Presupuesto para la corrupción

Poco importa lo que haya pasado (y pase) en el Congreso, y menos son relevantes las excusas que dan por haber desperdiciado una oportunidad que no se había dado en décadas, la oportunidad de aprobar un Presupuesto que de verdad estuviera destinado a cumplir con el mandato primero que les hemos dado los mandantes a nuestros mandatarios: velar por la seguridad de todos los ciudadanos por igual y asegurar de que, en caso que se viole alguno de los derechos individuales (vida, libertad y propiedad) de cualquiera de los habitantes pacíficos, respetuosos y responsables de nuestro país, el culpable sea apresado y juzgado, respetando el debido proceso, para que haya justicia: o sea, que el antisocial que haya sido encontrado culpable, compense a su víctima.

Como claramente manda en los artículos primero y segundo nuestra Constitución Política: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común…Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Por tanto, la mayor parte de los impuestos que pagamos DEBE ser destinada a la seguridad y a la justicia. Lamentablemente, es en los mandatos propios del sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos (el llamado Estado Benefactor/Mercantilista), mandatos que también están contenidos en nuestra contradictoria Constitución, donde los corruptos que llegan al ejercicio del poder encuentran la forma más fácil de robarse la mayor parte de todo lo que tributamos.

La corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto, que no solo incluye todo aquello que los gobernantes pretenden robar (principalmente por medio de los Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación), sino el mantenimiento de una burocracia estatal ineficiente, engorrosa e INNECESARIA, que la mayoría de las veces lo único que hace es estorbar el intento de quienes no pierden la esperanza de progresar en Guatemala. Esto último también es corrupción.

Como escribí en un artículo anterior: “El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder. El llamado Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual legalizan la repartición del botín. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses los tributarios, obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico… Unos pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos, aún aquellos que trabajan dentro de la economía informal, ya que cada vez que consumen un producto o usan un servicio que está controlado por los terroristas fiscales de la SAT, el precio del bien o del servicio lleva cargados los impuestos respectivos”. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir tolerando?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de noviembre de 2015.