Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

10.16.2017

Las noticias son noticia



Y no son buenas noticias. Todo lo contrario. En casi todo el mundo se cuestiona cómo se presentan en los medios de comunicación al público los hechos que son relevantes para el ser humano. Hechos que describen nuestro presente y configuran nuestro futuro. Esta crítica, justificada en la mayoría de los casos, ha llevado a muchos a recurrir a otros medios ajenos a los tradicionales que, gracias a la Internet, facilitan el acceso a la información. Sin embargo, en muchos casos, los datos que encontramos en estos medios alternativos son menos fiables que aquellos que encontramos en los mismos medios organizados que hoy son cuestionados.

¿Quién va a llenar el vacío que dejan los periodistas que han olvidado la misión de nuestro oficio? Es una pregunta que todos debemos hacernos: desde quienes reportan los hechos, pasando por aquellos que los analizamos, hasta quienes consumimos la información que, al final, somos todos. De lo contrario, corremos el riesgo de que ese vacío lo terminen llenando los gobernantes, y es aquí donde debemos recordar la advertencia que nos hace George Orwell en “1984”.

La misión del periodismo y, por tanto, la misión del periodista, es la búsqueda de la verdad de los hechos. Para esto, nos gusten o no los resultados de nuestra búsqueda, debemos ser leales a esos hechos. No debemos falsear la realidad. Debemos ser objetivos. Lamentablemente, con excusas burdas y argumentos falaces que no son sostenibles cuando se cuestionan, durante ya décadas, los profesores de periodismo han convencido a los estudiantes y futuros buscadores de la verdad, de que esto es imposible. Y, casi sin discusión, esta mentira, contradictoriamente, ha sido aceptada por la mayoría como una verdad.

Pero no sólo son responsables los periodistas. También son culpables de esta situación la mayoría de los consumidores de noticias que son incapaces de diferenciar entre la realidad y la ficción y fácilmente son manipulados por aquellos que, o no reportan verazmente los hechos o, simplemente, mienten descaradamente y con conocimiento de causa para alcanzar sus fines o avanzar los intereses de los grupos de presión buscadores de privilegios con los cuales simpatizan.

Esta era de la desconfianza casi generalizada en la que vivimos, les ha facilitado a demagogos y oportunistas acercarse al ejercicio del poder. Esa desconfianza tanto a la mayoría de los políticos como a los miembros de las supuestas élites (convertidas en grupos de presión) y a los periodistas en los medios tradicionales, ha beneficiado a los peores representantes de nuestras sociedades que, por medio de sus discursos que apelan a las emociones de los electores y no a su razón, terminan ejerciendo el poder con pocas limitaciones en muchos casos. En fin, en río revuelto ganancia de malhechores, como bien me gusta parafrasear el célebre refrán.

¿Cómo cambiar el estado actual de las cosas en el mundo del periodismo? Cuestionándonos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es por qué creemos lo que creemos. Mejor aún, le pregunto, ¿por qué cree usted lo que cree?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de octubre de 2017.

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10.09.2017

¿Es el gobierno inevitable?



Para responder esta pregunta, primero debemos entender por qué la mayoría de personas elegimos vivir en sociedad. ¿Cuál es el objetivo de asociarnos con otros? ¿Por qué y para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuáles deben ser las características de esa asociación para que sea beneficiosa para todos? Si el objetivo de asociarnos es para vivir la mejor vida posible, según nuestros propios valores y proyectos personales, y facilitarnos alcanzar el propósito más importante de todo ser humano racional, ser feliz, sí es inevitable un gobierno. Si queremos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz, que solo se logra a base del respeto mutuo, sí es inevitable el gobierno.

