La realidad guatemalteca

Según he leído en algunos medios y redes, parece que en Guatemala no sólo Jimmy Morales vive en la Luna. Por ese motivo, decidí hacer un breve recuento de algunos de los muchos hechos que nos muestran la realidad en la que vivimos: una verdadera crisis que se agudiza.

Uno de los casos más dramáticos es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero lo más trágico es que a la fecha se calcula que alrededor de 6 mil personas se han quedado sin ingresos debido a esta situación. ¿Quiénes son los principales responsables de  estos hechos deplorables? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su malevolencia: la ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días.

Según funcionarios del Banco de Guatemala, las exportaciones cayeron aproximadamente un 2.7 por ciento en los primeros seis meses del año y la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo 6.5 por ciento de enero a marzo, comparadas con el mismo período del 2017. La IED ha decaído en los últimos tres años. En julio el Índice de Confianza de la Actividad Económica retrocedió a 31.25 puntos, la más baja del año. El 92 por ciento de los encuestados consideró que la economía está peor que hace un año y el 75 por ciento descartó que la situación mejore en los siguientes seis meses.

Los conflictos sociales en las comunidades preocupan hasta a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, quienes demandaron garantías para la inversión. Se prevé que los conflictos van a aumentar, principalmente en el interior del país. Parte del problema es la tolerancia de las autoridades a las medidas de hecho de los grupos de presión, tales como las invasiones de fincas, los secuestros y los bloqueos. Conflictos que empeoran por la falta de empleo productivo que lleva a muchos a emigrar o a emprender en lo que puedan, aceptando que serán extorsionados por los pandilleros de su área. Todo lo anterior sumado a la multiplicación de las “patrullas de seguridad locales”, ante el incumplimiento del gobierno de su función primordial: velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos.

Si agregamos a la falta de certeza jurídica, los obstáculos que hay en nuestro país a todo nivel para emprender, comerciar y producir, es creíble el aumento de la pobreza que presentó la semana pasada el gobierno de Guatemala en Perú, durante la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la  Organización de Naciones Unidas. El porcentaje de pobres se calcula en 59.3 por ciento de la población, lo que representa un aumento de más de ocho puntos porcentuales con relación a 2006.

Se me acabó el espacio, pero no las evidencias de que la realidad de la mayoría es peor de lo que imagina la minoría, a la cual le caería bien poner los pies en la Tierra y dejar de falsear la realidad. Si no cambiamos el sistema político (estatista e intervencionista), estamos condenados a vivir, más que en una eterna primavera, en una eterna agonía.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de agosto de 2018.