El botín de 2019

O, como es oficialmente conocido, el “Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación”, se encuentra en el último trecho de su aprobación. Tienen, los más de 40 ladrones que integran la cueva del Congreso, hasta el próximo viernes 30 de noviembre para aprobarlo. Por ese motivo, y ante la urgencia de saquear a los tributarios en el año de Hidalgo, el año de pendejo el que deje algo, se declararon en sesión permanente.

No tengo el espacio, ni el tiempo, de listar todas la críticas que se le han hecho a la absurda propuesta del exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Sin embargo, quiero mencionar al menos algunas, entre estas, la denuncia de los diputados de Encuentro por Guatemala de que en el proyecto de presupuesto 2019 no hay ministerio ni fondo que no tenga incrementos en los renglones 029, 015, 022, 021 (para contratación de personal temporal) que juntos suman Q23 mil millones.

Según una investigación de elPeriódico, el proyecto de presupuesto está basado en los nexos de varios diputados con determinados entes gubernamentales. Por ejemplo, establece que la asignación de Q120 millones adicionales para el Ministerio de Salud, deberá ser utilizada específicamente para la compra de equipo y el remozamiento, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de los hospitales de Quiché, Alta Verapaz y Santa Rosa, asignación que coincide con el distrito de los diputados Estuardo Galdámez, Rudy Pereira y Marco Aurelio Pineda.

La Comisión de Finanzas agregó Q60 millones para la construcción de canchas deportivas que a cargo del viceministerio de Deportes en el que Mario Renato Monterroso García, sobrino del diputado Hugo Fernando García Gudiel, estaría a cargo de su ejecución. También crearon una partida presupuestaria de Q25 millones para pagar un subsidio de transporte al adulto mayor. Dicho aporte sería recibido por una asociación de transportistas con sede en Escuintla, y aparentemente fueron gestionados por el diputado Domingo Trejo.

El incremento de Q50 millones a la partida del MAGA para el fortalecimiento de la administración del agua, al parecer beneficia a los dos hijos de la diputada Delia Bac que trabajan en dicho ministerio. Además, el incremento de Q12.5 millones al Registro de Información Catastral se debe a que éste es controlado por familiares, amigos y socios del diputado Armando Escribá. Por último, otro incremento relevante es el de Q75 millones para el viceministerio de Seguridad Alimentaria que es dirigido por Manfred Melgar Padilla, hermano del diputado Herbert Armando Melgar Padilla.

Esperemos que prevalezca la falta de acuerdos bajo la mesa, para que no logren alcanzar su perverso objetivo de aprobar el presupuesto con mayor déficit de toda nuestra historia: alrededor de un 40 por ciento de los ingresos fiscales programados. La única forma de evitar que los políticos gasten más de lo que deben es reformando urgentemente nuestro sistema, comenzando por obligar a los diputados, por ley, sólo aprobar balanceados, donde no pretendan gastar más de lo que puedan justamente recaudar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de noviembre de 2018.

Las piñatas fantasmas

Ni es el nombre de una película de ficción ni el título de una novela de misterio. Las piñatas fantasmas no son otra cosa más que el resultado de los estados de excepción que solo sirven para facilitar la corrupción de quienes ejercen el poder y de sus aliados. Personas concretas que de espectros no tienen nada, pero que asustan más que la Siguanaba un viernes a medianoche. Más aún ¡cuánta cólera e indignación inspiran! cuando deciden cómo gastar el dinero que nos han expoliado, el que tanto nos ha costado ganar.

El gobierno ha gastado por lo menos Q691 millones amparado por el Estado de Calamidad. De las compras que más han llamado la atención, en mi opinión, sobresalen tres. Dos de estas, una vez expuestas, fueron anuladas. Pero no hay que olvidar que intentaron hacer tales compras y si no se hubiera conocido su intención de hacerlas, el robo se hubiera consumado.

La primera de estas compras cuestionadas, responsabilidad del Ministerio de Agricultura, fue la adquisición de 297 mil 612 latas de sardina a un costo de Q17 cada una, para un total de Q5.6 millones. La segunda, fue la compra por la Municipalidad de Escuintla de materiales para la construcción de una cancha con grama sintética a un costo de Q260 mil. Ambas fueron anuladas después de que fueron hechas públicas.

La tercera de estas, la cual no conozco su estado actual porque recién fue denunciada, es la compra por excepción por parte del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) de Q18.7 millones en materiales de construcción supuestamente para reparar daños en viviendas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. De acuerdo a una investigación de elPeriódico, la Conred confirmó que no existen tales viviendas “dañadas”. Adicionalmente, encontraron que los materiales fueron comprados un promedio de 20 por ciento arriba del precio de mercado a mayoristas.

Estos son solo algunos ejemplos más de cómo los estados de excepción son utilizados para hacer compras dudosas, tanto por su monto como por su destino. Y eso que no he mencionado las serias dudas que hay en lo que respecta a las reparaciones de la Ruta RN-14. De allí la importancia de no aprobar estos estados, independientemente de la emergencia, si no existen buenos mecanismos de control. Por supuesto, estos ejemplos también sirven para contradecir al presidente Jimmy Morales, quien declaró en el XI Congreso Nacional de Turismo que ellos son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

El Estado de Calamidad fue renovado por el Ejecutivo, pero no fue ratificado por el Congreso. Sin embargo, tampoco fue rechazado, lo que puede servir de excusa para que sigan gastando casi sin límites el dinero, como lo hicieron durante el gobierno del Patriota con la excusa del terremoto de San Marcos. La Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de investigar de oficio todos los gastos hechos por el gobierno, aunque tal fiscalización “irrite” al Presidente y a sus funcionarios. En especial, se deben auditar los gastos que se hacen por medio de los estados de excepción, de lo contrario, continuará la piñata.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de julio de 2018.

La corrupción y los estados de excepción

Imagen tomada de la cuenta en Facebook de Ramón Parellada, quien la compartió de la cuenta de Ligia Pérez Katz. La edición y los comentarios son míos, y asumo la responsabilidad de éstos.

El oportunismo de algunos políticos, particularmente de aquellos en el ejercicio del poder, llega al extremo indeseable cuando utilizan de excusa para eliminar los pocos límites que tienen las tragedias que enfrentan los ciudadanos. De nuevo lo vemos en Guatemala con la declaración del Presidente de un estado de excepción ante el drama que viven muchos de nuestros compatriotas a raíz de la erupción de ayer, domingo 3 de junio de 2018, del Volcán de Fuego. Un estado de excepción que intentan confirmar varios diputados hoy por la tarde.