Ahora, en base a las respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál es la naturaleza del gobierno? ¿Cuál debe ser su función dentro de la sociedad? ¿Para qué es necesaria la existencia del gobierno? La naturaleza del gobierno es institucional, y quienes actúan en su nombre poseen temporalmente el poder exclusivo, otorgado al Estado, de poner en vigor en una determinada área geográfica, las normas de conducta que aseguren ese respeto irrestricto de los unos a los otros. Y cuando alguno de los miembros de la sociedad violente la vida, la libertad y la propiedad, estos dos últimos derechos necesarios para que toda persona logre alcanzar sus objetivos de vida, es el gobierno el responsable de capturarlo y juzgarlo respetando el debido proceso.

Hay quienes piensan que debe haber competencia entre los gobiernos. Y en cierta forma la hay, por eso muchos emigran a otros países cuando en el suyo no existen las condiciones necesarias para sobrevivir y mejorar. Pero, no hay que confundir al gobernante con el empresario. La naturaleza del gobierno y la naturaleza de la empresa son diferentes. No se trata de qué puede hacer el gobierno y qué la empresa privada: no es cuestión de permisos que se otorguen por medio de la legislación. El punto importante es entender qué DEBE hacer cada uno de acuerdo con su naturaleza. Cuándo el gobernante o el empresario se entrometen en asuntos que no les corresponden, se convierten en un obstáculo para que los miembros de la sociedad alcancen sus fines.

Como bien lo explica Thomas Babington Macaulay, en “Southey’s Colloquies on Society” (1830): “No es por la intermediación del Estado omnisciente y omnipotente, sino por la prudencia y la energía del pueblo, que Inglaterra ha sido civilizada hasta el presente; y es a la misma prudencia y la misma energía que ahora nos vemos con comodidad y buena esperanza. Nuestros gobernantes promoverán la mejora de la nación limitándose estrictamente a sus propios deberes legítimos, dejando al capital encontrar su curso más lucrativo, a las mercancías su precio justo, a la industria y a la inteligencia su recompensa natural, a la ociosidad y a la locura su castigo natural, manteniendo la paz, defendiendo la propiedad, disminuyendo el costo de la ley y observando la estricta economía en todos los departamentos del Estado. Que el Gobierno haga esto: el pueblo seguramente hará el resto”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de octubre de 2017.

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10.02.2017

La burguesía socialista



Los socialistas democráticos, en la mayoría de los casos burgueses acomodados, recurren al intervencionista Estado Benefactor el cual privilegia a unos en detrimento de los derechos de otros para alcanzar la que denominan justicia social por medio de la supuesta igualdad de oportunidades que lo que busca es la equidad de resultados, independientemente de que esos resultados correspondan justamente al esfuerzo, mental y físico, que cada quien haya hecho o el riesgo que cada quien haya tomado.

A diferencia de los comunistas, proponen alcanzar sus objetivos sin nacionalizar todos los medios de producción ni planificar de manera totalmente centralizada toda la actividad económica de la sociedad. En otras palabras, promueven un sistema mercantilista donde el gobernante, en nombre del abstracto Estado, tiene la última palabra en lo que respecta a los privilegios que se otorgan y cuándo éstos terminan. Al final, es una especie de concesión y una ilusión de propiedad privada. Un dominio temporal de los medios de producción por aquel que se cree propietario.

El socialista actual, que no se atreve a declararse como tal y recurre a los términos ambiguos de progresista o izquierdista, exige que el gobierno intervenga la actividad empresarial regulando, ordenando, restringiendo, fiscalizando, gravando y dirigiendo casi todos los aspectos propios de la empresa y la competencia, bajo la creencia de que más de alguien puede aprovechar los incentivos y las innovaciones que mejoren las condiciones materiales de la vida de un sector de la sociedad. La dirección, la forma y la medida en que los emprendedores tendrán PERMISO para ser productivos se limitarán y restringirán dentro de las vías que sirven a los supuestos valores superiores, no lucrativos de la indeterminada sociedad civil, que igual pueden llamar el pueblo o cualquier otro colectivo supuestamente desposeído y explotado.

