El Presidente es un mediocre

Y lo puedo decir sin temor a ser demanda penalmente por Jimmy Morales o cualquiera que ocupe el cargo de Presidente. Lo mismo puedo decir en el caso de cualquier funcionario del Estado que se me antoje decirle a la cara lo que pienso de él o ella, lo pueda justificar o no. Es mi derecho como ciudadana. Por supuesto, si quiero ejercer como mandante responsable, lo prudente es que justifique los adjetivos que elija usar para calificar a quienes ejercen el poder. El ataque ad hominem demerita un justo reclamo que se le debe hacer, no sólo a Morales, sino a la mayor parte de funcionarios, diputados y jueces. No obstante, debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes, para evitar en el largo plazo perder nuestra principal arma contra las dictaduras: la libertad de expresión.

En Guatemala, me lo permite, sin límites como debe ser, el artículo 35 de la Constitución que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Bien hizo el juez Gustavo Adolfo Castillo Rodríguez, presidente del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, cuando resolvió el pasado jueves 30 de mayo que la denuncia presentada por el presidente Morales en contra del ciudadano Roberto Rímola por insultarlo debe ser tramitada y resuelta conforme la Ley de Emisión del Pensamiento, motivo por el cual no era de su competencia seguir tramitando el caso. La explicación del juez es que entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra o reputación al funcionario público: "Se ha de partir de la prevalencia en principio de la libertad de expresión".

La libertad de expresión debe prevalecer y defenderse, aunque algunas personas abusen de ésta. Cuando se cometan faltas en su ejercicio, el juez dejó claro que éstas deben resolverse de acuerdo con la que establece la Ley de Emisión del Pensamiento y no por medio de una acusación penal. En el caso particular de quienes ostentan un cargo público, deben entender que durante el tiempo que ejerzan el poder deben aguantar estoicamente todas la críticas que se les haga. Pueden responder a estas, pero no penalmente. También deben recordar, como correctamente lo expresó Jorge Vega, reconocido gimnasta guatemalteco, que "el respeto se gana". Y demandando a quienes los insultan, con o sin razón, lo único que logran es una mayor animadversión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de junio de 2019.

No somos propietarios de nadie

Al enterarme de que un grupo de sindicalistas pretenden impugnar ante la Corte de Constitucionalidad la prudente decisión del Presidente Jimmy Morales de no aumentar el salario mínimo para 2019, recordé un artículo de Tom Mullen que leí el pasado diciembre, en el cual mencionó el que considero, al igual que el autor, el mejor argumento contra las leyes que imponen un salario mínimo: el argumento de que ni usted, ni yo, ni nadie posee a otras personas. Y sólo aquel que busca un empleo debe decidir por cuánto es lo mínimo que está dispuesto a vender su trabajo.

Más allá de las justificaciones irracionales y emotivas que utilizan para impulsar un salario mínimo, la realidad, les parezca o no, es que éstos provocan más desempleo y fuerzan a los menos productivos y a los empresarios que no pueden seguir operando bajo esos parámetros, a caer en lo que se conoce como la informalidad. Cualquier aumento artificial (forzado) en el precio del trabajo, independientemente de cuál sea el salario mínimo, dará como resultado una menor demanda, que no es otra cosa que menos empleo, lo que termina siendo el motivo principal por el que tantos optan por emigrar a EE.UU. Pero, a pesar de la importancia que tiene el argumento del desempleo en contra de los salarios mínimos, existe uno anterior y mucho más importante. El argumento moral: usted no es dueño de otras personas.

Como bien explicó John Locke, los derechos individuales proceden a partir de la condición humana inherente y evidente de sí misma. En el Capítulo V de su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, escribió: “Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona sobre la cual nadie tiene ningún derecho, sino él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos”. Sólo él o ella tienen el derecho de determinar cuál será el precio mínimo de su propio trabajo. Nadie necesita leyes de salario mínimo para ejercer este derecho de propiedad.

Como dice Mullen, “los defensores de las leyes de salario mínimo centran su atención en los compradores de servicios laborales y olvidan a los vendedores. En su afán por restringir los derechos de los primeros, se vuelven indiferentes con los de los últimos, y no se preguntan quién es el dueño del trabajo en cuestión”. Como todo lo demás, el vendedor, el posible empleado, posee lo que se ofrece a la venta. Uno puede establecer su propio salario mínimo sin ellos.

Nunca se le ocurre a los fanáticos del salario mínimo que hay personas cuyas vidas podrían mejorar si se les deja vender su trabajo a un precio por debajo del mínimo legal. No solo es esta la diferencia entre tener un trabajo y no tener uno para millones de personas, sino que también puede permitir que las personas que trabajan por un salario superior al mínimo en un trabajo tomen un segundo trabajo con un salario más bajo, donde puedan aprender nuevas habilidades y, eventualmente, cambiar a un trabajo que les guste más o en el que les paguen más. O ambos. Eso se llama la búsqueda de la felicidad, algo a lo que todos tenemos derecho. Somos dueños de nuestro trabajo porque somos dueños de nosotros mismos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de enero de 2019.

La CICIG controlada

Sin duda, había que tomar en serio la llamada del 6 de septiembre pasado de Mike Pompeo a Jimmy Morales para comunicarle, entre otras cosas, de que el gobierno de su país iba a apoyar a la CICIG, pero reformada. Y como es la política de interesada, parece que dejaron, para apaciguar las aguas, a su principal defensora en EE.UU., la congresista demócrata de origen guatemalteco, Norma Torres, anunciar cuáles serán los cambios generales a la CICIG reformada, además de otorgarle, como premio de consolación, comunicar la buena nueva de la liberación de los fondos que habían congelado.

El anuncio de la liberación de los fondos del gobierno de Estados Unidos para la CICIG, sumado a las condiciones para esa liberación, significa que han discutido el tema de la CICIG y los cambios necesarios al acuerdo original firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, estos cambios no son exactamente los que piden nuestros gobernantes, que exigen la destitución de Iván Velásquez. Pero, al parecer, tanto los republicanos como los demócratas encargados de la negociación, se decantaron por la propuesta de António Guterres, Secretario General de la ONU, de nombrar un comisionado adjunto, que deberá tener la bendición de la administración de Trump.

El comunicado de la congresista fue muy vago en cuanto a los cambios a realizar. De manera general menciona, además del nombramiento de un comisionado adjunto, que van a establecer un mecanismo de revisión externa de la CICIG y nuevos lineamientos internos. Además, Torres anunció que el gobierno de EE.UU. y Naciones Unidas firmaron un acuerdo para la donación de seis millones de dólares a la CICIG. Imagino que lo anterior significa un mayor control externo, que puede implicar auditorías periódicas de parte de la ONU y reportes trimestrales a los países donantes.

