Estado de extorsión

El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.

El secreto mejor guardado

El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.

La obsesión con la CICIG

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta, basada en los hechos de la realidad, independientemente de si estos nos agradan o nos disgustan. En particular en el principal tema de los debates en las redes sociales, en los medios de comunicación y en casi todo tipo de reunión: Iván Velásquez y la CICIG.

En estos enfrentamientos que han llegado al seno familiar, se pueden identificar con facilidad tres grupos: los ivanlovers, los ivanhaters y los indiferentes. Los últimos, como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, suelen ser la mayoría que, harta de la política, creen que ignorándola no los afecta. Lamentable error que pagamos todos. Existe un cuarto grupo, el de la minoría en la que me incluyo, que no encajamos en ninguno de los tres señalados. Los grupos más notorios suelen ser los dos primeros, entre los cuales encuentro más coincidencias que diferencias. El problema principal es la intensidad emocional que los ciega a la hora de intentar evaluar imparcialmente a Iván Velásquez, la principal diferencia, más que la misma CICIG.

En ambos grupos, lovers y haters, hay gente que lo único que le interesa es ejercer el poder. También, en ambos grupos hay gente corrupta, envidiosa y comprada cuyo propósito es, o mantener el statu quo, o cambiarlo en beneficio de ellos mismos y en detrimento del resto de la población. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, lo que observo es a gente hastiada de la corrupción, deseosa de vivir dentro de circunstancias diferentes y con la esperanza de que algún día vivamos dentro de una sociedad justa.

¿Por qué tantos han perdido el juicio, han dejado de ser objetivos, si alguna vez lo fueron, y se dejan llevar por sus pasiones en lo que respecta a Velásquez? ¿Por qué confunde la mayoría la lucha en contra de la corrupción con defender o atacar a Velásquez? ¿Es Velásquez el principal obstáculo para construir un Estado de Derecho? ¿Quién o quiénes ganan con los enfrentamientos que, en varios casos, ya rayan en lo absurdo? ¿Estarían hoy presos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti si no existiera la CICIG? ¿Por qué el trato que se le da a Álvaro Colom y su gabinete es diferente al que se le da a los otrora patriotas? ¿Por qué hay personas presas sin evidencia contundente de los delitos que se les imputa? ¿Qué evidencia respalda las acusaciones de abuso de poder y violación al debido proceso por parte de la CICIG?

En fin, para unos Velásquez es un héroe. Para otros es el mismo diablo encarnado. Para mí es sólo un hombre que, como cualquier otro, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Recordemos que la batalla va más allá de encarcelar a los corruptos. La batalla vital es contra el mismo origen de la corrupción. Espero que pronto predomine en la discusión la calma y la búsqueda de la verdad, para que aquellos que hemos elegido Guatemala como nuestro hogar podamos objetivamente ponernos de acuerdo en los medios e instituciones que necesitamos para vivir en paz, con la confianza de que en nuestro país podemos progresar honestamente, con seguridad y dentro de un sistema justo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 7 de mayo de 2018.

El negocio del genocidio

Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

¿Cuál pena de muerte es condenada a morir?

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad condenaron a morir a la pena de muerte con su decisión de declarar parcialmente inconstitucionales cinco artículos del Código Penal y dos artículos de la Ley Contra la Narcoactividad. Al menos, la inhabilitaron en su aplicación FORMAL, dentro de un marco de legalidad. Lo que promoverá, como es de esperar en el estado actual de ingobernabilidad en Guatemala, más linchamientos: o sea, la aplicación INFORMAL de la pena de muerte, sin debido proceso y por cualquier delito o crimen.

A los mencionados magistrados, como a muchos abogados, les preocupa la modernización de la legislación y, al parecer, poco les importa la justicia y menos las consecuencias de sus decisiones que falsean la realidad. Su principal objetivo es complacer a grupos de presión de derechos humanos y apoyar sus agendas políticamente correctas. Es lamentable que muchos abogados del país son incapaces de usar su juicio propio y prefieren practicar la epistemología del loro: repiten las consignas positivistas de moda y olvidan, o tal vez nunca conocieron, la naturaleza del derecho y menos la del gobierno.

La pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique, después de que haya sido plenamente probada la culpabilidad del acusado: que no existe ninguna duda razonable de que es responsable de una violación irreparable a la víctima. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral. Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso: en los linchamientos que abundan en nuestro país.

Entiendo que les preocupe que se pueda condenar a morir a un inocente, pero no que prefieran que terroristas, asesinos en serie, psicópatas… cuyos crímenes hayan sido probados, sean condenados a cadena perpetua, que no es otra cosa que obligar a los tributarios a que los mantengan de por vida. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece con la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia.

La razón de ser del debido proceso es para que, en la búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en el acusado, lo que es iluso creer que se da dentro del contexto de los linchamientos. La pena de muerte en la informalidad nunca la podrán abolir. Lo que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos.

Necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con las arbitrariedades, el abuso de poder y la corrupción, pero no para estar a la moda de la modernización, sino para construir un verdadero estado de Derecho que nos permita convivir en paz.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de octubre de 2017.

Ecos de libertad

Resuenan en los pasillos de los tribunales. Resuenan en los corredores del Ministerio Público. Retumban en las oficinas de la CICIG. ¡Libertad, libertad, libertad! Maravillosa libertad. Alas, ¡para que las quiero! Vuelo en el primer avión que me lleve lejos de la amenaza de cárcel. ¡Hasta nunca, compañeros de fechorías! La libertad le corresponde al ave que mejor entone la melodía solicitada por aquellos que tienen el poder de dejar al pájaro cantor en libertad.

