Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

12.11.2017

¿Cómo limitar el poder?



Es la pregunta más importante que nos debemos hacer, si queremos vivir en una sociedad donde todos, a partir de nuestros objetivos personales y esfuerzo propio, podamos prosperar. Sólo limitando el poder que gozan quienes lo ejercen, a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno podemos acabar con la corrupción. Sólo limitando el poder podemos convivir en paz con los demás y progresar.

Es irónico que en Guatemala el gobierno sea débil en el cumplimiento de sus obligaciones, dar seguridad y velar porque haya justicia; pero inmensamente poderoso en funciones que no le corresponden, lo que facilita el abuso del poder. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. No es el gobernante responsable, ni debe serlo actuando en nombre del abstracto Estado, de satisfacer los gustos, deseos y demandas de los individuos y los grupos de presión. Que algunos quieran que alguien más les provea sus necesidades, no hace de ésta exigencia una obligación de los gobernantes.

¿Cómo lograr que aquellos que detentan el poder lo limiten? ¿Cómo quitarles el poder innecesario que les hemos otorgado? Exigiendo al Congreso la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más poder discrecional y arbitrario. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención caprichosa de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Como bien lo explicó el político estadounidense James F. Byrnes (quien ejerció como diputado, senador, juez de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de Estado y gobernador) al describir lo que le sucede a la mayoría de quienes gobiernan con pocos límites: “El poder intoxica a los hombres. Cuando un hombre está intoxicado por el alcohol, puede recuperarse, pero cuando está intoxicado por el poder, rara vez se recupera”.

¿Por qué es importante que el ejercicio del poder sea temporal, y ese tiempo racional y prudentemente limitado? Por el peligro de que aquellos que ejercen el poder terminen enamorándose de este y convirtiéndose en dictadores, una amenaza permanente, en particular en países donde los atributos de una república son pocos y prevalece, por otro lado, la democracia, como es el caso de muchos naciones latinoamericanas.

Recordemos el sabio consejo que dio John Adams en Notes for an Oration at Braintree en la primavera de 1772: “Hay un peligro de todos los hombres. La única máxima de un gobierno libre debería ser no confiar en ningún hombre que viva con poder para poner en peligro la libertad pública”. El límite al poder del gobernante debe ser el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, con excepción de aquellos que violenten los derechos de otros y al iniciar el uso de la fuerza contra alguien más, renuncian a sus propios derechos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de diciembre de 2017.

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12.04.2017

Celebración patética



El jueves pasado, 30 de noviembre, me encontraba alrededor de las doce y media de la tarde comentando con Jorge Jacobs en nuestro programa radial, “Todo a Pulmón”, las noticias del día, cuando nos avisaron que se había suspendido la sesión en el Congreso en la cual debían aprobar en tercera lectura el Presupuesto General de malgasto y despilfarro del Estado para el próximo año. Ambos celebramos tal hecho, conscientes de que la propuesta del gobierno para 2018 era la más absurda que habíamos visto en toda nuestra vida. Absurdo que, tristemente, crece año con año.

Era tan absurda la propuesta presupuestaria que, por primera vez que yo recuerde, hasta organizaciones estatistas e intervencionistas se pronunciaron en  contra de ésta. Un presupuesto que, si hubiera sido aprobado por el Congreso, hubiera acabado con las pocas esperanzas de muchos emprendedores de recuperar el año entrante parte de lo que hemos perdido en los últimos dos años. Por supuesto, que si se hubiese aprobado, lo hubieran celebrado un montón de corruptos que soñaban con la piñata de 2018.

No obstante la felicidad que me embargaba, a los pocos minutos de haber celebrado la suspensión de la sesión plenaria en el Congreso, me di cuenta de lo patética que era nuestra celebración. Poco me duró la euforia. Al final, el presupuesto de este 2017, que seguirá vigente en 2018, es también un absurdo casi catastrófico. ¡Qué triste celebración! La celebración de que nos libramos de un mal mayor pero, igual, podemos esperar un mal para el próximo año.

