Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.08.2016

No está la virgen para tafetanes



Ni los tributarios estamos para pagar más impuestos y permitir que nuestros mandatarios nos sigan endeudando. Tampoco está la mayoría de habitantes de Guatemala en condición de aceptar con resignación los errores de los nuevos gobernantes, los nuevos diputados y los viejos jueces. Es increíble que haya alguien que abogue por darles una tregua a quienes tomaron posesión de sus cargos el pasado 14 de enero, cuando vemos que recurren a las mismas artimañas de aquellos que los precedieron.
                                                  
A los ciudadanos productivos, los que pagamos los platos rotos de otros, no nos conviene bajo ningún punto de vista objetivo hacernos los locos y falsear la realidad mientras vemos a los mandatarios de hoy cometer los mismos errores que cometieron ayer sus antecesores, quienes terminaron presos por corruptos. Y todo por la absurda idea de que hay que dar a los gobernantes recién estrenados un tiempo de espera para que se equivoquen creyendo, ingenuamente, que van a corregir sus metidas de pata y que en el proceso van a aprender lo que se supone ya saben: cuáles son sus obligaciones y cuál es el mandato que les hemos dado los mandantes.

Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, hemos visto más shows que acción racional dirigida a cambiar la miserable situación que enfrentan muchos. Más les vale despertar a los privilegiados y a los despistados que no se han enterado del polvorín sobre el cual se encuentran sentados. Una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, cuyas consecuencias no me atrevo a estimar.

En el Legislativo, Mario Taracena poco ha hecho después de denunciar la costosa e innecesaria burocracia del poder bajo su cargo, con unos pocos puestos de trabajo justificables pero ineficientes casi en su totalidad. Veremos qué pasa con las reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Espero que la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, cumpla con su deber e interponga las denuncias necesarias para declarar lesivos e ilegales los pactos colectivos, y que los expresidentes del Congreso responsables de semejante abuso paguen por sus actos contrarios al bienestar de quienes los mantenemos: nosotros, los tributarios.

Por otro lado, Jimmy Morales  parece que no se ha dado cuenta de que la campaña política terminó, y que el azar y las circunstancias que enfrentamos el año pasado lo hicieron ganador del codiciado puesto de primer MANDATARIO de la nación. No emperador ni payaso de turno. Y su mandato primordial está claramente expresado en los artículos primero y segundo de nuestra Constitución: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Así como la virgen no está para tafetanes, el mandante no está para seguir aceptando los excesos, el oportunismo y las equivocaciones de los gobernantes.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de febrero de 2016.

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2.01.2016

Justicia para Anaité



Y para todos los inocentes que se encuentran presos, víctimas de abogados y jueces corruptos que abusan de la poca institucionalidad que hay en Guatemala, que se aprovechan del sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro país para violentar los derechos individuales de miles, en particular el derecho al debido proceso, privándolos de su libertad y poniendo en riesgo su vida misma.
                                                            
Puedo citar varios artículos de nuestra Constitución que nos aseguran a todos ese derecho al debido proceso, pero me voy a enfocar hoy en dos: el artículo 12 que dice: “Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”; y el artículo 14 que reza: “Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

En el caso de Anaité Alvarado Sánchez, quien se encuentra injustamente presa, se ha violentado descaradamente el derecho al debido proceso, entre otros derechos, ya que la juez Julia Rivera del juzgado 4to. de primera instancia penal la ¿sentenció?, sin una sola prueba en su contra, a guardar cárcel por los delitos de los cuales se acusan a otras personas, bajo la excusa de que puede influir a los acusados. Absurdo. La Ley también aplica a los jueces que no actúan en base a derecho, y en su momento, la juez mencionada tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones.

