Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

10.22.2018

Marcha a lo incomprendido

Tanto la fotografía como el texto son de mi autoría y mi responsabilidad.


Muchos años después, frente a la Estatua de la Libertad, el joven inmigrante Gabriel García, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a vivir al país más cercano al paraíso capitalista: Estados Unidos. García no ha llegado a marqués, pero vive mucho mejor de como viviría si se hubiera quedado en Honduras. No está muy seguro de cuál es el motivo de la diferencia, pero intuye que algo tiene que ver con lo que representa esa enorme escultura de una mujer sosteniendo una antorcha.

García entiende que emigrar, a pesar de los peligros y riesgos que se enfrentan, representa una especie de renacer para quienes el presente gris que ofrecen sus países de origen, presagia un futuro negro. Sabe que aunque algunos pagan con su propia vida la osadía de desafiar a los gobiernos de sus países y de los países a los cuales deciden emigrar, no hay uno solo que no espere un mañana más seguro en esas tierras que en un principio les son ajenas. De lo contrario, nunca se hubieran arriesgado a emigrar.

No obstante, García como la mayoría de los inmigrantes, no entiende a cabalidad por qué en Estados Unidos hay mucho más oportunidades de progresar que las pocas opciones que hay en sus naciones. Eso sí, aprendió que parte vital de la libertad del ser humano es la de elegir dónde vivir su vida. Está seguro de que la inmigración no es mala. Que querer mejorar la calidad de vida propia y la de nuestros seres queridos no es un delito, menos un crimen. Confirmó que la mayoría de los estadounidenses lo entienden de igual manera. Por eso sus padres encontraron trabajo recién llegados, así como lo encontró él al momento de terminar sus estudios.

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura…; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”, pensaba el guatemalteco Carlos Boz al comparar la historia de su ciudad original con su ciudad actual. Boz se había unido a la marcha de los hondureños cuyo objetivo era llegar al país donde aún se podían cumplir los sueños, si uno estaba dispuesto a trabajar.

Boz extrañaba su amado terruño, y se preguntaba por qué no logró enriquecerse en éste. Buscando respuestas, se topó con otro inmigrante llamado Luis Vonmises, quien le explicó que “nadie puede encontrar una salida segura para sí mismo si la sociedad está avanzando hacia la destrucción. Por lo tanto, todos, en su propio interés, deben lanzarse vigorosamente a la batalla intelectual. Ninguno puede apartarse con despreocupación; los intereses de todos dependen del resultado. Ya sea que elija o no, cada hombre se ve arrastrado a la gran lucha histórica, la batalla decisiva en la que nuestra época nos ha sumido”.

Siguiendo las enseñanzas de Vonmises, Boz se cuestionó, investigó y deliberó, llegando a la conclusión de que la diferencia principal radicaba en el sistema de normas. Aún no entiende plenamente por qué, pero sí está seguro de que nada que le ofrezcan los gobernantes en nombre del Estado será una realidad. Sabe que las promesas de campaña de los políticos son un engaño. Aceptó que el único responsable de sus prosperidad es el mismo. Nadie más.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 22 de octubre de 2018.

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10.15.2018

El suicidio de Roxana




Roxana Baldetti se suicidó hace muchos años. Aclaro que uso el término de una manera metafórica, ya que, al menos mientras escribo estas líneas, la exvicepresidente sigue vivita y coleando y, según el informe del Inacif, con ánimo de continuar adelante a pesar de las condiciones en las cuales se encuentra en la cárcel de Santa Teresa. Condiciones que, por más privilegiada que sea Baldetti, ni de broma se parecen a las condiciones en las cuales esperaba vivir después de su paso por el gobierno. El suicidio que cometió Roxana, y cometen muchos más de quienes llegan al ejercicio del poder, es el suicidio moral. Ese del cual podrían resucitar si reconocieran sus errores y pagaran las consecuencias de sus acciones retribuyendo justamente a sus víctimas.

Roxana se suicidó en el momento en el cual decidió ser deshonesta, arrogante y viciosa. Se suicidó cuando se dejó de valorar. Se suicidó en el momento en el cual decidió ser inmoral, ser corrupta. “Lo moral es lo escogido, no lo forzado; lo comprendido, no lo obedecido. Lo moral es lo racional…”, escribió Ayn Rand. Lo moral es tomar las decisiones correctas para asegurar nuestra felicidad. Es saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Las acciones habituales tienen consecuencias. Si la consecuencia es deseable, es un hábito bueno. Si no es deseable, es un hábito "malo". Si no es ni bueno ni malo, es un hábito irrelevante.

