Con o sin CICIG, contra la corrupción

Con o sin la CICIG, debemos continuar la persecución de corruptos y, espero, la mayoría tome en serio la verdadera lucha contra la corrupción. La persecución de corruptos se debe dar dentro del marco del frágil Estado de Derecho en Guatemala, que implica el respeto al debido proceso, para que se haga justicia y no sea aprovechada la legítima indignación de muchos para impulsar una cacería de brujas con el objetivo de que gente aviesa, algunos de ellos líderes de grupos de presión, llegue al ejercicio del poder.

Ese poder casi ilimitado que otorga el Estado Benefactor/Mercantilista, populista, que se basa en un sistema de incentivos perversos. Un sistema político que promueve el bienestar de abstractos “colectivos” por encima de los individuos reales. Un sistema político que promete a los ingenuos que lo apoyan que el divino Estado les va a satisfacer todas sus necesidades y deseos. Un sistema político que otorga el poder a quienes lo ejercen de intervenir en casi todo aspecto de la vida de los ciudadanos, no se diga el control sobre la propiedad de los miembros de la sociedad a quienes deja poco margen de acción para alcanzar sus legítimos fines. Un sistema político que es el origen de todos nuestros males.

La decisión legal y legítima, le guste a quien le guste… o le disguste, que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la CICIG que termina el 3 de septiembre de 2019, le da el tiempo a quien corresponda dentro de la organización, a trasladar las capacidades a las entidades con las que colabora, hacer el cierre administrativo correspondiente y llevar a buen fin los casos fundamentales que han perseguido. Entre estos son primordiales las acusaciones contra los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom. Por supuesto espero también que terminen, después de cumplidos los procesos legales, con la condena que le toque, los casos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Considero que en los casos de los mencionados, incluidos la mayoría de los funcionarios de sus gobiernos que también se encuentran acusados, sobra la evidencia que permita, sin lugar a duda, una condena que retribuya mínimamente a sus víctimas. Al menos, a los tributarios que defraudaron, a los ciudadanos que engañaron y a quienes hayan extorsionado. Pienso que la Fiscalía de Crímenes Internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad.

Después de la conferencia de prensa que dio Morales el pasado 31 de agosto, queda claro que la minoría de los guatemaltecos que estamos interesados en lo que sucede, políticamente hablando, en nuestro país, estamos divididos en tres grupos, no dos como creen algunos. Lamento el innecesario despliegue militar que permitió el Presidente ese día, lo que se prestó a la elucubración y difusión de cualquier cantidad de teorías de la conspiración que no abonan en nada el terreno de la reconciliación necesaria para que nos enfoquemos en lo importante: la construcción de una verdadera República.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de septiembre de 2018.

Estado de extorsión

El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.

Janus: el David de los trabajadores

El pasado 27 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. emitió un dictamen en favor de Mark Janus, contrario a las pretensiones de AFSCME, el cual debe ser celebrado por todos los trabajadores del mundo. Se enfrentó a Goliat, representado por el sindicato estatal, y le ganó. Un importante triunfo que afirma los derechos de los estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda de su Constitución.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus versus AFSCME, que no se puede exigir a los trabajadores gubernamentales no sindicalizados, que paguen cuotas a los sindicatos como condición para trabajar en el Estado. Esta resolución, considerada histórica por muchos, restaura los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de la Primera Enmienda, a más de cinco millones de maestros de escuelas públicas, personal de primera respuesta (policías, bomberos, etcétera) y otros empleados del gobierno en todo el país.

La Primera Enmienda reza: “El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni limitará la libertad de expresión o de la prensa; ni coartará el derecho de las personas para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Mark Janus, demandante en el caso, empleado por el gobierno estatal de Illinois, declaró: "Estoy muy emocionado de que la Corte Suprema haya restaurado no solo mis derechos asegurados por la Primera Enmienda, sino también los derechos de millones de otros trabajadores gubernamentales en el país. Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pagar por discursos políticos y posiciones políticas con las que no estamos de acuerdo, solo para poder mantener nuestros trabajos. Esta es una victoria para todos nosotros. El derecho a decir ‘no’ a un sindicato es tan importante como el derecho a decir ‘sí’”.

Jacob Huebert, abogado de Janus, comentó al respecto lo siguiente: "Esta es la mayor victoria para los derechos de los trabajadores en una generación. La Primera Enmienda nos garantiza a cada uno de nosotros, como individuos, el derecho de elegir a qué grupos queremos apoyar y a cuáles no. La Corte Suprema reconoció que nadie debe ser obligado a renunciar a ese derecho solo para poder trabajar en el gobierno. La Corte reconoció que los sindicatos tienen el derecho de organizarse y abogar por las políticas en las que creen, pero no tienen un derecho especial para obligar a las personas a pagar por su cabildeo. Tienen que jugar según las mismas reglas que todos los demás”.

La importancia de esta sentencia radica en que nos recuerda que todo trabajador, sin importar el sector en el cuál trabaja, debe ser libre de elegir con quién asociarse,  de rechazar formar parte de un sindicato y no ser obligado a pagar cuotas para mantener a los líderes de estos grupos. Debe ser libre de elegir dónde trabajar, bajo qué condiciones y ganando lo que él acuerde con quien quiera que esté en la capacidad de ofrecerle un empleo productivo y desee hacerlo. El trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de SU esfuerzo. Si es capaz de ganarlo, lo justo es respetar su decisión de cómo gastarlo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de julio de 2018.

¿En quién creer?

Las declaraciones de Juan Carlos Monzón contra varios miembros de la prensa, han agudizado la crisis de confianza en las instituciones que enfrentamos en la actualidad. También contribuye a la pérdida de confianza en los medios de comunicación, particularmente los vistos como tradicionales, el exitoso cabildeo de varias de las facciones interesadas en el ejercicio del poder (que no necesariamente involucra sobornar a alguien por medio de la llamada fafa), al igual que el poco cuestionamiento al intervencionismo promovido tanto por burócratas nacionales como internacionales.

