Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

11.20.2017

Extorsión del fiambre al tamal



Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.

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11.13.2017

In memoriam: Ludvin Tiul



Es poco lo que se puede decir sobre la corta vida de Ludvin Bernal Tiul Chacach, un niño que murió en inhumanas circunstancias con apenas 4 años de edad, a causa de la indulgencia de los gobernantes con los delitos anunciados ¡y perpetrados! por los dirigentes de la organización criminal CODECA. No obstante, de su muerte lamentablemente podemos decir mucho. Muerte que no debe pasar inadvertida.

Sin duda, Ludvin sufrió en esos pocos años que vivió, debido a que padecía de cáncer en los huesos. Probablemente iba a morir pronto, pero no merecía una muerte miserable dentro de un bus a causa de las medidas de hecho toleradas por los gobernantes.  Violaciones llevadas a cabo por integrantes del mencionado Comité, cuyos líderes mienten al decir que promueven el desarrollo de los campesinos indígenas, cuando en la realidad son unos los principales enemigos del progreso en nuestro país.

Los líderes de CODECA son los principales responsables de la desgraciada muerte de Ludvin Tiul. Y también son responsables de que Carlos René Pineda Sosa, atropellara accidentalmente a Vicente Calderón, al perder la paciencia después de horas de estar detenido a la fuerza por la gente de CODECA e intentar sortear el bloqueo. Pineda se hizo responsable de su acción y se está haciendo cargo de la salud de Calderón, además de que se comprometió a indemnizarlo y mantenerlo económicamente el tiempo que no pueda trabajar.

Calderón confesó a Pineda y a sus abogados que participó en el bloqueo debido a las extorsiones de los dirigentes de CODECA. Los criminales que dirigen esta organización, amenazan a la gente de que si no participan en las medidas de hecho que promueven, les van a cortar la energía eléctrica que les venden. La ironía del caso, es que esa energía eléctrica la roban los integrantes de CODECA. ¿Hasta cuándo va a continuar el gobierno ignorando estas violaciones flagrantes?

“Viajar al extranjero, como viajar dentro del país, puede ser necesario para ganarse la vida. Puede estar tan cerca del corazón del individuo como la elección de lo que se come, o se usa, o se lee. La libertad de movimiento es básica en nuestro esquema de valores”. La anterior es una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en 1958 en el caso de Kent versus Dulles, lo cual es válido para toda persona en cualquier lugar. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros.

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Manifestar es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos como el de Ludvin Tiul y de Vicente Calderón, pone en peligro la vida de otros. Evitemos más tragedias. No más consideraciones con los delincuentes y los criminales. El gobierno DEBE evitar los bloqueos y castigar las violaciones a los derechos de los demás.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de noviembre de 2017.

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11.06.2017

Facebook, un negocio más




Y, como cualquier otra empresa exitosa, es producto del ingenio de un creador que hizo el esfuerzo mental y físico por alcanzar sus objetivos. Un empresario que se arriesgó y triunfó. Un genio que innovó radicalmente la manera de comunicarnos y de relacionarnos en el siglo veintiuno. Un hombre cuyo nombre es mundialmente conocido: Mark Zuckerberg.

Facebook es un servicio como cualquier otro, y sus creadores y propietarios tienen el mismo derecho que tenemos todos de obtener ganancias de nuestros negocios. En el caso de Facebook su sobrevivencia y éxito dependen de sus anunciantes, como también es el caso en la mayoría de los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales. Pero, como sucede a menudo, hay gente que cree que otros deben trabajar para ellos y sus fines sin cobrarles: pretenden que los bienes y/o servicios que provean no tengan ningún costo para ellos.

Estos oportunistas, que suelen en muchas ocasiones vivir muy bien a costa de alguien más, desprecian los principios básicos de convivencia pacífica, en especial el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, ya sea intelectual o material. Consideran que el justo intercambio voluntario entre dos o más personas debe ser regulado. En otras palabras, que los gobernantes, en nombre del Estado, controlen el mercado: que regulen la competencia (de ideas y de bienes), que ordenen a los empresarios qué producir y a los consumidores qué consumir. No les conviene reconocer que cuando la cooperación es una realidad, o sea que es libre, todos los participantes en el proceso ganan.

