Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

3.20.2017

La brecha de la corrupción



La brecha fiscal que tanto parece preocupar a los gobernantes y a otros que servilmente los apoyan, no es otra cosa más que el resultado del malgasto, el despilfarro y el robo de nuestros impuestos. Si el dinero que nos expolian, producto de la peor de las extorsiones, se utilizara para que los gobernantes cumplieran con las funciones propias de la naturaleza del gobierno, dar seguridad y velar porque haya justicia, otras serían nuestras condiciones y otras nuestras preocupaciones.

Sin embargo, como lo que ha prevalecido desde hace décadas es la equivocada visión estatista e intervencionista del Estado, cuyos fracasos saltan a la vista, el abismo que existe hoy entre los gobernantes y los gobernados es enorme. Los primeros están empecinados en exprimirnos hasta el último centavo que puedan. Y nosotros estamos enfocados en ver cómo producimos más, a pesar de las circunstancias adversas a la creación de riqueza que enfrentamos, para intentar sobrevivir en el caso de la mayoría, unos cuantos para conservar su calidad de vida y muy pocos para mejorarla.

Nuestra economía se ha visto seriamente deteriorada en los últimos años, y este 2017 no pinta para nada mejor que los anteriores. Lo que es peor, con las nuevas amenazas que se ciernen sobre la gente productiva y los poderes inquisitoriales que les otorgaron los irresponsables diputados a los burócratas de la SAT, en lugar de brillar la luz al final del túnel, esta parece extinguirse conforme pasan los días.

Hasta los burócratas van a sufrir los errores que han cometido al perseguir a quienes no son sus enemigos y muchos menos son delincuentes y/o criminales. Me refiero a esa injusta e inmoral persecución en contra de los empresarios, cuyas consecuencias ya advierten en las finanzas del Estado. Hace unos días la principal pena de quienes ejercen el poder era la reducción en la recaudación de varios impuestos, en lo que respecta a las absurdas metas de expoliación que se habían propuesto para 2017. Si tan solo en lugar de presionar por un Presupuesto del Estado mayor que los anteriores hubieran sido objetivos y hubieran propuesto un presupuesto equilibrado, otra sería la historia. Tal vez es falsear la realidad creer que los políticos entiendan la moraleja de la fábula de la gallina de los huevos de oro.

También merecen ser señalados como responsables de la debacle los medios de comunicación que se prestan a ser voceros de los intereses de los gobernantes. Un ejemplo de lo anterior es el apoyo que la mayoría los medios le ha dado al más reciente engaño de los estatistas: el tendenciosamente llamado secreto bancario, que no era otra cosa más que el debido proceso que protegía a los ciudadanos del abuso de quienes ejercen el poder. Es lamentable ver como se plegaron a los burócratas, nacionales e internacionales, y en lugar de investigar en pos de la verdad, apoyaron las agendas de los saqueadores. Usted, no se deje engañar. Aprenda a identificar quiénes son serviles a los gobernantes, o sea, aquellos que los ayudan a adquirir más poder.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de marzo de 2017.

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3.13.2017

El refugio inseguro



El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la propia naturaleza del hombre.

Es por eso que, en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto.

Un ejemplo tremendo de lo anterior es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males, condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente bajo la tutela del Estado. Sí, condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que lleva a tal destino está empedrado de buenas intenciones.

El origen de esta tragedia en particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas, habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos. Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.

Lamento haber estado en lo correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer, conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.

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3.06.2017

Choque de prejuicios



Los inciertos y confusos tiempos presentes, y la recomendación en Facebook de un amigo, me hicieron recordar una de las mejores películas que vi en el año 2005, Crash. Una producción estadounidense de 2004, cuyo director es Paul Haggis quien, con el apoyo de Bobby Moresco, escribió el guión. Crash es una película que se presta a muchas lecturas, dependiendo del contexto en que la analicemos. Dan ganas de verla más de una vez.

Cuenta con un reparto fabuloso, una fotografía memorable y un guión inteligente con diálogos retadores y políticamente incorrectos. Es un ejemplo del fracaso de las leyes que privilegian a unos a costa de otros. Un ejemplo más del descalabro ocasionado por las affirmative actions (acciones afirmativas) que en lugar de beneficiar en el largo plazo a los privilegiados con éstas, los condena a acomodarse a la mediocridad.

Los prejuicios son producto de la ignorancia y los mantiene presentes la desidia de pensar. Es más sencillo creer las mentiras difundidas por unos para manipular a los demás, que esforzarse en buscar en la realidad las respuestas verdaderas a nuestras dudas. Las respuestas que nos permitan aclararnos las ideas y así confirmar o desechar por falsos nuestros prejuicios. Muchos creen que les facilitan la existencia explicaciones tan descabelladas como que todo latino tiene que ser mexicano, que todo asiático es chino, que todo musulmán es árabe, que todo blanco es racista y que todo negro es un haragán ladrón.