Por cierto, el testigo estrella de la CICIG es ya de por sí un personaje poco confiable que, como aquellos a los que acusa, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Y por esa poca confiabilidad que inspira un criminal confeso como Monzón, espero que las pruebas científicas y documentales que aporten al proceso citado, al igual que a otras causas justificadas como la del Transurbano, sean suficientes para condenar sin lugar a dudas a corruptos que, como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, salta a la vista la fortuna que acumularon abusando del poder que se les delegó como gobernantes.

Ahora, ¿quiénes son los principales responsables de la crisis de confianza que crece en nuestro país? ¿Cuáles son las consecuencias esperadas de esta crisis de confianza que empeora? ¿Cuándo y qué debemos de creer a los colaboradores eficaces? ¿A los medios de comunicación? ¿A los comentaristas y/o analistas? ¿Qué hacer con los rumores? Y aún más importante, ¿cuál es la realidad de la mayoría en Guatemala? ¿La que se refleja en los medios, en las redes o en la calle? O, ¿es esa realidad una mezcla de las tres?

Precisamente, entre los principales responsables de la creciente desconfianza se encuentra el grupo de analistas mencionados, ya sea que estén a sueldo de intereses de terceros o por simple conveniencia personal, que opinan desconectados de la señalada realidad, elevando sus oraciones al Divino Estado como responsable de proveer todo lo que el pueblo demande, ya sea una necesidad o un capricho. Un Divino Estado fracasado, convertido en violador de los derechos individuales de la mayoría, fuente de desilusiones y origen de la corrupción. ¿Por qué promueven medidas que sólo facilitan la corrupción?

¿En quién creer? Primero que todo, en nosotros mismos. En fin, de cada uno de nosotros depende hacer una evaluación justa y verdadera para determinar qué es cierto y qué es falso. Segundo, podemos confiar en quien emita juicios basados en los hechos de la realidad, que contextualice los hechos que describe o analiza y aporte la evidencia que demuestre la verdad de las afirmaciones que sostiene. O sea, quien tenga los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Y, por supuesto, no debemos caer en la falacia de la generalización apresurada: no todo en el mundo del periodismo está podrido. Depende de usted como lector, espectador u oyente objetivo, diferenciar el trigo de la paja y apoyar a quienes, les guste o no los resultados de su trabajo, cumplen con su misión: la búsqueda de la verdad de los hechos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de mayo de 2018.

La obsesión con la CICIG

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta, basada en los hechos de la realidad, independientemente de si estos nos agradan o nos disgustan. En particular en el principal tema de los debates en las redes sociales, en los medios de comunicación y en casi todo tipo de reunión: Iván Velásquez y la CICIG.

En estos enfrentamientos que han llegado al seno familiar, se pueden identificar con facilidad tres grupos: los ivanlovers, los ivanhaters y los indiferentes. Los últimos, como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, suelen ser la mayoría que, harta de la política, creen que ignorándola no los afecta. Lamentable error que pagamos todos. Existe un cuarto grupo, el de la minoría en la que me incluyo, que no encajamos en ninguno de los tres señalados. Los grupos más notorios suelen ser los dos primeros, entre los cuales encuentro más coincidencias que diferencias. El problema principal es la intensidad emocional que los ciega a la hora de intentar evaluar imparcialmente a Iván Velásquez, la principal diferencia, más que la misma CICIG.

En ambos grupos, lovers y haters, hay gente que lo único que le interesa es ejercer el poder. También, en ambos grupos hay gente corrupta, envidiosa y comprada cuyo propósito es, o mantener el statu quo, o cambiarlo en beneficio de ellos mismos y en detrimento del resto de la población. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, lo que observo es a gente hastiada de la corrupción, deseosa de vivir dentro de circunstancias diferentes y con la esperanza de que algún día vivamos dentro de una sociedad justa.

¿Por qué tantos han perdido el juicio, han dejado de ser objetivos, si alguna vez lo fueron, y se dejan llevar por sus pasiones en lo que respecta a Velásquez? ¿Por qué confunde la mayoría la lucha en contra de la corrupción con defender o atacar a Velásquez? ¿Es Velásquez el principal obstáculo para construir un Estado de Derecho? ¿Quién o quiénes ganan con los enfrentamientos que, en varios casos, ya rayan en lo absurdo? ¿Estarían hoy presos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti si no existiera la CICIG? ¿Por qué el trato que se le da a Álvaro Colom y su gabinete es diferente al que se le da a los otrora patriotas? ¿Por qué hay personas presas sin evidencia contundente de los delitos que se les imputa? ¿Qué evidencia respalda las acusaciones de abuso de poder y violación al debido proceso por parte de la CICIG?

En fin, para unos Velásquez es un héroe. Para otros es el mismo diablo encarnado. Para mí es sólo un hombre que, como cualquier otro, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Recordemos que la batalla va más allá de encarcelar a los corruptos. La batalla vital es contra el mismo origen de la corrupción. Espero que pronto predomine en la discusión la calma y la búsqueda de la verdad, para que aquellos que hemos elegido Guatemala como nuestro hogar podamos objetivamente ponernos de acuerdo en los medios e instituciones que necesitamos para vivir en paz, con la confianza de que en nuestro país podemos progresar honestamente, con seguridad y dentro de un sistema justo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 7 de mayo de 2018.

No hay atajo sin trabajo

O, como dice otro refrán, quien quiere celeste, que le cueste. Aquel que quiere superar la pobreza y vivir la mejor vida posible a su alcance, debe trabajar: debe esforzarse, tanto mental como físicamente, para alcanzar sus objetivos, sin pretender vivir de los demás. Más aún, si quiere disfrutar verdaderamente de esa mejora, debe saber que lo que tiene se lo ha ganado justamente, por el sudor de su frente, y no arrebatándolo a otros o siendo cómplice de ese robo.

