Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

3.18.2019

¿Política y noticias o entretenimiento?




Hoy iniciamos la campaña electoral más incierta de todo lo que va del presente siglo. Más aún, me atrevo a aseverar que en el tiempo que ha regido la Constitución Política actual, estas son las elecciones más complejas que hemos enfrentado los guatemaltecos. Por ese motivo, es de capital importancia abordar la influencia que tiene la prensa en cualquier sociedad y, más aún en nuestros tiempos, la presión que ejercen las redes sociales en las decisiones individuales y cómo, dentro de tanta información con la que aparentemente contamos, podemos diferenciar los hechos falsos de los verdaderos. En particular los que son de vital interés para nuestro progreso y la búsqueda de nuestra felicidad.

Alexis de Tocqueville, en su obra más conocida, “Democracia en América” en el tercer capítulo de la segunda parte del primer tomo, aborda la trascendencia que tiene la libertad de prensa en el mundo político. Más allá del error epistemológico de llamar “democracia” a la república estadounidense, Tocqueville describe en su obra puntos relevantes en lo que respecta a las características propias de la forma de gobierno republicana, que han permitido a los habitantes del mencionado país una mejora en su calidad de vida como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad.

En lo que respecta al tema que quiero abordar en este escrito, Tocqueville considera que “la libertad de prensa no sólo deja sentir su poder sobre las opiniones políticas, sino también sobre todas las opiniones de los hombres. No modifica únicamente las leyes, sino a la vez las costumbres… “La amo” declara Tocqueville “por la consideración de los males que impide mucho más que por los bienes que aporta”.

Más adelante, afirma que “en un país en el que reina ostensiblemente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no solamente constituye un peligro, sino también un gran absurdo. Cuando se concede a cada ciudadano el derecho de gobernar la sociedad, es preciso reconocerle una capacidad de elección entre las distintas opiniones que agitan a sus contemporáneos, y permitirle apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarle. La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, pues, dos cosas enteramente correlativas; la censura y el sufragio universal son por el contrario dos cosas que se contradicen”.

Gran parte de lo que hoy nos presentan como noticias, son hechos irrelevantes y superficiales.
Considero que es nuestra responsabilidad cívica conocer los asuntos de actualidad importantes, tanto locales como internacionales, si es que queremos ser ciudadanos responsables y mandantes informados. Sin embargo, es una ironía que cada vez tenemos más información a nuestro alcance, pero conocemos menos sobre la realidad. En los tiempos actuales, el problema es resolver cuáles noticias son ciertas y cuáles son falsas, tarea a la cual me dedicaré en los próximos artículos. Por ahora, termino dejando claro que la responsabilidad primera de hacer esta diferenciación es del ciudadano que busca la información, porque los resultados de sus acciones dependerán de las premisas a partir de las cuales actuó.


Artículo publicado en el diario digital guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de marzo de 2019.

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3.11.2019

¿Por qué prevalece la ignorancia en la política?




¿Por qué prevalecen en las elecciones políticas los espejitos que suelen ofrecer los políticos cuando se encuentran en campaña? ¿Por qué es diferente la manera en la cual la mayoría de personas actúan cuando se trata de tomar decisiones que afectan directamente, de forma clara y explícita, su esfera personal? Al fin, tarde o temprano, pagaremos las consecuencias de las malas decisiones políticas que tomemos, en las cuales, lamentablemente, se impone la emoción por encima de la razón.

A pocos de días de que empiece formalmente la campaña electoral, aún no tenemos claro qué va a suceder. Al menos ya sabemos cómo interpretó el TSE las modificaciones de 2016 a la LEPP. No obstante, la mayoría de los candidatos a los diferentes cargos de elección, desde ya muestran su incapacidad ¿o su descaro? en el cómo pretenden arreglar lo que consideran nuestros problemas principales. Proliferan los almuerzos gratis (o, más precisamente, los almuerzos robados) que ofrecen a los que voten por ellos, y no las verdaderas propuestas que promueven la prosperidad.