El Estado benefactor no es otra cosa más que el Estado distribuidor. Un sistema contradictorio, basado en premisas falsas, que en el largo plazo acaba con la posibilidad de progresar de la mayoría. Un ejemplo de lo anterior es el actual sistema político de Guatemala, el cual Vilfredo Pareto llamaría socialismo burgués: un sistema de regulación gubernamental, de redistribución de favores y de privilegios que benefician a los mercantilistas y a los líderes de los grupos de presión sociales, en lugar de un socialismo proletario que solo propone trasladar dinero de los ricos a los pobres.

La agenda de equidad e igualdad de oportunidades de los socialistas, además de injusta y violadora de los derechos individuales, facilita y promueve la corrupción en todos los sentidos. La corrupción tanto de aquel que llega al ejercicio del poder como de aquellos que se corrompen moralmente y se acomodan a vivir vidas infelices, mediocres y parasitarias. Es una agenda basada en el absurdo, que falsea la realidad y propone medidas contrarias a la naturaleza humana. Por eso siempre fracasan en el largo plazo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de octubre de 2017.

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9.25.2017

Los corruptistas



Se parecen a los extorsionistas. Acusan a quienes no coinciden con ellos en su supuesta lucha contra la corrupción de pertenecer a oscuras organizaciones criminales, de ser parte de la oligarquía explotadora, de ser corruptos… y de cualquier sandez que se les ocurra a sus emotivas cabecitas. ¡Ah! Quiero mencionar la ridícula ocurrencia de acusar a quienes cuestionan los abusos por parte de miembros de la CICIG de vendidos al ¿Mariscal Zabala? O sea, a un edificio inanimado, en lugar de tener al menos los cojones de mencionar a Otto Pérez Molina y a otros que lo acompañan en el mentado cuartel convertido en cárcel. En fin, una sarta de tonterías y falacias que no intentaré listar ya que rebasan el espacio de cualquier artículo de tamaño promedio.

En mi caso, pues SÓLO me hago responsable de lo que YO digo y de lo que YO hago y NO de lo que otros interpreten y menos de lo que digan que dije o hice, dejo CLARO que estoy en contra de TODO abuso de poder, independientemente de quién sea el señalado, y sus consecuencias que INCLUYEN la corrupción en sus distintas expresiones. Hecho que es obvio para quienquiera que haga el esfuerzo mental por aclararse las ideas y para aquellos que han seguido mi trayectoria en los diecinueve años que llevo de ejercer el periodismo.

No me amedrentan los bullies. A estos los enfrento dando la cara y el nombre, si ellos también los dan. A los que actúan en las redes sociales por medio de cuentas falsas, escondiéndose detrás de seudónimos, los ignoro. Al final, son cobardes que sólo pueden actuar en mara o en el anonimato, pero en el momento que alguien se les planta y los expone como lo que son, irracionales resentidos, se achicopalan y no les queda más que recurrir al insulto. Pobre la gente que les hace el coro y terminan convirtiéndose en los peones de los saqueadores de los grupos de presión.

Comparto la opinión de Fernando Savater de que muchos de los más críticos con la corrupción, en especial si sólo se han dedicado a la política, no se indignan por integridad, sino por deshonestidad contrariada: no perdonan a los corruptos haberse aprovechado de una ocasión que a ellos no se les ha ofrecido. “Entre los que van a la puerta de los tribunales a chillar contra los encausados hay algunos personalmente perjudicados, sin duda, pero creo que la mayoría van como maletillas olvidadas, a pedir una oportunidad…”. No buscan limitar el ejercicio del poder arbitrario de los gobernantes y funcionarios. Por el contrario, esperan ampliarlo con la esperanza de que algún día sean ellos quienes lo ejerzan.

Pero, a fin de cuentas, no es a ellos a quienes me dirijo en mis escritos y mis programas. A mí me interesa reflexionar e intercambiar ideas con personas que, como yo, buscan la verdad, que son honestas y quieren vivir en una sociedad donde prevalezca la justicia y el respeto mutuo. Personas productivas que no pretenden vivir a costa de nadie y que cada vez tienen más claro que debemos limitar el poder para acabar con la corrupción y los abusos en general.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de septiembre de 2017.