Tal y como lo señalo en mi artículo publicado hoy, “Jimmy, el globito”, debemos enfocarnos en identificar claramente el origen común de nuestras tragedias políticas. Esta identificación debemos hacerla de forma objetiva y basada en los hechos comprobables, no en falsas expectativas, sesgos o excusas para justificar emociones destructivas como lo son la amargura, la frustración o la envidia. Es vital reconocer que el común denominador de la inseguridad, de la corrupción y de la injusticia es el poder. Y una vez este no sea limitado, nos toparemos en todos lados con una interminable propaganda sobre lo indispensable que es y cuán perdidos estaríamos sin el Divino Estado.

En mi artículo titulado del 23 de septiembre de 2016 “La calamidad es no prever”, recuerdo que la visión de Conred es la de “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”.

Precisamente, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, si es que se supone que ellos van a enseñar a otros a prever, en su caso sean INCAPACES de hacerlo sin un estado de excepción? Esa es la verdadera calamidad. ¿O es una contradicción? ¿O es una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones?  

Repito lo expresado en infinidad de ocasiones, los estados de excepción, tanto ayer como hoy y mañana… y en casi todos los eventos que pretenden justificarlos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El más reciente estado de calamidad decretado por Morales, si es confirmado por el Congreso, solo servirá para que unos acumulen fortuna a costa nuestra, como ha sucedido siempre. Mientras, los damnificados seguirán esperando sentados el apoyo del Estado.

Menos mal que muchos guatemaltecos practicamos la virtud de la benevolencia y nos las arreglamos para ayudar a los más afectados. Cada uno de nosotros puede ayudar, no importa cuánto podemos dar, si no que todos demos lo que podemos. Así, cooperando, lograremos que nuestros compatriotas más afectados por la erupción del Volcán de Fuego puedan levantarse. ¡Ánimo!

Pacto de tramposos

Caricatura de Fo, publicada en Prensa Libre el 8 de febrero de 2018.

El nuevo pacto colectivo que firmó Jafeth Cabrera, como presidente en funciones, con Joviel Acevedo puede llamarse justamente pacto de tramposos por varias razones. Primero, puedo mencionar las descaradas declaraciones del mismo Acevedo donde reconoce que es un tramposo, al cual define el Diccionario de la Lengua Española (DLE) como un “petardista”, que es sinónimo de estafador.

Según Prensa Libre del 8 de febrero de 2018, el líder sindical mencionado dijo que prefiere ser un tramposo y no corrupto, lo que, por cierto, muestra su ignorancia porque un tramposo ES un corrupto. Más aún, según el diario citado, Acevedo agregó que le agrada ser lo que es ahorita: ser un tramposo por no pagar y no ser un corrupto como algunos medios dijeron. ¡Qué cosa! Como dice el refrán, el pez por su boca muere.

Segundo, ¡qué decir del cuestionado presidente en funciones! A quien desde el período previo a las elecciones se le acusó de haber cometido actos de corrupción en su paso por la Universidad de San Carlos. Otro tramposo, como lo es Acevedo. Y ambos se pusieron de acuerdo, con la venia de Jimmy Morales y quién sabe quién más, para estafar a los tributarios por medio de un inmerecido aumento salarial a los mal llamados maestros a quienes representa Joviel Acevedo.

Por supuesto, sobra decir que también son víctimas de estos tramposos los niños que no sólo no reciben una educación que les permita desarrollarse exitosamente, sino que, en el peor de los casos, son programados para convertirse en unos desalmados y aprovechados al igual que sus docentes. Como bien lo explica Alberto Benegas Lynch (h): “los sistemas educativos controlados políticamente, tarde o temprano inculcan doctrinas vinculadas a la supremacía del estado”. Una vez esa doctrina ha sido aceptada, se constituye en una tarea sobrehumana intentar frenar la influencia decisiva que ejerce el poder político en la vida de los ciudadanos, los cuales terminan convertidos en miserables esclavos con el cerebro lavado.

Para colmo de males, hasta el ministro de Finanzas reconoció que no hay dinero para pagarle al extorsionista de Joviel Acevedo y sus huestes. Sin embargo, dice Joviel que eso no le preocupa, lo que me provoca preguntar ¿por qué Joviel Acevedo asegura que cuenta con el apoyo del Congreso para asignar los fondos del nuevo pacto de tramposos que acordó con el Ejecutivo? ¿Es este pacto parte de la negociación que se hizo para la segunda elección de Junta Directiva del Legislativo?

En fin, como escribí en mi artículo titulado “El árbol de la corrupción”, de poco sirve podar las hojas del tal árbol, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que al ignorar la realidad creen que lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer. Si queremos acabar con el abuso del poder y todas sus consecuencias, incluida la corrupción, debemos cambiar el sistema de incentivos perversos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de febrero de 2018.

2018

Para muchos, el año comenzó hoy. Al menos el año productivo. Lo vemos en el tránsito que recuperó su pesadez. Lo sabemos por las bocinas que nos recuerdan que vivimos en un mundo de urgencias en el que debemos llegar pronto a algún lugar: un objetivo que probablemente no alcancemos. ¿Porque salimos tarde? ¿Porque no planificamos bien nuestro tiempo? ¿O será porque realmente no deseamos llegar a un lugar en el cual no queremos estar?

En fin, espero que la mayoría mantenga el entusiasmo que nos embarga a principios de año, aceptando que terminaron las vacaciones y a pesar de las complicaciones que implica el hecho de que casi todos retomamos nuestra rutina diaria, con todo e inicio de clases. ¿Por qué? Porque los retos que nos depara este 2018 son importantes para el presente y el futuro propios y de nuestros seres queridos.

Uno de los desafíos más importantes de este año a nivel político es la elección del próximo fiscal general, no solo por la batalla contra la corrupción, sino para todo el sistema de justicia en nuestro país. Ese sistema que en lugar de enfocarse en velar para que cada quien reciba lo que merece, es utilizado como un arma para satisfacer las demandas de los grupos de presión más poderosos del país. Un sistema que contribuye a preservar las injusticias que prevalecen en nuestra sociedad.

Sin embargo, el objetivo más trascendente para el año 2018 es hacer una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De lo contrario, se ponen en riesgo las elecciones generales de 2019. Entre los cambios urgentes a la actual legislación, el más relevante es el de la elección de diputados. Será una victoria significativa para los ciudadanos si por lo menos se logra aprobar el voto preferencial. Por supuesto, el ideal sería que pasara el voto nominal y hacer pleno el derecho de todo ciudadano a ser electo, aprobando que cualquiera que lo desee, aunque no esté respaldo por alguna organización política, pueda postularse para un cargo público. No obstante, en las actuales circunstancias, veo poco probable que estos cambios se den.

En lo que respecta a los retos ciudadanos, el principal será la defensa de la libertad de expresión, que significa la libertad de defender los propios puntos de vista y asumir las posibles consecuencias, incluido el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La libertad de no estar de acuerdo, no escuchar y no apoyar a nuestros antagonistas.