“Es el sentido del tacto. En una ciudad real, la gente te roza, te golpea al caminar. En Los Ángeles nadie te toca. Estamos detrás del metal y el vidrio. Extrañamos tanto ese roce que chocamos contra el otro para sentir algo”. Además de los prejuicios, Crash nos confronta con nuestros miedos, con el rencor, el resentimiento, el poder, la inseguridad… pero no de la ciudad, sino la propia. Todas estas emociones se convierten en los hilos conductores de la trama. Es una historia que cuestiona estereotipos.

“Vivir en constante choque”, y reconocer que los temidos monstruos no se esconden debajo de la cama: se llevan por dentro. “Estoy enojada todo el tiempo y no sé por qué”, el choque que producen las contradicciones sin resolver. Descubrir que, al final, no importan tanto las circunstancias, como nuestra respuesta ante éstas. La decisión depende de nosotros, que somos capaces de cometer las más bajas y deleznables acciones, así como también de actuar de forma justa. Y en ambos casos, para bien o para mal, somos responsables de las consecuencias de esas acciones. Admitir que es imposible amarnos los unos a los otros, pero que sí tenemos la obligación de respetarnos mutuamente, más allá de nuestras creencias.

Crash nos deja en el paladar un sabor a esperanza al confrontar nuestros prejuicios y miedos, al mostrarnos que es posible superarlos. Es probable que, como fue mi caso, le deje haciéndose aún más preguntas de las que tenía al principio.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de marzo de 2017.

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2.27.2017

¿Quién gana con más caos?



¿Quién gana, en el corto plazo, con la creciente incertidumbre, el aumento de la criminalidad y la falsa información que circula? Y no me refiero solamente al mal llamado debate en el tema de los cambios constitucionales impulsados por Iván Velásquez, en particular en lo que al inexistente derecho indígena trata: la incertidumbre y la desinformación se multiplican en muchos temas más en nuestro país, en algunos casos propiciada desde las redes sociales virtuales y en otros, lamentablemente, desde los mismos medios de comunicación.

Pero, ¿quién gana con el estado actual del ánimo de muchos que, en los casos extremos, raya en la paranoia? ¿Quién gana con el hecho de que crece el miedo, a veces con fundamento y otras veces no? Por supuesto, quiero enfatizar que, en el largo plazo perdemos todos de una u otra manera. Pero hoy, ¿quiénes se benefician? A primera vista es fácil responder que esta situación es bienvenida por los delincuentes y criminales comunes, ya sea organizados o desorganizados. Sin duda, los pandilleros, los extorsionistas y los asesinos ocasionales o seriales (los sicarios) pueden festejar el pánico creciente en la sociedad guatemalteca.

Pero, más allá de los obvios ganadores momentáneos, ¿quiénes son los que ganan con el terror que ya invade a tantos? Tampoco es difícil suponer que sacan ventaja los narcotraficantes que apuestan a que no serán importunados por las fuerzas de seguridad (ya sea para detenerlos o robarles la mercadería), lo que les permite operar con toda la tranquilidad del mundo y con menos riesgos de los propios de su actividad al margen de la, al fin inexistente al menos en la práctica, ley.

También ganan los miembros de los grupos de presión, muchos de los cuales, sin ninguna duda, son promotores de las medidas de hecho recientes que violentan los derechos individuales de la mayoría y sólo contribuyen a generalizar la ya de por sí reinante anarquía. Y, finalmente, me atrevo a asegurar que en el último plano pueden celebrar la inseguridad en que vivimos aquellos creyentes en las teorías de la conspiración que ven una oportunidad irrepetible para que avancen sus planes de llegar al ejercicio del poder sin tener que pasar por un proceso eleccionario.

Debemos tener presente que, en río revuelto, ganancia de pepenadores, más que de pescadores. Sin embargo, también debemos recordar el refrán que dice que, en guerra avisada, no existen muertos. No se deje engañar ni manipular. Conserve los pies en la tierra. Toda información que reciba confirme que sea cierta. Manténgase alerta, use su razón y sea objetivo. No contribuya a difundir información falsa. Es precisamente en los tiempos más complicados y de mayor escepticismo e incertidumbre, cuando más prudentes debemos ser. No perdamos de vista el horizonte y tengamos presente que la violencia sólo puede engendrar más violencia. Enfoquémonos en la batalla correcta, la que nos permita en algún día cercano, convivir en paz.


El presente artículo fue publicado el lunes 27 de febrero de 2017 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno.

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2.20.2017

Ganaron los ladrones



Con los recientes cambios al sistema impositivo y los poderes que les dieron a los inquisidores de la “Superintendencia de Administración Tributaria”, y ante todo terrorista, solo ganaron los ladrones. Los ladrones legales y los ladrones ilegales. Tanto los que se amparan en la legislación para robar nuestros impuestos, como los ladrones comunes que asaltan en las calles. Ganaron los ladrones que ejercen el poder, así como los ladrones que atracan en cualquier esquina. Ganaron los gobernantes y los rateros.

Aunque, como es de esperar, conforme más poder adquieren los gobernantes y los burócratas estatales, los que más se benefician son los poderosos (por definición, los que ejercen el poder). De hecho, es por medio de la aplicación de la ley, que cada año los gobernantes nos expolian más dinero del que pueden llegar a robar los ladrones comunes en el más ambicioso de sus sueños. Es por eso que los más avispados de los últimos, terminan postulándose para ocupar un cargo público, que puede ir desde un simple síndico municipal llegando hasta el mismo Presidente del país. Los cargos más apetecidos parecen ser los de diputado y alcalde.