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9.18.2017

El árbol de la corrupción



De poco sirve podar las hojas del árbol de la corrupción, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que creen que ignorando la realidad todo lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer.

¡Ilusos! El ser humano puede ELEGIR actuar contradictoriamente y falsear los hechos, desvirtuarlos, ignorarlos… Pero lo que NO podemos evitar son las consecuencias de esa desacertada decisión. Y, lamentablemente, dentro del sistema político actual no sólo ellos se hacen daño, sino también se lo hacen al resto, aún a quienes valientemente aceptan el reto de buscar la verdad y dar la batalla de las ideas.

La corrupción ha existido desde siempre. Pero, ¿qué es la corrupción? Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), en su cuarta acepción, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y los medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Para el filósofo español Fernando Savater, la corrupción consiste en aprovechar la preeminencia social que otorga un cargo público en beneficio propio, personal o partidista, en lugar de en servicio de la comunidad. Según Savater: “Las motivaciones de los corruptos para legitimar a sus propios ojos las fechorías que cometen deben abarcar un amplio registro. En primer lugar, van aquellos para quienes aprovecharse de todo, por poco que sea, es casi una ley moral... Luego están los que creen que prestan servicios tan destacados a la comunidad que se lo merecen todo y más… hay otros que han nacido para el embrollo y la tropelía, para los que la deslealtad es un mórbido placer aunque arriesguen más de lo que pueden obtener: en una palabra, que ‘pagarían por venderse’, como dijo Flaubert”. En resumen, frente al poder, hasta el más honesto se puede corromper, porque falsean el autocontrol por bienintencionado que sea.

¿Se puede acabar con la corrupción? Sí. Entonces, ¿cuáles son los barrotes que nos impiden salir de esa cárcel? Las reglas del juego que los constituyentes y los legisladores nos han impuesto desde 1945. Reglas que pueden y DEBEN ser cambiadas radicalmente, si es que de verdad queremos liberarnos de la corrupción y sus consecuencias. Al fin, la misma corrupción es sólo un resultado más de ese sistema de incentivos perversos al cual hago mención.

¿Por qué es un sistema de incentivos perversos? Porque premia las malas acciones y castiga las buenas. Promueve la corrupción y destruye la moral de la gente. Es un sistema en el que se admira a quien se sale con la suya y acostumbra a mentir y engañar para subsistir. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. Y más intervención estatal no resuelven los problemas: los agrava y, además, facilita la corrupción.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de septiembre de 2017.

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9.11.2017

Ni independientes ni libres



Entiendo la necesidad de muchos de sentirse encendidos de patrio ardimiento por estas fechas. Más aún, si reconocemos la creciente incertidumbre en todo aspecto de nuestra vida en sociedad. Incertidumbre política, incertidumbre económica, incertidumbre legal. Incertidumbre provocada por la falta de cumplimiento de las normas básicas de convivencia y respeto que deben regir en una sociedad próspera. Normas que son principalmente incumplidas por quienes ejercen el poder.

Por supuesto, la incertidumbre siempre va a existir por el solo hecho de que estamos vivos. Precisamente la idea de asociarnos para cooperar, intercambiar y convivir con otros tiene como objetivo minimizar esa incertidumbre y facilitar a los miembros de la sociedad el hacer realidad su proyecto de vida. Sin embargo, en nuestro país estamos aún lejos de alcanzar ese ideal, y de alguna manera, en diferentes grados, todos somos responsables.

Yo lamento que en Guatemala estamos todavía lejos de vivir dentro de un sistema político que proteja la convivencia pacífica y respetuosa, entre otros motivos, por la emotividad que predomina entre los miembros de nuestra sociedad que los hace víctimas fáciles de los populistas que añoran llegar al poder. Oportunistas que se aprovechan de la confusión intelectual y la pereza mental de la mayoría.