No debemos permitir la censura bajo ningún punto de vista. La censura sólo la puede ejercer el gobierno. Ninguna persona, no importa cuán influyente sea o la profesión que ejerza, puede usar la fuerza física o la coacción gubernamental para censurar ni suprimir las opiniones o las publicaciones de otros. Todos somos libres de expresarnos en nuestros espacios y todos somos libres de escuchar a quien nosotros queramos. La función política del derecho a la libertad de expresión es proteger a los disidentes y es la principal defensa contra la imposición de una dictadura.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de enero de 2018.

Fábrica de leyes

Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad los medios de información tradicionales, es esa manía de la mayoría de sus miembros de confundir las leyes con la legislación y creer que al Congreso hay que evaluarlo por la cantidad de decretos que emitan los diputados, sin importar las consecuencias en el largo plazo que acarrean estos decretos. Nuevos decretos cuyo objetivo es crear más regulaciones que lo único que logran es debilitar aún más las pocas normas que merecen ser llamadas leyes. Un mal hábito que repiten año con año, en particular por estas fechas.

El error de creer que el Organismo Legislativo es una especie de fábrica de leyes, que rara vez cumplen con las condiciones para serlo efectivamente, promueve el estatismo y la intervención y, contrario a lo que muchos sostienen, esa incontinencia legislativa a los únicos que favorece es a los gobernantes y sus cómplices, ya sean estos últimos miembros de grupos de presión influyentes o familiares y amigos de quienes ejercen el poder.

Un Estado de Derecho, dentro del contexto republicano, está basado en la igualdad de todos ante la ley. Por eso, las leyes deben de ser universales, abstractas, impersonales y pocas para que sean conocidas y obedecidas. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, mandantes y mandatarios, estos últimos todavía llamados por la mayoría gobernantes. Ninguno de los decretos legislativos, no importa cuántos sean ni quiénes los propongan, que promuevan la violación de los derechos individuales de unos, con la excusa de beneficiar a otros, pueden ni deben ser llamados leyes, porque estos son contrarios a la igualdad mencionada que asegura la vida, la libertad y la propiedad de todos sin distinciones de ninguna clase.

Sin embargo, en los tiempos actuales, aunque mucha gente engaña y se engaña creyendo que vivimos dentro de una república, la realidad es que hay pocas leyes y mucha legislorrea. Y esta última ahogando, poco a poco con cada nueva regulación que es aprobada, a las primeras. Acabando con la efectividad de las leyes y, de paso, con nuestros derechos individuales que quedan a merced de los caprichos de los poderosos y sus secuaces.

En lugar de promover la emisión de más legislación, debemos exigir la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más y más poder. Poder que es el origen de la corrupción, como bien lo enfatizó el célebre Lord Acton, con su hoy aún más célebre frase: “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención arbitraria de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de diciembre de 2016.

¿Quién dirige el Congreso?

Más allá de lo que diga la moribunda letra de nuestra Constitución, quienes mandan en el Congreso e imponen sus agendas políticas son los grupos de presión. Pueden ser grupos nacionales y/o internacionales, pero en ambos casos el objetivo es el mismo: profundizar el sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala por medio de más intervencionismo y más estatismo. Son irrelevantes los motivos que aducen para impulsar más legislación que otorga más poder a los gobernantes y crea más burocracia parasitaria: al final, con sus propuestas convertidas en ley, lo que suelen provocar es lo contrario a lo que pretendían alcanzar.

“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”: un refrán que he repetido hasta el cansancio. Tal vez algunos de quienes promueven más de los mismos obstáculos que les han impedido a tantos compatriotas nuestros superar la pobreza, efectivamente creen que ayudan a los habitantes más frágiles de nuestro país. Pero la realidad es contraria a esas buenas intenciones: entre más obligaciones se les asignan a los gobernantes (quienes actúan en nombre del abstracto Estado), menos probabilidades tienen los más pobres, y casi todos a excepción de los privilegiados, de mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, en plena revolución de las comunicaciones y la información, hoy está al alcance del teclado de la mayoría, ya sea de la computadora o del teléfono, la posibilidad de aclararse las ideas y verificar cuál ha sido a lo largo de la historia el resultado, con el pasar del tiempo, de las políticas que impulsan. Por eso pienso que muchos de los que piden más intervención de los gobernantes en todos los ámbitos de nuestras vidas por medio del Estado Benefactor/Mercantilista (que predomina en la mayor parte del mundo y cuyo discurso populista ofrece solucionarle la vida a la gente confundiendo intencionalmente necesidades con derechos), lo alientan a sabiendas de cuáles van a ser sus consecuencias.

Mienten al resto por interés propio: ya sea para ser electos en algún cargo público o conseguir un trabajo dentro de la burocracia estatal. Los más ambiciosos aspiran a colarse en cualquiera de los poderosos organismos estatales supranacionales (ONU, BM, BID…), para asegurar su exquisita y cómoda existencia a costa de los tributarios que mantienen tales entidades. También los hay, y por montones, líderes de los grupos de presión locales que esperan, por medio de privilegios, acumular una fortuna lo suficientemente grande para asegurarse que no tendrán que trabajar, como el resto, para ganarse la vida.

Por eso es importante que pongamos atención en quienes llegan a ocupar un cargo en el Legislativo. Más aún si estos son aquellos que van a dirigirlo: en sus manos está la agenda del Congreso y, por tanto, la posibilidad de cambiar el sistema político para bien de todos en el largo plazo, o hundirnos más en la miseria actual por medio del sistema vigente que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de octubre de 2016. La imagen es el caricaturista "Fo" publicada originalmente en "Prensa Libre".

Legislación antiprogreso

Los actuales diputados, enfermos de una legislorrea al parecer incurable, se han dedicado a aprobar más legislación intervencionista, estatista y colectivista, cuyo objetivo es darle más poder a quienes lo ejercen, los gobernantes, a costa de nuestros derechos. La mayoría de los decretos legislativos de lo que va del año obstaculizan el progreso y promueven la violación de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de Guatemala. En lugar de fortalecer a quien deben servir, al mandante, se otorgan más poder a sí mismos y a la burocracia estatal en general.

Son despreciables quienes se quedan callados ante esta situación a pesar de que se dan cuenta de que el poder que se les otorga a los gobernantes para interferir en nuestras vidas y decidir sobre nuestros bienes es proporcional a los niveles de corrupción, impunidad y abusos. O sea, a mayor poder discrecional de los gobernantes y funcionarios públicos, existe más corrupción, más impunidad y más abusos por parte de éstos.  Y peores son aquellos que reconocen lo anterior, y se asociación para delinquir con quienes hacen de la política un negocio infame. 