Salvador Estuardo González Álvarez, el colaborador estrella de la CICIG y el Ministerio Público en el caso denominado de “La Línea”, recobró su libertad hace aproximadamente tres semanas, según informó Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. ¿Por qué Thelma Aldana e Iván Velázquez no llevaron a cabo una conferencia de prensa para darlo a conocer? ¿Acaso no es lo que suelen hacer cuando hay información trascendental en la lucha contra la corrupción? Y este hecho, sin discusión, es significativo ya que uno de los acusados se salió con la suya y no pagó las consecuencias de sus acciones.

En fin, es el resultado esperado que promueve el sistema de incentivos perversos que hay detrás de los famosos colaboradores eficaces, los cuales negocian con los fiscales y aceptan declarar en contra de aquellos que son el principal objetivo de la CICIG/MP. Criminales que serán tratados con deferencias y privilegios reservados para quienes les permitan a los acusadores ganar juicios. Y, en menos de lo que se imaginan, estarán de nuevo libres.

Dicen, dicen, dicen, pero… ¿cómo respaldan lo que dicen? Aclaro que no le creo a Otto Pérez Molina, a Roxana Baldetti, a Álvaro Arzú… Pienso que ellos, como muchos más que han pasado por el gobierno, son corruptos y han abusado del poder. Pero tampoco le creo a Alejandra Reyes, ni a Juan Carlos Monzón, ni a Salvador Estuardo Orellana, ni a la mayoría de colaboradores eficaces o testigos protegidos. ¿Por qué? Por el sistema de incentivos perversos. Puede ser que alguno diga la verdad, pero ¿cuál es la evidencia objetiva que respalda lo que dicen?

Por supuesto que considero que los testigos son importantes en la búsqueda de la verdad. Pero, todo lo que dicen DEBE ser respaldado por evidencia científica, objetiva e indiscutible, que pruebe, sin lugar a dudas, que lo declarado es cierto. Si renunciamos al debido proceso, con tal de que sean castigados quienes creemos que nos han estafado, extorsionado y robado el fruto de nuestro trabajo, en el largo plazo, saldremos perdiendo mucho más de lo que podremos ganar al ver presos a quienes consideramos responsables de nuestra indignación.

Si no defendemos el respeto al debido proceso, mañana la acusada puedo ser yo, el acusado puede ser usted, el acusado puede ser un ser querido suyo o mío. El acusado puede ser cualquiera y con la sola declaración de alguien, sin evidencia, podrá ser culpado. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de ser acusado injustamente y no poderse defender? ¿Acaso no se pueden hacer las investigaciones y las acusaciones correctamente? ¿Acaso el objetivo no es encontrar la verdad y que se haga justicia?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de octubre de 2017.

El terror de los inocentes

El viejo refrán según el cual quién nada debe nada teme, no aplica en sociedades como la nuestra, donde el poder del que gozan los gobernantes es casi ilimitado y, para colmo de males, la mayoría cree que éstos deben intervenir en prácticamente toda faceta de la acción humana. En tales condiciones, que los inocentes no deben temer es un juicio falso. Un gobierno con posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y propiedades, que convierte casi en una ficción nuestro derecho a la libertad, es contrario a la moderna idea republicana cuya única razón de ser del gobierno es velar precisamente por los derechos individuales de todos.

En un país de todopoderosos gobernantes, ya sea que gobiernen dando la cara o tras bambalinas, cualquiera, en cualquier momento, haya o no violado los derechos de otros, haya o no cometido un delito o un crimen, puede ser detenido y encarcelado sin ningún miramiento y en franca violación del debido proceso. Se violan los derechos de la mayoría, con la venia de muchos y rara vez se escucha a la misma víctima reclamar respeto. Se violan todos los días. Los violan los delincuentes, los criminales y los mismos gobernantes azuzados por los líderes de los grupos de presión que en la mayor parte de los casos sólo se representan a sí mismos.

Hasta Pierre-Joseph Proudhon, a quien nadie puede acusar de ser liberal o capitalista, en “Idea General de la Revolución en el siglo XIX”, publicada en 1851, escribió: “Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello. Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido”.

Continúo con Proudhon: “Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado ¡Esto es el gobierno, esta es su justicia y esta su moralidad!”.

Varios de quienes nos damos cuenta del camino que andamos optan por hacer la maleta e irse a vivir a otro lado, con la expectativa de que van a vivir mejor. Otros, nos quedamos a dar la batalla, con la esperanza de que más despierten de la pesadilla del Estado Benefactor/Mercantilista y, finalmente, podamos cambiar de manera radical el sistema en el cual vivimos hoy.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de septiembre de 2016.

El secreto bancario NO existe

Al menos en Guatemala. Los que sí existen, y por montón, son personas mentirosas y manipuladoras que, aprovechándose de la indignación de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, quieren hacernos creer que no sólo la información sobre las cuentas bancarias es secreta, sino que ese es el motivo por el cual no pueden llegar a sus metas de recaudación. Metas que mejor deberíamos de llamar de extorsión tributaria. Hoy, como buenos oportunistas que son, también quieren hacer creer que el falso secreto bancario es un obstáculo en las investigaciones contra los corruptos.