Si Roberto Montano y la otra persona son responsables de los delitos de los que se les acusa no es un tema que a mí me compete. Montano y su empleado deberán responder de tales acusaciones. Pero nadie más: ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni las que han sido sus esposas. Sin embargo, la actitud de los demandantes responde a la idea de buscar quién se las paga y no quién se las debe. Pretenden hacer justicia cometiendo una injusticia. Tal es el caso de Anaité, a quien tienen como rehén bajo la amenaza de que si no aparece Roberto Montano y el dinero que le reclaman, la dejarán presa. ¿Con qué autoridad? ¿Qué les permite creer que se pueden salir con la suya? Los delitos de los cuales acusan a Montano palidecen al lado del crimen que ellos cometen.

Entre los abogados que representan a los que se consideran afectados por las acciones de Montano, se encuentra Frank Trujillo, hermano del célebre Héctor que hoy se encuentra detenido en EE. UU. por el caso de corrupción en la FIFA. Me cuentan colegas suyos que tiene una fama similar a la del hermano y que al parecer eso le afecta poco. Lo lamentable en la canallada contra Anaité, es la participación de abogados que navegan con la bandera de correctos, que no son nada más que sepulcros blanqueados. Esta tragedia nos muestra que cualquiera en Guatemala, aunque no sea culpable de lo que se le acusa, puede ir preso. Hoy es Anaité, mañana puede ser usted.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de febrero de 2016.

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1.25.2016

¿Corrupto y ladrón?



La respuesta a esta pregunta la dará Jimmy Morales con hechos, no con palabras ni con buenas intenciones, que en la mayoría de los casos sólo sirven para empedrar el camino al infierno de muchos que están a punto de llegar a una situación económica crítica en sus vidas. No se diga los condenados a la pobreza que, al menos hoy en Guatemala, no tienen opción para salir de la miseria en la cual viven. Serán las decisiones que Morales tome las que revelen sus verdaderas intenciones y la de los miembros de su equipo.
                                                 
Y a nosotros, los ciudadanos, no nos conviene bajo ningún punto de vista objetivo hacernos los locos y falsear la realidad mientras vemos a Morales y a su gente cometer los mismos errores que cometieron sus antecesores que, por cierto, ahora se encuentran presos. Y todo por la absurda idea de que hay que darles a los gobernantes recién estrenados un tiempo de espera para que se equivoquen, para que tal vez corrijan sus metidas de pata y para que aprendan lo que se supone ya saben: cuáles son sus obligaciones y cuál es el mandato que les han dado los mandantes.

Lamentablemente, parece que Jimmy comenzó a caminar con el pie equivocado. La semana pasada, en una actividad organizada por AmCham, anunció que solicitará cambios al ya de por sí ominoso presupuesto, cambios que incluyen aumentos en educación y salud (dos ministerios, que junto con el de comunicaciones, constituyen la trinca infernal de la corrupción) y que no le interesa la austeridad (contradiciendo al ministro de Finanzas) si no la calidad del gasto. Lo mismo que han dicho por décadas los corruptos que han llegado al ejercicio del poder.

Para colmo de males, Héctor Estrada, ministro de Finanzas, confirmó que en unos días pretenden emitir más bonos (o sea, más deuda para los tributarios), y el vicepresidente Jafeth Cabrera pretende declarar estado de calamidad en salud para disponer sin controles de nuestros impuestos. Señores, si el problema NO ES de ingresos fiscales. El problema son los egresos, o sea, la corrupción a la cual parece que no están interesados en combatir.

Por otro lado, Sherry Ordoñez, la controversial ministra de Comunicaciones por ser contratista del Estado, intenta escaparse por la tangente y quedarse con su hueso sacando de contexto su situación. Por supuesto que no es pecado ser contratista del Estado: es un delito en el caso de los funcionarios estatales porque está explícitamente prohibido en nuestra legislación. Motivo por el cual, quiera o no Sherry, Jimmy ya la debió haber destituido.

¿Qué puedo decir de otros ministros? Puedo, por ejemplo, preguntarle al ministro de Salud por qué decidió incluir en su equipo a gente cuestionada que trabajó en el gobierno de Otto Pérez Molina bajo las órdenes del Jorge Villavicencio y su sucesor Monterroso. ¿Este hecho indica que no solo son más de lo mismo, sino que, al fin, son los mismos que ya nos defraudaron en la corrupta administración anterior? Repito: hechos, no palabras. Basta de promesas y engaños.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de enero de 2016. La imagen la bajé de la Internet.