A los proestatistas y los neomercantilistas influyentes les conviene a sus intereses hacer creer que la solución a las carencias de nuestra sociedad se encuentra en quienes, en la mayoría de los casos, son los causantes del problema: los gobernantes.  Por supuesto, también se avocan luego a ellos para cobrarles la factura del apoyo solicitando privilegios. En nuestro país los gobernantes y los buscadores de rentas promueven una ciega carrera hacia el abismo de la miseria perenne.

Me da pena pensar en el futuro de los más pobres, aquellos por quienes dicen velar los neopopulistas, neonacionalistas y neosocialistas, porque no sólo no logran superar la pobreza en la que viven, sino que cada ley que aprueban los diputados reduce sus probabilidades de que logren mejorar honradamente su calidad de vida. La opción que les queda es la de emigrar a países en los cuales se goza de una mayor libertad, respeto a la propiedad, justicia y seguridad.

Tenga cuidado con quienes proponen más de lo mismo: más allá de las consignas ideológicas desgastadas, agotadas… más allá de los ataques falaces (non sequitur, hombre de paja, ad hominem) enfoquémonos en lo que es nuestro sistema político: ¿qué nos enseña la realidad? Los hechos, ¿qué nos dicen del tipo de sistema que impera en Guatemala? ¿Por qué se ha caracterizado? ¿Por la intervención gubernamental en nombre del abstracto Estado o por el respeto a los derechos individuales de cada uno de los miembros de la sociedad y la igualdad ante la Ley para todos? ¿Hasta dónde llega el control de los gobernantes sobre nuestras vidas? ¿Hasta dónde pretenden llegar con los cambios que intentan aprobar?

El sistema que tiene más de siete décadas de prevalecer en Guatemala es el Estado Benefactor/Mercantilista. Es este el origen del problema. Más de lo mismo, sólo va a empeorar las condiciones en las cuales vivimos.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de abril de 2016.

2016

Imaginemos cómo va a ser este año que recién comenzó hace unos días. Va a ser un período más complicado que el pasado 2015. Si esas complicaciones nos van a beneficiar o no en el largo plazo dependerá de nosotros. Las decisiones que tomemos van a influir más que en otras ocasiones en nuestro futuro, si es que decidimos seguir viviendo en Guatemala. Es vital que nos imaginemos a nosotros, a los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, como los protagonistas de la historia que vamos a escribir en conjunto. De lo contrario, digamos adiós a la posibilidad de progresar, la cual depende de cambiar lo que hay que cambiar urgentemente: el sistema político actual del Estado Benefactor/Mercantilista.

Espero que la incertidumbre que priva en lo que respecta a cómo va a ser el gobierno de Jimmy Morales y quiénes lo van a acompañar en el Ejecutivo, haga a la mayoría voltear la cabeza al que debe ser el poder del Estado más importante en el próximo período: el legislativo. Como ya lo hemos repetido varios hasta el cansancio, el deseo de muchos de vivir en una sociedad justa, donde todos seamos iguales ante la ley, pasa por un cambio radical de las normas que rigen nuestra convivencia. Y este hecho sólo se puede dar desde el Congreso. Por supuesto, será un reto titánico el que vamos a enfrentar, considerando que son pocos los diputados que podemos calificar como honestos, íntegros y con las ideas claras. Sin embargo, con el apoyo nuestro, esos pocos pueden hacer mucho por todos.

Debemos tomar en cuenta que la lucha contra la corrupción apenas empezó. Que la misma corrupción que corroe el sistema de justicia (como a todo el resto de la burocracia estatal) reclama de nosotros una presencia continua en los medios pacíficos con los cuales contamos, para presionar a los jueces, a los fiscales y a todos aquellos a cargo de presentar la evidencia necesaria que permita condenar a los que nos han robado por años sin violentar el derecho al debido proceso. El robo salta a la vista: solo falta que los responsables puedan armar correctamente los casos en contra de los acusados.

Contamos con las redes sociales y los avances continuos en los medios por los cuales podemos expresarnos y comunicarnos. La tecnología ha permitido que los ciudadanos estén mejor informados sobre lo que hacen sus mandatarios, lo que nos facilita ejercer como mandantes y nos permite convertirnos en actores en los asuntos políticos que nos conciernen, tanto a nivel local como global. Usemos los medios con los que hoy contamos para dar la batalla de las ideas, de la cual dependen nuestras condiciones de vida y las de nuestros seres queridos. Quisiera poder predecir el mañana, pero sé que eso es imposible: ni yo, ni nadie, cuenta con una bola de cristal para hacerlo. Lo que sí sé a ciencia cierta, es que ese mañana, hoy incierto, será el resultado de nuestras acciones presentes. Somos los amos de nuestro destino. Decidamos que éste sea productivo, memorable y feliz.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de enero de 2016.

Presupuesto para la corrupción

Poco importa lo que haya pasado (y pase) en el Congreso, y menos son relevantes las excusas que dan por haber desperdiciado una oportunidad que no se había dado en décadas, la oportunidad de aprobar un Presupuesto que de verdad estuviera destinado a cumplir con el mandato primero que les hemos dado los mandantes a nuestros mandatarios: velar por la seguridad de todos los ciudadanos por igual y asegurar de que, en caso que se viole alguno de los derechos individuales (vida, libertad y propiedad) de cualquiera de los habitantes pacíficos, respetuosos y responsables de nuestro país, el culpable sea apresado y juzgado, respetando el debido proceso, para que haya justicia: o sea, que el antisocial que haya sido encontrado culpable, compense a su víctima.

Como claramente manda en los artículos primero y segundo nuestra Constitución Política: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común…Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Por tanto, la mayor parte de los impuestos que pagamos DEBE ser destinada a la seguridad y a la justicia. Lamentablemente, es en los mandatos propios del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos (el llamado Estado Benefactor/Mercantilista), mandatos que también están contenidos en nuestra contradictoria Constitución, donde los corruptos que llegan al ejercicio del poder encuentran la forma más fácil de robarse la mayor parte de todo lo que tributamos.

La corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto, que no solo incluye todo aquello que los gobernantes pretenden robar (principalmente por medio de los Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación), sino el mantenimiento de una burocracia estatal ineficiente, engorrosa e INNECESARIA, que la mayoría de las veces lo único que hace es estorbar el intento de quienes no pierden la esperanza de progresar en Guatemala. Esto último también es corrupción.

Como escribí en un artículo anterior: “El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder. El llamado Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual legalizan la repartición del botín. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses los tributarios, obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico… Unos pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos, aún aquellos que trabajan dentro de la economía informal, ya que cada vez que consumen un producto o usan un servicio que está controlado por los terroristas fiscales de la SAT, el precio del bien o del servicio lleva cargados los impuestos respectivos”. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de noviembre de 2015.