Es increíble el descaro con el cual los funcionarios estatales nacionales, desde los mismos presidentes del Congreso y del Ejecutivo, hasta los funcionarios de los organismos internacionales, Iván Velásquez de la CICIG incluido, se aprovechan descaradamente de la ignorancia de muchos en lo que respecta al derecho al debido proceso y la importancia que tiene para proteger a los inocentes del abuso del poder por parte de los gobernantes. Un derecho que debemos defender a toda costa.

Con toda la desfachatez del mundo, y la complacencia y apoyo de la mayoría de miembros de los medios de comunicación (serviles a lo políticamente correcto), exigen eliminar el ya frágil debido proceso, ahora en el caso de la información sobre el manejo de las cuentas bancarias, engañando desvergonzadamente a los incautos ciudadanos llamándole secreto bancario al debido proceso necesario, como ya dije con anterioridad, para evitar que nuestros mandatarios abusen del poder y violenten nuestros derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad.

                   

Por estas fechas, toman como excusa para impulsar  esta aberrante violación al debido proceso, el escándalo suscitado alrededor de los llamados Panama Papers: los datos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que muestran cómo empresarios y celebridades mundiales buscan proteger su dinero, entre otros motivos, de las garras de los gobernantes que expolian en nombre del abstracto Estado creando compañías offshore, como lo haríamos la mayoría si pudiéramos. Por supuesto, es una ironía que también lo hagan políticos corruptos y criminales, los cuales muestran con esta acción lo bien que conocen a su especie: buscan proteger de sus iguales lo que ¡quién sabe! cómo adquirieron.

En Guatemala, si los terroristas fiscales de la SAT o los fiscales del MP necesitan información sobre el manejo de las cuentas de alguien, lo único que deben hacer es justificar frente a un juez competente los motivos por los cuales se les debe autorizar a pedir tal información a la entidad bancaria en la que tenga la cuenta la persona que les interesa. Si la evidencia es objetiva y justa, el juez deberá girar instrucciones para que los funcionarios del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. No se deje manipular. No permita que los peores representantes de nuestra sociedad sigan adquiriendo poder.

                                                                                                                

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de abril de 2016.

Apariencias de la anticorrupción

La lucha contra la corrupción en nuestro país está basada más en apariencias que en realidades. Y es tanta la necesidad de la mayoría de creer que se pueden hacer los cambios correctos y erradicar de nuestra sociedad a los corruptos y la corrupción, sin involucrarse y confiando ciegamente en los que supuestamente la combaten, que ante todo anuncio con tintes jolivudenses de que apresan a alguien, muchos estallan en alegría desbordada de patrio ardimiento y más de uno propone el Premio Nobel de la Paz para los denunciantes.

Olvidan, o prefieren ignorar, que no es sólo cuestión de apresar a aquellos de los cuales se sospecha que nos han robado a los tributarios. Las acusaciones se deben probar en un juicio en el que se cumpla con el debido proceso. Lo anterior es importante de resaltar por el bienestar en el largo plazo de los inocentes aunque pareciera, en un principio, que beneficia a los criminales.

El énfasis de los mandantes se debe enfocar en presionar a los funcionarios del Ministerio Público y a todos los encargados de recopilar las evidencias científicas para que prueben, sin duda razonable, la culpabilidad de los imputados. Lo que no debería ser difícil de hacer, ya que casi todos los sospechosos han sido descarados a la hora de mostrar públicamente lo que han robado. Los responsables de presentar la acusación deben seguir la pista del dinero: follow the money, recomiendan acertadamente los investigadores gringos.

Me alegro de la captura de algunos pocos de los cientos de extorsionistas que pululan en las aduanas. Desde los vistas hasta el mismo presidente, desde hace cualquier cantidad de tiempo, han estado involucrados en líneas (las cuales deberíamos de llamar maras o pandillas) que utilizan el poder para extorsionar a quienes se atreven a importar bienes a Guatemala. Por supuesto, más de algún avispado debe de haber entre estos últimos, que antes de ser extorsionado decide negociar con quienes deciden arbitrariamente cuándo, bajo qué condiciones y a qué costo entra un producto al país. Pero estos pícaros son la excepción, no la mayoría.

Sin embargo, las denuncias contra los funcionarios corruptos que se han robado nuestros impuestos, que han despilfarrado lo que a nosotros nos ha costado ganar, brillan por su ausencia. Fuera del caso del IGSS y algunas acusaciones contra unos pocos alcaldes, no ha habido verdaderas denuncias contra los peores corruptos entre quienes se encuentran (además del expresidente y la exvicepresidente) ministros, secretarios, directores y funcionarios estatales en general. Sólo puras apariencias e investigaciones mediocres sustentadas principalmente en evidencias circunstanciales y en dimes y diretes. Sin embargo, es tanta la necesidad de justicia en nuestro país, que tantos han aplaudido y seguirán aplaudiendo hasta el cansancio los distintos montajes mediáticos que han prevalecido. Pero, ¿hasta cuándo podrán seguir falseando la realidad? Mientras, la corrupción continúa avanzando.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de abril de 2016.

Sin duda razonable, pena de muerte

No tengo duda: la pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique y en las acusaciones que han sido plenamente probadas y no existe ninguna duda razonable acerca de la culpabilidad del acusado. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral: es un error abordarlo de una manera pragmática y utilitarista.