Pero, ¿por qué los almuerzos gratis que ofrecen los candidatos prevalecen electoralmente? ¿Por qué tantos deciden en contra de su bienestar real en el largo plazo y se dejan embaucar, una y otra vez? Brillan por su ausencia los discursos que abordan la realidad, los costos de oportunidad, las ventajas comparativas, la explicación de que los ingresos dentro de un verdadero mercado se obtienen beneficiando a otros, el rol que juega en el progreso el respeto al derecho de propiedad y a las utilidades legítimamente ganadas, la importancia del capital para la transformación de recursos en riqueza y la creación de fuentes de trabajo productivo… En fin, todo aquello necesario para que mejoremos nuestra calidad de vida y, de paso, acabemos con la corrupción, es ajeno a la discusión política.

A menos que los votantes comprendan los mecanismos involucrados en el desarrollo, no podrán evaluar con precisión por cuál político votar. Más aún, prevalecerá la ignorancia económica y la falsa idea de que el gobernante les va a resolver sus problemas y a satisfacer sus necesidades casi que por arte de magia o exprimiendo a los ricos. La ironía es que al final los que salen más perjudicados son precisamente los más pobres que encuentran más obstáculos para superar esa pobreza, y quienes habían logrado superarla pero que al esperar mejorar a partir de la intervención del abstracto Estado, terminan retrocediendo en su calidad de vida en lugar de mejorarla.

Pretender avanzar apoyando la violación de los derechos de otros, no solo es una injusta mentira, sino que termina afectándonos a todos. Aquellos que se benefician de la vasta red de intercambios voluntarios dentro del mercado sin comprenderlos, pueden ser atraídos por los cantos de sirena que, de hecho, socavan los acuerdos que les permitieron superarse. Dentro del sistema Benefactor/Mercantilista, la competencia política promueve falsas esperanzas que solo sirven para que los populistas lleguen al ejercicio del poder.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de marzo de 2019.

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2.25.2019

El poder del soborno




El final de los sobornos llegará cuando no haya favores que comprar. Dejará de haber gente que compra a funcionarios y/o gobernantes cuando estos últimos no tengan nada que vender. Existen los sobornos porque hay quién tiene el poder de complacer a aquel que le ofrece dinero a cambio de privilegios, negocios con el Estado o prebendas que sean de beneficio tanto para el que soborna como para el que recibe ese soborno. Acabará la compra de voluntades cuando no exista nada que comprar. El origen de los sobornos no está en quien lo ofrece, sino en el poder que goza quien lo recibe.

Según la organización “Paraíso Desigual”, que la semana pasada presentó el resultado del informe titulado “Desigualdad y poder en Guatemala: economía de captura”, el 50 por ciento del valor total de los contratos adjudicados entre 2004 y 2017 fue afectado por lo que ellos denominan la economía de captura: a unas pocas compañías les fue adjudicado la mayor parte del excedente, lo que, en opinión de los investigadores a cargo del trabajo mencionado, reproduce una estructura de desigualdad económica.

Harald Waxenecker, responsable principal del proyecto, explicó que analizaron 298 mil 927 licitaciones públicas en infraestructura, salud, alimentos, transporte y seguridad, llevadas a cabo entre los años citados, las cuales ascienden a Q102.7 millardos. Waxenecker y su equipo consideran que lo anterior generó Q19.5 millardos de ganancias extras que incluyen los sobornos a burócratas estatales. Los datos probablemente sean correctos, pero la conclusiones ciertamente no lo son.

Para entender el contexto conceptual detrás de la investigación presentada la semana pasada, es necesario conocer las premisas dadas en un estudio previo realizado por Waxenecker donde plantea, entre otras cosas, lo que entiende por el término “captura del estado”, utilizado como marco de referencia. Como se puede ver en ambos documentos, para ellos el problema no es el tamaño del gobierno ni el poder del cual gozan los funcionarios, en particular el poder de distribuir arbitrariamente nuestros impuestos, sino el poder que tienen las grandes empresas para cooptar a los pobres funcionarios y ¿obligarlos? a otorgarles contratos con el gobierno.