El fiambrismo de Jimmy

Sigo sin entender cuál es la posición política del presidente electo Jimmy Morales. Menos logro descifrar cuál es su filosofía de vida. Sólo conozco ese fiambre de ismos que él ha asegurado en varias ocasiones que lo definen. Unos más otros menos, con variaciones camaleónicas dependiendo del auditorio, Morales afirma que cree en el nacionalismo y el cristianismo, se inclina por el conservadurismo de derecha aunque le llama la atención el libertarianismo, y según su elección del equipo de trabajo para la transición, yo diría que su predilección, como la mayoría de políticos, es por el estatismo y el intervencionismo.

                                                                                                       

No mencioné el colectivismo porque está implícito en la mayoría de ismos listados. ¿Se dan cuenta del origen de mi confusión? En este momento a la única conclusión que puedo llegar, siendo objetiva, es que el futuro presidente del Ejecutivo está lleno de contradicciones, lo que sin duda me preocupa. Motivo por el cual, elijo enfocarme en los retos que nos presentan nuestras elecciones recientes, siendo el primero de los desafíos el definir cuáles son las obligaciones de Morales una vez esté en el ejercicio del poder.

Las analistas y los analistos que forman parte del mainstream tecnócrata/estatista, opinan que la prioridad de Morales debe ser la SAT: o sea, exprimir aún más al tributario. Yo, definitivamente, no apoyo tal propuesta absurda. Por el contrario, considero que la prioridad DEBE ser acabar con la corrupción, lo que está íntimamente ligado a la necesidad de trabajar con un presupuesto equilibrado (no gastar más de lo que ya le ingresa), eliminar obstáculos a la inversión (comenzando por el ISR) y enfocarse en seguridad (que se reduzcan al mínimo posible las violaciones a la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos).

El Presidente del Ejecutivo se debe dedicar a ejecutar lo mandado, debe RESPETAR la división de poderes y no debe conspirar con los diputados para aprovecharse de los ciudadanos. Para alcanzar sus objetivos no necesita ni debe consensuar nada con los congresistas, esto último es un error en el cual también insisten los mencionados analistos y las analistas incapaces de pensar como mandantes dentro de una República. Más parece que se aprenden un guión el cual repiten a los medios de comunicación.

Jimmy Morales, presidente electo, es aquel al cual la mayoría que votó consideró la menos peor de las opciones. A quien favoreció la crisis política de este año que significó el despertar de cientos de miles de personas hartas de la corrupción imperante en el gobierno de Otto Pérez Molina y sus predecesores. Ojalá Morales se prepare como debe para hacer un papel decente como mandatario, que deje de hablar de sí mismo en tercera persona y  ponga los pies en la Tierra. Que actúe como un político serio. Mientras, nosotros los mandantes, debemos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante: el cambio urgente, radical, a nuestro sistema de Estado Benefactor/Mercantilista. Y, por enésima vez: no habrá Luna de Miel.

                                                                                                       

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de noviembre de 2015.

Los diputados a rascarse la panza

Nos va a salir menos caro pagarles a los diputados porque se vayan de vacaciones a rascarse la panza a donde quieran, a que sigan aprobando leyes desastrosas en el Congreso: más legislación arbitraria y más cargas para los tributarios, incluyendo préstamos y la obligación de que les financiemos sus campañas publicitarias y mantengamos a más diputados.

Los cambios a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras (LEPP) que pasaron ya en tres lecturas son NEFASTOS. Sin embargo, poco les importó aprobarlos, ni siquiera a aquellos que saben que estos cambios son contrarios a las reformas de fondo que necesitamos hacer urgentemente a nuestro sistema político. Prefirieron no hacer nada bajo la arriesgada premisa de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) los van a rechazar. A menos que paren en la CC esta aberración, serán 160 diputados a quienes vamos a tener que mantener, de los cuales alrededor del noventa por ciento son unos parásitos corruptos. Lo anterior, claro, entre muchas otras barbaridades.

                                                                                

Como he escrito hasta el cansancio, los cambios que aprobaron los diputados son más de lo mismo: puro estatismo, intervencionismo y colectivismo. Además, fortalecen a las bandas actuales y otorgan privilegios a grupos de interés que sólo van a facilitar el clientelismo y el nepotismo dentro de las organizaciones criminales legales mencionadas, o sea, dentro de los partidos políticos.

Los cambios aprobados no sólo van a continuar atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a oportunistas todavía más flojos que los anteriores. Tipos a los que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por nosotros.

Repito por enésima vez: los cambios aprobados a la LEPP (no merecen ser llamados reformas) sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuales los corruptos quieren llegar al ejercicio del poder. El problema es que continúa vigente, y ahora fortalecido, el sistema de incentivos perversos prevaleciente (injusto e inmoral) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

Y lo más delicado es que no termina ahí el daño que pretenden hacer antes de que concluya la actual legislatura: hace unos días, según se rumora por la presión que ejerce Sandra Torres en el Congreso, sacaron del cajón de las pesadillas la mal llamada Ley de Desarrollo Rural Integral (iniciativa 4084), la cual ya pasaron en primera lectura. Una ley perversa que si llega a aprobarse logrará hacernos a la mayoría más pobres, particularmente a los que hoy ya lo son. Contrario a su nombre, lo que va a promover será más miseria. Los únicos beneficiados con esta normativa serán aquellos que ejerzan el poder, sus familiares y los chaqueteros que se hagan pasar por sus amigos. Mejor mandemos a los diputados de vacaciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de octubre de 2015.

Los cambios nefastos a la LEPP

Los cambios a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras (LEPP) que pasaron ya en dos lecturas (porque no hubo debate) son NEFASTOS: son más de los mismo (estatismo, intervencionismo y colectivismo), además de que fortalecen a las bandas actuales y otorgan privilegios a grupos de interés que sólo van a facilitar el clientelismo dentro de las organizaciones criminales legales mencionadas, o sea, dentro de los partidos políticos. Repito lo que escribí hace unas semanas:

                                                            

“Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su ¿propio? presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a NO MENOS del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [la ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

“Los cambios propuestos no sólo van a seguir atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a más oportunistas que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por nosotros. Las reformas propuestas… sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuáles quieren llegar al ejercicio del poder. El sistema de incentivos perversos (intervencionista, colectivista) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad continúa vigente y fortalecido”.

“Además de recetarse por lo menos Q150 millones de nuestros impuestos sólo para pagar su publicidad durante las elecciones, aumentan el número de diputados a 160, permiten el transfuguismo en el año electoral, mantienen la elección de diputados por listados, proponen cuotas de poder para mujeres e indígenas que solo van a fomentar el nepotismo y el clientelismo y consolidan el cartel de las pandillas politiqueras que sin duda se van a multiplicar por medio de la creación de comités cívicos”.