No especificaron cuáles van a ser los cambios internos, aunque podemos relacionarlos con el comunicado que hizo casi simultáneamente Iván Velásquez de la concentración de los elementos de la delegación de la CICIG que operaba en Quetzaltenango en las oficinas centrales. Esa delegación estaba dirigida por un funcionario a quien el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa como consecuencia de varias acusaciones en su contra de mantener relaciones con terroristas de las FARC, de lo cual no tengo más información que la que ha circulado en los medios y en las redes.

Habrá que estar atentos a los cambios que se den en los próximos días en la CICIG, que pueden incluir la sustitución de los funcionarios a los cuales les negaron la visa de cortesía. Si a lo mencionado añadimos la reciente decisión de los magistrados de la CC, que se negaron a conocer las acciones en contra de la negativa a otorgar tales visas, podemos esperar que, tal vez, pronto termine la crisis relacionada con la CICIG. Una de tantas preguntas que me queda por responder es por qué Consuelo Porras, Fiscal General, autorizó que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, también suspendiera transitoriamente sus operaciones y se trasladaran a las oficinas centrales en Guatemala. ¿Será parte de los cambios a la CICIG reformada?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 29 de octubre de 2018.

Con o sin CICIG, contra la corrupción

Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.

El pobre censo

Tanto los detractores como los admiradores de Jimmy Morales parece que han encontrado un enemigo común en quienes nos hemos atrevido a cuestionar el censo. Quienes lo único que hemos hecho es reconocer la realidad. Lo que es, más allá de los deseos o creencias de aquellos que esperan milagros del conteo de los habitantes de nuestro país, proceso realizado al mejor estilo milenario de los romanos, sin importar que en lugar de tablas lleven tablets.

¡En pleno siglo veintiuno! Ridículo. Total, si les interesa saber cuántos vivimos en Guatemala esa información la encuentran, sin gastar un centavo más de lo que ya hemos gastado, en el “Registro Nacional de las Personas” (Renap) que, con todo y sus falencias, sin lugar a dudas los datos con los que cuenta son más creíbles que el número que resulte del censo. Y si a puro tubo querían hacer un censo, se pudo hacer por medio del blockchain, de una manera más segura, económica y exacta. Porque si usted necesita del censo para saber quién es, ¡sí que está bien fregado! ya que el somos colectivo no es más que una ficción.

La información es necesaria para tomar decisiones, pero para que sea útil en todo contexto, tiene que ser verdadera: basada en los hechos de la realidad. Y, dentro del contexto actual guatemalteco, caracterizado por la falta de confianza, la corrupción estatal y la inseguridad, ¿serán las cifras recabadas ciertas? ¡Hay que ser muy ingenuo para creer que los datos que reporten en el censo sean los reales!

Al final, la pregunta más importante que debemos hacernos es ¿para qué quieren los gobernantes, y los burócratas de organismos supranacionales, saber cuántas personas viven en un país? Para responder honestamente esta pregunta, hay que conocer la naturaleza de los censos e históricamente para qué han servido. El objetivo primario de un censo es determinar el número de personas que componen un grupo y sus características que consideren relevantes quienes lo llevan a cabo. Los censos poblacionales son promovidos para justificar la intervención de los gobernantes en las vidas de los censados por medio de políticas propias del Estado Benefactor.

Por supuesto que no le informan a los que dócilmente aceptan formar parte del inventario que el resultado esperado de éste será el aumento de impuestos y del poder de los gobernantes para implementar las políticas mencionadas. Sin embargo, tampoco son plenamente engañados: sí saben que es para promover más de esos maravillosos programas estatales que, hasta la fecha, le han permitido a los pobres que llegan al ejercicio del poder y a sus familiares, amigos y miembros del partido, mejorar exponencialmente su calidad de vida.

¡Ah no! Perdón, me confundí: la propaganda dice que es para ayudar a los que no pueden superar la pobreza en que viven. Lo que les ocultan es que no lo logran porque no encuentran un trabajo productivo, ya que quienes están dispuestos a arriesgarse e invertir en Guatemala para crear esas fuentes de trabajo y transformar los recursos en riqueza son extorsionados,  expoliados y acosados para financiar tales programas. En fin, Ave census morituri te salutant!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de julio de 2018.

La corrupción y los estados de excepción

Imagen tomada de la cuenta en Facebook de Ramón Parellada, quien la compartió de la cuenta de Ligia Pérez Katz. La edición y los comentarios son míos, y asumo la responsabilidad de éstos.

El oportunismo de algunos políticos, particularmente de aquellos en el ejercicio del poder, llega al extremo indeseable cuando utilizan de excusa para eliminar los pocos límites que tienen las tragedias que enfrentan los ciudadanos. De nuevo lo vemos en Guatemala con la declaración del Presidente de un estado de excepción ante el drama que viven muchos de nuestros compatriotas a raíz de la erupción de ayer, domingo 3 de junio de 2018, del Volcán de Fuego. Un estado de excepción que intentan confirmar varios diputados hoy por la tarde.

Tal y como lo señalo en mi artículo publicado hoy, “Jimmy, el globito”, debemos enfocarnos en identificar claramente el origen común de nuestras tragedias políticas. Esta identificación debemos hacerla de forma objetiva y basada en los hechos comprobables, no en falsas expectativas, sesgos o excusas para justificar emociones destructivas como lo son la amargura, la frustración o la envidia. Es vital reconocer que el común denominador de la inseguridad, de la corrupción y de la injusticia es el poder. Y una vez este no sea limitado, nos toparemos en todos lados con una interminable propaganda sobre lo indispensable que es y cuán perdidos estaríamos sin el Divino Estado.

En mi artículo titulado del 23 de septiembre de 2016 “La calamidad es no prever”, recuerdo que la visión de Conred es la de “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”.

Precisamente, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, si es que se supone que ellos van a enseñar a otros a prever, en su caso sean INCAPACES de hacerlo sin un estado de excepción? Esa es la verdadera calamidad. ¿O es una contradicción? ¿O es una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones?  

Repito lo expresado en infinidad de ocasiones, los estados de excepción, tanto ayer como hoy y mañana… y en casi todos los eventos que pretenden justificarlos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El más reciente estado de calamidad decretado por Morales, si es confirmado por el Congreso, solo servirá para que unos acumulen fortuna a costa nuestra, como ha sucedido siempre. Mientras, los damnificados seguirán esperando sentados el apoyo del Estado.