En el caso específico de la batalla de las ideas, que incluye la lucha contra la corrupción, algunos consideran que unos tienen la obligación de apoyar a otros a difundir sus opiniones. Los más descarados llegan a promover legislación que obligue a los propietarios de los medios a financiarlos, aun cuando las ideas que éstos sostienen no sean compartidas por quienes serían obligados a difundirlas.

La batalla de las ideas debe ser pacífica: por medio de la persuasión. Ojalá ganara quien prueba la veracidad de sus juicios y no aquel que es más eficiente para manipular emotivamente a los demás. Pero, al final, son las personas interesadas en progresar y ser felices quienes tienen la última palabra. Todos somos libres de expresarnos, pero nadie tiene la obligación de financiarnos. Hoy, precisamente gracias a creadores como Zuckerberg, todo individuo que quiera compartir con otros sus pensamientos, creencias, emociones, elecciones… lo puede hacer sin mayor costo, más que su tiempo.

Como usuaria de Facebook, la creación de la sección para explorar en la cual ahora encuentro las páginas que sigo, me parece fabulosa: me facilita enfocarme en la búsqueda de conocimiento. Como usuaria de una página pública significa que, si quiero que aquellos que no consultan la sección de explorar lean mis artículos, tendré que pagar una mínima cuota para que lo hagan. Por años tuvimos sin costo este servicio. Y justo es que, quien quiere celeste, que le cueste.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de noviembre de 2017.

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10.30.2017

¿Cuál pena de muerte es condenada a morir?



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad condenaron a morir a la pena de muerte con su decisión de declarar parcialmente inconstitucionales cinco artículos del Código Penal y dos artículos de la Ley Contra la Narcoactividad. Al menos, la inhabilitaron en su aplicación FORMAL, dentro de un marco de legalidad. Lo que promoverá, como es de esperar en el estado actual de ingobernabilidad en Guatemala, más linchamientos: o sea, la aplicación INFORMAL de la pena de muerte, sin debido proceso y por cualquier delito o crimen.

A los mencionados magistrados, como a muchos abogados, les preocupa la modernización de la legislación y, al parecer, poco les importa la justicia y menos las consecuencias de sus decisiones que falsean la realidad. Su principal objetivo es complacer a grupos de presión de derechos humanos y apoyar sus agendas políticamente correctas. Es lamentable que muchos abogados del país son incapaces de usar su juicio propio y prefieren practicar la epistemología del loro: repiten las consignas positivistas de moda y olvidan, o tal vez nunca conocieron, la naturaleza del derecho y menos la del gobierno.

La pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique, después de que haya sido plenamente probada la culpabilidad del acusado: que no existe ninguna duda razonable de que es responsable de una violación irreparable a la víctima. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral. Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso: en los linchamientos que abundan en nuestro país.

Entiendo que les preocupe que se pueda condenar a morir a un inocente, pero no que prefieran que terroristas, asesinos en serie, psicópatas… cuyos crímenes hayan sido probados, sean condenados a cadena perpetua, que no es otra cosa que obligar a los tributarios a que los mantengan de por vida. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece con la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia.

La razón de ser del debido proceso es para que, en la búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en el acusado, lo que es iluso creer que se da dentro del contexto de los linchamientos. La pena de muerte en la informalidad nunca la podrán abolir. Lo que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos.

Necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con las arbitrariedades, el abuso de poder y la corrupción, pero no para estar a la moda de la modernización, sino para construir un verdadero estado de Derecho que nos permita convivir en paz.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de octubre de 2017.

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10.23.2017

Ecos de libertad





Resuenan en los pasillos de los tribunales. Resuenan en los corredores del Ministerio Público. Retumban en las oficinas de la CICIG. ¡Libertad, libertad, libertad! Maravillosa libertad. Alas, ¡para que las quiero! Vuelo en el primer avión que me lleve lejos de la amenaza de cárcel. ¡Hasta nunca, compañeros de fechorías! La libertad le corresponde al ave que mejor entone la melodía solicitada por aquellos que tienen el poder de dejar al pájaro cantor en libertad.