Lamentablemente, hemos llegado a este paradójico estado, en el cual celebramos la prevalencia de un mal menor, pero siempre un mal, porque pareciera que no tenemos forma de presionar, pacífica y legítimamente, a los politiqueros que ejercen el poder. Que seguirán haciendo lo que se les antoje a ellos y a los miembros más influyentes de los grupos de presión que, sin pena alguna, violan los derechos de los otros para reclamar privilegios que fácilmente les otorgan los gobernantes. Total, para eso sirve en la realidad el poder casi sin límites que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista a quienes lo ejercen.

¿Y todo por qué? Por todos aquellos que se dejan embaucar por las promesas populistas de quienes quieren llegar al ejercicio del poder. ¿Por qué aceptan ser esclavos de tal engaño? ¿A qué le temen? ¿Tienen miedo a ser libres y decidir sobre su vida? ¿Cuántos prefieren morir engañados a enfrentar sus miedos? ¿Qué necesitan para liberarse?

Ojalá superemos la sentencia de Carl Sagan, según la cual "una de las lecciones más tristes de la historia es que si hemos sido engañados por tiempo suficiente, tendemos a rechazar cualquier evidencia del engaño. Ya no estamos interesados en descubrir la verdad. El engaño nos ha capturado. Es demasiado doloroso reconocer, incluso para nosotros mismos, que nos han tomado el pelo. Una vez que le das a un charlatán poder sobre ti, casi nunca lo recuperas". Patético. Rompamos esas cadenas y cambiemos nuestro futuro para bien.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de diciembre de 2017.

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11.27.2017

Desigualdad: pobreza y corrupción



Tanto la pobreza como la corrupción, junto con otros muchos males, son consecuencia de la desigualdad. Pero no de la desigualdad económica como algunos repiten irresponsablemente desde tiempos de Karl Marx. La pobreza y la corrupción son consecuencias de la desigualdad ante la ley, cuando ésta pierde su razón de ser y se convierte en un medio para otorgar privilegios a unos a costa de los otros.

Sé que reconocer lo anterior es ir en contra de la idea predominante en el mainstream intelectual, que apoya esa desigualdad ante la ley para buscar la igualdad en las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, yo elijo ser políticamente incorrecta, porque lo que me interesa es estar en lo correcto: que los juicios que emita sean verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad. Total, si nos vamos a dejar guiar por las opiniones de los demás, ¿qué sentido tiene tener opiniones propias?

Quienes hoy sufren los estragos de la miseria, irónicamente, están sufriendo más “por las buenas personas que quieren preocuparse por los negocios de otros hombres que por las malas personas que están dispuestas a dejar que todos se preocupen por sus propios asuntos individuales”, como declaró Clarence Darrow, en su discurso de 1908 a los miembros de la Liga de la Libertad Personal. Hecho que podemos corroborar con sólo ver los resultados trágicos que el intervencionismo en búsqueda de la igualdad económica ha provocado.

El origen de la pobreza NO es la desigualdad per se. La desigualdad es propia de nuestra naturaleza. No existen dos personas idénticas. Todo ser humano es único e irrepetible: un fin en sí mismo. Respetarnos implica reconocer que cada quién es libre de elegir su proyecto de vida y, además, es responsable de realizarlo. Y es en esa diversidad de individuos y de elecciones en donde encontramos el origen del progreso de nuestra especie. Lamentablemente, quienes pretenden acabar con tal desigualdad, que entre otras cosas se refleja en la consecuente diferencia en ingresos, promueven medidas estatistas que obstaculizan la creación de riqueza que permite la mejora en la calidad de vida de todos. En fin, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Y la ironía de lo anterior es que con esas medidas que invocan la intervención del omnipotente, Estado, terminan favoreciendo a los gobernantes otorgándoles poderes casi ilimitados. Poder que utilizan para favorecer a amigos o extorsionar a la gente productiva y creadora de riqueza. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los políticos como pretenden algunos que creamos. El origen de la corrupción es ese PODER que gozan dentro del Estado Benefactor/Mercantilista aquellos que llegan a su ejercicio.

