Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

8.21.2017

Hambre de progreso



No es el hambre de los burócratas, nacionales e internacionales, que utilizan el hambre de los demás, en particular el hambre de los más pobres, para saciar su apetito. Que se llenan la boca de las penas de los otros, jurando y perjurando que ellos tienen la solución a la lamentable situación en la que viven muchos. Esa original solución es hacer más de lo mismo que ha sido un fracaso para combatir la pobreza: aprobar más legislación estatista e intervencionista que otorgue a los gobernantes, y a los funcionarios estatales, más poder arbitrario del que ya tienen para quitarles una mayor tajada de sus ingresos a la gente productiva.

Por supuesto, venden su idea repitiendo la mentira que todavía muchos se tragan para alimentar su resentimiento: aseguran que serán los más ricos los sacrificados. ¿Cuál es la realidad? Que todos pagaremos, independientemente del patrimonio con el cual contemos, por la ingenuidad de quienes caen presas del engaño de estos bien pagados personajes que viven la buena vida a costa del hambre de los más pobres. Sí, porque esos pobres no van a lograr superar la pobreza con más despilfarro del dinero que le sea expoliado al legítimo creador de esa riqueza. Ese dinero que pudo ser parte del capital que hubiera servido para crear fuentes de trabajo productivo para aquellos que más lo necesitan: los que a duras penas juntan lo necesario para mal comer cada día.

Estos burócratas, que los hay de varias especies que comparten el gusto por la vida parasitaria, no sólo proponen más programas y legislación con la excusa de ayudar a los más pobres con el peculio de otros, sino que también obstaculizan la creación de riqueza por medio de regulaciones absurdas y contradictorias. Tal es el caso de la ley anticompetencia que tanto les interesa que se apruebe en Guatemala.

Es obvio, como lo han señalado muchos antes que yo, que una política de intervención del gobierno en un sistema comercial de libre mercado es una contradicción de términos. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia y/o el mercado es una contradicción.

En pleno siglo veintiuno de la era compartida, ya debería ser entendido que las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas, los agravan. No entiendo como todavía hoy tantos se alimentan del cuento de que un abstracto Estado les va a resolver la vida, cuando lo único que los gobernantes, en nombre de ese Estado deben hacer para proteger el bienestar y el progreso de la humanidad, es velar porque haya seguridad y justicia para todos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de agosto de 2017.

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8.14.2017

El linchamiento de Gloria



En un linchamiento virtual, las personas tienen la opción de levantarse de entre las cenizas, y renacer como lo hacía la mitológica ave fénix. En un linchamiento virtual, el acusado sólo muere si sucumbe a la agresión de aquellos que quieren acabarlo. El más reciente, y tal vez el más despiadado linchamiento en redes que yo he conocido, es el de Gloria Álvarez. Un exacerbado ataque falaz, promovido por un pequeño grupo de gente obsesionada con Gloria, del cual hicieron eco muchos incautos que se adelantaron al anunciar el fin de la conocida politóloga. ¡Ah! Y cuidado alguien se atreviera a levantar la voz en defensa de Gloria, porque también saldría trasquilado.

Los linchadores manipulados por los intoxicadores, agentes de la era de la posverdad, reclaman la cabeza del imputado, sin ningún juicio previo y sin el cumplimiento del debido proceso que permita probar, sin lugar a dudas, de que la persona señalada es culpable del delito o del crimen que se le atribuye. En la mayoría de los linchamientos, físicos y virtuales, ni siquiera se conoce a ciencia cierta si se cometió alguna falta. El único hecho comprobado es que alguien gritó “CULPABLE”, y que muchos de quiénes lo escucharon corrieron detrás del señalado, listos para quemarlo vivo.

Prevalece la reacción emocional, la identificación errónea de lo percibido, la irracionalidad. Se obvia la falta de evidencia: el imputado simboliza las frustraciones de aquellos que lo quieren linchar, con la vana esperanza de que así superaran sus infortunios. Olvidan los linchadores que la cólera, el resentimiento, el rencor… son sentimientos que a los primeros que destruye es a ellos mismos. Pero, ¿por qué se ensañan con Gloria? ¿Por qué los líderes de este linchamiento la detestan tanto? ¿O será que le temen? Y si lo anterior es cierto, ¿por qué le tienen miedo a alguien que consideran una especie de broma? ¿Quiénes ganan con la desaparición pública de Gloria Álvarez?

¿O acaso la envidian? La envidia, como explica Ayn Rand en “The age of envy”, es considerada por la mayoría de la gente como una emoción insignificante y superficial y, por lo tanto, sirve para ocultar una emoción tan inhumana que, quienes la sienten, rara vez se atreven a admitirlo, incluso a sí mismos. Esa emoción es el odio al bien por ser el bien. Este odio no es resentimiento contra alguna visión determinada del bien con la que uno no está de acuerdo. El odio al bien por ser el bien, significa odio a lo que uno considera bueno por su juicio propio, consciente o subconsciente. Significa odiar a una persona por poseer un valor o una virtud que uno considera deseable.

Con el pasar del tiempo se calman las aguas, pasa la tormenta y la mayoría se empieza a cuestionar. Y a ellos me dirijo hoy. Revisen sus premisas, investiguen los hechos y descubrirán que no hay ni una sola acusación en contra de Gloria Álvarez. Si la hubiera, yo no estaría compartiendo hoy con ustedes estas reflexiones. Seamos justos, y reconozcamos a cada quien lo que le corresponde. Gloria Álvarez no merece ser linchada. Yo no voy a ser parte de ningún linchamiento, aunque yo misma termine linchada por este atrevimiento.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de agosto de 2017.

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8.07.2017

Muerte, sin pena ni ley


¿De cuál pena de muerte piden su abolición los delegados de la CIDH? Porque, según yo sé, la legal hace años que no se aplica en Guatemala. Eso sí, la pena de muerte que es el pan diario de los guatemaltecos es la de los linchamientos, que no son otra cosa más que la aplicación informal de tal castigo, los cuales considero que es utópico pretender abolir, al menos por el momento. Más difícil será aún si, finalmente, acaban prohibiendo su  aplicación dentro del marco de la Ley.

Precisamente el día que se publicó este reclamo de los burócratas de la CIDH, en el mismo medio (Prensa Libre) venía una breve nota que informaba que alrededor de 100 vecinos lincharon a dos presuntos asaltantes en la ruta que comunica a Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla) con San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), un hecho terrible y lamentable, aunque los editores de los medios le den poca importancia. ¿Eran o no culpables los acusados? ¡Quién sabe! Nunca hubo un proceso legal en el cual se probara su culpabilidad.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, tal y como lo dije en mi artículo titulado “Sin duda razonable, pena de muerte” (Siglo Veintiuno, 29 de febrero de 2016), terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de sus vidas a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado) con el reto de mejorar nuestro sistema de justicia.

Una vez cumplamos con nuestra parte del trato, respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie, merecemos que se respeten nuestros derechos, incluido primordialmente nuestro derecho fundamental a la vida. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos y los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo, más allá de si es un disuasivo o no.

Es poco probable, por no decir imposible, que algún día lleguen a abolir plenamente la pena de muerte. Lo único que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar, sin duda razonable, la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos, lo cual se presta, en la mayoría de los casos, a cometer injusticias y convertir a las personas que participan en éstos en homicidas. Sé que la desesperación de muchos ante la inseguridad que reina reclama justicia, pero esta no se va a alcanzar si no es dentro de un marco de normas legítimas y legalmente sancionadas.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de agosto de 2017.

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