Es por esto último que vemos a muchos que han acumulado fortunas a base de trampas, fraudes, robos, privilegios… que, al final, poco importa cuánto hayan logrado juntar, sus vidas suelen ser vacías, superficiales y falsas, ya que pueden engañar a todo el mundo, menos a ellos mismos. Gente que termina rodeada de hipócritas, que no los valoran y sólo están interesados es sacarles parte del dinero mal habido. En pocas palabras, parásitos como lo son ellos.

Y esa manera deshonesta de vivir no depende del monto del dinero obtenido sin haberlo ganado: fracasa a toda escala, como lo podemos ver en aquellos programas sociales que pretenden usar el dinero expoliado a los tributarios para comprar votos. El bono seguro, el bono para las comadronas y cualquier otra prebenda similar, son políticas populistas que facilitan la corrupción. Además de ser una injusticia más contra quien honradamente trabajó para crear la riqueza que ese dinero representa. Bien lo señala el neoplatonista Henry More en el “Enchiridion Ethicum, IV” (1667): “Es bueno y justo que a cada uno se le otorgue lo suyo, y el uso y posesión del mismo se le debe otorgar sin molestia".

Fracasan los programas anteriores, así como fracasa el absurdo de asegurar una renta mínima a todos. Con apenas dos años de prueba, el experimento finlandés de otorgar ingresos mensuales de 560 euros a 2 mil personas desempleadas de entre 25 y 58 años fracasó. Tal y como informó el New York Times el pasado 24 de abril: “Durante más de un año, Finlandia ha probado… repartir dinero sin reglas o restricciones sobre cómo las personas lo usan….experimento que está por terminar. El gobierno finlandés optó por no continuar financiándolo... la decisión del gobierno finlandés de detener el experimento a fines de 2018 pone de relieve un desafío a la misma concepción del ingreso básico. Mucha gente en Finlandia -y en otras tierras- se molesta ante la idea de entregar efectivo sin requerir que la gente trabaje... El gobierno esperaba que el tener un ingreso básico permitiría que más personas se integraran al mercado laboral”.

Un fracaso anunciado, porque se basa en premisas equivocadas. La más evidente de éstas es la de creer que la gente iba a trabajar sin necesitarlo. ¿Por qué pasar por la molestia de trabajar cuando se pueden quedar tranquilamente acostados todo el día viendo tele? Por supuesto, no a todos nos parece éste el escenario ideal para disfrutar de nuestras vidas pero, lamentablemente, esa es la actitud de la mayoría. Con esta propuesta y las anteriores mencionadas, violadoras de los derechos individuales de unos para complacer a otros, mientras unos viven sin trabajar, otros tienen que esforzarse el doble para mantenerse ellos mismos y mantener a los gorrones que viven de su trabajo. ¿Hasta cuándo lo vamos a tolerar?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 30 de abril de 2018.

El negocio del genocidio

Con la muerte de Efraín Ríos Montt también murió la esperanza de muchos vividores de lucrar de la tragedia que implica toda guerra. No sé quiénes lloraron más la muerte del controversial general, si sus familiares o aquellos que pretendían que el gobierno los indemnizara por un supuesto genocidio que no existió en Guatemala. Gente malévola que asumiendo el papel de víctimas o defensores de éstas, deseaban vivir cómodamente a costa de nuestros impuestos, ya que las víctimas finales en todo reclamo al abstracto Estado, somos siempre nosotros, los tributarios.

Por cierto, el usar correctamente los términos no significa que se niegue la muerte de miles de personas durante el conflicto armado que duró 36 años en nuestro país; el cual, según el cálculo objetivo presentado por el sociólogo e historiador Carlos Sabino (Guatemala: La historia silenciada, Tomo II), cobró aproximadamente la vida de 37 mil personas. Un enfrentamiento promovido por la ambición de poder de gente inescrupulosa que se aprovechó de la emotividad e ingenuidad de jóvenes que querían un cambio para los habitantes de nuestra Guatemala. Cambio que todavía muchos queremos, pero que buscamos por medios racionales para que algún día se haga realidad la mejora sostenible en la calidad de vida de todos.

Cómo lo he explicado en múltiples ocasiones la definición aceptada de genocidio es que este es un “delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". En Guatemala hubo un mortal enfrentamiento por el poder, pero no un genocidio, como sí se dio en los casos de los serbios y croatas, los árabes y kurdos, los tutsis y hutus, por no mencionar el genocidio de los judíos que originó la acuñación del término genocidio, o el de los armenios perpetrados por los turcos, anterior a la creación del mismo término.  

En Guatemala pelearon ixiles contra ixiles (muchos de los cuales han defendido a Ríos Montt), k’iches contra k’iches, kaqchikeles contra kaqchikeles… En fin, puedo listar todas las etnias reconocidas en nuestro país, incluidos los ladinos, que participaron en ambos bandos como prueba de que aquí no hubo un genocidio, sino un conflicto armado por el ejercicio del poder. Murieron quienes sabían el riesgo que corrían al involucrarse en la guerrilla. Murieron militares que cumplían con su deber. Y, tristemente, también murieron inocentes espectadores de esta sangrienta lucha que quedaron atrapados en medio del enfrentamiento.

Por supuesto que la batalla de los que se aprovechan del conflicto armado para extorsionar al gobierno y explotar a los tributarios no va a terminar con la muerte de Ríos Montt. Hay varios más a quienes pueden acusar y que ya están siendo juzgados en procesos en los cuales se ha violentado el debido proceso. Ojalá en el largo plazo prevalezca la verdad y se haga justicia, que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y que los parásitos que se alimentan de la miseria de otros, no se salgan con la suya.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 9 de abril de 2018.

El desborde del poder

Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

In memoriam: Ludvin Tiul

Es poco lo que se puede decir sobre la corta vida de Ludvin Bernal Tiul Chacach, un niño que murió en inhumanas circunstancias con apenas 4 años de edad, a causa de la indulgencia de los gobernantes con los delitos anunciados ¡y perpetrados! por los dirigentes de la organización criminal CODECA. No obstante, de su muerte lamentablemente podemos decir mucho. Muerte que no debe pasar inadvertida.