Se equivocan en su análisis quienes pretenden justificar su oposición a que se aplique la pena de muerte en que no hay evidencias de que sea un disuasivo para aquellos que están dispuestos a asesinar a alguien: caen en la falacia de la generalización apresurada. Hay todo tipo de estudios y estadísticas que muestran que sí es un disuasivo, así como hay otros que pretenden probar la hipótesis contraria. Al final, todo depende de las variables y el contexto dentro del cual se recaban las muestras y las examinan. Yo considero que sí es un disuasivo.  Sin embargo, recalco que apoyo la aplicación de la pena de muerte cuando es lo justo.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia: sin un juicio previo, sin el debido proceso. O sea, en los linchamientos que proliferan en nuestro país. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de su vida a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado, respetando el debido proceso) con el reto que significa mejorar nuestro sistema de justicia.

Pero aún, con todo y las dificultades que este último enfrenta, hay casos en los cuales no hay duda de que el acusado es responsable del crimen del cual se le acusa. Por ejemplo, hay confesiones de sicarios que, sin ninguna pena, reconocen que se dedican a asesinar gente por encargo. ¿Consideran que a estas personas se les debe condenar a vivir el resto de sus vidas a expensas de los tributarios? ¿Qué no corren el riesgo muchos inocentes que, si estos criminales logran escapar, serían sus próximas víctimas?

Todos merecemos que se respeten nuestros derechos, comenzando por el derecho a la vida, una vez nosotros cumplamos con nuestra parte del trato: respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos en serie o los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo. Y, lamentablemente en muchos aspectos, hasta la misma muerte del criminal puede ser un costo demasiado pequeño para compensar el daño que les hizo a otros seres humanos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de febrero de 2016.

Justicia para Anaité

Y para todos los inocentes que se encuentran presos, víctimas de abogados y jueces corruptos que abusan de la poca institucionalidad que hay en Guatemala, que se aprovechan del sistema de incentivos perversos que prevalece en nuestro país para violentar los derechos individuales de miles, en particular el derecho al debido proceso, privándolos de su libertad y poniendo en riesgo su vida misma.

                                                            

Puedo citar varios artículos de nuestra Constitución que nos aseguran a todos ese derecho al debido proceso, pero me voy a enfocar hoy en dos: el artículo 12 que dice: “Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”; y el artículo 14 que reza: “Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

En el caso de Anaité Alvarado Sánchez, quien se encuentra injustamente presa, se ha violentado descaradamente el derecho al debido proceso, entre otros derechos, ya que la juez Julia Rivera del juzgado 4to. de primera instancia penal la ¿sentenció?, sin una sola prueba en su contra, a guardar cárcel por los delitos de los cuales se acusan a otras personas, bajo la excusa de que puede influir a los acusados. Absurdo. La Ley también aplica a los jueces que no actúan en base a derecho, y en su momento, la juez mencionada tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones.

Si Roberto Montano y la otra persona son responsables de los delitos de los que se les acusa no es un tema que a mí me compete. Montano y su empleado deberán responder de tales acusaciones. Pero nadie más: ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus hijos, ni las que han sido sus esposas. Sin embargo, la actitud de los demandantes responde a la idea de buscar quién se las paga y no quién se las debe. Pretenden hacer justicia cometiendo una injusticia. Tal es el caso de Anaité, a quien tienen como rehén bajo la amenaza de que si no aparece Roberto Montano y el dinero que le reclaman, la dejarán presa. ¿Con qué autoridad? ¿Qué les permite creer que se pueden salir con la suya? Los delitos de los cuales acusan a Montano palidecen al lado del crimen que ellos cometen.

Entre los abogados que representan a los que se consideran afectados por las acciones de Montano, se encuentra Frank Trujillo, hermano del célebre Héctor que hoy se encuentra detenido en EE. UU. por el caso de corrupción en la FIFA. Me cuentan colegas suyos que tiene una fama similar a la del hermano y que al parecer eso le afecta poco. Lo lamentable en la canallada contra Anaité, es la participación de abogados que navegan con la bandera de correctos, que no son nada más que sepulcros blanqueados. Esta tragedia nos muestra que cualquiera en Guatemala, aunque no sea culpable de lo que se le acusa, puede ir preso. Hoy es Anaité, mañana puede ser usted.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de febrero de 2016.

Muerte sin debido proceso

Le llaman linchamiento y ocurre casi todos los días en algún lugar de mi país. Es la máxima pena que un tribunal puede imponer a un antisocial. Y en el caso de la apodada justicia popular es el único castigo posible, sin importar que el acusado sea inocente o culpable y sin importar el delito o crimen que haya cometido. Es una muestra más del fracaso del Estado Benefactor/Mercantilista que impera en Guatemala y en gran parte del mundo.

Así es, un fracaso más del sistema intervencionista/estatista mencionado, que se basa en otorgar privilegios a los grupos de presión que se multiplican gracias a los incentivos perversos propios de una idea fundamentada en supuestas buenas intenciones según la cual unos se deben sacrificar por otros, olvidando que todo ser humano es un fin en sí mismo. Al final, aquellos que viven miserablemente seguirán viviendo de tal manera mientras prevalezcan estas reglas, y quienes pudieron invertir para crear fuentes de trabajo productivo terminan en bancarrota (de tanto ser expoliados por quienes detentan el poder) o deciden emigrar con todo y su capital, ya sean ideas o dinero.

