Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.19.2018

La línea de la UNE



La línea de la UNE se pasó llevando a Álvaro Colom y a la mayor parte de quienes ostentaron el título de ministros durante su gobierno. Esa línea es la línea del Transurbano, que resultó ser una línea más de la corrupción que corroe a todos los organismos del Estado. Una corrupción que es imparable, sin importar cuántos sean acusados de corruptos y menos de cuántos terminen presos, una vez no se elimine desde su raíz el problema. Una realidad que sólo va a cambiar cuando cambien las causas que permiten la corrupción. Y, para que eso suceda, muchos tendrán que reconocer el fracaso del estatismo en todas sus expresiones.

Una línea que les dejo miles de millones de quetzales de los tributarios a los Colom y a varios de los funcionarios de su gobierno, a los pícaros de la AEAU y a saber a cuántos farsantes más. Una partida de estafadores que se aprovecharon de la necesidad de la mayor parte de la población capitalina de transportarse de manera segura.

Una línea que al parecer va a representar el último clavo del féretro de Oxfam, por ser uno de los acusados Juan Alberto Fuentes Knight, el presidente de la misma. Que, por cierto, no es la única ONG (además de la ONU que es la organización supranacional más poderosa que existe), en la cual sus directores y empleados han sido acusados de corrupción, de oportunismo y de violación de los derechos individuales de quienes se suponía iban a ayudar.

Pero, ¿por qué las ONG terminan atrayendo a corruptos, parásitos y violadores? Porque el origen de los fondos y el sistema que facilita el modus vivendi de sus miembros, es el mismo sistema de incentivos perversos que atrae a los politiqueros al ejercicio del poder. Como escribió F. A. Harper en The Freeman (1952): “Una vez que el derecho de cada persona a tener todo lo que ha producido ha sido sustituido por el derecho al saqueo colectivo, no es en absoluto sorprendente encontrar al dispensador oficial [el gobernante] que decide que es correcto para ELLOS saquear el botín… por un digno propósito, por supuesto”.

El origen de la corrupción es el poder, por eso debe ser limitado. Y ese poder lo adquieren los gobernantes gracias a la ingenuidad de los ciudadanos que decidieron otorgárselo más allá del necesario para que cumplan con sus obligaciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Quienes esperan que alguien les satisfaga sus necesidades, que votan por quienes les ofrecen más beneficios, lo que están haciendo es entregándoles un cheque en blanco a los peores representantes de nuestra sociedad, que son aquellos a los cuales atrae el Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Qué cambió con la captura de Álvaro Colom y la mayor parte de su gabinete? Que, al menos ahora, quienes nos atacaban falazmente por defender el derecho al debido proceso, hoy insisten en la importancia que éste tiene dentro de una sociedad justa. En fin, como le responde Alfonso VI a Rodrigo Díaz del Vivar en el Mío Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de febrero de 2018.

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2.12.2018

Pacto de tramposos

Caricatura de Fo, publicada en Prensa Libre el 8 de febrero de 2018.


El nuevo pacto colectivo que firmó Jafeth Cabrera, como presidente en funciones, con Joviel Acevedo puede llamarse justamente pacto de tramposos por varias razones. Primero, puedo mencionar las descaradas declaraciones del mismo Acevedo donde reconoce que es un tramposo, al cual define el Diccionario de la Lengua Española (DLE) como un “petardista”, que es sinónimo de estafador.

Según Prensa Libre del 8 de febrero de 2018, el líder sindical mencionado dijo que prefiere ser un tramposo y no corrupto, lo que, por cierto, muestra su ignorancia porque un tramposo ES un corrupto. Más aún, según el diario citado, Acevedo agregó que le agrada ser lo que es ahorita: ser un tramposo por no pagar y no ser un corrupto como algunos medios dijeron. ¡Qué cosa! Como dice el refrán, el pez por su boca muere.

Segundo, ¡qué decir del cuestionado presidente en funciones! A quien desde el período previo a las elecciones se le acusó de haber cometido actos de corrupción en su paso por la Universidad de San Carlos. Otro tramposo, como lo es Acevedo. Y ambos se pusieron de acuerdo, con la venia de Jimmy Morales y quién sabe quién más, para estafar a los tributarios por medio de un inmerecido aumento salarial a los mal llamados maestros a quienes representa Joviel Acevedo.

