Comenzó el XII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda, que nos va a costar a los tributarios, no al abstracto Estado,
alrededor de 350 millones de quetzales. ¡Carísimo! Un gasto innecesario, al
menos para quienes lo vamos a pagar. Pero el costo mayor del censo serán las
consecuencias que los datos recopilados traerán en el largo plazo. Sin importar
que tales datos sean verdaderos o falsos, el gobierno los certificará como las cifras
a partir de las cuales van a aumentar el número de diputados al declarar
inconstitucional la reforma que los fijó en 160. Las cifras que usaran para
expoliarnos aún más con la excusa de financiar las supuestas políticas públicas
que van a promover para apoyar a los
más pobres. ¿Qué pobres? ¿Los pobres politiqueros que lleguen al ejercicio del
poder, sus familiares, sus amigos y los miembros del partido al que pertenecen?
Un censo que hace sólo unos días fue denunciado, entre otras
cosas, por irregularidades en su planeación y organización, lo que presagia la
falta de credibilidad en sus resultados, independientemente de todo el dinero
que han gastado en promocionarlo. En particular se comentó que en censos
anteriores se tenía seleccionado y capacitado el personal desde varios meses antes
de su inicio, mientras que para este censo se supo que la semana pasada todavía
se encontraban en ese proceso. También se supo que pidieron una ampliación del
presupuesto aprobado porque no les alcanzó lo que solicitaron. Espero que efectivamente
los auditores de la Contraloría General de Cuentas estén pendientes del proceso
del censo para reducir en algo el malgasto de nuestro dinero.
El objetivo primario de un censo poblacional es determinar
el número de personas que componen un grupo. Por medio de un censo de población
se pueden llevar a cabo algunas actividades extras, como en el caso presente en
Guatemala. Además de calcular el número de habitantes de nuestro país a la
fecha, van a aprovechar para ¿obtener? una serie de datos demográficos,
económicos, sociales y de hábitos para justificar la intervención de los
gobernantes en nuestra economía y en nuestras vidas.
El cuestionario consta de 70 preguntas, divididas en siete
capítulos. En la primera hoja de la boleta se recogen datos geográficos, como
el tipo de vivienda y material de construcción del inmueble. Las páginas dos y
tres se centran en preguntas relacionadas con la propiedad de la vivienda, servicios
e infraestructura de las casas, además de la migración hacia otros países. Las
páginas cuatro y cinco se enfocan en las características sociodemográficas, migración
interna, autoidentificación étnica,
discapacidad, escolaridad, usos de la tecnología informática, condición laboral
y fecundidad. La boleta tiene capacidad para recabar datos de hasta ocho
personas por hogar.
El único censo que era importante hacer, además de una de
las primeras promesas del gobierno actual, es el de los empleados estatales, el
cual no se hizo por la oposición de los líderes sindicales a quienes no les
conviene que se conozca esa información. El censo es un engaño más que servirá
de excusa para cobrar más impuestos y financiar al ineficiente Estado
Benefactor/Mercantilista. Yo no seré parte de ese censo. ¿Usted?
Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el
lunes 23 de julio de 2018.
Etiquetas: 2018, burocracia, Censo, corrupción, Estado, Guatemala, impuestos
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