Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

4.16.2018

La consulta que no fue



La consulta que no fue consulta. La consulta que fue una imposición solapada. La consulta que escondía la amenaza de que si no se respondía como los gobernantes querían, la repetirían hasta que ganara el sí. Y en tal caso, lo mejor hubiera sido que la respuesta a la pregunta de si estamos “de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”… solo fuera sí.

Al menos, eso me queda claro de las declaraciones del excanciller Raúl Morales a Prensa Libre, dadas el 2 de agosto de 2017. Cito: “En caso de que en un país gane el NO, habría que repetir el referendo hasta conseguir el SÍ de la ciudadanía, porque ambas naciones firmaron una reforma del acuerdo original, en la que reconocen que la única solución al diferendo es llevarlo a la CIJ, la cual, al emitir sentencia, definiría los límites territoriales”. O sí o sí a la primera. O de lo contrario, el reclamo nos saldrá muy caro, mucho más caro de lo que ya nos ha costado.

Digo lo anterior porque soy una persona práctica y no voy a falsear la realidad. En el contexto actual, los tributarios llevamos las de perder. Lamentablemente los políticos aprendieron nuevas mañas a raíz de la Consulta Popular que perdieron en 1999. Ahora se aseguran de que a los ciudadanos ¿consultados? no les quede otra opción que votar como a ellos les interesa que se vote. De lo contrario, habrá seudoconsultas, impopulares la mayoría, hasta que se salgan con la suya, lo que implica un gasto multimillonario. En este caso, varios cientos de millones de quetzales de nuestros impuestos, por cada vez que se haga la supuesta consulta. Lo que, mientras, les representa un gran negocio a los burócratas que están a cargo de las tales procesos.

Yo decidí no ser parte de la farsa y no fui a votar. Eso no significa que no considere importante definir la situación limítrofe entre Belice y Guatemala. Y menos significa que no me interesan las condiciones en que viven nuestros compatriotas en esas zonas cuyos límites no son claros. Sin embargo, me parece de una ingenuidad extrema el creer que esas condiciones van a cambiar para bien con autorizar a los gobernantes de Guatemala para que permitan que la CIJ decida sobre el diferendo con Belice, y que la CIJ será justa a la hora de dictar sentencia.

Las condiciones de vida de TODOS en Guatemala, no sólo de quienes viven “entre Jerez y la frontera”, van a mejorar hasta que los gobernantes cumplan, en nombre del abstracto Estado, con su mandato primordial de garantizarnos “a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral”. Y para que a los gobernantes no les quede de otra más que cumplir con sus deberes, los ciudadanos debemos promover un cambio de raíz a nuestro sistema político y la forma de gobierno que prevalecen. Para lo cual, irónicamente, deberemos ser consultados en otra oportunidad.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de abril de 2018.

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4.09.2018

El negocio del genocidio




Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

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4.02.2018

Parásitos de las remesas




¿Es la economía de los guatemaltecos parasitaria de la creación de riqueza de nuestros compatriotas que viven en EE.UU.? Sí. Parasitismo que llega al extremo del descaro en los cálculos de los tecnócratas de la burocracia estatal, incluido el banco central (Banguat), que consideran como parte del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país a las remesas, que no son otra cosa más que el remanente del resultado del dinero que han ganado los guatemaltecos que viven y trabajan en otros lados. 

Por supuesto que el impacto de las remesas en los hogares guatemaltecos es enorme. Más aún, si no fuera por éstas, nuestro “rezago económico histórico”, como declaró recientemente algún burócrata del Fondo Monetario Internacional, sería aún mayor. Pero eso no justifica el engaño de los técnicos, que al final nos provoca más daño, porque el cálculo de la recaudación fiscal lo hacen en base a ese falso PIB. Y como rara vez llegan a sus metas, les sirve de excusa para oprimir más al tributario e impulsar el terrorismo fiscal.

Experimentamos la agonía de la prosperidad. Crece el temor, entre otros, de invertir en Guatemala, en particular por el incierto panorama de nuestra economía, cuyo nivel de confianza ha caído a niveles peligrosos. Por eso casi todo lo que tiene que ver con el progreso en nuestro país “tiene un lento despegue”, no sólo el PIB, como anunciaron los burócratas intervencionistas del Banguat, defensores del dólar más que del quetzal. Y ni el magro 3 y pico por ciento de ¿crecimiento? de 2017 se hubiera dado si no fuera por las remesas que envían nuestros compatriotas que trabajan principalmente en EE.UU., las cuales, a pesar de los agoreros, continúan aumentando.

El motivo por el cual NO hay inversión creadora de riqueza en nuestro país es porque NO hay certeza jurídica, ni respeto a la propiedad privada, ni seguridad. Y las propuestas de más intervención estatal no resuelven los problemas: los agravan. El aumento de impuestos, la legislación contra la obesidad, contra el alcoholismo, contra la competencia, contra la desnutrición… sólo sirven para facilitar la corrupción. Por cierto, en el largo plazo, a todos nos beneficia la eliminación de impuestos. Hasta a los vividores de los organismos internacionales supraestatales y a la burocracia nacional les conviene. No se diga a los habitantes productivos, responsables y respetuosos de nuestro país.

Lo que necesitamos y exigimos de nuestros gobiernos es que velen por el respeto a nuestra vida, libertad y propiedad.  Además, esperamos que no obstaculicen el camino del progreso individual: que nos dejen arriesgar, trabajar, crear, invertir, producir… para alcanzar nuestras metas propias. Ser productivos, no parásitos de nadie. Menos de nuestros compatriotas que han pagado un costo altísimo al emigrar en búsqueda de mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de abril de 2018.

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