Por supuesto, sobra decir que también son víctimas de estos tramposos los niños que no sólo no reciben una educación que les permita desarrollarse exitosamente, sino que, en el peor de los casos, son programados para convertirse en unos desalmados y aprovechados al igual que sus docentes. Como bien lo explica Alberto Benegas Lynch (h): “los sistemas educativos controlados políticamente, tarde o temprano inculcan doctrinas vinculadas a la supremacía del estado”. Una vez esa doctrina ha sido aceptada, se constituye en una tarea sobrehumana intentar frenar la influencia decisiva que ejerce el poder político en la vida de los ciudadanos, los cuales terminan convertidos en miserables esclavos con el cerebro lavado.

Para colmo de males, hasta el ministro de Finanzas reconoció que no hay dinero para pagarle al extorsionista de Joviel Acevedo y sus huestes. Sin embargo, dice Joviel que eso no le preocupa, lo que me provoca preguntar ¿por qué Joviel Acevedo asegura que cuenta con el apoyo del Congreso para asignar los fondos del nuevo pacto de tramposos que acordó con el Ejecutivo? ¿Es este pacto parte de la negociación que se hizo para la segunda elección de Junta Directiva del Legislativo?

En fin, como escribí en mi artículo titulado “El árbol de la corrupción”, de poco sirve podar las hojas del tal árbol, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que al ignorar la realidad creen que lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer. Si queremos acabar con el abuso del poder y todas sus consecuencias, incluida la corrupción, debemos cambiar el sistema de incentivos perversos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de febrero de 2018.

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2.05.2018

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.


En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

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1.29.2018

¿Es la lucha contra el progreso?



¿Qué está sucediendo en Guatemala? ¿Se está dando una lucha contra la corrupción o una lucha contra la producción? ¿Cuáles serán las consecuencias en el largo plazo si lo que se está gestando es la destrucción de nuestra capacidad productiva? ¿Quién querrá invertir y correr los riesgos que implica ser empresario en un ambiente político que fortalece el intervencionismo y el estatismo en contra del emprendimiento?

¿Quién querrá invertir en un país donde no hay certeza jurídica, no se respeta el derecho de propiedad y los jueces arbitrariamente detienen las operaciones de compañías, como es el caso de Mina San Rafael, por sus simpatías con grupos de presión ideologizados? ¿Por qué en Guatemala hay quienes tienen que recurrir a redes burocráticas corruptas o a firmas dedicadas a trámites con el “Estado” para recuperar el dinero que es suyo, que les pertenece legal y legítimamente? Tal es el caso del crédito fiscal de los auténticos exportadores, no de los fraudulentos. Un dinero que nunca debió ser expoliado.

¿Qué se ha ganado, o quiénes han ganado, con la ampliación del poder y la capacidad recaudadora de los gobernantes por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria? Hoy, un ente similar a la “Santa Inquisición” de ayer. ¿Se fortaleció un árbol torcido? ¿Qué pasa cuando ese árbol torcido es un ente burocrático cuya organización fomenta la corrupción? En tal caso, ¿se facilitó el robo de nuestros impuestos?

Dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece, el propio del Estado Benefactor/Mercantilista, ¿habrá un cargo estatal más despreciable que el de recaudador de la corrupción? O sea, el de jefe de la SAT. El inquisidor supremo de la mencionada entidad estatal, o si prefieren llámenlo el zar de la expoliación, que suele generar pasiones entre unos cuantos corifeos que apoyándolo encontraron una manera de expresar sus frustraciones personales y/o hacerles creer que es posible llegar al ejercicio del poder y ser ellos quienes mañana puedan gozar de los frutos de la riqueza creada por otros.

Ver cómo se ha desvirtuado la justa lucha contra la corrupción en nuestro país, me hizo recordar a dos admirables pensadores del pasado. El primero de ello es Thomas Jefferson, que en una carta a Pierre Samuel Dupont de Nemours de 1816, sentenció que "la mayoría al oprimir a un individuo es culpable de un crimen al abusar de su fuerza; y al actuar usando la ley del más fuerte, destruye los cimientos de la sociedad". Y luego, resonaron en mi mente las palabras de Voltaire, cuando advirtió que "cualquiera que tenga el poder de hacerte creer tonterías, tiene el poder de hacerte cometer injusticias".