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1.18.2016

La coronación de Jimmy



A la ceremonia de toma de posesión de Jimmy Morales como primer mandatario, que más parece una coronación que un acto republicano de traspaso de mando, asistieron poderosos miembros de varios gobiernos de otros países, entre ellos Joe Biden, vicepresidente de EE. UU., y Rafael Correa, presidente de Ecuador, que incluyó en su agenda una visita a Otto Pérez Molina a la cárcel, otrora brigada militar, Mariscal Zavala.

Tal y como era la costumbre en el antiguo régimen (y lo sigue siendo en el caso de las monarquías actuales), aquellos que ejercen el poder en otras sociedades tienen que solidarizarse con el ungido democráticamente y disfrutar de los actos protocolarios financiados por los agobiados tributarios que rara vez, por no decir nunca, son invitados al convite. Por supuesto hay gente de mentalidad servil que considera toda la parafernalia que rodea la investidura, algo necesario para... ¿Para qué? Pienso que detrás de tal mentalidad se oculta un complejo de inferioridad que pretenden disimular defendiendo la hipocresía y el despilfarro que prevalecen en estos actos.

Pero, enfocándome en lo importante, el cambio de mando, y lo que podemos esperar del nuevo gobierno, siendo objetiva (evaluando los hechos de la realidad y no el discurso de Morales del pasado 14 de enero), quiero señalar ciertos temas que muchos, cegados por la esperanza que resurge cuando inicia un período de gobierno, prefieren ignorar. Primero quiero mencionar quiénes son los que van a trabajar con Morales en el Organismo Ejecutivo. Lamentablemente, incluyó en su equipo a una señora cuestionada por ser contratista del Estado (que ha vendido bienes y/o servicios a gobiernos anteriores) lo cual genera, como es lógico, serias dudas acerca de cómo va a distribuir los miles de millones de quetzales de los tributarios que maneja el Ministerio de Comunicaciones, uno de los principales antros de corrupción desde tiempos inmemoriales.

Del resto, lo poco que se sabe es que la mayoría, sino todos, son una especie de estatistas light de derecha, que van a promover más de lo mismo, pero no tanto como lo harían los otros: los full estatistas de izquierda. Un grupo de burócratas que van a mantener levemente contentos a los miembros del establishment mercantilista y el de los promotores del Estado Benefactor. Reducirán algunos trámites, tal vez eliminen algunos obstáculos mínimos a la creación de riqueza y, seguro, otorgaran privilegios a los mismos de siempre. Nada más, mientras se prolonga la agonía de tantos que viven miserablemente en Guatemala.

También me preocupa la noticia publicada en el Financial Times de que una de las primeras acciones del nuevo mandatario será endeudar en 500 millones de dólares más a los tributarios. Pésima decisión: parece que prefiere recurrir a más deuda en lugar de combatir la corrupción. ¿Se niegan a reconocer que el problema del gobierno son los egresos y no los ingresos fiscales? En fin, ojalá me equivoque: no quisiera que esta fuera otra década perdida más.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de enero de 2016. En la foto, se ven al anterior rey de España, Juan Carlos I y a Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala.

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1.11.2016

El peor de los salarios

"...el mejor programa social es un trabajo", Ronald Reagan.


El peor de los salarios es el salario cero. Nada. Ninguno. El escenario al cual se enfrentan los más pobres que, además, no consiguen trabajo. No tienen ingresos ni siquiera para comprar frijoles y un muñeco de tortillas que les permita alimentarse. Ese es el salario al cual condenan a muchos aquellos que se dedican a promover medidas que obstaculizan la inversión de capital creadora de fuentes de trabajo productivo. Un salario mínimo sustituye los salarios bajos por el desempleo. El salario mínimo empobrece a los más pobres.