Sin duda, durante el período analizado, durante los años anteriores, los posteriores y los por venir, se repetirá la historia y los datos presentados por la organización nombrada se mantendrán o aumentarán. Pero estos hechos lamentables, tanto los pasados como los futuros, son posibles gracias al poder discrecional que tienen los funcionarios y los gobernantes.

El origen de la corrupción no está en las empresas. El origen de la corrupción está en el sistema de incentivos perversos. Y no es que Guatemala tenga una “capacidad sorprendente, casi infinita, para producir ladrones”, como escribió hace algún tiempo Pablo Rodas, es que es ese sistema de incentivos perversos quienes los atrae al ejercicio del poder, a los ladrones que lo ejercen y los ladrones que transan con ellos.
                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 25 de febrero de 2019.

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2.18.2019

El Estado de Derecho y las leyes objetivas




Viviremos dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley. Cuando, efectivamente, lo que predomine y rija en las relaciones entre los individuos de una sociedad, sean normas generales, universales, impersonales, objetivas y pocas para que sean entendidas y acatadas por todos. Cuando esas normas se enfoquen en que prevalezca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo, sin privilegios para nadie.

Cuando recuperemos el ideal aristotélico de que “todo Estado es, evidentemente, una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”. Cuando se acepte que para buscar nuestra felicidad y florecer, necesitamos cooperar en paz, ser productivos y no pretender vivir a costa de los demás.

El propósito de la ley, el propósito apropiado, es establecer los principios generales de conducta, que gobiernen las relaciones humanas en una sociedad. Que establezcan los principios de conducta que promuevan el respeto a los derechos individuales y eviten que unos quebranten los derechos de otros. Para alcanzar estos fines, las leyes deben ser objetivas. Una ley objetiva, es una ley que define, basada en los hechos y en la naturaleza de las cosas -en particular la naturaleza humana-, lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena en que una persona incurriría si realiza la acción prohibida.

Las leyes objetivas definen principios generales, que los jueces aplican en casos concretos. Lo cual es, indiscutiblemente, una tarea difícil. Como explica Ayn Rand, la aplicación objetiva de principios legales en áreas particulares puede ser bastante desafiante. Por ejemplo, en los ensayos titulados “La naturaleza del gobierno” y “Las vastas arenas movedizas”, Rand discute la cuestión de la locura temporal como defensa en el derecho penal (un “tema muy delicado”), los argumentos contrastantes a favor de la pena capital (una “pregunta muy difícil”), y si la ignorancia de la ley puede calificar como una defensa. También discute los principios que deben guiar a los legisladores para determinar la jerarquía de los castigos criminales, la responsabilidad legal de los niños y personas insanas, y las reglas de evidencia que guían a los tribunales.

Rand también aborda en los ensayos mencionados, los peligros de la ley no objetiva, que significa "una ley sin definición específica, que puede tener tantas interpretaciones diferentes como hombres que las interpreten". Bajo una ley no objetiva, los ciudadanos estamos a merced de la arbitrariedad de los intérpretes, o sea, los jueces y los magistrados. La ley no objetiva, como afirma la filósofa citada, es un requisito previo para la tiranía. “No importa cuán severa sea la forma de gobierno que puedas tener… si sus leyes, sus edictos son objetivos, un gobierno así no es una tiranía". ¿Queremos ser libres y progresar? Debemos, entonces, acabar con la dependencia de intérpretes de leyes, reformando de raíz nuestro sistema normativo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de febrero de 2019.

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2.11.2019

¿Quiénes crecen sanos?




Los burócratas del Banco Mundial (BM) y sus cuentas monetarias. Eso, por supuesto, si logran que la manipulación por parte de varios medios de comunicación fuerce a la mayoría de diputados a aprobar el préstamo por 100 millones de dólares. Y aunque algunos diputados crean que también van a crecer sanas sus finanzas, al asignar parte de los fondos que esperan que ingresen, a entes gubernamentales que les faciliten robarse el dinero, estos últimos quedarán burlados. Como en múltiples ocasiones anteriores, los desembolsos se harán a cuenta gotas y apenas una parte de estos, ya que es poco probable que al final los burócratas del BM quieran compartir los cada vez más escasos fondos con los corruptos locales de turno en el ejercicio del poder.