Menos mal que muchos guatemaltecos practicamos la virtud de la benevolencia y nos las arreglamos para ayudar a los más afectados. Cada uno de nosotros puede ayudar, no importa cuánto podemos dar, si no que todos demos lo que podemos. Así, cooperando, lograremos que nuestros compatriotas más afectados por la erupción del Volcán de Fuego puedan levantarse. ¡Ánimo!

Jimmy, el globito

Jimmy Morales, además de ser el Presidente del Ejecutivo, es el globito predilecto para captar la atención de los ciudadanos distraídos. Literalmente, sin ánimo de ofender pero usando la metáfora correcta, es el payaso preferido del circo. La ironía del asunto es que los asistentes a la función son incapaces de darse cuenta que los engañados en el espectáculo son ellos mismos y que, en el largo plazo, los más dañados también serán ellos. Total, el payaso, independientemente de quién sea o de que sea aplaudido o abucheado, tarde o temprano será reemplazado y podrá retirarse a vivir del pago que recibió por su actuación, sin importar, dentro del contexto actual, si esa actuación fue buena o mala. Y, como dice el refrán, “el que ríe el último, ríe mejor”.

En lugar de estar perdiendo el sueño por cada suspiro que da Morales y su corte de ineptos, al menos en su mayoría, debemos enfocarnos primero, en identificar claramente el origen común de nuestras tragedias políticas. Esta identificación debemos hacerla de forma objetiva y basada en los hechos comprobables, no en falsas expectativas, sesgos o excusas para justificar nuestra amargura o frustración. No se diga la envidia que, irónicamente para quienes los carcome, es a quienes más daño hace.

Segundo, debemos honestamente discutir las posibles soluciones al problema y decantarnos por apoyar aquellas que la evidencia a lo largo del tiempo muestre que son las idóneas para que podamos vivir en una Guatemala diferente. Al menos, en el caso de quienes visualizamos una Guatemala donde podamos cooperar, intercambiar y convivir en paz, respetándonos los unos a los otros y cada quien persiguiendo sus anhelos propios en pos de su felicidad, no la de los demás.

Es imprescindible para que la mayoría deje de falsear la realidad, que reconozcamos que nos estamos jugando las condiciones en las cuales vivimos en nuestro país. Que si estas condiciones no cambian para bien, muchos más de nuestros compatriotas van a morir en búsqueda de mejorar su calidad de vida en EE.UU. Porque sí, es a EE.UU. donde van a emigrar en búsqueda de esa mejora, no a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba.

Y lo más lamentable de esta historia es que los principales culpables de la muerte de nuestros compatriotas no serán los coyotes, los narcotraficantes y los patrulleros en las fronteras. Los principales culpables son aquellos que les da pereza hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas. Por supuesto, aquellos que saben que están equivocados pero prefieren la miseria para todos por igual, antes que el progreso diferenciado, merecen un apartado especial en los círculos del infierno de Dante.

La última línea de defensa en apoyo del progreso somos nosotros mismos. Si queremos ser libres y prósperos, debemos librarnos de un aparato estatal asfixiante que amenaza nuestros derechos, malgasta nuestros recursos, destruye el valor de nuestro dinero y nos impide crear riqueza. Reconocer la obviedad de que el común denominador de la inseguridad, de la corrupción, de la injusticia es el poder. Y una vez este no sea limitado, nos toparemos en todos lados con una interminable propaganda sobre lo indispensable que es y cuán perdidos estaríamos sin el Divino Estado. Y no habrá fuerza que pueda detener a quienes quieren llegar al ejercicio del poder para vivir a costa de los sufridos tributarios. Eso sí, bien entretenidos y burlados con los globitos políticos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 4 de junio de 2018.

La ley de la atracción

Sin leyes objetivas, respetadas e iguales para todos, no vamos a atraer la inversión que necesitamos para transformar nuestros recursos en la riqueza imprescindible para que aquellos que se esfuercen, mental y físicamente, puedan superar la pobreza, progresar y mejorar su calidad de vida. Aún los menos aptos y los más perezosos pueden vivir mejor dentro de un sistema de normas propias de un verdadero Estado de Derecho.

¿Qué tipo de inversión se necesita para que haya crecimiento económico? La única a la cual aplica correctamente el término: la inversión de capital. Los gobernantes no invierten en nada: sólo gastan lo que es de otros. Y ese gasto, para que contribuya a la prosperidad de todos, debe ser de acorde a la naturaleza del gobierno, no según los reclamos, exigencias o caprichos de los grupos de interés o la gente bien intencionada, pero equivocada. La evidencia de que la redistribución de la riqueza sólo aumenta la pobreza en el largo plazo, es abrumadora. Sólo falta que sea reconocida por quienes promueven medidas estatistas y por quienes sufren las consecuencias de esas medidas.

¿Cuándo van a recuperar los capitalistas la confianza en nuestro país? Cuando los dejen trabajar y se respete la propiedad privada de los medios de producción. Cuando se les deje de agredir. Cuando termine el terrorismo fiscal. Cuando haya certeza jurídica. Cuando los colectivos que promueven la destrucción, el conflicto y la injusticia, cuyos líderes viven cómodamente de la miseria de los pobres, pierdan la influencia política y el poder que tienen en las cortes y demás organismos del Estado.

Es una tontería creer que para aumentar el crecimiento económico, hay que aumentar la carga tributaria. Así como es una tontería pretender aprobar, como sugirió Jimmy Morales, otra ley de expropiación, sin importar la excusa, ya que ésta sólo serviría para facilitar a los gobernantes apropiarse de las propiedades de cualquiera. También es una tontería aprobar una ley anticompetencia, solo por complacer a burócratas internacionales.

Todo lo anterior lo que logra es alejar a esos capitalistas que necesitamos atraer, porque sin su capital NO podemos aumentar la productividad y por tanto alcanzar el ansiado progreso. Por eso es que, a pesar de la enorme cantidad de emprendedores que hay en nuestro país, Guatemala es percibida como un país antiempresarios. Es nuestro sistema político el que obstaculiza el progreso, NO la corrupción, la cual es una consecuencia más del sistema de incentivos perversos engañosamente llamado Estado Benefactor/Mercantilista. Un sistema que impide, irónicamente, el bienestar de la mayoría.

