¿Discusión o imposición de reforma?

Sé que muchos, al menos del diente al labio, opinan que sí hay una discusión de los cambios constitucionales impulsados por Iván Velásquez, Thelma Aldana y Jorge De León. Por cierto, el origen de la propuesta de cambios fue reconocido la semana pasada en el pleno del Congreso por la diputada Nineth Montenegro. Si Aldana y De León, como ciudadanos quieren presentar una propuesta y logran convencer a cinco mil ciudadanos más, están en todo su derecho de hacerlo, pero aprovecharse de sus cargos para presentar modificaciones a la Constitución es un abuso de poder. En el caso de Velásquez está claro que se está extralimitando en lo que a su mandato como Comisionado de la CICIG trata.

Sin embargo, lo más trascendente no es quién los presentó, sino qué se pretende cambiar y cuáles son las consecuencias de tales cambios. Por eso considero de vital importancia que éstos sean discutidos de manera objetiva, racional y prudente, y no falazmente como ha sido hasta hoy. Pero… más aún, en la realidad, ¿hay discusión o imposición? Por lo que hasta la fecha hemos visto, más parece que lo que se pretende es forzar los cambios al mejor estilo del contradictorio Maximiliene Robespierre, que se consideraba incorruptible y por tanto creía que todo aquel que se atrevía a discutir sus decisiones era un corrupto. ¿Les suena familiar?

Argumentos objetivos sobre el porqué se debe profundizar de manera responsable en la discusión de las reformas constitucionales abundan, por ese motivo sólo voy a mencionar brevemente algunos de estos: la concentración del poder en pocas manos va a facilitar la corrupción y el abuso de ese poder; los cambios sólo trasladan el problema de las Comisiones de Postulación al Consejo de Administración Judicial y no resuelven los conflictos de intereses entre los jueces y quienes los designan; violan los principios constitucionales en cuanto a cómo debe ser electo un funcionario; hay cambios que se pueden hacer por medio de legislación ordinaria; el pluralismo jurídico genera confusión y nos aleja de la igualdad de todos ante la ley; que los actuales diputados no son las personas idóneas para hacer los cambios constitucionales necesarios… En fin, razones válidas sobran.

La discusión entre personas intelectualmente honestas nos enriquece a todos: tanto a quienes participan activamente en éstas como en quiénes las observan y reflexionan sobre lo que leen o escuchan. Necesitamos cambios que obliguen a los gobernantes a cumplir con sus funciones primordiales, las cuales son: primero, asegurar que se respeten los derechos individuales de TODOS los miembros de la sociedad; y segundo que aquellos antisociales que los violen compensen a sus víctimas pagando las consecuencias de sus acciones. Vaya, en pocas palabras, que haya seguridad y justicia. Por eso, las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios cuyo objetivo sea satisfacer a grupos de presión, fingir ser políticamente correctos y facilitar la corrupción en el largo plazo con la excusa de buscar justicia.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de mayo de 2017.