Los desembolsos que seguro sí harán, aunque nunca entrarán a las cuentas manejadas por nuestros gobernantes, son los de los fondos destinados a las consultorías, supervisiones, ejecución de informes… O sea, todos aquellos rubros destinados al personal del mismo BM que se hará cargo de los menesteres listados que, como es obvio para los bienintencionados que apoyan el constante endeudamiento de los guatemaltecos para asuntos sociales, son vitales para combatir la desnutrición crónica, en especial la de los niños menores de 2 años. ¡Qué nobles almas! Me impresiona su sacrificio.

En fin, ironías al margen, el tal préstamo no servirá para nada positivo en el largo plazo. No obstante, el aumento de nuestra deuda estatal, lo único que logra en el largo plazo es poner más peso en los ya recargados hombros de la gente productiva de nuestro país, lo que en lugar de mejorar la calidad de vida de todos, la obstaculiza, llevando a más de nuestros compatriotas a tomar la difícil decisión de emigrar a EE.UU. ante la falta de oportunidades en nuestro país.

No tengo ninguna duda de que este préstamo será un total fracaso para combatir la desnutrición de los niños, los cuales son una simple excusa para mantener el crecimiento sano de los que viven de nuestro impuestos, sean parásitos locales o extranjeros. Solo durante los 6 años recién pasados, se han gastado más de 30 mil millones de quetzales en programas que se suponía iban a ayudar a aliviar la desnutrición infantil y el hambre. Sin embargo, según muestra una estudio presentado por la FAO el año pasado y los mismo datos proporcionados por el gobierno, ese gasto multimillonario no logró aliviar en prácticamente nada los flagelos que se buscaba combatir.

Al final, el problema no es de dinero asignado dentro del presupuesto estatal a combatir la desnutrición y el hambre: ya varios miles tienen asignados sin necesidad de endeudarnos más. El origen del problema está en la desnaturalización de las funciones del gobierno, el creciente aumento de obstáculos a la creación de riqueza y, por tanto, de trabajos productivos que permitirían a los más pobres superar esa pobreza y mejorar su calidad de vida. Lo que necesitamos es desparasitarnos de tanto vividor de la miseria y del trabajo ajeno.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de febrero de 2019.

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2.04.2019

Corrupción, con o sin CICIG


Mientras muchos - de los pocos -, interesados en la política en Guatemala todavía se encuentran enfrascados en un diálogo de sordos cuyo tema principal es Iván Velásquez y la CICIG, ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción? ¿Continúa la persecución de corruptos? ¿Se detuvo la cacería de brujas? ¿Hemos avanzado en el proceso de arrancar las raíces del árbol de la corrupción o no pasamos de podarlo? Veamos con qué información contamos para responder estas preguntas:

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por “Transparencia Internacional” (TI) desde 1995, clasifica a los países según el grado de corrupción gubernamental que los encuestados perciben. El IPC evalúa al sector público, incluyendo a funcionarios y políticos en general. Es un índice compuesto: o sea,  es una encuesta de encuestas, que se construye a partir de sondeos a expertos y a gerentes de empresas. TI define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. El “Diccionario de la Lengua Española” (DLE), en su cuarta acepción, define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

El IPC es una evaluación basada en la percepción de prácticas corruptas en la esfera estatal y se mide en una escala entre cero (muy corrupto) y cien (ausencia de corrupción). En los resultados de 2018, Guatemala obtuvo una puntuación de 27 sobre 100, posicionándose en la casilla 144 de 180 países. Nuestro país bajó un punto en comparación con los 28 puntos obtenidos en 2015, 2016 y 2017, retrocediendo una posición en el ranking mundial. En el año 2009 obtuvimos 34 puntos y en ninguno de los años siguientes la percepción mejoró. Más aún, en 2011, durante el gobierno de la UNE, también obtuvimos 27 puntos.

Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron puntajes por debajo de 50, con una nota promedio de 43. Guatemala, se ubica por debajo del promedio mundial. Y cómo no se va a percibir de tal manera la corrupción en nuestro país si, solo por mencionar uno de tantos ejemplos, la semana pasada la Contraloría General de Cuentas denunció que varios de los cupones para alimentos que el MAGA debía entregarle en 2018 a los agricultores afectados por la sequía, fueron a parar a manos de empleados públicos. Aunque, según IT, la percepción negativa sobre el gobierno de Morales se debe a su enfrentamiento con la CICIG.

Sin embargo, lo que los datos nos muestran, analizados contextualmente en la última década, es que, con todo y la presencia de la CICIG, la percepción sobre la corrupción empeoró en lugar de mejorar. ¿Por qué? Porque como lo hemos señalado unos cuantos ¡hasta el cansancio! en Guatemala, lo que hemos visto, particularmente en los últimos tres años, es una persecución selectiva de corruptos, y en varios casos un acosamiento injusto, pero NO una verdadera lucha contra la corrupción. Se han atacado algunos de sus efectos, pero no su causa: el sistema político de incentivos perversos. Si realmente queremos reducir la corrupción al mínimo posible, lo que debemos hacer es limitar el poder discrecional del cual gozan los gobernantes y fortalecer nuestras instituciones legítimas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 4 de febrero de 2019.

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1.21.2019

El bumerán electoral



Comenzó el proceso para las Elecciones Generales de este año. Proceso que ya no se puede detener, ni siquiera con un estado de excepción. Y, a pesar de las mágicas expectativas de Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y próximo Presidente del mismo, la realidad es que están serán las elecciones más complicadas que hemos visto en lo que va de este siglo. Los principales problemas serán provocados por la violaciones a la libertad de expresión contenidas en la reformada Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por cierto, tanto la Cámara Guatemalteca de Periodismo como la Cámara de Medios presentaron acciones de inconstitucionalidad al respecto, sobre las cuales no se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad. ¿Puede cambiar el panorama del proceso eleccionario las decisiones que tomen los magistrados de la CC en lo que respecta a las acciones mencionadas? ¡Quién sabe! Todo dependerá de las célebres interpretaciones que le den los responsables de aplicar la decisión de los magistrados de la CC, si esta es favorable a quienes interpusieron las acciones.

Hay quienes piensan que una vez convocada las elecciones, cualquier cambio en la legislación, incluidos los derivados de una acción de inconstitucionalidad, solamente se podrían aplicar hasta después de concluido el período electoral ya convocado: o sea, hasta las elecciones de 2023. Otros opinan que los temas constitucionales, una vez no cambien los tiempos de las elecciones, se deben aplicar en el momento que queden firmes, indistintamente si es dentro de un período electoral.

Pienso que la segunda opción es la correcta y espero que la CC resuelva lo más pronto posible dichas acciones. Pero, al final, dentro del sistema positivista jurídico que nos rige, lamentablemente, estamos sujetos a lo que interpreten que es la ley aquellos que la van a aplicar. Mientras tanto, continuará la incertidumbre de si entrevistar a un candidato, y no al resto, puede significar para el entrevistador y el medio por el cual se transmite la entrevista, un demanda legal, que puede llegar a ser hasta penal.

Otro de los grandes problemas, es la imposición a los tributarios de financiar las campañas publicitarias de los partidos políticos que participen. La ironía del caso es que uno de los que más se ha quejado de la distribución que hizo el TSE, es el principal responsable de los cambios: Mario Taracena de la UNE. Cuando Taracena ocupó el cargo de Presidente del Congreso fue que se llevaron a cabo los cambios promovidos por Todd Robinson e Iván Velásquez, con lo cuales pretendían igualar la publicidad electoral para todos los partidos, y que ésta fuera pagada por los tributarios y no por los “financistas”. Sin embargo, en lugar de mejorar la promoción de los candidatos y sus planes, la entorpecieron.

Todo lo anterior, más muchas más cosas que no menciono en este artículo, además de complicar el proceso, van a exigir una mayor responsabilidad de quienes decidan ejercer sus derecho a votar. De lo contrario, estás elecciones se convertirán en un bumerán que nos golpeara a todos después de lanzado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el martes 22 de enero de 2019.

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