Estado de extorsión

El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.