No se puede imponer el progreso y la mejora en la calidad de vida de las personas. Al contrario, decretos del Congreso o acuerdos gubernativos que violan los derechos individuales (y tal es el caso de toda normativa cuyo objetivo es intervenir las decisiones libres de la gente) lo impiden. Y esto lo saben los políticos, los miembros de los grupos de presión y los burócratas de entes estatales, nacionales e internacionales, que viven del discurso falso de la defensa de los derechos humanos, a sabiendas de que lo que justifica sus altos ingresos es la miseria en la cual viven tantos. En otras palabras: les conviene que hayan pobres, y entre más hayan mejor será para ellos.

Repito: los ingresos reales no aumentan por orden del gobernante. Pueden aumentar los nominales para algunos, pero en el largo plazo bajan los ingresos reales de todos. No se diga los ingresos de quienes se quedan sin trabajo o los de quienes no encuentran un empleo productivo. Si queremos mejorar nuestra calidad de vida, debemos presionar a nuestros mandatarios para que eliminen los obstáculos que nos impiden transformar los recursos en riqueza, comenzando por los impuestos directos y los salarios mínimos.

La mayoría de empresarios, los verdaderos empresarios no los privilegiados mercantilistas, son pobres. Pagan lo que pueden. Cada vez que aumentan el salario mínimo o decretan más impuestos, se ven en la necesidad de reducir personal para poder subsistir hasta donde puedan. Y siempre habrá quién no le quede otra opción que cerrar, si es que acaso no logró trasladarse exitosamente a la economía informal, o sea, a trabajar (con los riesgos que eso implica) al margen del sistema opresor formal. Y me falta mencionar al casi inexistente capital (que en lugar de venir se va), necesario para transformar los recursos en riqueza. Ausencia de inversión debida a la expoliación, el ataque constante al agonizante derecho a la propiedad privada y a la falta de respeto al debido proceso.

Es importante tener presente que la situación que hoy vivimos es consecuencia del sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala desde hace 70 años: el Estado Benefactor/mercantilista. ¿Cuándo seremos los mandantes lo suficientemente poderosos para impulsar, pacíficamente, los cambios radicales que urgen? No lo sé. Sólo sé que para alcanzarlo debemos ser más, muchos más, quienes demos la batalla más importante en nuestras vidas: la batalla de las ideas.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de enero de 2016.

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1.04.2016

2016



Imaginemos cómo va a ser este año que recién comenzó hace unos días. Va a ser un período más complicado que el pasado 2015. Si esas complicaciones nos van a beneficiar o no en el largo plazo dependerá de nosotros. Las decisiones que tomemos van a influir más que en otras ocasiones en nuestro futuro, si es que decidimos seguir viviendo en Guatemala. Es vital que nos imaginemos a nosotros, a los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, como los protagonistas de la historia que vamos a escribir en conjunto. De lo contrario, digamos adiós a la posibilidad de progresar, la cual depende de cambiar lo que hay que cambiar urgentemente: el sistema político actual del Estado Benefactor/Mercantilista.

Espero que la incertidumbre que priva en lo que respecta a cómo va a ser el gobierno de Jimmy Morales y quiénes lo van a acompañar en el Ejecutivo, haga a la mayoría voltear la cabeza al que debe ser el poder del Estado más importante en el próximo período: el legislativo. Como ya lo hemos repetido varios hasta el cansancio, el deseo de muchos de vivir en una sociedad justa, donde todos seamos iguales ante la ley, pasa por un cambio radical de las normas que rigen nuestra convivencia. Y este hecho sólo se puede dar desde el Congreso. Por supuesto, será un reto titánico el que vamos a enfrentar, considerando que son pocos los diputados que podemos calificar como honestos, íntegros y con las ideas claras. Sin embargo, con el apoyo nuestro, esos pocos pueden hacer mucho por todos.

Debemos tomar en cuenta que la lucha contra la corrupción apenas empezó. Que la misma corrupción que corroe el sistema de justicia (como a todo el resto de la burocracia estatal) reclama de nosotros una presencia continua en los medios pacíficos con los cuales contamos, para presionar a los jueces, a los fiscales y a todos aquellos a cargo de presentar la evidencia necesaria que permita condenar a los que nos han robado por años sin violentar el derecho al debido proceso. El robo salta a la vista: solo falta que los responsables puedan armar correctamente los casos en contra de los acusados.