El cambio RADICAL es urgente, pero lo que pretenden en el Congreso es aprobar más de lo mismo. En lugar de mejorar la situación la van a empeorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes, no impulsan el Estado de Derecho, facilitan el robo de nuestros impuestos y promueven el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de septiembre de 2015.

El porqué voté

Voté porque como mandante que soy es mi derecho elegir a los mandatarios de mi país. Un derecho por el cual pagaron un precio alto nuestros antepasados. Un reconocimiento republicano propio de los Estados modernos. Elegí votar porque es un derecho y NO una obligación, que si así fuera, sería una violación a la libertad de cada uno de decidir ejercer su derecho a votar o no. Votar y cómo o por quién votar ES una decisión individual. Nadie debe presionar a otro a que vote, y menos cómo votar o por quién votar. Nadie debe aceptar tal presión cuando se da.

                                      

Voté porque quiero vivir en Guatemala, aunque en condiciones diferentes. Quiero vivir en una sociedad en la que prevalezca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos. Una sociedad en la que podamos convivir en paz. Aquí decidí construir mi hogar, trabajar y crear la riqueza que me permite satisfacer mis necesidades y ayudar a mis seres queridos. Voté porque aquí se encuentran mis valores específicos más preciados: mi familia y mis amigos.

Voté porque necesitamos cambiar el sistema de incentivos perversos en el cual vivimos. Cambio que depende del Congreso. Voté para diputados del distrito central por los propuestos por Encuentro por Guatemala, porque la lista la encabeza Luis Pedro Álvarez Morales, a quien conozco personalmente: sé que es una persona digna y honesta y, en general, tiene las ideas claras. En el caso del listado nacional también voté por los propuestos por Encuentro por Guatemala, principalmente por la confianza que tengo en Álvarez Morales.

Voté nulo para presidente, nulo para alcalde y nulo para el Parlacen. Yo no voto por corruptos. Tampoco voy a apoyar con mi voto a personas con las cuales no coincido en su forma de ver el mundo, como lo hicieron quienes falsearon la realidad y racionalizaron su voto apoyando a alguien con el que no coinciden en valores, que va a violentar sus derechos individuales y que va a impulsar más de lo mismo: un sistema fracasado, estatista, colectivista e intervencionista que, además, es injusto e inmoral. Un sistema parasitario que se basa en el robo legalizado. Todos los candidatos proponían continuar con el Estado Benefactor/Mercantilista. ¿Por qué los iba a favorecer con mi voto? Es actuar en contra de mis intereses y los de mis seres queridos en el largo plazo.

En la legislación guatemalteca NO existe el “voto en contra de x”. Sólo existe el voto a favor de individuos específicos, con propuestas específicas, que compiten por un cargo de elección popular. Quien quiera que quede como próximo presidente del Ejecutivo entre los que van a competir en la segunda vuelta electoral ocupará tal cargo por el voto de quienes lo favorezcan. Por eso es importante que NO tenga poder en el Legislativo. Es la única forma de proteger nuestros derechos individuales. Por eso es importante que el despertar del mandante en Guatemala no sea pura llamarada de tusa. Nosotros seremos los más importantes fiscalizadores del uso del poder de ahora en adelante.

                                                                                                       

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de septiembre de 2015.

¿Quiere mantener más diputados?

Y no solo mantenerlos, ¡pagarles su propaganda electoral! A ellos y a todos los miembros de sus partidos que deseen un hueso en el Congreso o en cualquier otro lado de la corrupta burocracia del abstracto Estado. Yo, como lo enfaticé en mi artículo de la semana pasada, me opongo ROTUNDAMENTE a que me obliguen a pagar las campañas publicitarias de los partidos por medio de cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP).

                                  

Rechazo la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Iván Velásquez de la CICIG, y de los actuales diputados de que NOSOTROS, los ya agobiados tributarios, seamos obligados a financiar las campañas publicitarias de gente que en su mayoría despreciamos por mentirosos, holgazanes y ladrones. Reformas que le pidió Otto Pérez Molina a sus diputados que aprobaran con carácter de urgencia ¿Por qué?

Los cambios propuestos no sólo van a seguir atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a más oportunistas que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por usted y yo. Las reformas propuestas por el TSE que ya fueron aprobadas en segunda lectura (aunque bajo un procedimiento cuestionado) sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuáles estas joyitas quieren llegar al ejercicio del poder. El sistema de incentivos perversos (intervencionista, colectivista) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad continúa vigente y fortalecido.

Con las #ReformasMañosas, además de recetarse por lo menos Q150 millones de nuestros impuestos sólo para pagar su publicidad durante las elecciones, aumentan el número de diputados a 160, permiten el transfuguismo en el año electoral, mantienen la elección de diputados por listados, proponen cuotas de poder para mujeres e indígenas que solo van a fomentar el nepotismo y el clientelismo y consolidan el cartel de las pandillas politiqueras que sin duda se van a multiplicar por medio de la creación de comités cívicos, solo para mencionar los más nefastos cambios que pretenden aprobar ilegalmente los congresistas. Por cierto, Velásquez mintió al declarar en CNN que estas reformas fueron consensuadas. ¿Consensuadas por quiénes? ¿Por aquellos que ha acusado de corruptos? ¿Por grupos de presión?

Necesitamos cambios en nuestro sistema político actual (Estado Benefactor/Mercantilista). Pero no se trata de hacer cambios por hacerlos. Debemos hacer las reformas radicales que nos permitan acabar de raíz con el origen de la corrupción, que es el sistema de incentivos perversos, inmoral e injusto, que prevalece en Guatemala y, lamentablemente, la mayoría de las reformas propuestas a la LEPP que están discutiendo los diputados, en lugar de acabarlo, lo refuerza en beneficio de los saqueadores que llegan al poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de agosto de 2015.

La Guatemala embrujada

Desde tiempos inmemoriales sabemos que Guatemala, más allá de sus célebres leyendas, está poblada por espectros. Son reales y merodean por el aparato burocrático estatal. Los hay en todas las oficinas y entes gubernamentales. Toman muchas formas: se hacen pasar por conserjes, asesores, secretarias… Sospecho que hasta presidentes fantasmas hemos tenido.

Cosa de estudios nigrománticos es averiguar cuál es el destino de los impuestos que pagamos con la falsa excusa de ayudar a los menos afortunados, ya que suelen desaparecer misteriosamente cuando ingresan a la dimensión fantasmagórica de las arcas públicas. Lo curioso de este caso es que luego, por arte y magia del testaferro ¿será brujo?, aparecen en los bolsillos de un funcionario público o en sus cuentas bancarias en el extranjero. ¿Será fantasmal nuestro dinero? Puede ser, porque se esfuma de nuestras vidas para aparecer en las de otros que no se lo ganaron.