En fin, es importante recordar que, para que la inversión rinda frutos, necesitamos trabajar y ser productivos. Todo crecimiento, en todo sentido, depende de nuestra actividad. No hay desarrollo intelectual o físico sin esfuerzo, y el esfuerzo implica trabajo. Bien lo dijo Calvin Coolidge: “El trabajo no es una maldición, es una prerrogativa de la inteligencia… es la medida de la civilización".

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de febrero de 2018.

Pacto de tramposos

Caricatura de Fo, publicada en Prensa Libre el 8 de febrero de 2018.

El nuevo pacto colectivo que firmó Jafeth Cabrera, como presidente en funciones, con Joviel Acevedo puede llamarse justamente pacto de tramposos por varias razones. Primero, puedo mencionar las descaradas declaraciones del mismo Acevedo donde reconoce que es un tramposo, al cual define el Diccionario de la Lengua Española (DLE) como un “petardista”, que es sinónimo de estafador.

Según Prensa Libre del 8 de febrero de 2018, el líder sindical mencionado dijo que prefiere ser un tramposo y no corrupto, lo que, por cierto, muestra su ignorancia porque un tramposo ES un corrupto. Más aún, según el diario citado, Acevedo agregó que le agrada ser lo que es ahorita: ser un tramposo por no pagar y no ser un corrupto como algunos medios dijeron. ¡Qué cosa! Como dice el refrán, el pez por su boca muere.

Segundo, ¡qué decir del cuestionado presidente en funciones! A quien desde el período previo a las elecciones se le acusó de haber cometido actos de corrupción en su paso por la Universidad de San Carlos. Otro tramposo, como lo es Acevedo. Y ambos se pusieron de acuerdo, con la venia de Jimmy Morales y quién sabe quién más, para estafar a los tributarios por medio de un inmerecido aumento salarial a los mal llamados maestros a quienes representa Joviel Acevedo.

Por supuesto, sobra decir que también son víctimas de estos tramposos los niños que no sólo no reciben una educación que les permita desarrollarse exitosamente, sino que, en el peor de los casos, son programados para convertirse en unos desalmados y aprovechados al igual que sus docentes. Como bien lo explica Alberto Benegas Lynch (h): “los sistemas educativos controlados políticamente, tarde o temprano inculcan doctrinas vinculadas a la supremacía del estado”. Una vez esa doctrina ha sido aceptada, se constituye en una tarea sobrehumana intentar frenar la influencia decisiva que ejerce el poder político en la vida de los ciudadanos, los cuales terminan convertidos en miserables esclavos con el cerebro lavado.

Para colmo de males, hasta el ministro de Finanzas reconoció que no hay dinero para pagarle al extorsionista de Joviel Acevedo y sus huestes. Sin embargo, dice Joviel que eso no le preocupa, lo que me provoca preguntar ¿por qué Joviel Acevedo asegura que cuenta con el apoyo del Congreso para asignar los fondos del nuevo pacto de tramposos que acordó con el Ejecutivo? ¿Es este pacto parte de la negociación que se hizo para la segunda elección de Junta Directiva del Legislativo?

En fin, como escribí en mi artículo titulado “El árbol de la corrupción”, de poco sirve podar las hojas del tal árbol, si este no se arranca de  raíz. De poco sirve cuántos terminan presos, si no se acaba con el origen de la corrupción. Al final, todos terminamos presos de la corrupción, incluidos aquellos que al ignorar la realidad creen que lo malo que en ésta encuentran va a desaparecer. Si queremos acabar con el abuso del poder y todas sus consecuencias, incluida la corrupción, debemos cambiar el sistema de incentivos perversos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de febrero de 2018.

Del lado del ciudadano

En toda elección política me ubico en el bando del ciudadano honesto, responsable y productivo. Del ciudadano que respeta los derechos individuales de los otros y exige respeto de los propios. Del ciudadano que no pretende vivir a costa de los demás. El ciudadano que de los gobernantes solo espera que velen porque haya seguridad y justicia, en cumplimiento de las funciones que les corresponden dentro del abstracto Estado. Del ciudadano que quiere, como yo, vivir en una sociedad donde podamos intercambiar, cooperar y convivir en paz, cada quién buscando su propia felicidad sin imposiciones ajenas.

¿Qué significa estar del lado del ciudadano? Dar la batalla de las ideas, aclarando las propias, para que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la Ley y no haya privilegios para nadie. Un Estado en el cual los abusos del poder sean castigados, sin importar quién sea el señalado. Un Estado en el que ningún mandatario debe estar por encima de la Ley, y menos que se le permita creer que es el Estado. Tampoco ningún burócrata estatal, nacional o de organizaciones supranacionales, debe estar por encima de la Ley; así como ningún diplomático, sin importar el gobierno de qué país representa, debe estar por encima de la Ley.

Todos aquellos que ejercen el poder deben respetar al ciudadano que es el soberano: el mandante, el que manda. Mandato expresado en nuestra Constitución en su 2do. artículo que dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es ésta la obligación primera del Presidente, de los diputados, de los jueces y de todo aquel cuyo trabajo dentro de la burocracia estatal es justificado y necesario para alcanzar tales fines.

No caigo en la trampa de las falacias ad populum, ad ignoratio elenchi y del falso dilema según el cual debemos elegir entre dos personas con las que no comparto valores, sin importar el cargo que ocupan o el papel que juegan. Sólo sé que ambos gozan de un amplio poder que se presta para abusos. Sé que es el poder político el que hay que limitar para acabar con la corrupción, y todos los males que este trae cuando no se circunscribe al poder justo y necesario para que los funcionarios, electos o nombrados, cumplan con las funciones propias de la naturaleza del gobierno.

A la mayoría de la población poco le interesa si el presidente es Jimmy Morales o cualquier otro, al igual que si Iván Velásquez se va o se queda. Lo que a la mayoría le interesa es satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Yo elijo ser parte de la minoría que busca la verdad. No haré una transacción que implique abandonar principios morales básicos y hacer algo que considero incorrecto. Lamento que la mayoría de la minoría interesada esté enfrascada en una discusión en la cual prevalecen la irracionalidad y la emotividad, mientras nuestro país, con nosotros adentro, corre el riesgo de hundirse.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de septiembre de 2017.

Guatemala Partida

Entre rumores y hechos, Guatemala se partió. ¿Y todo por qué? Por la ambición de poder. La división aumentó entre los rumores que irresponsablemente difundieron periodistas influyentes; la solicitud de Iván Velásquez y Thelma Aldana de un proceso de antejuicio en contra de Morales por “financiamiento no declarado durante la campaña política de 2015”; y la pésima decisión del Presidente Jimmy Morales de declarar non grato a Velásquez y expulsarlo del país.