Sin duda, Ludvin sufrió en esos pocos años que vivió, debido a que padecía de cáncer en los huesos. Probablemente iba a morir pronto, pero no merecía una muerte miserable dentro de un bus a causa de las medidas de hecho toleradas por los gobernantes.  Violaciones llevadas a cabo por integrantes del mencionado Comité, cuyos líderes mienten al decir que promueven el desarrollo de los campesinos indígenas, cuando en la realidad son unos los principales enemigos del progreso en nuestro país.

Los líderes de CODECA son los principales responsables de la desgraciada muerte de Ludvin Tiul. Y también son responsables de que Carlos René Pineda Sosa, atropellara accidentalmente a Vicente Calderón, al perder la paciencia después de horas de estar detenido a la fuerza por la gente de CODECA e intentar sortear el bloqueo. Pineda se hizo responsable de su acción y se está haciendo cargo de la salud de Calderón, además de que se comprometió a indemnizarlo y mantenerlo económicamente el tiempo que no pueda trabajar.

Calderón confesó a Pineda y a sus abogados que participó en el bloqueo debido a las extorsiones de los dirigentes de CODECA. Los criminales que dirigen esta organización, amenazan a la gente de que si no participan en las medidas de hecho que promueven, les van a cortar la energía eléctrica que les venden. La ironía del caso, es que esa energía eléctrica la roban los integrantes de CODECA. ¿Hasta cuándo va a continuar el gobierno ignorando estas violaciones flagrantes?

“Viajar al extranjero, como viajar dentro del país, puede ser necesario para ganarse la vida. Puede estar tan cerca del corazón del individuo como la elección de lo que se come, o se usa, o se lee. La libertad de movimiento es básica en nuestro esquema de valores”. La anterior es una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en 1958 en el caso de Kent versus Dulles, lo cual es válido para toda persona en cualquier lugar. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros.

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Manifestar es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos como el de Ludvin Tiul y de Vicente Calderón, pone en peligro la vida de otros. Evitemos más tragedias. No más consideraciones con los delincuentes y los criminales. El gobierno DEBE evitar los bloqueos y castigar las violaciones a los derechos de los demás.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de noviembre de 2017.

¿Cuál pena de muerte es condenada a morir?

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad condenaron a morir a la pena de muerte con su decisión de declarar parcialmente inconstitucionales cinco artículos del Código Penal y dos artículos de la Ley Contra la Narcoactividad. Al menos, la inhabilitaron en su aplicación FORMAL, dentro de un marco de legalidad. Lo que promoverá, como es de esperar en el estado actual de ingobernabilidad en Guatemala, más linchamientos: o sea, la aplicación INFORMAL de la pena de muerte, sin debido proceso y por cualquier delito o crimen.

A los mencionados magistrados, como a muchos abogados, les preocupa la modernización de la legislación y, al parecer, poco les importa la justicia y menos las consecuencias de sus decisiones que falsean la realidad. Su principal objetivo es complacer a grupos de presión de derechos humanos y apoyar sus agendas políticamente correctas. Es lamentable que muchos abogados del país son incapaces de usar su juicio propio y prefieren practicar la epistemología del loro: repiten las consignas positivistas de moda y olvidan, o tal vez nunca conocieron, la naturaleza del derecho y menos la del gobierno.

La pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique, después de que haya sido plenamente probada la culpabilidad del acusado: que no existe ninguna duda razonable de que es responsable de una violación irreparable a la víctima. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral. Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso: en los linchamientos que abundan en nuestro país.

Entiendo que les preocupe que se pueda condenar a morir a un inocente, pero no que prefieran que terroristas, asesinos en serie, psicópatas… cuyos crímenes hayan sido probados, sean condenados a cadena perpetua, que no es otra cosa que obligar a los tributarios a que los mantengan de por vida. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece con la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia.

La razón de ser del debido proceso es para que, en la búsqueda de justicia, no se cometa una injusticia condenando a un inocente. Por eso la carga de la prueba está en aquel que acusa, no en el acusado, lo que es iluso creer que se da dentro del contexto de los linchamientos. La pena de muerte en la informalidad nunca la podrán abolir. Lo que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos.

Necesitamos con urgencia reformar nuestro sistema judicial para acabar con las arbitrariedades, el abuso de poder y la corrupción, pero no para estar a la moda de la modernización, sino para construir un verdadero estado de Derecho que nos permita convivir en paz.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 30 de octubre de 2017.

Ecos de libertad

Resuenan en los pasillos de los tribunales. Resuenan en los corredores del Ministerio Público. Retumban en las oficinas de la CICIG. ¡Libertad, libertad, libertad! Maravillosa libertad. Alas, ¡para que las quiero! Vuelo en el primer avión que me lleve lejos de la amenaza de cárcel. ¡Hasta nunca, compañeros de fechorías! La libertad le corresponde al ave que mejor entone la melodía solicitada por aquellos que tienen el poder de dejar al pájaro cantor en libertad.

Salvador Estuardo González Álvarez, el colaborador estrella de la CICIG y el Ministerio Público en el caso denominado de “La Línea”, recobró su libertad hace aproximadamente tres semanas, según informó Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. ¿Por qué Thelma Aldana e Iván Velázquez no llevaron a cabo una conferencia de prensa para darlo a conocer? ¿Acaso no es lo que suelen hacer cuando hay información trascendental en la lucha contra la corrupción? Y este hecho, sin discusión, es significativo ya que uno de los acusados se salió con la suya y no pagó las consecuencias de sus acciones.

En fin, es el resultado esperado que promueve el sistema de incentivos perversos que hay detrás de los famosos colaboradores eficaces, los cuales negocian con los fiscales y aceptan declarar en contra de aquellos que son el principal objetivo de la CICIG/MP. Criminales que serán tratados con deferencias y privilegios reservados para quienes les permitan a los acusadores ganar juicios. Y, en menos de lo que se imaginan, estarán de nuevo libres.