Una virtud es un hábito moralmente bueno que promueve un buen propósito con un significado moral. Una acción es moralmente significativa cuando trata asuntos que son fundamentalmente importantes para la vida y el bienestar humanos. ¿Cuáles son los principios básicos según los cuales uno debe vivir? ¿Cómo se debe tratar con otras personas? ¿Cuáles son los roles de la razón y la emoción para vivir una buena vida? Estas y otras preguntas similares son esenciales para nuestra existencia y, por lo tanto, tienen un significado moral. Tales preguntas y sus respuestas caen dentro de la esfera de la ética o la filosofía moral.

Aquel que practica la virtud del orgullo no es ni vanidoso ni arrogante como lo ha sido Roxana Baldetti que aún presume ser quien no es. Ser orgulloso implica practicar el hábito de adquirir y crear los valores de carácter que lo hacen a uno merecedor de florecer, sentirnos dignos de vivir y tenernos en gran estima: valorarnos a nosotros mismos. Exigirnos ser llenos de virtudes y no cometer actos vergonzosos. Nunca aceptar una culpa inmerecida, corregir los agravios y errores cometidos, no permitir ser tratados como menos que persona. No aceptar el papel de animal de sacrificio, ni de esclavo, ni de objeto. Es una virtud introvertida: conseguir dentro de nosotros el mejor carácter posible, sin manchas, sin ser presumidos, fanfarrones, ostentosos. Sin pretender impresionar a otros o convertir nuestra vida en una competencia cuyo objetivo es alardear de la supuesta superioridad de uno sobre los demás.

Nuestra vida y nuestra felicidad dependen de que las elecciones que hagamos sean las correctas. Ser libre significa que tus elecciones son tuyas, ya que no existe un ente del gobierno capaz de monitorear cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros impulsos. Ninguna organización del gobierno puede prevenir cada acto de violencia porque cada acto de violencia es una expresión del poder humano. No hay burocracia estatal que sea más poderosa que las acciones de los individuos que somos libres de elegir hacer el bien o hacer el mal: libres de determinar el curso de nuestras vidas, libres de tomar nuestras propias decisiones. Ser libres también significa que podemos elegir hacer cosas terribles. Somos libres para ser buenas o malas personas. Aquellos que como Roxana eligen la vida inmoral nunca alcanzaran la verdadera felicidad, porque eligieron el suicidio moral.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de octubre de 2018.

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10.08.2018

El popular populismo




El avance de los populistas, tanto a la izquierda como a la derecha, lamentablemente no muestra signos de desaceleración. Irónicamente, son las políticas populistas las principales responsables de la desaceleración económica que agobia a la mayoría de guatemaltecos. Populista son todos aquellos que promueven el estatismo y el intervencionismo. El objetivo del populista no es reducir la pobreza, al menos la ajena, sino beneficiarse de gestionar o promover el asistencialismo propio del Estado Benefactor.

Es probable que el término populismo sea hoy uno de los más usados en la jerga política. Y como todo término, para entenderlo e integrarlo sin contradicciones a nuestro conocimiento, hay que definirlo y explicarlo correctamente, además de ponerlo en contexto. De lo contrario, será una palabra más que se usará antojadizamente para calificar cualquier cosa o a cualquiera, sin importar que aplique o no su uso. No se diga, que sea utilizado para manipular a gente que me atrevo a catalogar -siendo benévola- de ingenua; porque creen ciegamente lo que otros dicen, particularmente si creerles va a significar que será menor el esfuerzo que tendrán que hacer para satisfacer sus necesidades.

Gente que no se cuestiona la veracidad o falsedad de lo que le ofrecen los políticos. Temen que, al cuestionarse y cuestionar si es posible cumplir o no las promesas de sus candidatos, los obligue a reconocer la realidad que no siempre agrada a la mayoría, porque los fuerza a enfrentar el engaño que tristemente ha sostenido sus vidas. La verdad no siempre es popular, porque reclama, una vez reconocida, ser obedecida. De lo contrario, no habrá excusas que expliquen sus fracasos, y tendrán que aceptar que éstos son el resultado de sus decisiones basadas en mentiras.

Populista es todo aquel que le dice al pueblo, a las masas, lo que quieren escuchar, no lo que deben saber. Que se aprovechan de la pereza intelectual de la gente, que quiere oír que alguien más es culpable de su situación y que otra persona se hará cargo de ellos cuando llegue al ejercicio del poder. Y con gusto, el populista asumirá el papel de salvador. Total, al populista no le interesa la verdad, lo que le importa es ser popular. Lo que le interesa es llegar a gobernar, preferiblemente sin límites.