“El hombre verdaderamente educado es ese individuo raro que puede separar la realidad de la ilusión”. Eduquémonos y ayudemos a otros en ese proceso. Demos la batalla de las ideas, previamente aclarando las propias, para que cambiemos efectivamente lo que debemos cambiar, si es que nuestro objetivo es superar la pobreza, acabar con la corrupción y progresar.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de noviembre de 2017.

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11.20.2017

Extorsión del fiambre al tamal



Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.

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11.13.2017

In memoriam: Ludvin Tiul



Es poco lo que se puede decir sobre la corta vida de Ludvin Bernal Tiul Chacach, un niño que murió en inhumanas circunstancias con apenas 4 años de edad, a causa de la indulgencia de los gobernantes con los delitos anunciados ¡y perpetrados! por los dirigentes de la organización criminal CODECA. No obstante, de su muerte lamentablemente podemos decir mucho. Muerte que no debe pasar inadvertida.

Sin duda, Ludvin sufrió en esos pocos años que vivió, debido a que padecía de cáncer en los huesos. Probablemente iba a morir pronto, pero no merecía una muerte miserable dentro de un bus a causa de las medidas de hecho toleradas por los gobernantes.  Violaciones llevadas a cabo por integrantes del mencionado Comité, cuyos líderes mienten al decir que promueven el desarrollo de los campesinos indígenas, cuando en la realidad son unos los principales enemigos del progreso en nuestro país.

Los líderes de CODECA son los principales responsables de la desgraciada muerte de Ludvin Tiul. Y también son responsables de que Carlos René Pineda Sosa, atropellara accidentalmente a Vicente Calderón, al perder la paciencia después de horas de estar detenido a la fuerza por la gente de CODECA e intentar sortear el bloqueo. Pineda se hizo responsable de su acción y se está haciendo cargo de la salud de Calderón, además de que se comprometió a indemnizarlo y mantenerlo económicamente el tiempo que no pueda trabajar.

Calderón confesó a Pineda y a sus abogados que participó en el bloqueo debido a las extorsiones de los dirigentes de CODECA. Los criminales que dirigen esta organización, amenazan a la gente de que si no participan en las medidas de hecho que promueven, les van a cortar la energía eléctrica que les venden. La ironía del caso, es que esa energía eléctrica la roban los integrantes de CODECA. ¿Hasta cuándo va a continuar el gobierno ignorando estas violaciones flagrantes?

“Viajar al extranjero, como viajar dentro del país, puede ser necesario para ganarse la vida. Puede estar tan cerca del corazón del individuo como la elección de lo que se come, o se usa, o se lee. La libertad de movimiento es básica en nuestro esquema de valores”. La anterior es una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en 1958 en el caso de Kent versus Dulles, lo cual es válido para toda persona en cualquier lugar. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros.

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Manifestar es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos como el de Ludvin Tiul y de Vicente Calderón, pone en peligro la vida de otros. Evitemos más tragedias. No más consideraciones con los delincuentes y los criminales. El gobierno DEBE evitar los bloqueos y castigar las violaciones a los derechos de los demás.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de noviembre de 2017.

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11.06.2017

Facebook, un negocio más




Y, como cualquier otra empresa exitosa, es producto del ingenio de un creador que hizo el esfuerzo mental y físico por alcanzar sus objetivos. Un empresario que se arriesgó y triunfó. Un genio que innovó radicalmente la manera de comunicarnos y de relacionarnos en el siglo veintiuno. Un hombre cuyo nombre es mundialmente conocido: Mark Zuckerberg.

Facebook es un servicio como cualquier otro, y sus creadores y propietarios tienen el mismo derecho que tenemos todos de obtener ganancias de nuestros negocios. En el caso de Facebook su sobrevivencia y éxito dependen de sus anunciantes, como también es el caso en la mayoría de los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales. Pero, como sucede a menudo, hay gente que cree que otros deben trabajar para ellos y sus fines sin cobrarles: pretenden que los bienes y/o servicios que provean no tengan ningún costo para ellos.