Dicen, dicen, dicen, pero… ¿cómo respaldan lo que dicen? Aclaro que no le creo a Otto Pérez Molina, a Roxana Baldetti, a Álvaro Arzú… Pienso que ellos, como muchos más que han pasado por el gobierno, son corruptos y han abusado del poder. Pero tampoco le creo a Alejandra Reyes, ni a Juan Carlos Monzón, ni a Salvador Estuardo Orellana, ni a la mayoría de colaboradores eficaces o testigos protegidos. ¿Por qué? Por el sistema de incentivos perversos. Puede ser que alguno diga la verdad, pero ¿cuál es la evidencia objetiva que respalda lo que dicen?

Por supuesto que considero que los testigos son importantes en la búsqueda de la verdad. Pero, todo lo que dicen DEBE ser respaldado por evidencia científica, objetiva e indiscutible, que pruebe, sin lugar a dudas, que lo declarado es cierto. Si renunciamos al debido proceso, con tal de que sean castigados quienes creemos que nos han estafado, extorsionado y robado el fruto de nuestro trabajo, en el largo plazo, saldremos perdiendo mucho más de lo que podremos ganar al ver presos a quienes consideramos responsables de nuestra indignación.

Si no defendemos el respeto al debido proceso, mañana la acusada puedo ser yo, el acusado puede ser usted, el acusado puede ser un ser querido suyo o mío. El acusado puede ser cualquiera y con la sola declaración de alguien, sin evidencia, podrá ser culpado. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de ser acusado injustamente y no poderse defender? ¿Acaso no se pueden hacer las investigaciones y las acusaciones correctamente? ¿Acaso el objetivo no es encontrar la verdad y que se haga justicia?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de octubre de 2017.

¿Es el gobierno inevitable?

Para responder esta pregunta, primero debemos entender por qué la mayoría de personas elegimos vivir en sociedad. ¿Cuál es el objetivo de asociarnos con otros? ¿Por qué y para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuáles deben ser las características de esa asociación para que sea beneficiosa para todos? Si el objetivo de asociarnos es para vivir la mejor vida posible, según nuestros propios valores y proyectos personales, y facilitarnos alcanzar el propósito más importante de todo ser humano racional, ser feliz, sí es inevitable un gobierno. Si queremos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz, que solo se logra a base del respeto mutuo, sí es inevitable el gobierno.

Ahora, en base a las respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál es la naturaleza del gobierno? ¿Cuál debe ser su función dentro de la sociedad? ¿Para qué es necesaria la existencia del gobierno? La naturaleza del gobierno es institucional, y quienes actúan en su nombre poseen temporalmente el poder exclusivo, otorgado al Estado, de poner en vigor en una determinada área geográfica, las normas de conducta que aseguren ese respeto irrestricto de los unos a los otros. Y cuando alguno de los miembros de la sociedad violente la vida, la libertad y la propiedad, estos dos últimos derechos necesarios para que toda persona logre alcanzar sus objetivos de vida, es el gobierno el responsable de capturarlo y juzgarlo respetando el debido proceso.

Hay quienes piensan que debe haber competencia entre los gobiernos. Y en cierta forma la hay, por eso muchos emigran a otros países cuando en el suyo no existen las condiciones necesarias para sobrevivir y mejorar. Pero, no hay que confundir al gobernante con el empresario. La naturaleza del gobierno y la naturaleza de la empresa son diferentes. No se trata de qué puede hacer el gobierno y qué la empresa privada: no es cuestión de permisos que se otorguen por medio de la legislación. El punto importante es entender qué DEBE hacer cada uno de acuerdo con su naturaleza. Cuándo el gobernante o el empresario se entrometen en asuntos que no les corresponden, se convierten en un obstáculo para que los miembros de la sociedad alcancen sus fines.

Como bien lo explica Thomas Babington Macaulay, en “Southey’s Colloquies on Society” (1830): “No es por la intermediación del Estado omnisciente y omnipotente, sino por la prudencia y la energía del pueblo, que Inglaterra ha sido civilizada hasta el presente; y es a la misma prudencia y la misma energía que ahora nos vemos con comodidad y buena esperanza. Nuestros gobernantes promoverán la mejora de la nación limitándose estrictamente a sus propios deberes legítimos, dejando al capital encontrar su curso más lucrativo, a las mercancías su precio justo, a la industria y a la inteligencia su recompensa natural, a la ociosidad y a la locura su castigo natural, manteniendo la paz, defendiendo la propiedad, disminuyendo el costo de la ley y observando la estricta economía en todos los departamentos del Estado. Que el Gobierno haga esto: el pueblo seguramente hará el resto”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de octubre de 2017.

Muerte, sin pena ni ley

¿De cuál pena de muerte piden su abolición los delegados de la CIDH? Porque, según yo sé, la legal hace años que no se aplica en Guatemala. Eso sí, la pena de muerte que es el pan diario de los guatemaltecos es la de los linchamientos, que no son otra cosa más que la aplicación informal de tal castigo, los cuales considero que es utópico pretender abolir, al menos por el momento. Más difícil será aún si, finalmente, acaban prohibiendo su  aplicación dentro del marco de la Ley.

Precisamente el día que se publicó este reclamo de los burócratas de la CIDH, en el mismo medio (Prensa Libre) venía una breve nota que informaba que alrededor de 100 vecinos lincharon a dos presuntos asaltantes en la ruta que comunica a Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla) con San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), un hecho terrible y lamentable, aunque los editores de los medios le den poca importancia. ¿Eran o no culpables los acusados? ¡Quién sabe! Nunca hubo un proceso legal en el cual se probara su culpabilidad.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, tal y como lo dije en mi artículo titulado “Sin duda razonable, pena de muerte” (Siglo Veintiuno, 29 de febrero de 2016), terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de sus vidas a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado) con el reto de mejorar nuestro sistema de justicia.

Una vez cumplamos con nuestra parte del trato, respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie, merecemos que se respeten nuestros derechos, incluido primordialmente nuestro derecho fundamental a la vida. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos y los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo, más allá de si es un disuasivo o no.