Según el politólogo español, Eduardo Fernández Luiña, el populismo es una estrategia para concentrar poder político, propio de la naturaleza de la democracia, que responde a los intereses de una minoría política organizada. Por supuesto, necesita de líderes carismáticos que sepan endulzar los oídos de los electores y convencerlos para que voten por él y por su propuesta. Para germinar la semilla del populismo, necesita de un ambiente de descontento generalizado en la población. Sin duda, Edu describe bien la situación que vivimos hoy en Guatemala a las puertas de una nueva elección. ¿Qué irá a pasar? Dependerá de nosotros y de que no nos dejemos engañar.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 8 de octubre de 2018.

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10.01.2018

Las recetas de la miseria





Recetas que enferman la moral productiva de los miembros de la sociedad. No se necesitan políticas para incentivar ninguna actividad productiva. Lo que necesitamos es que NO estorben la creación de riqueza, en cualquier actividad, con impuestos directos, préstamos a los gobernantes e intervención gubernamental, que son las recetas favoritas de los principales cocineros de la pobreza: los burócratas de los organismos supranacionales.

Según Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, en países altamente vulnerables a desastres naturales, como es el caso de nuestro país, la cultura de la gestión de riesgo es la única manera de asegurar el progreso. No obstante, lo que Arias no se da cuenta, o no le conviene reconocer, es que uno de los principales riesgos que corremos los guatemaltecos son burócratas como ella y sus recetas que obstaculizan la creación de riqueza.

Que mejor ejemplo de lo anterior que Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que le encanta visitar Guatemala para ofrecerles un negocio redondo a nuestros gobernantes: más préstamos que ellos van a recibir y  nosotros, los tributarios, tendremos que pagar. Por supuesto, la venta de la idea a los que seremos endeudados está disfrazada de buenas intenciones y declaraciones como la siguiente: “Lo que nos interesa es apoyar al pueblo de Guatemala en la erradicación de la pobreza, en la promoción de la prosperidad compartida y en el combate a la vulnerabilidad”.

Lo que el señor Familiar omite es que una buena parte de esos préstamos se la quedan ellos por medio de “estudios, consultorías, evaluaciones…” y cualquier cosa que se les ocurra que les permita apropiarse de una tajada del préstamo. Por supuesto, la mayoría del dinero es dilapidada y el resto termina en los bolsillos de los funcionarios del gobierno que estén a cargo de ejecutarlos y, probablemente, algunos familiares o amigos suyos. En fin, todo queda dentro de la familia burocrática, nacional y supranacional.

La “vulnerabilidad y la pobreza” NO son consecuencia de la falta de una política de prevención de riesgos y desastres, como, convenientemente, creen los burócratas de la ONU y otras organizaciones estatales supranacionales. Y nuestra verdadera vulnerabilidad es el poder casi ilimitado que gozan nuestros gobernantes para impedir el progreso, más allá de los discursos políticamente correctos y bienintencionados. Poder que usan para violentar nuestros derechos, endeudarnos y enriquecerse ellos a costa de nosotros. Es esa vulnerabilidad la que debemos acabar para poder prosperar.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 1 de octubre de 2018.

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9.24.2018

CC: dos contra tres



El viernes por la tarde, la Presidente de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa, presentó su voto razonado disidente sobre la ampliación del amparo solicitado por Alfonso Carrillo en contra de la decisión de Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país. Tanto Ochoa como el magistrado Neftaly Aldana votaron en contra de la decisión mayoritaria del resto de magistrados.

Aldana razonó, entre otras cosas, que la naturaleza del amparo provisional presenta una fundamental diferencia con la resolución de fondo y no ofrece la posibilidad, conforme a sus aspectos esenciales, de resolver acerca de puntos que corresponden a la sentencia definitiva sobre la cual el tribunal deberá pronunciarse más adelante. ¿Debemos entender, entonces, que el fondo de la resolución es si Velásquez puede o no entrar a Guatemala? Me queda claro que, según la interpretación del magistrado Aldana, la respuesta a esta pregunta será, precisamente, la decisión inapelable que deberá ser emitida al finalizar el proceso.

El voto razonado de Dina Ochoa, comienza recordando una cita del exPresidente de la República y exmagistrado de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre: “la Corte, con métodos jurídicos, se ocupa de la política, pero no hace política”, para enfatizar que los magistrados no son actores políticos y, por ende, no tienen más que velar por el compromiso de hacer respetar la Constitución. Ochoa argumenta que la resolución del amparo provisional, no conlleva la necesidad de ampliar el fallo por el mero hecho de no conceder la totalidad expresa de requerimientos que formuló el sujeto que lo pidió y que en la redacción de la resolución original, queda evidenciado el carácter impersonal del auto, “circunstancia que no es una mera casualidad, sino el efecto que perseguimos al brindar una solución interina, dejando a salvo las negociaciones que de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo [de la CICIG] es la vía para dilucidar los conflictos entre las partes”.

