Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

4.30.2018

No hay atajo sin trabajo




O, como dice otro refrán, quien quiere celeste, que le cueste. Aquel que quiere superar la pobreza y vivir la mejor vida posible a su alcance, debe trabajar: debe esforzarse, tanto mental como físicamente, para alcanzar sus objetivos, sin pretender vivir de los demás. Más aún, si quiere disfrutar verdaderamente de esa mejora, debe saber que lo que tiene se lo ha ganado justamente, por el sudor de su frente, y no arrebatándolo a otros o siendo cómplice de ese robo.

Es por esto último que vemos a muchos que han acumulado fortunas a base de trampas, fraudes, robos, privilegios… que, al final, poco importa cuánto hayan logrado juntar, sus vidas suelen ser vacías, superficiales y falsas, ya que pueden engañar a todo el mundo, menos a ellos mismos. Gente que termina rodeada de hipócritas, que no los valoran y sólo están interesados es sacarles parte del dinero mal habido. En pocas palabras, parásitos como lo son ellos.

Y esa manera deshonesta de vivir no depende del monto del dinero obtenido sin haberlo ganado: fracasa a toda escala, como lo podemos ver en aquellos programas sociales que pretenden usar el dinero expoliado a los tributarios para comprar votos. El bono seguro, el bono para las comadronas y cualquier otra prebenda similar, son políticas populistas que facilitan la corrupción. Además de ser una injusticia más contra quien honradamente trabajó para crear la riqueza que ese dinero representa. Bien lo señala el neoplatonista Henry More en el “Enchiridion Ethicum, IV” (1667): “Es bueno y justo que a cada uno se le otorgue lo suyo, y el uso y posesión del mismo se le debe otorgar sin molestia".

Fracasan los programas anteriores, así como fracasa el absurdo de asegurar una renta mínima a todos. Con apenas dos años de prueba, el experimento finlandés de otorgar ingresos mensuales de 560 euros a 2 mil personas desempleadas de entre 25 y 58 años fracasó. Tal y como informó el New York Times el pasado 24 de abril: “Durante más de un año, Finlandia ha probado… repartir dinero sin reglas o restricciones sobre cómo las personas lo usan….experimento que está por terminar. El gobierno finlandés optó por no continuar financiándolo... la decisión del gobierno finlandés de detener el experimento a fines de 2018 pone de relieve un desafío a la misma concepción del ingreso básico. Mucha gente en Finlandia -y en otras tierras- se molesta ante la idea de entregar efectivo sin requerir que la gente trabaje... El gobierno esperaba que el tener un ingreso básico permitiría que más personas se integraran al mercado laboral”.

Un fracaso anunciado, porque se basa en premisas equivocadas. La más evidente de éstas es la de creer que la gente iba a trabajar sin necesitarlo. ¿Por qué pasar por la molestia de trabajar cuando se pueden quedar tranquilamente acostados todo el día viendo tele? Por supuesto, no a todos nos parece éste el escenario ideal para disfrutar de nuestras vidas pero, lamentablemente, esa es la actitud de la mayoría. Con esta propuesta y las anteriores mencionadas, violadoras de los derechos individuales de unos para complacer a otros, mientras unos viven sin trabajar, otros tienen que esforzarse el doble para mantenerse ellos mismos y mantener a los gorrones que viven de su trabajo. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de abril de 2018.

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4.23.2018

El fin del financiamiento




Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.

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4.16.2018

La consulta que no fue



La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”… solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1999. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de las tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de abril de 2018.

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4.09.2018

El negocio del genocidio




Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

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4.02.2018

Parásitos de las remesas




¿Es la economía de los guatemaltecos parasitaria de la creación de riqueza de nuestros compatriotas que viven en EE.UU.? Sí. Parasitismo que llega al extremo del descaro en los cálculos de los tecnócratas de la burocracia estatal, incluido el banco central (Banguat), que consideran como parte del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país a las remesas, que no son otra cosa más que el remanente del resultado del dinero que han ganado los guatemaltecos que viven y trabajan en otros lados. 

Por supuesto que el impacto de las remesas en los hogares guatemaltecos es enorme. Más aún, si no fuera por éstas, nuestro “rezago económico histórico”, como declaró recientemente algún burócrata del Fondo Monetario Internacional, sería aún mayor. Pero eso no justifica el engaño de los técnicos, que al final nos provoca más daño, porque el cálculo de la recaudación fiscal lo hacen en base a ese falso PIB. Y como rara vez llegan a sus metas, les sirve de excusa para oprimir más al tributario e impulsar el terrorismo fiscal.

Experimentamos la agonía de la prosperidad. Crece el temor, entre otros, de invertir en Guatemala, en particular por el incierto panorama de nuestra economía, cuyo nivel de confianza ha caído a niveles peligrosos. Por eso casi todo lo que tiene que ver con el progreso en nuestro país “tiene un lento despegue”, no sólo el PIB, como anunciaron los burócratas intervencionistas del Banguat, defensores del dólar más que del quetzal. Y ni el magro 3 y pico por ciento de ¿crecimiento? de 2017 se hubiera dado si no fuera por las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan principalmente en EE.UU., las cuales, a pesar de los agoreros, continúan aumentando.

El motivo por el cual NO hay inversión creadora de riqueza en nuestro país es porque NO hay certeza jurídica, ni respeto a la propiedad privada, ni seguridad. Y las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas: los agravan. El aumento de impuestos, la legislación contra la obesidad, contra el alcoholismo, contra la competencia, contra la desnutrición… sólo sirven para facilitar la corrupción. Por cierto, en el largo plazo, a todos nos beneficia la eliminación de impuestos. Hasta a los vividores de los organismos internacionales supraestatales y a la burocracia nacional les conviene. No se diga a los habitantes productivos, responsables y respetuosos de nuestro país.

Lo que necesitamos y exigimos de nuestros gobiernos es que velen por el respeto a nuestra vida, libertad y propiedad.  Además, esperamos que no obstaculicen el camino del progreso individual: que nos dejen arriesgar, trabajar, crear, invertir, producir… para alcanzar nuestras metas propias. Ser productivos, no parásitos de nadie. Menos de nuestros compatriotas que han pagado un costo altísimo al emigrar en búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de abril de 2018.

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