Es poco probable, por no decir imposible, que algún día lleguen a abolir plenamente la pena de muerte. Lo único que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar, sin duda razonable, la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos, lo cual se presta, en la mayoría de los casos, a cometer injusticias y convertir a las personas que participan en éstos en homicidas. Sé que la desesperación de muchos ante la inseguridad que reina reclama justicia, pero esta no se va a alcanzar si no es dentro de un marco de normas legítimas y legalmente sancionadas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de agosto de 2017.

Un mundo justo

Es uno de los eslóganes más comunes. En su nombre los artistas hacen conciertos, los burócratas estatales (nacionales y supranacionales) organizan cumbres, los miembros de los grupos de presión exigen privilegios… En fin, ¿quién en su sano juicio no desea vivir en un “mundo justo”? El problema no se encuentra en el anhelo de que prevalezca la justicia. El problema se encuentra en la definición ambigua del término “justicia” y el poco entendimiento de la mayoría de lo que es justo. Es por eso que en nombre de ese “mundo justo” se terminan cometiendo tremendas injusticias.   

¿Cómo sería un “mundo justo”? ¿Por qué sería un “mundo justo”? ¿En qué nos basamos para decir que es un “mundo justo”? ¿Qué necesitamos para vivir en un “mundo justo”? Primero, reconocer que “justos” sólo podemos ser los seres humanos que decidimos cultivar el hábito de darle a cada quién lo que le corresponde. Y segundo, así como buscamos ser justos en nuestra vida diaria, debemos buscar esa justicia en la sociedad en la que vivimos, lo que significa que el sistema político que impere en nuestro país debe ser justo.

¿Cómo debe ser ese sistema justo que respete la máxima de darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Debe ser un sistema que discrimine y beneficie a unos a costa de los otros? ¿O debe ser un sistema de leyes iguales para todos? ¿Un sistema que vele por igual para que se respeten los mismos derechos y las mismas obligaciones a todo miembro de la sociedad? ¿Debe ser un sistema que reconozca y respete el éxito a quien le corresponda y, por otro lado, castigue a los delincuentes y criminales, los cuales deben ser obligados a compensar a sus víctimas?

Lamentablemente, en el mundo actual, en diferentes grados, el sistema que predomina es el que discrimina. El sistema de incentivos perversos, injusto, que favorece a los que engañan, roban, destruyen… y castiga a los productivos, responsables, que se superan y respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Los trágicos sucesos recientes en el correccional “Las Gaviotas” y la decisión de los magistrados de la “Corte Intermedia de Injusticia” en el caso de la Minera San Rafael son una muestra más del fracaso de ese sistema que sólo beneficia en el corto plazo a gente acostumbrada a violentar los derechos de otros y vivir parasitariamente del trabajo del resto. Otra tragedia provocada por quienes promueven el Estado Benefactor/Mercantilista.

Dentro de ese contexto, es perder el tiempo preguntarse por qué tantos de nuestros compatriotas deciden emigrar y por qué son pocos, cada vez menos, los que se atreven a invertir en Guatemala. Más que medidas superficiales para promover “un mundo justo”, lo que necesitamos es que más personas se decidan a cuestionarse y, después de aclararse las ideas, cambiar de raíz lo que hay que cambiar y podemos cambiar por ser creación humana: el sistema político estatista e intervencionista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de julio de 2017

Corrupción, ¿fenómeno natural?

Según Iván Velásquez, quién recientemente fue confirmado como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la corrupción es un “fenómeno natural” que sólo se acabará si hay una “reforma” al sistema de justicia. Al menos, eso dijo el martes 27 de junio pasado ante los representantes de los gobiernos que mantienen financieramente a la CICIG.

Un fenómeno que, según el Comisionado, además de cambios constitucionales, necesita del involucramiento de la gente para erradicarlo: “Es necesario un nuevo despertar ciudadano como el de 2015, más profundo y más consciente, para la consolidación del estado de Derecho indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”. Interesante. Parece que el Comisionado repite lo que varios llevamos todo el siglo veintiuno diciendo hasta el cansancio. ¿Será posible que, finalmente, alguien poderoso nos escuchó?

Ahora, hace falta saber si nos referimos a los mismos cambios y a la misma responsabilidad individual que implica ese despertar ciudadano.  Usamos términos similares, pero, ¿los usamos con el mismo sentido y la misma intención? ¿Qué entiende Velásquez por reforma? ¿Por estado de Derecho? ¿Por prosperidad? ¿A qué tipo de certeza se refiere? ¿Cómo concibe ese despertar más profundo? ¿De qué debemos estar más conscientes los ciudadanos? ¿De los conceptos? ¿De los hechos de la realidad? ¿Del conocimiento adquirido por nuestra especie a través del tiempo? En fin, él es el único que puede responder estas preguntas que le dirijo. 

Lo que yo puedo hacer es brevemente mencionar qué pienso que debemos hacer. Primero, quienes participen en ese despertar deberán pasar por un proceso OBJETIVO de aclararse las ideas y entender e integrar a su conocimiento qué es el estado de Derecho y cuál es su naturaleza. De lo contrario, serán un grupo de hombres masa emocionalmente manipulables, sin juicio propio, que terminaran convertidos en tontos útiles para avanzar agendas de gente malévola y de grupos de presión parasitarios en búsqueda de privilegios.

Segundo, si el problema es el abuso del poder, por la discrecionalidad y arbitrariedad de la que gozan los gobernantes y los funcionarios, ¿por qué proponen más de lo mismo? Eso no es cambiar las reglas para mejorar: es empeorar el problema. Entonces ¿cómo cambiarlas para que sea una verdadera reforma? Debemos cambiarlas en sentido contrario al del estatismo e intervencionismo que hoy prevalece. Debemos hacer una reforma de raíz que limite el ejercicio del poder a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno.