La respuesta del gobierno, por medio de un comunicado, no se hizo esperar, una vez fueron notificados del resultado dividido de la ampliación al auto que originalmente fue unánime, según el cual “harán uso de las facultades y recursos que la ley les otorga para defender la Constitución”. Una respuesta para la cual no necesitamos mayor interpretación: no van a dejar entrar a Velásquez, y poco les importa lo que interpreten Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, sobre el auto dado a conocer el domingo 16 de septiembre. Obviando que, en nuestro nefasto sistema positivista, la última palabra se supone que la tiene la CC como ente colegiado, o sea, lo que decida la mayoría de los magistrados de la citada Corte.

El futuro cercano de nuestra institucionalidad queda en manos de la negociación a la que lleguen Jimmy Morales y Antonio Guterres en la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo. Y en el largo plazo, ese futuro está en las manos de nosotros, los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, y el cambio radical al sistema estatista/intervencionista, de incentivos perversos, que hoy impera en nuestro país.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 24 de septiembre de 2018.

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9.17.2018

¿Quién contra bando?




En estos tiempos de creciente incertidumbre en Guatemala, tiempos en los que observamos dos bandos enfrentados por el ejercicio del poder político, cuyos líderes se aprovechan de la justa indignación de muchos, unos por la corrupción y otros por las violaciones al debido proceso, ambas consecuencias, precisamente, del abuso de ese poder que, dentro del Estado Benefactor/Mercantilista, es casi ilimitado, no deja de sorprenderme que tanto tirios como troyanos, incluidos la mayoría de medios de comunicación, estén pidiendo más de lo mismo: más intervención gubernamental. Claro, en nombre del divino y todopoderoso Estado que todo lo puede otorgar, particularmente a los grupos de presión, a sus líderes y a los pícaros que actúan en su nombre.

Unos que recientemente solicitaron más burocracia estatal, son los representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, que pidieron al Ministerio Público la creación de una fiscalía especial que conozca los casos de contrabando y defraudación aduanera, pretendiendo asustar a los consumidores con la falacia de que las mercancías que ingresan de forma ilegal ponen en riesgo su salud. Puede ser que con algunos productos así sea, los cuales termina desechando el mismo mercado. Pero no es ese el caso de la mayor parte de esos bienes contrabandeados, o sea importados, que permiten a nuestros compatriotas de recursos más escasos satisfacer sus necesidades. Si fuera lo contrario, sin necesidad de la intervención de papá gobierno, ya hubieran dejado de comprarlos.

Con más burocracia no se arregla el problema, se complica aún más. Además, ¿cuál es el crimen? ¿Las personas libremente intercambiando? ¿La gente decidiendo a quién comprarle? ¿Oferentes informales que satisfacen mejor las necesidades de los demandantes? Porque, dejémoslo claro, NADIE obliga a nadie a comprarles a los contrabandistas. Por el contrario, los quieren obligar a NO adquirir los bienes que ellos les ofrecen.

Esa vieja idea de que puede existir un mercado intervenido, regulado por los gobernantes para asegurar la ¿libre competencia? es un oxímoron evidente para quienes entendemos el mercado: el proceso donde las personas, de manera voluntaria (o sea, sin la mediación coactiva de ningún tercero), intercambian los unos con los otros. Cada quien persiguiendo sus propios intereses y a la espera de ganar sin dañar a nadie en el proceso. Más aún, ganando ambas partes. Y, sin buscarlo, de esa manera beneficiando al resto de la sociedad al contribuir a la asignación eficiente de los recursos escasos.

Ese deseo de controlar las vidas y las pertenencias de los demás la entiendo viniendo de los políticos. Pero cuando la propuesta viene del sector privado, que debería cerrar filas con aquellos que exigimos al gobierno que se dedique únicamente a sus funciones primordiales, seguridad y justicia, me decepciona. El colmo es que el tributario va a terminar pagando por la nueva burocracia innecesaria. El contrabando es el comercio internacional ilegítimamente criminalizado. Cuando sea más caro ser contrabandista que vender legalmente su producto entonces sí va a acabar el contrabando. Y esto solo va a suceder cuando no existan las aduanas ni los obstáculos al libre intercambio en general.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 17 de septiembre de 2018.

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9.10.2018

Juicio sin ante



Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.


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