No cabe duda que Morales está mal asesorado. Pero, al final, el responsable de sus decisiones es él. Poca visión del Presidente y poca inteligencia de quienes le hablan al oído. En el peor de los momentos se unió Morales a la ola de la victimización de Velásquez, cuando su imagen se podía fortalecer por el fracaso de la que se suponía iba a ser una protesta multitudinaria y por su correcta declaración de que respeta las leyes y confiaba en el debido proceso y la objetividad de la justicia en lo que respecta al antejuicio en su contra.

¿Por qué Jimmy? Ya estaba claro que no todos los guatemaltecos aceptábamos sin discutir las acciones de Velásquez y la CICIG, y esto no iba a cambiar por más que convocaran a manifestaciones para apoyar a Velásquez o intimidar a quienes lo cuestionamos. Tarde o temprano Velásquez se hubiera ido, sin pena ni gloria. Ahora, se irá convertido en un mártir para beneficio de los socialistas que ansían llegar al ejercicio del poder para profundizar aún más el sistema estatista e intervencionista que prevalece en nuestro país.

Lo más lamentable de todo es que en Guatemala, a pesar de tantas capturas y aspavientos, la situación no mejora. Al contrario, continuamos en un proceso de destrucción que no sabemos si podemos parar o cómo va a terminar. Peor aún,  si nuestro país se desmorona, aunque no todos lo merecemos, todos perdemos, porque dentro del sistema de incentivos perversos en el cual vivimos, todos pagamos las consecuencias de los errores de quienes falsean la realidad y se dejan manipular.

Muchos olvidaron qué es lo importante y qué deberíamos estar exigiendo a los gobernantes y a todos los burócratas y funcionarios estatales, nacionales y supranacionales. Olvidaron que lo importante es que podamos convivir en paz, en una sociedad donde prevalezca el respeto de los unos a los otros. En una Guatemala donde haya verdadera justicia: que se le dé a cada quien lo que le corresponde.

Más allá de la victimización de Velásquez, las rabietas de Aldana y la inseguridad de Morales y su mandato; más allá de las habladurías, los dimes y diretes, y los errores del Presidente, ¿quién sale ganado con la confusión que reina? "Divide y vencerás", dice el refrán. Mientras, más de nuestros compatriotas, parte de la mayoría indiferente a la discusión política, deciden emigrar. Y la mayoría de la minoría restante, elige ser parte del circo chapín, donde está claro quiénes forman parte de la plebe y quiénes los azuzan. Lo que aún no logro determinar es quién será el ganador de este río revuelto ni dónde vamos a terminar todos, justos y pecadores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de agosto de 2017.

El patojón pidón

Es ni más ni menos que el Presidente del Organismo Ejecutivo de Guatemala: Jimmy Morales. Y no hago nada más que repetir lo que el mismo mandatario declaró la semana pasada en una reunión con alcaldes de Jutiapa, cuando les solicitó, humildemente, una contribución en materiales de construcción para reparar las carreteras que se encuentran en un proceso de destrucción.

Morales opina que de no darse tal colaboración de poco servirá el patriótico trabajo de los Ingenieros del Ejército en el proceso de rellenar los agujeros que pueblan las carreteras del país. Se corre el riesgo de que el plan “a parchar las carreteras” del Ministro de la Defensa, fracase. Pero, ¡quién sabe! puede ser que el plan del Ministro de Comunicaciones de apoyar a la seguridad ciudadana, funcione.

En fin, según el Presidente, no hay dinero para comprar los materiales, además de que les cuesta mucho adquirirlos por culpa de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y, para colmo de males, no hay compañías confiables para hacer el trabajo, ya que la mayoría de estas han sido cuestionadas por la Contraloría, la CICIG y el MP. La última excusa citada, sin duda, es en parte cierta. Y digo en parte, porque sé que hay otras empresas que les gustaría licitar las construcciones y las reparaciones de carreteras, pero NO están dispuestas a pagar, primero, ni el diezmo que les exigen para darles el trabajo ni, segundo, la comisión que requieren los burócratas para que les sea cancelado el proyecto una vez terminado y entregado.

En lo que respecta a la primera excusa, la falta de dinero, ¡esa NO la creo! ¿Acaso no se ha regodeado Juan Francisco Solórzano Foppa al presentar sus logros al frente de la Santa Inquisición Tributaria de Guatemala? ¿Acusa el Presidente al mencionado Superintendente de mentiroso? ¿O en qué se han gastado todo lo que han recaudado? ¿Para qué ha servido el aumento en la recaudación fiscal? Y, ¿por qué la sospechosa insistencia de los burócratas en el porcentaje de recaudación y no en lo importante, el monto necesario para que el gobierno cumpla con las funciones propias de su naturaleza?

¿Es necesario un nuevo sistema de compras del abstracto Estado? ¿Qué les molesta a los gobernantes de la actual legislación? ¿Es culpa de tal ley el bajo nivel de ejecución estatal? ¿Por qué los hallazgos por incumplimiento de la entrega de obras, bienes y servicios, son la “evidencia para generar un nuevo sistema de adquisiciones”? Lo que, por cierto, es falso. Esto simplemente es una prueba más de la inutilidad, ineficiencia e irresponsabilidad de los gobernantes y los funcionarios estatales.

¿Por qué premiarlos facilitando la corrupción? Ni siquiera la actual normativa asegura el uso correcto de nuestros impuestos. Bien lo dijo el mismo Solórzano Foppa, en un tuit que compartió hace algunos días: “Como funcionario que tiene que ejecutar en base a la ley de compras le puedo asegurar que usar la misma NO es garantía alguna de transparencia”. Una vez no cambiemos de raíz el sistema de incentivos perversos que prevalece, ¡bien amolados seguiremos!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de julio de 2017.

¿Qué es lo normal?

¿De qué depende lo normal? ¿Depende de la persona? ¿Depende de la naturaleza del objeto? ¿Depende del contexto? Bueno, a estas alturas ya saben que mi artículo de hoy nace del lamentable reconocimiento público del Presidente Jimmy Morales sobre la normalidad de la corrupción. “Tal vez todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país, una corrupción que, de una u otra forma en Latinoamérica en Guatemala y en muchas partes del mundo se han considerado como normales”, respondió el Presidente a la pregunta que le hizo el periodista Jorge Ramos sobre la culpabilidad de su hijo y hermano acusados de participar en actos de corrupción.