Las piedras preciosas nacen del conflicto entre elementos químicos hostiles, lo suficientemente resistentes para sobrevivir cataclismos que destruyen todo a su alrededor. Las piedras preciosas son sobrevivientes, así como lo somos aquellos que a pesar de las circunstancias adversas en nuestro país, continuamos dando la batalla con la esperanza de que vamos a ganar en el largo plazo y, finalmente, viviremos dentro de una sociedad donde podamos progresar cooperando e intercambiando en paz, creando riqueza y respetándonos los unos a los otros.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de enero de 2018.

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1.22.2018

El poder del trabajador



Los trabajadores guatemaltecos debemos recobrar nuestro derecho a decidir dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién queremos invertir parte del dinero que nosotros hemos ganado para nuestra jubilación. Y no sólo debemos recobrar el derecho sobre nuestras pensiones, sino también la libertad de decidir con quién contratar nuestro seguro de salud. ¿Por qué somos obligados a hacerlo con el abstracto Estado? Uno de los mayores engaños al trabajador que existen, es la falsa ilusión de que los gobernantes, en nombre de la mencionada abstracción, se van a hacer cargo de nuestra salud y de los ingresos que necesitemos para cuando lleguemos a viejos.

El próximo jueves, Alfonso Abril va a presentar, acompañado de Fritz Thomas, el libro en el cual resume años de investigación sobre cuál es la mejor propuesta para que los trabajadores podamos multiplicar nuestros ahorros para que mañana, cuando deseemos jubilarnos, podamos disfrutar de una vida digna en la cual nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Y no sólo investigó sobre el tema de la pensiones, también sobre cuál es la mejor manera de asegurar que, en caso lo necesitemos, podamos enfrentar cualquier inconveniente relacionado con nuestra salud. El título del libro es: “Del monopolio a la libertad: una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Para más detalles sobre la obra, les recomiendo comprar el libro y/o asistir a la presentación.

Repito lo que he expresado en múltiples ocasiones: el trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de interés que pretenden decidir por el resto. Lamentablemente, y contrario a su obligación primera, son los mismos gobernantes, apoyados por los señalados grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el citado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor. Sin embargo, la propuesta de Abril no es ni privatizar ni acabar con el IGSS. Lo que propone es ponerlo a competir y que sean los trabajadores quienes elijan dónde invertir para su vejez y dónde contratar los servicios de salud. Los que  quieran pueden continuar con el ente estatal, y quienes no lo deseen podrán invertir en entidades privadas, según la conveniencia de quien está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público. ¿Quién puede oponerse a la libertad del trabajador de decidir sobre su vida y patrimonio?



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de enero de 2018.

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1.15.2018

¿Quién defrauda a quién?



¿Los tributarios al Estado o al revés? Tal vez sea más fácil responder a esta pregunta, si recordamos que el Estado es un concepto abstracto, y que quienes actúan en nombre de tal abstracción no son otros más que los políticos populistas, mentirosos y corruptos que, lamentablemente, representan a la mayoría de quienes llegan al ejercicio del poder, al menos dentro del sistema de normas políticas que prevalece en Guatemala y en gran parte del mundo: el Estado Benefactor/Mercantilista.

Esos mismos gobernantes que están ¡tan preocupados! en protegernos y cuidar nuestras propiedades, que llegan al extremo de que optan por quedarse con lo nuestro antes de que nosotros corramos el riesgo de perderlo. ¡La bondad y la honradez encarnadas en los políticos! ¿Creerán que nuestro dinero está más seguro en sus bolsillos? En fin, ironía aparte, son esos mismos gobernantes, o similares a ellos, que muchos queremos ver presos y devolviendo todo lo que nos han robado.

Una vez aclarado el contexto y los conceptos, es sencillo responder a la pregunta de quién defrauda a quién: son los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, quienes defraudan a los tributarios y despilfarran, malgastan y/o se roban el fruto del trabajo de aquellos que son obligados a tributar bajo amenaza de ir a la cárcel. En otras palabras, los creadores de riqueza que son extorsionados y expoliados por los gobernantes y los burócratas a cargo de tal crimen, o sea, el Superintendente de Administración –terrorista- Tributaria y la gente que trabaja en la SAT.