Por supuesto que en este sistema suma cero, hay quienes ganan a costa de aquellos que pierden lo que es suyo. Un sistema que les facilita a los parásitos quedarse con gran parte de nuestros impuestos, por lo que van a promover cualquier agenda que convenga a sus intereses sin que les preocupen las consecuencias a largo plazo de las medidas que proponen y mucho menos les importa violar los derechos de otros con tal de alcanzar sus objetivos individuales.

Escribo lo anterior para explicar el porqué los gobernantes terminan relegando al último lugar de sus prioridades, independientemente del discurso politiquero, sus funciones primordiales y las únicas que justifican la existencia de un gobierno: proporcionar seguridad y justicia a TODOS los miembros de la sociedad. Como a quienes aspiran a ocupar un cargo público y a quienes ya lo ocupan (con muy pocas excepciones) creen que les conviene más ofrecer una vida regalada a la mayoría porque de esa manera acumulan más poder, deciden concentrarse en la supuesta agenda social antes que en cumplir con sus obligaciones legítimas.

Luego, mucha gente ante al aumento de la delincuencia y la criminalidad, gente en algunos casos desesperada, gente que en otras ocasiones lo toma como una medida de escape a sus frustraciones personales, al grito de cualquiera de “allá va el ladrón” corre a buscar un galón de gasolina junto con unos fósforos para quemar al desgraciado, sin importarle que la acusación sea falsa o verdadera.

La razón de ser del debido proceso es para que, en la búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en quien es acusado. Por eso necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con las arbitrariedades y la corrupción. Para que cada quien reciba lo que le corresponde.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de marzo de 2014. La imagen es del diario mexicano "Impacto".

¿Secreto o proceso?

Un fantasma recorre Europa… y América… y Asia… y África… y Oceanía… y... Es el fantasma del estatismo. Un fantasma de carne y hueso que no solo espanta: actúa para extender sus tentáculos a las profundidades más íntimas de las cuentas bancarias de la gente productiva, creadora de riqueza, para apropiarse de lo que no es suyo: de aquello que NO le pertenece porque no se lo ha ganado. Pertenece a otros, al igual que todo lo que ha gastado hasta hoy: todo se lo ha apropiado. Cada día que pasa son menos los lugares donde se puede invertir con tranquilidad y seguridad. Lugares en los cuales se respeten los derechos individuales.

Parte clave de la estrategia de los burócratas que representan a ese fantasmal estatismo son los tratados que suscriben los gobernantes para intercambiar información sobre los nacidos en sus países que hayan decidido emigrar. El objetivo vil de estas acciones emprendidas por las sanguijuelas que están al frente de los Estados es perseguir a sus nativos - una simple cuestión del azar - hasta los confines de la Tierra, para chuparles todo lo que puedan. Por eso, muchos han optado por renunciar a su ciudadanía original y adquirir una nueva. Prefieren abandonar, con toda razón, su país de nacimiento antes de continuar siendo esclavizados por sus gobernantes y todos aquellos miembros de los grupos de presión que surgen dentro del parasitario Estado Benefactor/Mercantilista.

Los mencionados testaferros del Estado, acostumbrados a mentir descaradamente, pretenden hacernos creer que existen barreras a la expoliación, la cual, por cierto, solo favorece a los parasitarios saqueadores y no a quienes utilizan de excusa para el saqueo: a los pobres. Una de las mentiras más usadas es la del supuesto secreto bancario. Al menos en el caso de Guatemala, lo que existe en un debido proceso que deben de seguir los terroristas fiscales de la SAT para conocer sobre el manejo de las cuentas personales y/o empresariales de cualquiera. El objetivo de esta protección es precisamente limitar el ejercicio discrecional y arbitrario de los gobernantes y los burócratas que trabajan a su servicio.

Como bien explicó Ayn Rand: “El derecho a la vida es el origen de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es la única manera de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad ningún otro derecho es posible. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su PROPIO esfuerzo, el hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para sustentar su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo… el derecho a la propiedad es un derecho a la acción, como todos los demás: no es el derecho a un objeto sino a la acción y a las consecuencias de producir o ganar ese objeto…Es el derecho a ganar, conservar, usar y disponer de los valores materiales”.

Defiendo mis derechos participando en la más importante de las batallas de nuestra especie: la batalla de las ideas. ¿Usted?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de febrero de 2014.

El debido proceso y Yo

Un “Yo” que puedo sustituir por “usted”, porque el debido proceso es un derecho que debe ser respetado por todos aquellos que viven en sociedad y dentro del marco de una República. O, al menos, se pretende alcanzar ese estado algún día. Cuando es una meta común a los habitantes de un país que desean cooperar e intercambiar en paz con sus semejantes, y quieren tener la certeza de que si alguna vez son acusados falsamente, esa acusación no va a prosperar.

Para asegurar el derecho al debido proceso propio, de nuestros seres queridos y de todos, por más que despreciemos al acusado o estemos convencidos de que es culpable, debemos respetar su cumplimiento aún al más miserable de los criminales, una vez este es apresado. Hace poco se discutió sobre este asunto en lo que respecta al cargo por genocidio contra varios militares, entre ellos Efraín Ríos Montt. Hoy el caso relacionado con este tema es el proceso en contra de Roberto Barreda, acusado de la desaparición de su esposa, Cristina Siekavizza. Mañana la persona involucrada puedo ser yo… o usted mismo.