Salvador Estuardo González Álvarez, el colaborador estrella de la CICIG y el Ministerio Público en el caso denominado de “La Línea”, recobró su libertad hace aproximadamente tres semanas, según informó Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. ¿Por qué Thelma Aldana e Iván Velázquez no llevaron a cabo una conferencia de prensa para darlo a conocer? ¿Acaso no es lo que suelen hacer cuando hay información trascendental en la lucha contra la corrupción? Y este hecho, sin discusión, es significativo ya que uno de los acusados se salió con la suya y no pagó las consecuencias de sus acciones.



En fin, es el resultado esperado que promueve el sistema de incentivos perversos que hay detrás de los famosos colaboradores eficaces, los cuales negocian con los fiscales y aceptan declarar en contra de aquellos que son el principal objetivo de la CICIG/MP. Criminales que serán tratados con deferencias y privilegios reservados para quienes les permitan a los acusadores ganar juicios. Y, en menos de lo que se imaginan, estarán de nuevo libres.



Dicen, dicen, dicen, pero… ¿cómo respaldan lo que dicen? Aclaro que no le creo a Otto Pérez Molina, a Roxana Baldetti, a Álvaro Arzú… Pienso que ellos, como muchos más que han pasado por el gobierno, son corruptos y han abusado del poder. Pero tampoco le creo a Alejandra Reyes, ni a Juan Carlos Monzón, ni a Salvador Estuardo Orellana, ni a la mayoría de colaboradores eficaces o testigos protegidos. ¿Por qué? Por el sistema de incentivos perversos. Puede ser que alguno diga la verdad, pero ¿cuál es la evidencia objetiva que respalda lo que dicen?



Por supuesto que considero que los testigos son importantes en la búsqueda de la verdad. Pero, todo lo que dicen DEBE ser respaldado por evidencia científica, objetiva e indiscutible, que pruebe, sin lugar a dudas, que lo declarado es cierto. Si renunciamos al debido proceso, con tal de que sean castigados quienes creemos que nos han estafado, extorsionado y robado el fruto de nuestro trabajo, en el largo plazo, saldremos perdiendo mucho más de lo que podremos ganar al ver presos a quienes consideramos responsables de nuestra indignación.



Si no defendemos el respeto al debido proceso, mañana la acusada puedo ser yo, el acusado puede ser usted, el acusado puede ser un ser querido suyo o mío. El acusado puede ser cualquiera y con la sola declaración de alguien, sin evidencia, podrá ser culpado. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de ser acusado injustamente y no poderse defender? ¿Acaso no se pueden hacer las investigaciones y las acusaciones correctamente? ¿Acaso el objetivo no es encontrar la verdad y que se haga justicia?




Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de octubre de 2017.

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10.16.2017

Las noticias son noticia



Y no son buenas noticias. Todo lo contrario. En casi todo el mundo se cuestiona cómo se presentan en los medios de comunicación al público los hechos que son relevantes para el ser humano. Hechos que describen nuestro presente y configuran nuestro futuro. Esta crítica, justificada en la mayoría de los casos, ha llevado a muchos a recurrir a otros medios ajenos a los tradicionales que, gracias a la Internet, facilitan el acceso a la información. Sin embargo, en muchos casos, los datos que encontramos en estos medios alternativos son menos fiables que aquellos que encontramos en los mismos medios organizados que hoy son cuestionados.

¿Quién va a llenar el vacío que dejan los periodistas que han olvidado la misión de nuestro oficio? Es una pregunta que todos debemos hacernos: desde quienes reportan los hechos, pasando por aquellos que los analizamos, hasta quienes consumimos la información que, al final, somos todos. De lo contrario, corremos el riesgo de que ese vacío lo terminen llenando los gobernantes, y es aquí donde debemos recordar la advertencia que nos hace George Orwell en “1984”.

La misión del periodismo y, por tanto, la misión del periodista, es la búsqueda de la verdad de los hechos. Para esto, nos gusten o no los resultados de nuestra búsqueda, debemos ser leales a esos hechos. No debemos falsear la realidad. Debemos ser objetivos. Lamentablemente, con excusas burdas y argumentos falaces que no son sostenibles cuando se cuestionan, durante ya décadas, los profesores de periodismo han convencido a los estudiantes y futuros buscadores de la verdad, de que esto es imposible. Y, casi sin discusión, esta mentira, contradictoriamente, ha sido aceptada por la mayoría como una verdad.