Debemos recordar que no es Morales el primer mandatario que se expresa de una manera similar. Una de las afirmaciones más descaradas sobre lo normal que es la corrupción es de la exvicepresidente, hoy presidiaria, Roxana Baldetti, cuando declaró a un noticiero radial que los corruptos son parte del paisaje y no se pueden destituir. Casi logra igualar el cínico reconocimiento que hizo el expresidente Alfonso Portillo, cuando en una entrevista por televisión, sin ninguna pena, dijo que todos los políticos mienten para llegar al poder. Lo patético es que los tres dicen, en este caso, la verdad. No hay día que abra el diario y no me tope con alguno de esos especímenes corruptos que desmerecen el hermoso paisaje de Guatemala.

Sin embargo, más allá de las pasiones que desataron estas declaraciones, a menos que uno sea hipócrita, tristemente debemos aceptar que así es la corrupción para muchos: algo normal. Eso sí, no para todos. Ni siquiera lo es para la mayoría. Pero el punto importante al cual nos invita a reflexionar la cándida respuesta de Jimmy, una vez calmadas las aguas, es por qué tanta gente considera la corrupción, la estafa y el engaño como algo normal. ¿Se han convertido estos delitos, estos crímenes, en la regla y no la excepción? ¿Cuál es el origen de ese juicio falso sostenido por una importante parte de la población? ¿Es lo normal pagar extorsiones y sobornos para que nos dejen trabajar? ¿Son normales las negociaciones espurias entre los gobernantes y aquellos que se prestan para éstas transas o se las proponen a quienes ejercen el poder?

Según el Diccionario de la Lengua Española, en su primera y segunda acepción, el término “normal” es un adjetivo que significa que una cosa se halla en su estado natural o que sirve de norma o de regla. Entonces, ¿dentro de qué sistema político lo normal es el engaño? ¿Qué sistema normativo promueve la corrupción, la colusión y la comisión? ¿En qué sistema quien quiere trabajar suele ser extorsionado? ¿En qué sistema se vende el poder gubernamental al mejor postor? En el sistema que otorga a los gobernantes poderes ajenos a la naturaleza del gobierno: en el Estado Benefactor/Mercantilista.

Por cierto, espero que John Kelly, Secretario de Seguridad Interna de EE. UU, nos cuente quiénes son los corruptos. Porque no es normal que lo sepa y no lo comparta con los más interesados en saberlo: los guatemaltecos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de junio de 2017.

El refugio inseguro

El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la propia naturaleza del hombre.

Es por eso que, en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto.

Un ejemplo tremendo de lo anterior es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males, condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente bajo la tutela del Estado. Sí, condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que lleva a tal destino está empedrado de buenas intenciones.

El origen de esta tragedia en particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas, habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos. Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.

Lamento haber estado en lo correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer, conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.

El fulano estafador

El fulano estafador es una consecuencia más del sistema político de incentivos perversos que prevalece, en diferentes medidas, en la mayor parte del mundo. No creo que hasta hoy la mayoría pertenezcan a esta categoría pero, tristemente, son ya muchos los que han sucumbido al oficio de engañar como medio de vida y, si son buenos estafadores, lograr acumular enormes fortunas, gracias a la disposición con la que tantos se dejan engañar. Tantos, que se han acostumbrado a engañarse a sí mismos, por lo cual se convierten en presas fáciles de los fulanos estafadores.

                                                

Los fulanos estafadores que se dedican a la política, han logrado convencer a los incautos ciudadanos de sus países para que voten por ellos y les den el poder necesario para violentar los derechos individuales de la mayoría, en casi todos los casos los mismos que los apoyaron, bajo la falsa creencia de que una vez lleguen a la Presidencia de sus naciones, les van a quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Claro, a los pobres de sus parientes y amigos, los miembros del partido y todos aquellos que trabajaron con ellos durante el proceso del engaño y los oportunistas que estén de acuerdo en negociar con el gobierno, segmento al que pertenecen los miembros de los grupos de presión.

Este fraude constante, es el origen de ese sistema de incentivos perversos, más conocido como Estado Benefactor/Mercantilista. La principal consecuencia de la existencia de este sistema es la pérdida de la moralidad prudencial descrita por Aristóteles en su célebre “Ética a Nicómaco” y mejorada por la creadora de la filosofía objetivista, Ayn Rand. Esa moral que nos enseña a no falsear la realidad, o sea, a practicar la virtud de la honestidad, al igual que la virtud de la racionalidad, la productividad y el orgullo que implica reconocer que somos aptos para ganarnos la vida honradamente, sin engañar o forzar a otros.

Sin embargo, en el estado actual de las cosas, muchas personas consideran “normal” el fraude, como es el caso de José Manuel Morales Marroquín, que falsificó documentos para apoyar a la madre de su exnovia a embaucar a los tributarios, tal y como lo declaró: “En ningún momento pensé que algo así pudiera llegar tan lejos. Realmente lo vi como algo que cualquier guatemalteco podría hacer…fui muy inocente a la hora de actuar, no obré queriendo defraudar a nadie. Simplemente fue algo que hice por querer ayudar”. (Prensa Libre, 20 de enero de 2017).

El caso de José Manuel Morales y su tío, Sammy Morales, es un caso del cual todos podemos aprender. Es un ejemplo del daño moral que ha hecho en nuestra sociedad un sistema político que castiga a los responsables, respetuosos y productivos, mientras premia a los delincuentes, vividores y oportunistas. Es un momento histórico en el cual debemos cuestionarnos a nosotros mismos y al resto de miembros de la sociedad, para que cambiemos radicalmente aquello que podemos y debemos cambiar: las normas que rigen nuestra convivencia, para que ¡al fin! podamos cooperar e intercambiar en paz.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de enero de 2017.

El esperado mediocre año de Jimmy

Ya para hoy, son muchos los artículos y reportajes que han escrito otros sobre el primer año del gobierno de Jimmy Morales y el Partido FCN-Nación. Sobra la evidencia presentada a la fecha para sustentar la calificación que la mayoría de participantes en los sondeos le han dado a la actual administración. Una calificación que no pasa de 3 puntos, apoyada por más del 70 por ciento de los partícipes que en algunos casos superaron a las 1500 personas: un número razonable para permitirme asegurar que, independientemente de las ilusorias notas que le otorgaron los parientes al Presidente y la que él mismo se dio, la mayoría de los guatemaltecos están inconformes con el trabajo de Morales y de su equipo.