El debido proceso es un fundamento jurídico que obliga al gobierno a respetar todos los derechos, reconocidos por Ley, que posee una persona. El debido proceso es un principio procesal según el cual todo individuo tiene derecho a ciertas garantías mínimas que aseguren un resultado justo y equitativo dentro del proceso: le permite tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. Reconoce que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a lo que dice la Constitución y las demás leyes del país que nos protegen del abuso del poder.

Admiro la férrea voluntad y constancia de los familiares y amigos de Cristina. Sin esa convicción y deseo de que se haga justicia no se habría logrado avanzar en una situación en la cual todavía no aparece el cuerpo del delito del que se acusa a Barreda, la evidencia reina del asesinato: los restos mortales. Si yo estuviera en la piel de quienes más la quieren, tal vez mantendría latente la esperanza de encontrarla con vida. Al fin, por más que la mayoría de datos con los que se cuenta indican que es poco probable que siga viva, se tendrá certeza de su muerte hasta que haya aparecido su cadáver o lo que de este quede.

Si Barreda es culpable, y de qué es culpable, debe ser probado sin lugar a dudas en un juicio justo. Justo para la víctima y justo para el acusado, para que nadie pueda cuestionar el veredicto. Y al cumplimiento irrestricto de este derecho debemos aspirar quienes queremos respirar en paz. Acatarlo nos asegura que no seremos condenados injustamente por un delito o crimen que no hayamos cometido, y vamos a estar tranquilos al saber que los antisociales que hayan violentado la vida, la libertad o la propiedad de alguien, serán obligados a compensar a sus víctimas: pagaran las consecuencias de sus acciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de noviembre de 2013. La imagen fue publicada en la Revista Contrapoder de Guatemala.

A luchar por la justicia

Después de que leí la versión gráfica para niños de “La Ilíada y la Odisea” quedé fascinada con los chistes, como les llamamos en Guatemala a los cómics o tebeos. Mis preferidos eran los cuentos de superhéroes. En mi imaginario infantil, Supermán y todos los que luchaban por el bien ocupaban uno de los espacios más preciados. Aquellos cuya misión era velar porque hubiera justicia y que, la mayoría de las veces, actuaban al margen de la ley y ponían en su lugar a quienes abusaban del poder. Hoy a estas figuras se les conoce como vigilantes.

“Yo soy libre, sin importar las reglas que me rodean. Si las encuentro tolerables, las tolero, si las encuentro demasiado desagradables, las rompo. Soy libre porque sé que sólo yo soy moralmente responsable de todo lo que hago”, declaró Robert A. Heinlein, escritor de ciencia ficción. Un enunciado que describe la visión de estos personajes ficticios que, sin duda, influenciaron mi psique (ψυχή), en el sentido que los griegos daban al término. Una afirmación que enfatiza la responsabilidad individual. No es romper las reglas por romperlas, ser rebelde sin causa. Es aceptar que de nosotros mismos dependen nuestras acciones y los resultados de estas.

Toda lectura es para mí una aventura. Amo perderme en historias, en misterios, en cuestionamientos… los cuales me permiten acumular conocimiento. Y actuar, con el pasar del tiempo, de manera coherente con esos principios que he hecho míos leyendo o, como todos, equivocándome. Entre las lecciones que me costó aceptar es que nuestro actuar justo puede beneficiar a personas con las cuales no compartimos valores. Pero sé que, al final, lo que nos debe importar es el efecto que nuestras decisiones van a tener en el bienestar de nosotros, de nuestros seres queridos y de todos aquellos que forman parte de la sociedad a la cual pertenecemos.

La paz es esencial para el progreso. Para que haya paz debemos respetar los fundamentos del debido proceso, lo que puede beneficiar a alguien que nos desagrada, pero en el largo plazo asegura la libertad de los inocentes. Puedo mencionar dos casos recientes que sirven como ejemplo de lo anterior: el juicio contra Efraín Ríos Montt y la extradición de Alfonso Portillo que, como todos los Presidentes que hemos tenido, es un corrupto. Pero si se violentó el debido proceso en ambos casos debe ser denunciado. Por otro lado, debemos derogar la legislación que entorpece el funcionamiento de la Ley. Como bien dijo Montesquieu: "Las leyes inútiles debilitan las leyes necesarias". Por cierto, la desobediencia civil es un derecho constitucionalmente reconocido en Guatemala (artículo 45).

En la batalla de las ideas, como con el cuidado propio, muchos se descuidan, lo que permite que la mentira avance como un virus. La única forma de combatirlo y vencerlo es fortaleciendo los argumentos en pro de la verdad, enfrentando directamente las falacias y, por supuesto, no falseando la realidad. Ser íntegros, sin importar cuántos estén de acuerdo con nosotros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de junio de 2013.

Ixiles pro Ríos Montt

¿Por qué muchos ixiles se alegraron de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hayan anulado todo lo actuado a partir del 19 de abril en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt? ¿Acaso no se han enterado de todas la barbaridades que, dicen, ordenó que se cometieran en contra de su etnia? ¿O será porque nosotros, los citadinos, no sabemos a ciencia cierta qué sucedió durante el conflicto armado? ¿Nos han vendido una historia manipulada que ha sido aceptada sin cuestionar su veracidad?

