Con o sin CICIG, contra la corrupción

Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.