En lo que a mí respecta, no tenía esperanzas de que Morales fuera a ser diferente que el resto de gente que ha gobernado en las últimas décadas, incluidas las últimas dos del siglo veinte, ya que fue electo bajo el sistema de incentivos perversos que prevalece desde hace más de 70 años, el cual atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Por eso, en las elecciones pasadas, tal y como expliqué con detalle en varios escritos, voté nulo para Presidente. No obstante, coincido con los que insistieron en que la otra opción, Sandra Torres, era peor que la de votar por un cómico que ha mostrado que su verdadera vocación es la actuación. Ya que por lo visto, no tiene ni la menor idea de cuáles son las medidas necesarias para cambiar la miserable situación en la que vive la mayoría de los guatemaltecos.

Sus principales preocupaciones han sido viajar y, por supuesto, exprimir aún más a los agobiados empresarios y trabajadores del país. En lo poco que ha tenido un relativo éxito es en la campaña inquisitoria de la SAT que, con medidas bien llamadas terroristas, lograron superar la meta de expoliación del año pasado. Tal vez el ministro de Gobernación ha tenido algunos aciertos, pero estos se han visto opacados por la corrupción en la PNC y el aumento en las extorsiones y otros delitos, además del desastre que prevalece en el sistema penitenciario.

Muchos lo que sueñan es con encontrar un trabajo que les permita sobrevivir y/o mejorar su calidad de vida. Pero para la mayoría no pasará de ser un sueño, mientras que su vida real se asemeja más a una pesadilla, porque ¿cómo conseguir un empleo productivo en un país dónde se castiga a los emprendedores y se ahuyenta el capital? ¡Qué diferencia con otros lugares donde sí se respeta a los creadores de riqueza! Tal es el caso de Jeff Bezos (Amazon) que calcula crear en los próximos 18 meses 100 mil nuevos puestos, a pesar de la proyección de la OIT de que este año va aumentar el desempleo mundial. Ese es el engaño de las estadísticas y los promedios: en las sociedades que hay menos intervencionismo estatal y más se acercan al ideal capitalista, la gente prospera. En países como el nuestro, lo que avanzará será la pobreza. A menos de que ¡al fin! la mayoría entienda que el origen del problema está en el sistema.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de enero de 2017.

2017

Recién terminamos otro año sidéreo, con todo y segundo extra agregado la medianoche del pasado 31 de diciembre. El tiempo orbital de nuestro planeta: el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, la estrella regente del vecindario terrestre, de nuestro sistema planetario. Pero basta de tanto deambular por los astros, pongamos los pies en la tierra e intentemos pronosticar qué va a pasar en este nuevo ciclo que comenzó. El año del gallo para los chinos.

Será un año de aniversarios históricos trascendentales para la humanidad. El más importante de estos, es el centenario del triunfo de Vladimir Lenin y los bolcheviques en la Rusia zarista y la imposición durante más de 70 años de una dictadura comunista que causó la muerte de decenas de millones de personas. Costosa lección que ojalá sea recordada como debe ser: una de las más grandes tragedias que jamás se ha visto, y ojalá nunca jamás se intente de nuevo en el devenir humano.

El mismo 2017 trae consigo cambios políticos que, a principios del período, no me atrevo a decir con pleno conocimiento de causa si van a ser positivos o negativos en el largo plazo. Entre estos cambios, el primero es la toma de posesión del Donald Trump como el trigésimo sexto Presidente de Estados Unidos, lo que mantiene inquietos a muchos, en particular por miedo a que intente cumplir algunas de sus propuestas de campaña que, a mi parecer, traerían más problemas en el futuro. Sin embargo, considero que, desde que fue oficializado como ganador de la contienda, moderó su discurso y ha hecho varias buenas elecciones en lo que a su equipo de trabajo trata, lo que alimenta mis esperanzas de que en general los electores estadounidenses tomaron, dentro de las circunstancias específicas, la decisión correcta.

También habrá cambios políticos en Europa y Suramérica: tanto elecciones generales como legislativas. Se llevarán a cabo comicios en Alemania, Los Países Bajos, Francia, Chile, Argentina, Ecuador… Van a comenzar los procesos de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se comprobará si la negociación de paz en Siria ofrecida por el presidente ruso, Vladimir Putin, prospera y se convierte en realidad. En fin, en casi todas partes del mundo se esperan acontecimientos que pueden llegar a ser significativos para el progreso de nuestra especie.

Muchos de los hechos que menciono, y muchos otros que no comento hoy, sin duda van a afectar la vida de los guatemaltecos, además de los propios retos que tendremos que enfrentar localmente. Entre estos, el más peligroso es la amenaza del Presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales, y el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, de un nuevo paquetazo tributario que, por lo que se conoce a la fecha, es más de lo mismo: más impuestos para la gente productiva, más poder a los terroristas fiscales de la SAT y más obstáculos a la inversión en nuestro país.

Será un año interesante. No se vaya a distraer en nimiedades: está en juego su futuro y el de sus seres queridos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el martes 3 de enero de 2017.

La responsabilidad de Jimmy

Es responsabilidad de Jimmy Morales, y de todo aquel que ocupe el cargo de Presidente del Organismo Ejecutivo, velar, en nombre del abstracto Estado, por la seguridad de todos. ¿A qué me refiero con seguridad? A que es responsabilidad del Primer Mandatario de nuestra nación velar porque no se violen los derechos individuales de los habitantes de Guatemala: que se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. También es su responsabilidad, en caso de que los derechos de uno o varios miembros de la sociedad hayan sido violados, investigar el caso y presentar ante los tribunales competentes a los responsables de los delitos o los crímenes señalados, para que estos sean juzgados.

Lo anterior queda estipulado en los artículos 1, 2, y 4 de nuestra Constitución. Estos artículos ordenan lo siguiente: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.

El objetivo del Ejecutivo no es gastar a rajatabla lo que pueda gastar. Mucho menos es obligación del Presidente gastarse todo el dinero aprobado por el Legislativo por medio del Presupuesto, el cual en gran parte es financiado por préstamos y/o bonos que luego tendremos que pagar nosotros. Sin embargo, tomando en cuenta que el tal Presupuesto no es otra cosa que el reparto del botín entre gobernantes, funcionarios, grupos de presión y la burocracia estatal parasitaria, más de uno de los pícaros incluido en el listado de maleantes que esperan apropiarse de nuestros impuestos, pondrá el grito en el cielo si no le entregan su tajada.