Contamos con las redes sociales y los avances continuos en los medios por los cuales podemos expresarnos y comunicarnos. La tecnología ha permitido que los ciudadanos estén mejor informados sobre lo que hacen sus mandatarios, lo que nos facilita ejercer como mandantes y nos permite convertirnos en actores en los asuntos políticos que nos conciernen, tanto a nivel local como global. Usemos los medios con los que hoy contamos para dar la batalla de las ideas, de la cual dependen nuestras condiciones de vida y las de nuestros seres queridos. Quisiera poder predecir el mañana, pero sé que eso es imposible: ni yo, ni nadie, cuenta con una bola de cristal para hacerlo. Lo que sí sé a ciencia cierta, es que ese mañana, hoy incierto, será el resultado de nuestras acciones presentes. Somos los amos de nuestro destino. Decidamos que éste sea productivo, memorable y feliz.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de enero de 2016.

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12.28.2015

Inocentes



El 28 de diciembre de cada año, es el día en el cual los cristianos occidentales decidieron, arbitrariamente, conmemorar la supuesta matanza de niños menores de 2 años ordenada, según el Evangelio de Mateo, por Herodes I, apodado El Grande. Como es el caso en la mayoría de creencias y celebraciones místicas y religiosas, no existe ninguna evidencia histórica ni arqueológica que sustente este crimen como un hecho que realmente se haya dado en la realidad. A lo más que han llegado algunos que han estudiado este tema es a decir que este asesinato en masa de infantes encajaría con el carácter brutal de Herodes I. Pero nada más, no hay ninguna evidencia que sustente el relato de Mateo.

A mí en lo particular, si acaso se hubiera dado este infanticidio colectivo, me parece algo horrendo conmemorarlo. A lo sumo pienso que habría que recordarlo para que aprendamos que, desde siempre, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, como afirmó Lord Acton. Y que por eso el poder del cual gozan los mandatarios (todavía conocidos como gobernantes) se debe restringir al cuidado de los derechos individuales de todos los miembros inocentes de la sociedad de la cual recibieron el mandato.

El juez Hugo L. Black, uno de los miembros más respetados de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., en su obra titulada “The bill of rights” (1960) apuntó lo siguiente: “El mal uso del poder del gobierno, sobre todo en momentos de estrés, ha traído sufrimiento a la humanidad en todos los tiempos, sobre los cuales tenemos historia auténtica. Algunos de los hombres más nobles y más importantes del mundo han sufrido la ignominia y la muerte sin haber cometido un crimen... Incluso en la iluminada Atenas hubo víctimas inocentes, como es el caso de Sócrates… Las llamas de las inquisiciones en todo el mundo nos han advertido que los gobernantes dotados de poder ilimitado, incluso los hombres bienintencionados… son peligrosos”. Coincido plenamente con el juez Black en lo aseverado en el párrafo citado.

Y, precisamente para asegurar el respeto a los derechos individuales de los inocentes (aquellas personas que respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás y asumen las obligaciones que les corresponde para reclamar el respeto de los propios), debemos reducir el poder que les otorgamos a los mandatarios al estrictamente necesario para que cumplan con sus funciones primordiales: dar seguridad y velar por que haya justicia.

Cualquier otra función que se les otorgue en nombre del abstracto Estado, por más loable que sea, solo abre la oportunidad para que aquellos que lleguen al ejercicio del poder violenten los derechos de quienes se lo otorgaron. Es darles el permiso legal para que cometan injusticias, sin importar en nombre de quién o de qué lo hagan. Bien dicen que la legalidad es una cuestión de poder más que de justicia, lo que ha permitido a lo largo abominaciones como la esclavitud. ¿Queremos vivir en paz? Limitemos el poder político.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de diciembre de 2015.

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