En Prensa Libre del miércoles 22 de mayo el alcalde de Nebaj de 1988 a 1991, Diego Rivera, opina que “la anulación de la sentencia tiene satisfechos a los habitantes de Nebaj… lo único que el exgolpista hizo fue darles paz, seguridad y amnistía en el momento más crítico de la guerra”. ¿Por qué Rivera no prestó declaración en el juicio? Es importante para que no quede duda razonable en lo que respecta al veredicto en el proceso contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, que se escuche a más de los habitantes del área ya que la hipótesis del Ministerio Público (MP) es que el objetivo del Ejército era exterminarlos. Y, por lo visto, no todos los ixiles comparten la visión del MP. ¿Por qué?

Según Rivera: “En primer lugar, si Ríos Montt no hubiera venido, la guerrilla nos hubiera acabado. En segundo lugar, en la región ixil hubo muertos desde 1969 hasta 1996, y no es justo que se juzgue a un hombre por genocidio, porque insistimos que aquí no lo hubo… No agradecemos a la CC por anular la condena porque era obligación de los magistrados corregir a los jueces del Tribunal que, en vez de dictar sentencia en un mes, se hubieran tomado la molestia de visitar Nebaj, Chajul y Cotzal, para conocer a fondo la realidad de lo que vivimos”. Entonces, ¿los investigadores del MP no hicieron bien su trabajo y ni siquiera visitaron la zona donde supuestamente se dieron los hechos para confirmar su acusación?

Algo similar ocurrió hace 10 años para las elecciones de 2003. Como explica Jorge Jacobs en su columna en Prensa Libre del jueves 23 de mayo: “…el pueblo ixil votó a favor de Ríos Montt cuando fue candidato presidencial en 2003… Si sumamos los votos de los tres municipios de la región ixil…Ríos Montt obtuvo el 44.4 por ciento de los votos y el candidato de la URNG apenas el 3.9 por ciento.... Ríos Montt quedó en tercer lugar a nivel nacional; sin embargo, en la región ixil obtuvo el primer lugar”.

Como bien dice Ayn Rand: "Cuando estoy en desacuerdo con un hombre racional, dejo que la realidad sea nuestro árbitro final; si no me equivoco, mi interlocutor va a aprender; y si yo estoy equivocada, seré quien aprenda. Uno de nosotros va a ganar, pero ambos nos vamos a beneficiar". Todos los que vivimos en Guatemala nos vamos a beneficiar con la verdad, aún aquellos que desprecian la evidencia porque temen reconocer que se equivocaron. De esa manera se podrá hacer justicia: determinar los crímenes reales que se cometieron y juzgar a los responsables, sin importar quiénes sean.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de mayo de 2013.

Genocidio del Derecho

Es inquietante ver que la mayoría de quienes comentan el juicio contra Efraín Ríos Montt están más preocupados en seguir peleando una miserable guerra en lugar de intentar salvar lo poco de Estado de Derecho que queda en nuestro país. Si les interesa nuestro futuro, deberían ocuparse en la FORMA en la cual se está llevando a cabo.

Que el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa (que incluye el derecho a escoger defensor) son fundamentales para asegurar que el sistema judicial no violente los derechos de un inocente, es uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. A lo cual agrego que, para hacer este ideal una realidad, el proceso debe ser respetado para todos, aún aquel que sea considerado el peor de los criminales.

El genocidio es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un fatal enfrentamiento por el poder. Hubo, según el cálculo científico (no político) hecho por Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, tomo II) aproximadamente 37,000 muertos. Trágico. Pero genocidio NO hubo. Lo que sí estamos viendo es el genocidio de lo poco que queda de nuestro sistema de justicia.

En mi artículo publicado en “Siglo Veintiuno” el lunes 17 de julio de 2006 escribí lo siguiente que sigue siendo vigente: “En los enfrentamientos entre serbios y croatas, árabes y kurdos, tutsis y hutus, sí hubo una eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. En Guatemala no. Aquí, pelearon ixiles contra ixiles, k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… Y así hasta listar todas las comunidades lingüísticas que reconoce la Academia de Lenguas Mayas. Murieron implicados en el llamado conflicto armado interno quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta cruenta lucha.

“Entre los mandos castrenses habían indígenas, escenario difícil de encontrar entre los comandantes subversivos: la mayoría de ellos eran ladinos. Por ejemplo, según recuerda mi padre, a Romeo Lucas García en la toma de posesión presidencial lo acompañó su madre quien vestía un traje regional de Alta Verapaz. Otros cuentan que a Lucas le costaba expresarse en castellano, razón por la cual, en varias ocasiones, dio discursos en su idioma materno: q’eqchi”.

Me preocupa ver cómo en nuestro país algunos oportunistas desvirtúan el sentido del genocidio sin importar las consecuencias. Me provoca lástima ver cómo manipulan y se aprovechan de los familiares de varias de las víctimas del conflicto. Pero más me alarma ver cómo destruyen los pilares del debido proceso y el derecho de defensa con tal de alcanzar sus objetivos espurios y, finalmente, ganar la lucha por el poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de abril de 2013. La imagen la bajé del sitio de elpais.com

El Cicigdio

Sería el título ideal para la novela que relata la estadía de un grupo de burócratas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Guatemala. La historia comienza con el capítulo bautizado como “La campaña de desprestigio” ¿O las verdades interinas? Por cierto, interinas hasta que la verdad verdadera aparece.