Entre la lista de los ladrones que asaltan con la ley en la mano, debemos incluir a los burócratas estatales designados por los electos, como por ejemplo los ministros, los secretarios, los asesores… Y también debemos agregar una gran parte de proveedores del abstracto Estado, que, en la mayoría de los casos, proveen bienes innecesarios o inexistentes, con el único objetivo de hacer negocios con los gobernantes para acumular fortunas. Y, los peores de todos son los burócratas de los organismos supranacionales.

En fin, sólo ganaron los delincuentes de todo tipo y color de cuello, porque se les va facilitar hurtar el dinero que tanto nos cuesta ganar al resto. En el caso de los gobernantes, es obvio que el robo va a ser más sencillo gracias al aumento de la discrecionalidad y la arbitrariedad de las que gozan y gozarán. ¡Y vaya si no van a disfrutar aterrorizando a la gente! Como dijo Benjamín Franklin, “en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos” y, al parecer, estos están íntimamente relacionados: si no pagas, te mueres en la cárcel.

Los malhechores comunes se van a beneficiar ya que muchas personas van a dejar de usar el sistema bancario para no quedar a merced de los extorsionistas de la SAT: va a aumentar el efectivo circulante porque muchos, en particular los que operan dentro de la llamada economía informal, van a optar por hacer sus transacciones en efectivo, lo que será celebrado por los pandilleros y demás criminales que actúan al margen de la Ley.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué vivimos en tales condiciones? ¿Cómo es posible que, a pesar de todo, la mayoría continúe como si no fuera con ellos el problema, aceptando que los asalten y los extorsionen? Sin importa que ese asalto o esa extorsión venga de delincuentes comunes o de los criminales que llegan al ejercicio del poder.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de febrero de 2017.

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2.13.2017

Privilegio a la impunidad



El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

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2.06.2017

Desconfía del gobierno



O, como dice la frase que le atribuyen a Benjamín Franklin: “Nunca confíes en el gobierno”. Que, a pesar de no ser comprobada la cita, no me extrañaría que el genial Franklin haya dicho algo parecido en algún momento. Y ¡ojalá! esa hubiera sido la visión de la mayoría de quienes redactaron nuestra primera Constitución. Sin duda, la historia de nuestro país, de nuestros antepasados y la de nosotros sería distinta. No obstante, ni los padres fundadores de nuestra nación ni los posteriores constituyentes pensaban de esa manera. Aunque los peores de todos han sido los redactores de las constituciones que han regido a partir de 1945.

Si por algo lucharon Franklin, Jefferson, Adams… y muchos más, es porque los gobernantes no tuvieran el poder de violentar los derechos individuales de los ciudadanos. En particular, Franklin se preocupó por la minoría que, como posteriormente escribiría Ayn Rand, esta constituida por un solo individuo. Ese individuo puede ser usted o alguno de sus seres queridos. Ese individuo puedo ser yo o alguno de mis seres queridos. Ese individuo puede ser cualquiera que no se encuentre en el ejercicio del poder. Un principio fundamental que lamentablemente les falta a muchos entender. Más aún en una época en la cual se encuentran en auge los populismos de todo tipo.

El principal objetivo de los gobernantes, generalmente, es cobrar impuestos. Y poco importa en la realidad, y más allá de los discursos, cómo y en qué gastan la riqueza que fue expoliada a sus legítimos dueños: aquellos que hicieron el esfuerzo mental y físico por crearla. Objetivo que se les facilita dentro del sistema político que prevalece en la mayor parte del mundo, el cual les otorga, en particular, el poder de violentar los derechos de propiedad de la gente.

En Guatemala, no se quedan atrás los inquisidores al frente de la SAT, a quienes no les importa a cuántas personas dejan sin trabajo, cerrando empresas a destajo bajo la excusa de que evaden impuestos. Lo que muchas veces es una falacia fuera de contexto. Uno de los más serios problemas del castrante sistema impositivo guatemalteco, es que impide descontar de los ingresos la mayor parte de los gastos en los que se incurrió para adquirirlos, lo que hace muy difícil operar legalmente. Casi todos los que procuran ganarse la vida honradamente, viven con el miedo de que en cualquier momento aparezcan los terroristas fiscales a extorsionarlos, llevarlos presos o a cerrar las empresas que a base de esfuerzos, inversión y riesgos han logrado mantener operando.

Al final, el problema no es cuánto recauda el gobierno, sino cómo lo gasta. Pero el reto importante es la pobreza en la que viven tantos guatemaltecos, la cual sólo se va resolver cuando haya suficiente creación de riqueza. Para que haya suficiente creación de riqueza, debemos cambiar RADICALMENTE el sistema tributario. Y no es lo mismo proteger de la avaricia de los gobernantes la riqueza que uno ha ganado, que arreglárselas para robar nuestros impuestos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de febrero de 2017.

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