En fechas recientes se ha comentado bastante sobre las llamadas plazas fantasmas. Sin embargo, es obvio que las plazas no son fantasmas: existen y están presupuestadas. El problema es quiénes las ocupan: son plazas PARA fantasmas que solo aparecen cuando hay que cobrar el cheque. Espantan cada quincena. Y esto no solo ocurre en el Congreso, es un hecho que se repite en todos los ministerios e instituciones del gobierno y todo organismo que tenga relación con la administración del abstracto Estado.

En la Guatemala embrujada hasta la gente desaparece. Algunos mueren de hambre o son asesinados por los criminales residentes y terminan espantando en el cementerio local. Otros simplemente se evaporan y rara vez se vuelve a saber de ellos. Sus familiares y amigos opinan que se fueron para el norte, creen que tal vez llegaron o tal vez se quedaron en el camino. ¡Quién sabe cuál fue su sino!

Por estos días un grupo de gente que hasta hace pocos meses era parte del mundo de las tinieblas, integrado en su mayoría por extranjeros y cuentacuentos muy bien remunerados, parecen haber resucitado. A sottovoce se comenta que el despertar se debió a la amenaza de perder el cómodo empleo que les permitió pasar a mejor vida. Para evitar tal hecho, decidieron convertirse en los ghostbusters tropicales. Eso sí, sólo cazan a diablillos de poca monta y algunos medios mandos. A los meros jefes de las hordas del inframundo de la corrupción hasta los protegen por orden del más poderoso de los espantos.

Para colmo de males, a quienes más temen los honrados en nuestro país embrujado, es a los policías que sólo aparecen para extorsionar, violar, secuestrar, asaltar y hasta asesinar a los ciudadanos trabajadores. Y cuando ven que se asoma un delincuente o un criminal de verdad, desaparecen al instante. No importa cuánto uno los invoque, que se use la guija más sofisticada conectada a la Internet con todo y guaifai incorporado, los mentados no aparecen por ningún lado. En fin, una vez más queda demostrado que hay que temer más a quienes se pasan de vivos que a los aparecidos.

                               

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de julio de 2015.

¿R.I.P. Otto Pérez Presidente?

El fin muy cerca está. ¿Lo afrontará serenamente? No lo creo. Se le ve en el semblante que está cansado, apesadumbrado y angustiado. Parece un anciano maltratado. Otto Pérez Molina no va a descansar en paz después de fracasar como Presidente de Guatemala. Al contrario, va a empezar el verdadero calvario: el justo castigo de sus acciones punibles como mandatario fallido de nuestro país.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia unánimemente abrieron el ataúd donde se van a depositar los restos mortales de lo que fue el gobierno de Pérez Molina. Los responsables de depositar el cadáver son los diputados integrantes de la comisión pesquisidora a cargo del proceso de antejuicio en contra del otrora gozoso gobernante. Si es que acaso antes no decide renunciar como lo hizo Roxana Baldetti.

Va, cual Dante tras su Beatriz, al mismísimo infierno. Pero, a diferencia del escritor florentino precursor del Renacimiento, Otto se quedará con Roxana en el círculo del averno que les corresponde. Como politiqueros corruptos que son, les toca quedarse a pagar sus crímenes en el quinto recinto (o bolgia) del octavo círculo. Los llevará en este caso el Gerión (monstruo alado con tres cabezas) que encarna a los tres burócratas que no honraron su palabra de protegerlo: Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana. Será más poderosa la presión de los valientes y consistentes mandantes que hemos protestado pacíficamente y exigimos que se haga justicia, que el espurio trato que hicieron con Pérez Molina.

En particular en el caso de Robinson, Embajador de EE. UU., que como buen pragmático que debe ser, va a preferir dejar de proteger a un personaje que es denostado por la mayoría de habitantes del pueblo en que ejerce su papel de Procónsul, que manchar su carrera diplomática. Total, Guatemala es solo un paréntesis en su camino en pos de más altas cumbres políticas. No se puede dar más color del que ya se dio apoyando a semejante impresentable y a quienes con él han dilapidado los impuestos que hemos pagado durante los años de su malhadado reinado.

Pérez Molina, como su esposa Rosa Leal, se debe de preguntar, ¿por qué yo, si en todos lados hay corrupción? Pues bueno, porque su gobierno no sólo ha sido el más voraz, sino aquel en el cual se rebosó el vaso. Él y su nefasta compañera en las orgías de la corrupción estatal en las que se robaron el dinero que nos han expoliado a los tributarios, acabaron con nuestra paciencia. Ahora deberán pagar las consecuencias.

Pero, al fin, Pérez Molina y Baldetti son solo el resultado esperado del sistema político de incentivos perversos que prevalece desde hace décadas en Guatemala, y que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Mientras no cambiemos de raíz ese sistema estatista, colectivista e intervencionista, injusto e inmoral, la situación de la mayoría va continuar deteriorándose. Si queremos prosperar en nuestro país, debemos sustituir al Estado Benefactor/Mercantilista por un auténtico Estado de Derecho Republicano.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de junio de 2015. La imagen es composición mía con texto propio. La foto de base la bajé de Internet y es de autor desconocido.

Presupuesto/impuestos: agua/aceite

No se mezclan el agua y el aceite. No se mezclan la aprobación del Presupuesto y nuevos impuestos. El artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97) claramente establece al referirse al Título III lo siguiente: “No podrán incluirse normas de carácter permanente ni se crearán, por ellas, entidades administrativas, de reforma o derogatoria de vigentes, ni de creación, modificación o supresión de tributos u otros ingresos”. El enunciado es claro y no necesita de la interpretación arbitraria de ningún leguleyo.

Sin embargo, 111 diputados tuvieron el descaro el año pasado de pasarse por el arco del triunfo la limitación legal que tienen para aprobar junto con el “Presupuesto General de malgasto y despilfarro de los ladrones que nos gobiernan” más tributos para la gente productiva en Guatemala. Es tal su desesperación de acumular fortunas mayores de las que ya han logrado de manera mal habida, que ilusamente creyeron que se podían dar el lujo de pisotear la restricción mencionada. Por supuesto, no es la única regla que han violado en la aprobación del esperpéntico plan de robo que es el tal Presupuesto.

Para beneficio de todos, los miembros de varias cámaras empresariales no tardaron mucho en presentar, primero, amparos en contra de la decisión de los mentados 111 diputados, sino que nomás entró en vigencia el decreto que da vida a este mamotreto le empezaron a llover acciones de inconstitucionalidad. Y, al menos hasta el momento, los magistrado de la Corte a cargo de resolver las impugnaciones han sido correctos al suspender, aunque sea de manera provisional, varios de los artículos cuestionados entre los cuales se encuentra el impuesto a las líneas telefónicas y la autorización que se habían recetado los corruptos diputados para hacer obra pública por medio de sus compañías constituidas como organizaciones no gubernamentales (ONG).

