Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.19.2018

La línea de la UNE



La línea de la UNE se pasó llevando a Álvaro Colom y a la mayor parte de quienes ostentaron el título de ministros durante su gobierno. Esa línea es la línea del Transurbano, que resultó ser una línea más de la corrupción que corroe a todos los organismos del Estado. Una corrupción que es imparable, sin importar cuántos sean acusados de corruptos y menos de cuántos terminen presos, una vez no se elimine desde su raíz el problema. Una realidad que sólo va a cambiar cuando cambien las causas que permiten la corrupción. Y, para que eso suceda, muchos tendrán que reconocer el fracaso del estatismo en todas sus expresiones.

Una línea que les dejo miles de millones de quetzales de los tributarios a los Colom y a varios de los funcionarios de su gobierno, a los pícaros de la AEAU y a saber a cuántos farsantes más. Una partida de estafadores que se aprovecharon de la necesidad de la mayor parte de la población capitalina de transportarse de manera segura.

Una línea que al parecer va a representar el último clavo del féretro de Oxfam, por ser uno de los acusados Juan Alberto Fuentes Knight, el presidente de la misma. Que, por cierto, no es la única ONG (además de la ONU que es la organización supranacional más poderosa que existe), en la cual sus directores y empleados han sido acusados de corrupción, de oportunismo y de violación de los derechos individuales de quienes se suponía iban a ayudar.

Pero, ¿por qué las ONG terminan atrayendo a corruptos, parásitos y violadores? Porque el origen de los fondos y el sistema que facilita el modus vivendi de sus miembros, es el mismo sistema de incentivos perversos que atrae a los politiqueros al ejercicio del poder. Como escribió F. A. Harper en The Freeman (1952): “Una vez que el derecho de cada persona a tener todo lo que ha producido ha sido sustituido por el derecho al saqueo colectivo, no es en absoluto sorprendente encontrar al dispensador oficial [el gobernante] que decide que es correcto para ELLOS saquear el botín… por un digno propósito, por supuesto”.

El origen de la corrupción es el poder, por eso debe ser limitado. Y ese poder lo adquieren los gobernantes gracias a la ingenuidad de los ciudadanos que decidieron otorgárselo más allá del necesario para que cumplan con sus obligaciones primordiales: dar seguridad y velar porque haya justicia. Quienes esperan que alguien les satisfaga sus necesidades, que votan por quienes les ofrecen más beneficios, lo que están haciendo es entregándoles un cheque en blanco a los peores representantes de nuestra sociedad, que son aquellos a los cuales atrae el Estado Benefactor/Mercantilista.

¿Qué cambió con la captura de Álvaro Colom y la mayor parte de su gabinete? Que, al menos ahora, quienes nos atacaban falazmente por defender el derecho al debido proceso, hoy insisten en la importancia que éste tiene dentro de una sociedad justa. En fin, como le responde Alfonso VI a Rodrigo Díaz del Vivar en el Mío Cid: “Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de febrero de 2018.

Etiquetas: , , , , , , , , , ,

2.12.2018

Pacto de tramposos

Caricatura de Fo, publicada en Prensa Libre el 8 de febrero de 2018.


El nuevo pacto colectivo que firmó Jafeth Cabrera, como presidente en funciones, con Joviel Acevedo puede llamarse justamente pacto de tramposos por varias razones. Primero, puedo mencionar las descaradas declaraciones del mismo Acevedo donde reconoce que es un tramposo, al cual define el Diccionario de la Lengua Española (DLE) como un “petardista”, que es sinónimo de estafador.

Según Prensa Libre del 8 de febrero de 2018, el líder sindical mencionado dijo que prefiere ser un tramposo y no corrupto, lo que, por cierto, muestra su ignorancia porque un tramposo ES un corrupto. Más aún, según el diario citado, Acevedo agregó que le agrada ser lo que es ahorita: ser un tramposo por no pagar y no ser un corrupto como algunos medios dijeron. ¡Qué cosa! Como dice el refrán, el pez por su boca muere.

Segundo, ¡qué decir del cuestionado presidente en funciones! A quien desde el período previo a las elecciones se le acusó de haber cometido actos de corrupción en su paso por la Universidad de San Carlos. Otro tramposo, como lo es Acevedo. Y ambos se pusieron de acuerdo, con la venia de Jimmy Morales y quién sabe quién más, para estafar a los tributarios por medio de un inmerecido aumento salarial a los mal llamados maestros a quienes representa Joviel Acevedo.

Por supuesto, sobra decir que también son víctimas de estos tramposos los niños que no sólo no reciben una educación que les permita desarrollarse exitosamente, sino que, en el peor de los casos, son programados para convertirse en unos desalmados y aprovechados al igual que sus docentes. Como bien lo explica Alberto Benegas Lynch (h): “los sistemas educativos controlados políticamente, tarde o temprano inculcan doctrinas vinculadas a la supremacía del estado”. Una vez esa doctrina ha sido aceptada, se constituye en una tarea sobrehumana intentar frenar la influencia decisiva que ejerce el poder político en la vida de los ciudadanos, los cuales terminan convertidos en miserables esclavos con el cerebro lavado.

Para colmo de males, hasta el ministro de Finanzas reconoció que no hay dinero para pagarle al extorsionista de Joviel Acevedo y sus huestes. Sin embargo, dice Joviel que eso no le preocupa, lo que me provoca preguntar ¿por qué Joviel Acevedo asegura que cuenta con el apoyo del Congreso para asignar los fondos del nuevo pacto de tramposos que acordó con el Ejecutivo? ¿Es este pacto parte de la negociación que se hizo para la segunda elección de Junta Directiva del Legislativo?

En fin, como escribí en mi artículo titulado “El árbol de la corrupción”, de poco sirve podar las hojas del tal árbol, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que al ignorar la realidad creen que lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer. Si queremos acabar con el abuso del poder y todas sus consecuencias, incluida la corrupción, debemos cambiar el sistema de incentivos perversos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de febrero de 2018.

Etiquetas: , , , , , , ,

2.05.2018

Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.


En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,