corruptos. La batalla vital es contra el mismo origen de la corrupción. Espero que pronto predomine en la discusión la calma y la búsqueda de la verdad, para que aquellos que hemos elegido Guatemala como nuestro hogar podamos objetivamente ponernos de acuerdo en los medios e instituciones que necesitamos para vivir en paz, con la confianza de que en nuestro país podemos progresar honestamente, con seguridad y dentro de un sistema justo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 7 de mayo de 2018.


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4.30.2018

No hay atajo sin trabajo




O, como dice otro refrán, quien quiere celeste, que le cueste. Aquel que quiere superar la pobreza y vivir la mejor vida posible a su alcance, debe trabajar: debe esforzarse, tanto mental como físicamente, para alcanzar sus objetivos, sin pretender vivir de los demás. Más aún, si quiere disfrutar verdaderamente de esa mejora, debe saber que lo que tiene se lo ha ganado justamente, por el sudor de su frente, y no arrebatándolo a otros o siendo cómplice de ese robo.

Es por esto último que vemos a muchos que han acumulado fortunas a base de trampas, fraudes, robos, privilegios… que, al final, poco importa cuánto hayan logrado juntar, sus vidas suelen ser vacías, superficiales y falsas, ya que pueden engañar a todo el mundo, menos a ellos mismos. Gente que termina rodeada de hipócritas, que no los valoran y sólo están interesados es sacarles parte del dinero mal habido. En pocas palabras, parásitos como lo son ellos.

Y esa manera deshonesta de vivir no depende del monto del dinero obtenido sin haberlo ganado: fracasa a toda escala, como lo podemos ver en aquellos programas sociales que pretenden usar el dinero expoliado a los tributarios para comprar votos. El bono seguro, el bono para las comadronas y cualquier otra prebenda similar, son políticas populistas que facilitan la corrupción. Además de ser una injusticia más contra quien honradamente trabajó para crear la riqueza que ese dinero representa. Bien lo señala el neoplatonista Henry More en el “Enchiridion Ethicum, IV” (1667): “Es bueno y justo que a cada uno se le otorgue lo suyo, y el uso y posesión del mismo se le debe otorgar sin molestia".

Fracasan los programas anteriores, así como fracasa el absurdo de asegurar una renta mínima a todos. Con apenas dos años de prueba, el experimento finlandés de otorgar ingresos mensuales de 560 euros a 2 mil personas desempleadas de entre 25 y 58 años fracasó. Tal y como informó el New York Times el pasado 24 de abril: “Durante más de un año, Finlandia ha probado… repartir dinero sin reglas o restricciones sobre cómo las personas lo usan….experimento que está por terminar. El gobierno finlandés optó por no continuar financiándolo... la decisión del gobierno finlandés de detener el experimento a fines de 2018 pone de relieve un desafío a la misma concepción del ingreso básico. Mucha gente en Finlandia -y en otras tierras- se molesta ante la idea de entregar efectivo sin requerir que la gente trabaje... El gobierno esperaba que el tener un ingreso básico permitiría que más personas se integraran al mercado laboral”.

Un fracaso anunciado, porque se basa en premisas equivocadas. La más evidente de éstas es la de creer que la gente iba a trabajar sin necesitarlo. ¿Por qué pasar por la molestia de trabajar cuando se pueden quedar tranquilamente acostados todo el día viendo tele? Por supuesto, no a todos nos parece éste el escenario ideal para disfrutar de nuestras vidas pero, lamentablemente, esa es la actitud de la mayoría. Con esta propuesta y las anteriores mencionadas, violadoras de los derechos individuales de unos para complacer a otros, mientras unos viven sin trabajar, otros tienen que esforzarse el doble para mantenerse ellos mismos y mantener a los gorrones que viven de su trabajo. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de abril de 2018.

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4.23.2018

El fin del financiamiento




Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.

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4.16.2018

La consulta que no fue



La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”… solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1999. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de las tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de abril de 2018.

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4.09.2018

El negocio del genocidio




Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

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