Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

7.27.2005

¿Muerto? Qué pena

Murió.

Lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Sufrió. Luego, murió. ¿Cuál fue su crimen? Dicen que extorsionó, amenazó y violó. También se sospecha que asesinó, al menos, a tres cristianos (o ateos o budistas, da igual). La sospecha surge de las lágrimas grabadas en su rostro.

Murió.

Su cuerpo apareció en el fondo de un barranco con su respectivo tiro de gracia. Sufrió. Luego, murió. Se presume que su récord delictivo (ingresos varios a penales por robo de celulares) es la razón principal de su deceso.

La pena de muerte sí se aplica. Se aplica sin distinción del delito. Cuidado criminales, delincuentes y ladronzuelos en general: ahora que la ciudadanía esta haciendo justicia por su propia mano, su actividad cotidiana se vuelve más riesgosa. Sugerencia: cambien de profesión.

Nadie lo niega, varias de las muertes corresponden a luchas de poder entre los mismos facinerosos. ¿Acaso usted creía que sólo en la política se daban tales hechos y desechos? Sin embargo, me atrevo a pensar que cada vez hay más muertes cuyas características encajan dentro de lo que se llama “limpieza social” (y dale con los eufemismos).

Por cierto, dudo que la “justicia informal” provenga de alguna institución del Estado, ya que los actuales gobernantes le temen al qué dirán los políticamente correctos. Además, con sólo que se atrevieran a cumplir con su deber y aplicaran la pena de muerte, se ahorrarían un montón de molestias.

Creo que, una gran cantidad de los supuestos malhechores que están apareciendo muertos (ni qué decir de los linchados) son el resultado de la desesperación y el cansancio de la gente que decidió hacer justicia por sí misma. Hecho del cual no me alegro, sino, por el contrario, me preocupo muchísimo, porque mañana esta situación puede ser manipulada para “arreglar” asuntos personales que no tienen nada que ver con la seguridad y el respeto a los derechos individuales de todos. Digo lo anterior sin minimizar el daño que provoca a esos derechos la violación al debido proceso.

Sin duda, entiendo los motivos que llevan a la población a organizar sus vecindarios en una especie de “comunidades autónomas extralegales”, pero me inquieta pensar que la decisión de los ciudadanos de acabar ellos mismos con los atropellos nos lleve a un punto sin retorno que nos conduzca a un abismo insondable.

Sólo queda una solución para detener la caída al vacío: la aplicación de la ley y las penas que ésta impone por quienes son los obligados a hacerlo: los gobernantes.

La pena de muerte sí se aplica en Guatemala.