Estos oportunistas, que suelen en muchas ocasiones vivir muy bien a costa de alguien más, desprecian los principios básicos de convivencia pacífica, en especial el respeto a la propiedad privada de los medios de producción, ya sea intelectual o material. Consideran que el justo intercambio voluntario entre dos o más personas debe ser regulado. En otras palabras, que los gobernantes, en nombre del Estado, controlen el mercado: que regulen la competencia (de ideas y de bienes), que ordenen a los empresarios qué producir y a los consumidores qué consumir. No les conviene reconocer que cuando la cooperación es una realidad, o sea que es libre, todos los participantes en el proceso ganan.

En el caso específico de la batalla de las ideas, que incluye la lucha contra la corrupción, algunos consideran que unos tienen la obligación de apoyar a otros a difundir sus opiniones. Los más descarados llegan a promover legislación que obligue a los propietarios de los medios a financiarlos, aun cuando las ideas que éstos sostienen no sean compartidas por quienes serían obligados a difundirlas.

La batalla de las ideas debe ser pacífica: por medio de la persuasión. Ojalá ganara quien prueba la veracidad de sus juicios y no aquel que es más eficiente para manipular emotivamente a los demás. Pero, al final, son las personas interesadas en progresar y ser felices quienes tienen la última palabra. Todos somos libres de expresarnos, pero nadie tiene la obligación de financiarnos. Hoy, precisamente gracias a creadores como Zuckerberg, todo individuo que quiera compartir con otros sus pensamientos, creencias, emociones, elecciones… lo puede hacer sin mayor costo, más que su tiempo.

Como usuaria de Facebook, la creación de la sección para explorar en la cual ahora encuentro las páginas que sigo, me parece fabulosa: me facilita enfocarme en la búsqueda de conocimiento. Como usuaria de una página pública significa que, si quiero que aquellos que no consultan la sección de explorar lean mis artículos, tendré que pagar una mínima cuota para que lo hagan. Por años tuvimos sin costo este servicio. Y justo es que, quien quiere celeste, que le cueste.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de noviembre de 2017.

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10.30.2017

¿Cuál pena de muerte es condenada a morir?



Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad condenaron a morir a la pena de muerte con su decisión de declarar parcialmente inconstitucionales cinco artículos del Código Penal y dos artículos de la Ley Contra la Narcoactividad. Al menos, la inhabilitaron en su aplicación FORMAL, dentro de un marco de legalidad. Lo que promoverá, como es de esperar en el estado actual de ingobernabilidad en Guatemala, más linchamientos: o sea, la aplicación INFORMAL de la pena de muerte, sin debido proceso y por cualquier delito o crimen.

A los mencionados magistrados, como a muchos abogados, les preocupa la modernización de la legislación y, al parecer, poco les importa la justicia y menos las consecuencias de sus decisiones que falsean la realidad. Su principal objetivo es complacer a grupos de presión de derechos humanos y apoyar sus agendas políticamente correctas. Es lamentable que muchos abogados del país son incapaces de usar su juicio propio y prefieren practicar la epistemología del loro: repiten las consignas positivistas de moda y olvidan, o tal vez nunca conocieron, la naturaleza del derecho y menos la del gobierno.

La pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique, después de que haya sido plenamente probada la culpabilidad del acusado: que no existe ninguna duda razonable de que es responsable de una violación irreparable a la víctima. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral. Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso: en los linchamientos que abundan en nuestro país.

Entiendo que les preocupe que se pueda condenar a morir a un inocente, pero no que prefieran que terroristas, asesinos en serie, psicópatas… cuyos crímenes hayan sido probados, sean condenados a cadena perpetua, que no es otra cosa que obligar a los tributarios a que los mantengan de por vida. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece con la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia.

La razón de ser del debido proceso es para que, en la búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en el acusado, lo que es iluso creer que se da dentro del contexto de los linchamientos. La pena de muerte en la informalidad nunca la podrán abolir. Lo que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos.

Necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con las arbitrariedades, el abuso de poder y la corrupción, pero no para estar a la moda de la modernización, sino para construir un verdadero estado de Derecho que nos permita convivir en paz.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de octubre de 2017.

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