La orfandad estatal

Una de las mayores tragedias que puede enfrentar un ser humano, es la de depender de los gobernantes que, en nombre del abstracto Estado, supuestamente asumen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y velar por su bienestar. Una responsabilidad que no es propia de la naturaleza de un gobierno. Pero es aún más trágico cuando esa dependencia es propiciada, esperada y aprobada por el mismo individuo, el cual termina viviendo insatisfactoriamente en la miseria: personas que son víctimas del engaño basado en el falso argumento de que la función del Estado es asegurarle todo aquello que considere necesario para vivir bien.

Sin embargo, dentro del contexto anterior, la peor de las tragedias es aquella a la cual adultos bien intencionados, pero totalmente equivocados, condenan a los niños a vivir bajo la tutela de los gobernantes que, repito, son quienes actúan en nombre del abstracto Estado. Niños, niñas, algunos recién nacidos, otros que ya han crecido bajo la tortura de vivir con padres que los maltratan y abusan de ellos. Criaturas indefensas y malqueridas que en muchos casos terminan reaccionando violentamente ante las circunstancias que les tocó vivir, llegando en ocasiones a cometer con otros los crímenes que fueron cometidos con ellos. Un círculo vicioso que es difícil de romper. Y más difícil es cuando los burócratas que quedan a cargo de ellos son peores que los familiares irresponsables de los cuales han sido apartados.

Antes de que fuera aprobada en el año 2007 la ley antiadopciones, varios miles de huérfanos tenían la expectativa de encontrar quién los adoptara, y que el proceso de sanar las heridas que desde pequeños les habían sido provocadas, se diera dentro de un ambiente familiar amoroso que les permitiera llegar a vivir vidas plenas y felices. No obstante, gracias a la exitosa campaña negra en contra de las adopciones, dirigida desde la misma UNICEF, esa esperanza se perdió.

Es cierto que hubo algunas denuncias (menos del uno por ciento de las adopciones), que debieron ser investigadas. Pero eso no justificaba que se condenara al noventa y nueve por ciento restante a vivir bajo la tutela de los gobernantes. Tampoco que se responsabilizara al tributario de los gastos de las ahora casi inexistentes adopciones, cuando antes estos gastos corrían a cargo de quienes quería adoptar. La ironía mayor es que, al final, no sólo no investigaron y menos se resolvieron las pocas denuncias reales, sino que ahora el costo de las contadas adopciones que hay es multimillonario y la única que se vio favorecida en el largo plazo con la estatización de las adopciones es la corrupción.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese tremendo error que se cometió hace 10 años. Pero el éxito de este emprendimiento dependerá de la cantidad de gente que se involucre. Ojalá entre estos se incluyan quienes apoyaron este crimen hace una década. Tienen la oportunidad de enmendar sus errores y evitar más tragedias como la del “Hogar ‘inseguro’ de la Virgen de la Asunción”. Exijamos que se derogue, urgentemente, la ley antiadopciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de marzo de 2017.