Pero no sólo son responsables los periodistas. También son culpables de esta situación la mayoría de los consumidores de noticias que son incapaces de diferenciar entre la realidad y la ficción y fácilmente son manipulados por aquellos que, o no reportan verazmente los hechos o, simplemente, mienten descaradamente y con conocimiento de causa para alcanzar sus fines o avanzar los intereses de los grupos de presión buscadores de privilegios con los cuales simpatizan.

Esta era de la desconfianza casi generalizada en la que vivimos, les ha facilitado a demagogos y oportunistas acercarse al ejercicio del poder. Esa desconfianza tanto a la mayoría de los políticos como a los miembros de las supuestas élites (convertidas en grupos de presión) y a los periodistas en los medios tradicionales, ha beneficiado a los peores representantes de nuestras sociedades que, por medio de sus discursos que apelan a las emociones de los electores y no a su razón, terminan ejerciendo el poder con pocas limitaciones en muchos casos. En fin, en río revuelto ganancia de malhechores, como bien me gusta parafrasear el célebre refrán.

¿Cómo cambiar el estado actual de las cosas en el mundo del periodismo? Cuestionándonos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es por qué creemos lo que creemos. Mejor aún, le pregunto, ¿por qué cree usted lo que cree?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de octubre de 2017.

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10.09.2017

¿Es el gobierno inevitable?



Para responder esta pregunta, primero debemos entender por qué la mayoría de personas elegimos vivir en sociedad. ¿Cuál es el objetivo de asociarnos con otros? ¿Por qué y para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuáles deben ser las características de esa asociación para que sea beneficiosa para todos? Si el objetivo de asociarnos es para vivir la mejor vida posible, según nuestros propios valores y proyectos personales, y facilitarnos alcanzar el propósito más importante de todo ser humano racional, ser feliz, sí es inevitable un gobierno. Si queremos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz, que solo se logra a base del respeto mutuo, sí es inevitable el gobierno.

Ahora, en base a las respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál es la naturaleza del gobierno? ¿Cuál debe ser su función dentro de la sociedad? ¿Para qué es necesaria la existencia del gobierno? La naturaleza del gobierno es institucional, y quienes actúan en su nombre poseen temporalmente el poder exclusivo, otorgado al Estado, de poner en vigor en una determinada área geográfica, las normas de conducta que aseguren ese respeto irrestricto de los unos a los otros. Y cuando alguno de los miembros de la sociedad violente la vida, la libertad y la propiedad, estos dos últimos derechos necesarios para que toda persona logre alcanzar sus objetivos de vida, es el gobierno el responsable de capturarlo y juzgarlo respetando el debido proceso.

Hay quienes piensan que debe haber competencia entre los gobiernos. Y en cierta forma la hay, por eso muchos emigran a otros países cuando en el suyo no existen las condiciones necesarias para sobrevivir y mejorar. Pero, no hay que confundir al gobernante con el empresario. La naturaleza del gobierno y la naturaleza de la empresa son diferentes. No se trata de qué puede hacer el gobierno y qué la empresa privada: no es cuestión de permisos que se otorguen por medio de la legislación. El punto importante es entender qué DEBE hacer cada uno de acuerdo con su naturaleza. Cuándo el gobernante o el empresario se entrometen en asuntos que no les corresponden, se convierten en un obstáculo para que los miembros de la sociedad alcancen sus fines.

Como bien lo explica Thomas Babington Macaulay, en “Southey’s Colloquies on Society” (1830): “No es por la intermediación del Estado omnisciente y omnipotente, sino por la prudencia y la energía del pueblo, que Inglaterra ha sido civilizada hasta el presente; y es a la misma prudencia y la misma energía que ahora nos vemos con comodidad y buena esperanza. Nuestros gobernantes promoverán la mejora de la nación limitándose estrictamente a sus propios deberes legítimos, dejando al capital encontrar su curso más lucrativo, a las mercancías su precio justo, a la industria y a la inteligencia su recompensa natural, a la ociosidad y a la locura su castigo natural, manteniendo la paz, defendiendo la propiedad, disminuyendo el costo de la ley y observando la estricta economía en todos los departamentos del Estado. Que el Gobierno haga esto: el pueblo seguramente hará el resto”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de octubre de 2017.

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