Sin ir muy lejos, durante el mes de septiembre somos testigos de la confusión que hay entre dos términos importantes para toda persona que se valora y busca su felicidad: independencia y libertad. Lo anterior no es una confusión sólo de los guatemaltecos. Es una confusión que observamos en otros países donde también es muy difícil para sus habitantes mejorar su calidad de vida. Por eso hoy existen muchas naciones independientes, pobladas por siervos y esclavos incapaces de reconocer que ellos mismos son la causa de su miseria. Falsean la realidad y no se atreven a admitir lo obvio: que entre más poder adquieren los gobernantes, no sólo aumenta la incertidumbre, también somos menos libres e independientes.

Si es cierto que veneramos la paz cual presea, debemos esforzarnos, mental y físicamente, por construir un Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la Ley y los gobernantes cumplan con sus funciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Seguridad en el sentido de que no se violen los derechos individuales de todo aquel que respeta los derechos de los demás. Y justicia en caso de que algún antisocial violente la vida, la libertad o la propiedad de alguien.

Fuera de estos dos deberes, propios de la naturaleza del gobierno, cualquier otra obligación que se le endilgue a quienes ejercen el poder político implica la violación de los derechos de unos para satisfacer las demandas de otros. Es esa injusticia, más allá de las supuestas buenas intenciones que aducen para justificar el otorgar más poder discrecional a quienes lo ejercen, el origen de la corrupción. Si queremos acabar con esos abusos, es a ese poder ilimitado al que debemos enfrentar.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de septiembre de 2017.

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9.04.2017

Del lado del ciudadano



En toda elección política me ubico en el bando del ciudadano honesto, responsable y productivo. Del ciudadano que respeta los derechos individuales de los otros y exige respeto de los propios. Del ciudadano que no pretende vivir a costa de los demás. El ciudadano que de los gobernantes solo espera que velen porque haya seguridad y justicia, en cumplimiento de las funciones que les corresponden dentro del abstracto Estado. Del ciudadano que quiere, como yo, vivir en una sociedad donde podamos intercambiar, cooperar y convivir en paz, cada quién buscando su propia felicidad sin imposiciones ajenas.

¿Qué significa estar del lado del ciudadano? Dar la batalla de las ideas, aclarando las propias, para que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la Ley y no haya privilegios para nadie. Un Estado en el cual los abusos del poder sean castigados, sin importar quién sea el señalado. Un Estado en el que ningún mandatario debe estar por encima de la Ley, y menos que se le permita creer que es el Estado. Tampoco ningún burócrata estatal, nacional o de organizaciones supranacionales, debe estar por encima de la Ley; así como ningún diplomático, sin importar el gobierno de qué país representa, debe estar por encima de la Ley.

Todos aquellos que ejercen el poder deben respetar al ciudadano que es el soberano: el mandante, el que manda. Mandato expresado en nuestra Constitución en su 2do. artículo que dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es ésta la obligación primera del Presidente, de los diputados, de los jueces y de todo aquel cuyo trabajo dentro de la burocracia estatal es justificado y necesario para alcanzar tales fines.

No caigo en la trampa de las falacias ad populum, ad ignoratio elenchi y del falso dilema según el cual debemos elegir entre dos personas con las que no comparto valores, sin importar el cargo que ocupan o el papel que juegan. Sólo sé que ambos gozan de un amplio poder que se presta para abusos. Sé que es el poder político el que hay que limitar para acabar con la corrupción, y todos los males que este trae cuando no se circunscribe al poder justo y necesario para que los funcionarios, electos o nombrados, cumplan con las funciones propias de la naturaleza del gobierno.

A la mayoría de la población poco le interesa si el presidente es Jimmy Morales o cualquier otro, al igual que si Iván Velásquez se va o se queda. Lo que a la mayoría le interesa es satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Yo elijo ser parte de la minoría que busca la verdad. No haré una transacción que implique abandonar principios morales básicos y hacer algo que considero incorrecto. Lamento que la mayoría de la minoría interesada esté enfrascada en una discusión en la cual prevalecen la irracionalidad y la emotividad, mientras nuestro país, con nosotros adentro, corre el riesgo de hundirse.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de septiembre de 2017.

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