La intervención de unos que se aprovechan del poder que gozan ellos, sus familiares o amigos, no justifica la intervención de otros para también imponer sus intereses al resto de miembros del grupo. Más aún, si se trata de vivir dentro de una sociedad, ese abuso debe ser condenado. En resumen, si queremos prosperar y vivir en paz, la ruta que debemos caminar es la que nos lleve hacia la igualdad de todos ante la Ley.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de julio de 2017.

La bicicleta de Eco

Las declaraciones sin tapujos de Salvador Estuardo González Álvarez, Eco, siguen provocando asombro e invitando a pensar. Ojalá también motiven a escucharlas repetitivamente y, en base a esa repetición, a reflexionar sobre los mitos que prevalecen en lo que respecta a la impunidad con la que delinquen aquellos que llegan al ejercicio del poder y sus asociados, sean estos familiares, amigos o criminales reconocidos.

  

La semana pasada llamó mi atención la confesión de González Álvarez de que, a pesar de que sabía que estaba cometiendo delitos, igual no pensaba cambiar el rumbo de sus decisiones, porque consideraba que nadie podría detenerlo a él y a sus jefes: “Sabía que estaba haciendo algo ilegal, pero decidí seguir. Pensé: ¿quién nos va a cachar en ésta?” Sin embargo, Eco se equivocó, como muchos en el gobierno actual se equivocan creyendo que a ellos no los van a cachar. Más aún, por más que su nombre sea Salvador, no sólo él no podrá salvar a nadie, sino no hay nadie que lo salve a él.

Por más que González creyera que lo único que debía hacer era seguir pedaleando la bicicleta, este cayó, aunque el eco de su caída aún no ha llegado a los oídos de todos. González cayó, y ahora no habrá quién lo calle a él. “Ya en la bicicleta, si dejaba de pedalear yo me caía y por lo tanto decidí continuar. Se sentía bien estar asesorando al señor presidente y a la señora vicepresidenta”. La bicicleta de Salvador, un cuento basado en hechos reales, que de poco ha servido para que cambien los gobernantes actuales.

Y total, ¡quién podrá atraparme! Seguirá siendo la premisa mayor de nuestros gobernantes y los que trabajan con ellos. Seguirá siendo la regla primera de los burócratas de ayer, los burócratas de hoy y los burócratas de mañana. Seguirá siendo la regla, pues al fin, Eco tenía razón hasta cierto punto: son muy pocos los que terminan presos y pagan las consecuencias de sus acciones. Una actitud que sólo va a cambiar cuando cambiemos el sistema de incentivos perversos que prevalece. Un sistema inmoral que promueve injusticias y atrae al ejercicio del poder a los peores representantes de nuestra sociedad. De nada servirá lo poco bien que hasta hoy se ha hecho, porque como bien advierte Johann Wolfgang von Goethe, “el que no se mueve hacia adelante, retrocede”.

Bien lo dijo nuestro compatriota Ricardo Arjona: “hay más sorpresas en la realidad que dentro del circo”. Ojalá más ciudadanos reaccionen y dejen de ser simples espectadores para convertirse en mandantes activos. De lo contrario, los payasos y sus empleados los monos, seguirán haciendo piruetas sobre sus bicicletas. Seguirán reinando en la Guatemala de la eterna indignación, con muy poca acción, los mediocres y corruptos parásitos a los que atrae el poder. Un espectáculo mantenido por la indiferencia de muchos. Un show de tercera categoría aplaudido por la mayoría. Una tragedia, más que una comedia.

           

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de junio de 2017.

¿Discusión o imposición de reforma?

Sé que muchos, al menos del diente al labio, opinan que sí hay una discusión de los cambios constitucionales impulsados por Iván Velásquez, Thelma Aldana y Jorge De León. Por cierto, el origen de la propuesta de cambios fue reconocido la semana pasada en el pleno del Congreso por la diputada Nineth Montenegro. Si Aldana y De León, como ciudadanos quieren presentar una propuesta y logran convencer a cinco mil ciudadanos más, están en todo su derecho de hacerlo, pero aprovecharse de sus cargos para presentar modificaciones a la Constitución es un abuso de poder. En el caso de Velásquez está claro que se está extralimitando en lo que a su mandato como Comisionado de la CICIG trata.

Sin embargo, lo más trascendente no es quién los presentó, sino qué se pretende cambiar y cuáles son las consecuencias de tales cambios. Por eso considero de vital importancia que éstos sean discutidos de manera objetiva, racional y prudente, y no falazmente como ha sido hasta hoy. Pero… más aún, en la realidad, ¿hay discusión o imposición? Por lo que hasta la fecha hemos visto, más parece que lo que se pretende es forzar los cambios al mejor estilo del contradictorio Maximiliene Robespierre, que se consideraba incorruptible y por tanto creía que todo aquel que se atrevía a discutir sus decisiones era un corrupto. ¿Les suena familiar?

Argumentos objetivos sobre el porqué se debe profundizar de manera responsable en la discusión de las reformas constitucionales abundan, por ese motivo sólo voy a mencionar brevemente algunos de estos: la concentración del poder en pocas manos va a facilitar la corrupción y el abuso de ese poder; los cambios sólo trasladan el problema de las Comisiones de Postulación al Consejo de Administración Judicial y no resuelven los conflictos de intereses entre los jueces y quienes los designan; violan los principios constitucionales en cuanto a cómo debe ser electo un funcionario; hay cambios que se pueden hacer por medio de legislación ordinaria; el pluralismo jurídico genera confusión y nos aleja de la igualdad de todos ante la ley; que los actuales diputados no son las personas idóneas para hacer los cambios constitucionales necesarios… En fin, razones válidas sobran.