Por supuesto, como buenos émulos de Hugo Chávez y todos aquellos que actúan impunemente, pisoteando y destruyendo los cimientos de la civilización occidental, aunque esto último sea redundante, pronto anunciarán el intento de acabar con la vida del ente bautizado como “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG), cuyos miembros, irónicamente, actúan impunemente: sin asumir la responsabilidad de sus acciones y de sus fracasos. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderlos? Aclaro: defender a los salvadores de los inútiles guatemaltecos.


O, también podría ser el primer capítulo del segundo tomo del libro de Eric Frattini “ONU: Historia de la Corrupción” (2005), que reúne parte de la investigación que hizo el citado escritor y periodista, sobre algunos de tantos abusos y excesos, secretos bien guardados, de los supuestamente impolutos miembros de la organización supraestatal más poderosa que existe. ¿Serán tan descarados, o nos creerán retrasados mentales, como para acusar a Frattini de ser parte de la intriga? No es necesaria una campaña para desprestigiarlos: ellos se desprestigian solos. Un autocicigdio.


En fin, tal y como escribió Frattini en la introducción del libro mencionado, y luego a lo largo del mismo lo evidencia, “...la ONU ha sido desde su creación…, un auténtico foco de conflictos. A pesar de ser creada en 1945 como una Organización transnacional capaz de arbitrar cualquier conflicto que surgiese tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el paso de los años, aquel sueño romántico se ha convertido en una pesadilla real, mastodóntica y cara, extremadamente cara”. ¡Vaya si no lo sabemos nosotros!


Aprovecho a retar públicamente a Mainardo Benardelli, Embajador de Italia, a cualquier miembro del privilegiado cuerpo diplomático, y a Ana María de Klein, si es que pretende apoyar las teorías de la conspiración mencionadas con sus declaraciones al diario “elPeriódico”, publicadas el pasado viernes, de que “Hay columnistas que siempre han escrito de lo que está haciendo la CICIG…”, a que nombren a quiénes acusan de ser parte de una campaña de desprestigio contra la CICIG y con qué pruebas. Los invito a que lleguen a mi programa radial, “Todo a Pulmón”, y las presenten.


No todos los habitantes de Guatemala somos alfombras de la comunidad internacional y la burocracia supraestatal. Somos ciudadanos dignos que los enfrentamos y cuestionamos, porque priorizamos el largo plazo y sabemos que, para cambiar las condiciones de vida en Guatemala, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, incluidos dos de sus pilares fundamentales: el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de noviembre de 2010. La imagen la bajé del blog “Un revolucionario ocioso”.

Chico tractor

Sin importarme que de nuevo me incluyan en la lista de desestabilizadores, complotistas y creadores de supuestas campañas negras (acusaciones que luego, por razones obvias – falta de evidencia -, no pueden demostrar) en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sus dirigentes o cualquier otro funcionario de gobierno, en extremo sensible y temeroso de la verdad, voy a enfrentar a cualquier vehículo pesado que me echen encima y voy a comentar las recientes declaraciones del titular de la comisión citada. Al fin, como lo he dicho hasta el cansancio, para mí la opinión más importante sobre mi persona es la propia. Motivo por el cual no puedo dejar pasar semejante descaro.

El actual comisionado de la mencionada entidad de la Organización de las Naciones Unidas, Francisco Dall’Anese, reconoció el pasado martes 26 de octubre en Panamá que “en la CICIG somos como un tractor y nos pasamos llevando a quien se nos ponga enfrente”. Incluidas, como es evidente, las instituciones fundamentales de un sistema real de Justicia: el debido proceso y la presunción de inocencia. O lo que de éstas quedaba en Guatemala. Y, sobre todo, arremeten e intimidan a aquel que les sirva de chivo expiatorio para resolver sus casos, siempre con el apoyo complaciente de conocidos criminales de la peor calaña, llamados hoy colaboradores eficaces.

Me queda claro sobre quienes pasan encima. Sin embargo, según la Wikipedia, un tractor (del latín trahere «tirar») “es un vehículo especial autopropulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas”. Me pregunto, ¿a quienes acarrean? ¿A los gobernantes corruptos a los cuales exoneran de serias acusaciones como las que hizo Rodrigo Rosenberg? Recalco: a los saqueadores que se encuentran en el ejercicio del poder, no a quienes ya lo entregaron.

En una entrevista reciente que le hizo Juan D. Oquendo al conocido entrevistador José Luis Perdomo O., este último contó que Ryszard Kapuscinski dijo: “No me interesa en absoluto entrevistar a los políticos. No dicen la verdad. Siempre repiten las mismas cosas. Me aburren sus discursos precocidos”. Y parece ser que no sólo los políticos, sino también los burócratas al servicio de ellos. Fuera de nuestro país, Dall’Anese se parece tanto al, en sus palabras, brillante Carlos Castresana, a quien le queda como anillo al dedo, parafraseado, el refrán que dice: “Fanfarrón y figura hasta la sepultura”.

Total, es más posible que la próxima legalización en California de la producción, comercialización y consumo de marihuana para todo adulto mayor de 21 años (si es aprobada la Propuesta 19 en las elecciones estadounidenses del 2 de noviembre), contribuya a reducir los crímenes relacionados con la guerra perdida de las drogas, que cualquier ente burocrático, nacional o internacional, que termina acomodándose al sistema imperante de incentivos perversos del cual son parte.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de noviembre de 2010. La imagen la bajé de Internet.