Ahora, llama mi atención que al menos al instante en el cual escribo esta columna los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aún no han suspendido (ya que en ambos casos aplica la misma restricción que he comentado) los impuestos a la distribución del cemento y a la extracción de ciertos minerales. Recuerden que el incremento del mil por ciento en las regalías no fue para todos los que se dedican a esta actividad. Bien se cuidaron los ponentes de este disparate en no molestar a la vicepresidente Roxana Baldetti quien, entre otras cosas, ha invertido el dinero corrupto que ha adquirido en la extracción de jade.

Espero que se siente un precedente y alguien con los recursos para hacerlo demande a los congresistas responsables de esta nueva ilegalidad. Hasta que los gobernantes, legisladores, jueces, burócratas estatales… paguen las consecuencias de sus acciones, seguirán violando las normas que se les antoje con tal de alcanzar sus objetivos. Ya basta. Ojalá sean obligados a devolver lo que han robado y se les envíe por un tiempo a una cárcel donde tengan que trabajar para ganarse la vida. No dejemos de soñar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de enero de 2015.

Secuestrados

Después de que la mayoría de diputados cedieron al chantaje de los gobernantes apoyados por los delincuentes del STEG, sentí que violaron mis más elementales derechos: que fui secuestrada por una banda a la cual mis conciudadanos le entregaron el poder de decidir sobre mi vida, mi libertad y mi propiedad. El contubernio entre Otto Pérez Molina y los malhechores que bloqueron las carreteras quedó claro ante la ausencia de las fuerzas de seguridad, responsables de velar porque se respeten los derechos de todos, incluido el derecho a la libre locomoción. ¿Dónde estaba Mauricio López Bonilla, el inútil Ministro de Gobernación? ¿Escondido debajo de su escritorio?

También es despreciable la actitud de los congresistas que, cual cobardes sabandijas, capitularon frente a las hordas de Joviel Acevedo, el más famoso perro de ataque de los gobiernos de turno en el presente siglo. ¿Cuánto dinero se irá a embolsar el mencionado criminal que actúa impunemente en Guatemala? ¿Qué ganaron los diputados con aprobar la ampliación presupuestaria por 1500 millones de quetzales? Dinero que usted sabe que saldrá de nuestros bolsillos: de nosotros, los explotados tributarios.

Pero, lo más importante es entender el origen del problema, el por qué; y reconocer que el poder que hoy gozan los gobernantes lo han adquirido a lo largo de los años. Lamentablemente los constituyentes de 1985 desperdiciaron la oportunidad que tuvieron de legar a los guatemaltecos un sistema político justo, republicano, que asegurara la igualdad de todos ante la Ley y limitara el ejercicio del poder. En lugar de eso, nos decretaron una Constitución complaciente con los grupos de presión, los cuales a la fecha se han multiplicado bajo el abrigo del Estado Benefactor/Mercantilista por el cual se decantaron nuestros más recientes padres y madres de la Patria.

Los designados a la trascendental tarea de decidir las normas bajo las cuales íbamos a vivir, imbuidos por ardores ideológicos, más preocupados en satisfacer intereses de sectores, faltos de una filosofía objetiva, optaron por aprobar un fiambre de reglas que abrieron las puertas no solo a la confusión (por las contradicciones en las que cayeron) sino que allanó el camino que permite la corrupción que corroe todos los entes estatales, ya sean centrales o locales. Como era de esperarse, esa carencia de virtudes de unos, y la incoherencia en otros, contadas las excepciones, dieron vida al sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos hoy, los cuales han promovido el olvido de muchos de los principios fundamentales que aseguran la convivencia pacífica en una sociedad. Y sin esa paz basada en el respeto mutuo, no podemos progresar.

Nos hemos dejado secuestrar. Unos por fantasear con una vida parasitaria. Otros por no hacer el esfuerzo mental de separar sus premisas falsas de las verdaderas, y los demás por no tener la valentía de participar en la batalla más importante de todo ser humano que se precie de serlo: la batalla de las ideas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de febrero de 2014. La fotografía la bajé de la Internet.

Presupuesto a la medida

Los diputados deben aprobar un Presupuesto General de la Nación a la medida real de los ingresos tributarios. No deben aprobar un centavo más de gastos por encima de la cantidad que van a recaudar. Los tributarios no aguantamos más expoliación. No queremos ni debemos endeudarnos más. Por supuesto, siempre habrá unos cuantos oportunistas que salgan beneficiados con el malgasto y despilfarro que hacen los gobernantes de nuestro dinero. Pero mientras, la mayoría sufre día a día para cumplir con sus compromisos y satisfacer sus necesidades, algo que los políticos en el ejercicio del poder y sus aliados creen que no les conviene entender, menos reconocer.

Los gastos se deben concentrar en las dos únicas tareas que justifican la existencia del gobierno: brindar seguridad a la población y velar porque prevalezca la justicia. Aquellos que ejercen el poder otorgado por nosotros, los mandantes, solo deben utilizarlo para asegurar el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos los habitantes del país. En caso alguien violentara alguno de los derechos listados de otro, los gobernantes deben atraparlo y presentarlo ante los tribunales para que se haga justicia: que el antisocial (delincuente, criminal) compense a quien le causó un daño.

Todas las demás tareas que asigna el Estado Benefactor/Mercantilista a los gobernantes son solo una fuente de corrupción, y sobra la evidencia en el pasado y en el presente que confirma esta aseveración mía. Por ejemplo, en casi todos los casos, la educación en manos de los gobernantes termina siendo pura programación de los niños y jóvenes de hoy en futuros siervos no deliberantes… en lugar de ciudadanos pensantes. La salud a cargo del abstracto Estado no es más que un ruin y falso consuelo para los pobres y, en muchas ocasiones, más que sanar al enfermo acelera su muerte.

Recordemos lo que escribió la novelista inglesa Taylor Cadwell en “La columna de hierro”, la obra que dedicó a la vida y el legado de uno de los más importantes políticos de todos los tiempos, Marco Tulio Cicerón, quien intentó rescatar la República romana antes de que esta fuera finalmente destruida por Julio Cesar, una idea que sin ser expresada en palabras textuales del gran Senador y Cónsul homo novus de Roma en el año 63 a. C., están inspiradas en la sabiduría que este acumuló con los años: “El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro tendrá que volver a llenarse, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios debe ser moderada y controlada, y la ayuda a los pobladores de tierras extranjeras tendrá que eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. El pueblo debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa de la República”.

Los diputados tienen el poder de enmendar la propuesta del gobierno de Otto Pérez Molina. Trabajen señores y señoras congresistas, ustedes y sus asesores, en una propuesta que no obstaculice el progreso de los que aún intentamos producir y crear riqueza en Guatemala.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de noviembre de 2013. La imagen fue publicada en Prensa Libre el 1/9/12.