El suicidio político de Sandra Torres

No sólo es posible, es muy probable que Sandra Torres se haya suicidado. Aclaro, políticamente. Alguien con tan alto porcentaje de rechazo entre la población que sí vota, como es el caso de Torres, debiera ser en extremo sensata a la hora de actuar. Sin embargo, era de esperar que fuera víctima del hubris, por la emotividad que caracteriza a las personas de ego frágil, como es el caso de la mencionada candidata a Presidente del partido “Unidad Nacional de la Esperanza” (UNE).

Torres viene jugando con fuego desde tiempo atrás. ¡Cuántos cuestionamos la pasividad de la CICIG frente a la UNE y su principal figura pública, Sandra Torres! Cuando finalmente se animaron a presentar denuncias en el caso del Transurbano, para sorpresa de muchos, la señora Torres no fue ni mencionada. ¿Así de astuta fue como para no dejar rastros de sus acciones durante el gobierno de su exesposo, Álvaro Colom? Un gobierno en el cual ella mandaba, según lo cuentan quienes formaron parte de esa administración. Todavía no me trago el cuento de que es imposible probarle nada.

Luego, en febrero de este año, cuando presentan un nuevo caso en el cual sí se le menciona, ahora por financiamiento electoral ilícito, lo presentan absurdamente un día después de que ya Torres gozaba del privilegio del antejuicio. Ridículo. Un descuido, siendo benevolente con la Fiscal General Consuelo Porras, que nunca debió darse. Una denuncia que debió presentarse antes de que la acusada fuera protegida por una prerrogativa que a estas alturas no debiera existir para nadie.

Después, escuchamos el célebre audio en el que Torres y Gustavo Alejos, uno de los más notables corruptos presos, saboreaban el apoyo de 40 millones de quetzales que les ofreció un contratista del Estado de los que acumularon su fortuna negociando con los gobernantes. Uno más de los que justamente se encuentran en la cárcel. Era predecible la indignación de la mayoría al enterarnos de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denegaron la solicitud que hiciera el Ministerio Público (MP) para retirarle la inmunidad que adquirió como candidata a Presidente.

No obstante, la gota que derramo la paciencia de la mayoría fue la manipulación de la “Ley de Femicidio”, con el objetivo de parar las investigaciones del MP y acallar a los editores del diario “elPeriódico”. De poco le sirvió la farsa de que iba a desistir de una parte, que no todos, de los procesos viciados que ha iniciado en contra del medio mencionado. Así como de poco le servirá la protección que le consiguió Gloria Porras, al retener en la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional que le ¿otorgó? al MP. El enojo que ha provocado en la población este abuso del poder por medio de las Cortes, será el que acabe con la ambición de Torres de ser electa Presidente.

El próximo primer mandatario de nuestro país, será aquel que logre pasar a la segunda vuelta. Sandra Torres se hizo el harakiri. No importa que encabece la intención de voto con un magro 20 por ciento. Firmó su sentencia de muerte política al despertar al antivoto y al voto en contra..

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de mayo de 2019.

Reto a Sandra Torres

Imagen propiedad del diario guatemalteco "elPeriódico".

La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, mostró de nuevo su tendencia al autoritarismo, como lo dejó ver cuando ejerció impunemente el poder durante la presidencia de Álvaro Colom. Primero, denunciando a los fiscales del Ministerio Público que están investigando sus vínculos con financistas que se sospecha que son narcotraficantes o fondos cuyo origen es corrupto. Y ahora, intentando amordazar al diario elPeriódico para que no publiquen noticias de ella, tanto las periodísticas como las amarillistas, utilizando en ambos casos la Ley de Femicidio.

Es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, considerar sus enemigos a quienes los cuestionan, no se pliegan a sus deseos y les recuerdan que en el marco de una República, los que mandamos somos los ciudadanos y los que obedecen son los gobernantes. Ninguno de los procesos mencionados es justificable, y los jueces que la apoyaron deben ser investigados: tanto los integrantes de la Sala Segunda de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Franc Armando Martínez Díaz y Fredy López Contreras; como la juez Susan Sabrina Salazar que le otorgó medidas en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei González de la FECI.

Estos casos son una muestra más de cómo se tergiversan las leyes, desnudando la corrupción que también corroe al Organismo Judicial.  Debemos fiscalizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, para evitar la manipulación de esas elecciones. Más aún, tomando en cuenta el poder que tiene la bancada de la UNE en el actual Congreso.

La molestia que tenga Torres con elpeladero, la sección de chismes anónimos de elPeriódico, no justifica utilizar la ley, cualquiera que esta sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Si acaso considera que la ofendieron y mintieron en lo que a ella respecta, debe recurrir a los Tribunales de Honor (Código Penal, artículo 159 –calumnia–, artículo 161 –injuria- o 164 –difamación) o a los Tribunales de Imprenta, dependiendo al que corresponda la supuesta ofensa, como bien lo aclaró la Corte de Constitucionalidad.

Dice el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Creo en promover una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior en pro de la búsqueda de la verdad. Y considero que el ataque ad hominen es una forma equivocada y despreciable de expresión. Sin embargo, por el bien de todos, debemos respetar el derecho de quién así se expresa. Ese es el costo que debemos pagar para vivir en libertad. El derecho a la libertad de expresión es la principal defensa que tenemos los ciudadanos contra las dictaduras. Es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Reto a Sandra Torres a que se atreva a demandarme: a mí y al 50 por ciento de los electores que nunca votaríamos por ella.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de mayo de 2019.