Para aquellos que aún no han identificado el engaño, o tienen miedo a enfrentar la realidad, les pregunto, ¿para qué y por qué pagan impuestos? ¿Para mantener el sistema político (y a los politiqueros) que favorece la impunidad y la corrupción? ¿Pagan por qué así los han programado/educado? ¿Por aceptar la falacia de que al ser exitosos y capaces de mantenerse a sí mismos, deben velar por otros a quienes ni siquiera conocen? ¿Se dan cuenta de que esos otros son, en su mayoría, un montón de parásitos y oportunistas que poseen un poder arbitrario para hacer lo que se les antoje con lo que a usted le costó ganar? ¿Renunciaron a ser ciudadanos y mandantes, para convertirse en siervos incapaces de razonar por sí mismo? ¿Quiénes se benefician con esa visión servil de la relación entre los ciudadanos y los gobernantes?

Como escribió recientemente Juan Ramón Rallo en el artículo publicado por elCato, titulado “Paradise Papers: el riesgo de mezclarlo todo”: “Tendría mucho más sentido reputar como inmorales las artimañas políticas dirigidas a maximizar la rapiña tributaria que las tácticas individuales orientadas a proteger el patrimonio personal”. En resumen, la SAT no “recupera impuestos no entregados al fisco”. La SAT expolia a los legítimos dueños y con esa expoliación reduce el capital necesario para transformar los recursos en riqueza y la creación de puestos de trabajo productivos necesarios para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de enero de 2018.

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1.08.2018

2018



Para muchos, el año comenzó hoy. Al menos el año productivo. Lo vemos en el tránsito que recuperó su pesadez. Lo sabemos por las bocinas que nos recuerdan que vivimos en un mundo de urgencias en el que debemos llegar pronto a algún lugar: un objetivo que probablemente no alcancemos. ¿Porque salimos tarde? ¿Porque no planificamos bien nuestro tiempo? ¿O será porque realmente no deseamos llegar a un lugar en el cual no queremos estar?

En fin, espero que la mayoría mantenga el entusiasmo que nos embarga a principios de año, aceptando que terminaron las vacaciones y a pesar de las complicaciones que implica el hecho de que casi todos retomamos nuestra rutina diaria, con todo e inicio de clases. ¿Por qué? Porque los retos que nos depara este 2018 son importantes para el presente y el futuro propios y de nuestros seres queridos.

Uno de los desafíos más importantes de este año a nivel político es la elección del próximo fiscal general, no solo por la batalla contra la corrupción, sino para todo el sistema de justicia en nuestro país. Ese sistema que en lugar de enfocarse en velar para que cada quien reciba lo que merece, es utilizado como un arma para satisfacer las demandas de los grupos de presión más poderosos del país. Un sistema que contribuye a preservar las injusticias que prevalecen en nuestra sociedad.

Sin embargo, el objetivo más trascendente para el año 2018 es hacer una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De lo contrario, se ponen en riesgo las elecciones generales de 2019. Entre los cambios urgentes a la actual legislación, el más relevante es el de la elección de diputados. Será una victoria significativa para los ciudadanos si por lo menos se logra aprobar el voto preferencial. Por supuesto, el ideal sería que pasara el voto nominal y hacer pleno el derecho de todo ciudadano a ser electo, aprobando que cualquiera que lo desee, aunque no esté respaldo por alguna organización política, pueda postularse para un cargo público. No obstante, en las actuales circunstancias, veo poco probable que estos cambios se den.

En lo que respecta a los retos ciudadanos, el principal será la defensa de la libertad de expresión, que significa la libertad de defender los propios puntos de vista y asumir las posibles consecuencias, incluido el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La libertad de no estar de acuerdo, no escuchar y no apoyar a nuestros antagonistas.

No debemos permitir la censura bajo ningún punto de vista. La censura sólo la puede ejercer el gobierno. Ninguna persona, no importa cuán influyente sea o la profesión que ejerza, puede usar la fuerza física o la coacción gubernamental para censurar ni suprimir las opiniones o las publicaciones de otros. Todos somos libres de expresarnos en nuestros espacios y todos somos libres de escuchar a quien nosotros queramos. La función política del derecho a la libertad de expresión es proteger a los disidentes y es la principal defensa contra la imposición de una dictadura.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de enero de 2018.

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