Gastar por gastar para mantener la corrupción vivita y coleando: eso es lo que Jimmy y aquellos que llegan al ejercicio del poder entienden por ejecución. Y ya advirtió Morales que, aquel que no cumpla con la orden de gastar a manos llenas será ejecutado: en otras palabras, será despedido y sustituido por un malandrín que sí cumpla con los requisitos esperados. Va a cambiar a los que considere ladrones mediocres por otros que sí sean capaces de repartir eficientemente la plata que nos expoliaron.

¡Son buenos para malgastar lo que nos costó producir! Pero  nada más. Después de más de 10 meses de gobierno nos queda claro que mintieron en su campaña. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  aumentaron las denuncias por extorsión, a pesar de que la mayoría de los extorsionados no denuncian por temor a los mismos policías y las autoridades. ¿Debemos los tributarios denunciar por extorsionistas a nuestros gobernantes? Sí, es lo que se merecen.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de octubre de 2016.

Por qué triunfa la mentira política

Las críticas al gobierno actual, precedido en el Organismo Ejecutivo por Jimmy Morales, aumentan de manera exponencial. Por supuesto, los motivos para la mayoría de las críticas sobran, comenzando por el hecho de que la corrupción ha continuado campante y sonante en la presente administración a pesar de la cantaleta de que no eran ni corruptos ni ladrones. Hecho que no me sorprende, a diferencia de la reacción de algunos antes las acusaciones a Morales y su gente. ¿Es que acaso esperaban algo diferente? Al final, como varios hemos repetido en incontables ocasiones (y seguiremos repitiendo sin cansarnos), el origen de nuestra crisis política se encuentra en el sistema de incentivos perversos que prevalece, más que en quién llega a ocupar el cargo de Presidente.

Sin embargo, lamentablemente la mayoría de la gente sigue cayendo redondita a los pies de los políticos mentirosos que les ofrecen el paraíso en la Tierra si votan por ellos. ¿Por qué? Hay un principio en el hipnotismo según el cual nadie puede ser hipnotizado contra su voluntad. Para que alguien sea hipnotizado, debe estar dispuesto a serlo y a cooperar en el proceso. Algo similar sucede con aquellos que quieren tragarse las mentiras de los politiqueros, los cuales necesitan de ciudadanos sumisos para ser exitosos. Ciudadanos sumisos que sucumban ante los encantos de la propaganda política y no estén interesados en conocer y aceptar la realidad. Gente dispuesta a ser parte del guion.

La propaganda se define generalmente como la difusión de información sesgada, sobre todo en apoyo de una causa política o ideológica. Según el filósofo Jacques Ellul, en su libro titulado “Propaganda: La formación de actitudes en los hombres” (1965), las características básicas de la propaganda son: frustra el diálogo, está dirigida a las masas, utiliza diversos medios de comunicación, es continua y no es su intención hacer pensar. Todo lo contrario.

Hoy, producto de la educación estatizada reproductora de seres serviles intelectualmente perezosos, la mayoría prefiere seguir instrucciones de las supuestas autoridades antes de mirarse en el espejo y atreverse a cuestionar las creencias que desde muy temprana edad les fueron inculcadas. Creencias que en gran parte están basadas en premisas falsas que generan las contradicciones que llevan a muchos a renunciar a su vida o a entregarla al Estado.

El origen del problema no es Jimmy Morales, ni su hermano, ni su hijo, ni cualquiera que forme parte de su gobierno. El origen del problema es la gente que quiere creer en las mentiras de los políticos y de todos aquellos que viven parasitariamente del abstracto Estado: los líderes de los grupos de presión y los burócratas de las organizaciones internacionales y supranacionales. El origen del problema está en quienes eligen falsear la realidad en lugar de enfrentarla y asumir sus responsabilidades para consigo mismos y sus seres queridos y no respetan los derechos del resto de miembros de la sociedad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de septiembre de 2016.

La incapacidad del gobierno

El gobierno actual, como lo fueron los anteriores, es incapaz de cumplir con su función primordial: velar porque se respeten los derechos individuales de los habitantes del país. Y, en caso estos sean violados, también es obligación de los gobernantes garantizarle a las víctimas de tales violaciones que serán compensadas por quien sea el o los responsables de la violación. En pocas palabras, deben asegurarse de que haya seguridad y justicia para todos aquellos que cumplan con respetar los derechos de los demás.

Es más que evidente que la dispersión de las responsabilidades de los gobernantes que promueve el Estado Benefactor y Mercantilista que impera en Guatemala, les ha facilitado a los mencionados evadir la realidad y pretender justificar su ineptitud con la excusa de que no les alcanza ¡no importa cuánto expriman ya a los tributarios! el dinero que recaudan. Una mentira descarada que les sirve de pretexto para aumentar los impuestos. Lo único que de verdad les interesa y les preocupa a quienes llegan al ejercicio del poder, independientemente del discurso político que les haya permitido lograrlo, es idear nuevas maneras de expoliar a los miembros productivos de la sociedad.

Algo de cierto tiene el nombre que eligieron para el nuevo paquetazo de tributos que nos pretenden imponer, “Ley de recuperación de la capacidad fiscal del Estado”: les interesa a ellos, a quienes creen que ejercen el poder, fortalecer sus facultades para despojar a la mayoría de la poca riqueza que han logrado crear a base de su esfuerzo personal. Poco les importa, más allá de la demagogia electorera que nunca acaba, las condiciones miserables en las que viven los considerados pobres crónicos y el hecho de que cada vez hay más personas que se empobrecen en lugar de mejorar sus ingresos reales y por ende su poder adquisitivo.

El Estado es sólo una abstracción a la que recurren los politiqueros y los grupos de presión cada vez que quieren sangrar al resto. Ni es débil ni fuerte. Débiles o fuertes sólo pueden ser los individuos. Y en Guatemala los débiles somos los ciudadanos que somos obligados a mantener una estructura burocrática estatal parasitaria y a los inútiles que son electos para gobernar. Lo anterior no va a cambiar, hasta que reformemos RADICALMENTE el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos.

Estoy cansada, como la mayoría, de tanta farsa y embustes de los gobernantes, que además de robar ¡legalmente! lo que es legítimamente nuestro, nos insultan creyendo que nos tragamos los cuentos con los cuales intentan fregarnos más. Qué Jimmy Morales deje de orar y llorar, y se ponga a trabajar. Si no sabe hacer nada más que actuar, que regrese a los teatros con sus tragicomedias. No ha hecho nada de lo que ofreció en su campaña que valía la pena que cumpliera, como por ejemplo acabar con la corrupción y no subir impuestos. O lo recuerda él, o alguien se lo va a recordar de una manera que podría resultar lamentable. Basta de shows. Estamos hartos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de agosto de 2016.