La discusión entre personas intelectualmente honestas nos enriquece a todos: tanto a quienes participan activamente en éstas como en quiénes las observan y reflexionan sobre lo que leen o escuchan. Necesitamos cambios que obliguen a los gobernantes a cumplir con sus funciones primordiales, las cuales son: primero, asegurar que se respeten los derechos individuales de TODOS los miembros de la sociedad; y segundo que aquellos antisociales que los violen compensen a sus víctimas pagando las consecuencias de sus acciones. Vaya, en pocas palabras, que haya seguridad y justicia. Por eso, las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios cuyo objetivo sea satisfacer a grupos de presión, fingir ser políticamente correctos y facilitar la corrupción en el largo plazo con la excusa de buscar justicia.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de mayo de 2017.

Privilegio a la impunidad

El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

Vivamos en un paraíso

Será una experiencia de vida maravillosa. Ideal. Será una manera esplendida de vivir nuestra vida irrepetible, al menos para todos aquellos que nos esforzamos, mental y físicamente, por hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas personales. Hombres y mujeres que actuamos con visión de largo plazo para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos. Que sabemos que obtendremos aquello que merecemos a partir de lo que nosotros hemos escogido y dependiendo de cuánto hayamos trabajado para obtenerlo. En resumen, viviremos cosechando cada uno lo que ha sembrado y gozando de nuestros logros.

Un paraíso en todos los sentidos: armonioso, respetuoso y pacífico. Un paraíso en el cual podamos convivir, compartir e intercambiar en paz con los demás, respetando los unos a los otros el derecho de todo individuo a su vida, a su libertad y a su propiedad. En el paraíso no van a existir parásitos que pretendan vivir de la productividad de otros. Los habitantes del paraíso sabemos que el almuerzo gratis de hoy que ofrecen los populistas en el infierno se paga con el hambre de mañana. Reconoceremos que es injusto pretender vivir a costa de los demás.

Un grupo de gente será contratada por nosotros, reconocidos como los mandantes, para velar por la justa convivencia en sociedad, a los cuales llamaremos mandatarios y no gobernantes como los llaman en el infierno, para que, en caso de que se cuele en el paraíso algún antisocial que cree que puede impunemente violentar los derechos de los demás, sean los responsables de atraparlos, recabar la evidencia que muestre la veracidad de la acusación en su contra y presentarlos ante los jueces a cargo de velar porque haya justicia, los que se asegurarán de que las víctimas de los delincuentes y los criminales sean compensadas por estos.

En el paraíso no habrá tributarios que sean extorsionados para satisfacer los deseos de otros. Seremos contribuyentes que, por voluntad propia, vamos a pagar en igual proporción lo estrictamente necesario para que los mandatarios cumplan satisfactoriamente con los servicios de seguridad y de justicia que están obligados a prestar, lo cual será estipulado por medio de una Constitución breve, de principios y cuyo principal objetivo sea limitar el ejercicio del poder.

Los puestos en el Congreso serán ocupados por quienes hayan probado a lo largo de su vida que son personas virtuosas, productivas y honestas. Los senadores se encargarán de velar porque no se aprueben decretos violatorios de los derechos individuales de los miembros de la sociedad, y los diputados se encargarán de fiscalizar las cuentas que les entreguen los miembros del poder ejecutivo y del judicial. No necesitarán reunirse más que dos veces al año: una para aprobar el presupuesto y la otra para revisar cómo se ejecutó. Si es rechazado, los funcionarios responsables de tal hecho deberán pagar con su propio patrimonio las consecuencias de sus errores.

¿Es posible el paraíso? Sí. Cuán probable sea dependerá de nosotros.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de mayo de 2016.

La CC es la suprema corte

En Guatemala, los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, constituyen la última palabra en prácticamente todo lo concerniente al ejercicio del poder y la aplicación de la justicia que, en muchos casos, lamentablemente termina convirtiéndose en una mayor injusticia. Más allá de lo que estipule la legislación en nuestro país, la Corte que en la práctica funciona como suprema, es la Corte de Constitucionalidad. La nombrada Corte Suprema de Justicia en estos lares, se desempeña más como una corte de amparo. Esta es la realidad, les guste o no a los leguleyos.

Según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), el término supremo/a, en su segunda acepción, significa “que no tiene superior en su línea”. Ese adjetivo en lo que corresponde a la aplicación de justicia en Guatemala concierne, sin discusión al menos hasta la fecha, a la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte, como lo sabemos todos los interesados en el quehacer político de nuestro país, puede revertir sin problema cualquier decisión que hayan tomado los magistrados de la mal llamada Corte Suprema de Justicia.

Por lo anterior, desde hace cualquier cantidad de tiempo, el apodo con el cual se conoce a la CC es el de Corte Celestial, porque ante la decisión final de los abogados que la integran, temporalmente, no hay dios que pueda revertir lo que estos hayan acordado. Por cierto, debido a esa temporalidad es que nos topamos a cada rato con contradicciones en las resoluciones de los todopoderosos magistrados constitucionales.

Debido al poder casi ilimitado que gozan hoy los magistrados de la CC, como interpretes finales de lo que manda la Constitución, es de vital importancia que quienes integren la Corte sean personas probas, decentes, con ideas claras, que no representen intereses particulares de grupos de presión. Profesionales que valoren su nombre, que cuiden su honor y sean intelectualmente honestos: que trabajen por ser justos y busquen darle a cada quien lo que le corresponde. Que velen por la existencia de un Estado de Derecho en cual prevalezca la igualdad de todos ante la Ley, y que estén decididos a no otorgar privilegios a NADIE. Personas que no se vendan al mejor postor.

Hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a enfrentar a los burócratas internacionales y a los representantes de gobiernos de otros países que creen que Guatemala es su jardín de recreo en el cual se vienen a entretener. Y, lo que es todavía peor, que crean que los guatemaltecos somos sus serviles lacayos que sin protestar estamos dispuestos a dejarlos experimentar con nosotros. Ya basta de ser conejillos de indias para todos estos parásitos, que viven de los impuestos que paga la gente que SÍ es productiva, promotores de agendas políticamente correctas que lo único que logran es profundizar el fracasado estatismo e impulsar más intervencionismo de los gobernantes en las vidas de los habitantes de nuestro país. Presionemos por una CC justa.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de marzo de 2016.