Después del Fuego

La imagen es de RepúblicaGt. La edición es responsabilidad mía.

Viene el duelo, no la calma. Viene el dolor, no la paz. Viene la lágrima, no la risa. Viene la angustia, la confusión, la indefensión. Vienen las preguntas sin respuestas, los reclamos, la búsqueda de culpables… viene el rostro que refleja el espejo. Después del fuego que quema, también puede venir más fuego. Puede venir el fuego que destruye lo poco que quedó en pie, o puede venir el fuego que calienta el hogar que se logra integrar. ¿Qué hará la diferencia entre uno u otro escenario?

¿Qué hacer frente a una catástrofe? ¿Cómo continuar viviendo? ¿Qué se necesita para entender las palabras que dejó escritas José Antonio Castillo a su esposa, Gloria Cojolón? “No todo es para siempre. Sigan adelante, la vida sigue…la vida es así”. Es una verdad indiscutible que la vida termina algún día. Pero, ¿tiene que ser la vida trágica, infeliz, plagada de obstáculos insalvables? ¿Qué podemos cambiar para que la vida, independientemente de la muerte, sea diferente?

¿Por qué arriesgar la vida por unos pocos bienes, tal y como hicieron tantos que no abandonaron sus casas? Porque, ante las circunstancias que enfrentamos en Guatemala, esos pocos bienes les ha costado mucho acumularlos. Porque ante tantas dificultades que encuentran en el inhabilitado camino de la prosperidad en nuestro país, cualquier bien que posean es indispensable para seguir viviendo.

Porque, sin más rodeos, el origen de esta tragedia, ¡cómo de la mayoría de tragedias que se dan en Guatemala! se encuentra en nuestro sistema político, basado en incentivos perversos que castigan al productivo y facilitan la corrupción de los peores representantes de la sociedad. Un sistema basado en la fe irracional en el Divino Estado, todopoderoso, que todo lo resuelve y de todo se debe hacer cargo.

Un sistema que ha fracasado. Un sistema que impide la mejora en la calidad de vida. Un sistema que estorba la existencia misma. Qué mejor forma de ejemplificarlo, que con las declaraciones de Héctor Pozuelos Illescas - un sobreviviente de San Miguel Los Lotes que asumió la búsqueda de su mamá, María de Jesús Illescas-, de que las autoridades en lugar de ayudarlos a encontrar a sus parientes los hacen caminar más al restringir el acceso.

La zona cero del desastre es toda Guatemala, y los damnificados somos los que en esta tierra vivimos. La ruta que con urgencia debemos habilitar es la que nos permita progresar. Debemos derribar los muros que hemos permitido que levanten quienes ejercen el poder, apoyados por grupos de presión que, brevemente, son los únicos que se benefician de la miseria del resto. Debemos detener la búsqueda de excusas para seguir sosteniendo un sistema inmoral que solo beneficia a unos pocos. Que promueve el paternalismo, la mediocridad y el conformismo.

Los expertos opinan que tomará 50 años para que los terrenos cubiertos de material volcánico se recuperen. Espero que no sea ese el tiempo que nos lleve hacer los cambios urgentes al sistema, porque de lo contrario, ¿cuántas tragedias más vamos a vivir? ¿Cuántos más van a morir por la decisión de la mayoría de falsear la realidad para seguir aferrados a fantasías que terminan convirtiéndose en pesadillas?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de junio de 2018.

La corrupción y los estados de excepción

Imagen tomada de la cuenta en Facebook de Ramón Parellada, quien la compartió de la cuenta de Ligia Pérez Katz. La edición y los comentarios son míos, y asumo la responsabilidad de éstos.

El oportunismo de algunos políticos, particularmente de aquellos en el ejercicio del poder, llega al extremo indeseable cuando utilizan de excusa para eliminar los pocos límites que tienen las tragedias que enfrentan los ciudadanos. De nuevo lo vemos en Guatemala con la declaración del Presidente de un estado de excepción ante el drama que viven muchos de nuestros compatriotas a raíz de la erupción de ayer, domingo 3 de junio de 2018, del Volcán de Fuego. Un estado de excepción que intentan confirmar varios diputados hoy por la tarde.

Tal y como lo señalo en mi artículo publicado hoy, “Jimmy, el globito”, debemos enfocarnos en identificar claramente el origen común de nuestras tragedias políticas. Esta identificación debemos hacerla de forma objetiva y basada en los hechos comprobables, no en falsas expectativas, sesgos o excusas para justificar emociones destructivas como lo son la amargura, la frustración o la envidia. Es vital reconocer que el común denominador de la inseguridad, de la corrupción y de la injusticia es el poder. Y una vez este no sea limitado, nos toparemos en todos lados con una interminable propaganda sobre lo indispensable que es y cuán perdidos estaríamos sin el Divino Estado.

En mi artículo titulado del 23 de septiembre de 2016 “La calamidad es no prever”, recuerdo que la visión de Conred es la de “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”.

Precisamente, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, si es que se supone que ellos van a enseñar a otros a prever, en su caso sean INCAPACES de hacerlo sin un estado de excepción? Esa es la verdadera calamidad. ¿O es una contradicción? ¿O es una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones?  

Repito lo expresado en infinidad de ocasiones, los estados de excepción, tanto ayer como hoy y mañana… y en casi todos los eventos que pretenden justificarlos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El más reciente estado de calamidad decretado por Morales, si es confirmado por el Congreso, solo servirá para que unos acumulen fortuna a costa nuestra, como ha sucedido siempre. Mientras, los damnificados seguirán esperando sentados el apoyo del Estado.

Menos mal que muchos guatemaltecos practicamos la virtud de la benevolencia y nos las arreglamos para ayudar a los más afectados. Cada uno de nosotros puede ayudar, no importa cuánto podemos dar, si no que todos demos lo que podemos. Así, cooperando, lograremos que nuestros compatriotas más afectados por la erupción del Volcán de Fuego puedan levantarse. ¡Ánimo!

Brenda y Jabes

Si pudiera despersonalizarlos, serían los representantes de dos estereotipos que muchos aceptan como muestra de lo que es nuestra ¿sociedad?, juicios que no necesariamente comparto plenamente. Sin embargo, no puedo hacerlo. Al pensar en ellos pienso en dos jóvenes cuyas vidas fueron truncadas. Brenda, porque murió violentamente. Jabes porque probablemente va pasar la mayor parte de su existencia en la cárcel. Trato de ser justa y ponerme en los zapatos de ambos.

Primero, pienso en Brenda, la cual nunca va a leer estas líneas que inspira. Pienso en las ideas equivocadas que los adultos a su alrededor le vendieron como el medio para alcanzar sus fines. Aquellos que le hicieron creer que recurriendo a medidas de hecho, en este caso un bloqueo en la Calzada San Juan, iba a conseguir cambios en su escuela. Pienso que Brenda y los otros adolescentes que la acompañaban solo fueron instrumentos para que los adultos que los convencieron de salir a la calle lograran avanzar sus intereses personales, sin importarles las consecuencias de sus acciones y el mal ejemplo que daban a estos muchachos fáciles de manipular por la etapa de la vida en la que se encuentran.

Luego, pienso en Jabes. Veo el vídeo que por siempre nos recordará el momento preciso de la tragedia que se veía venir desde hace años. Veo como pasa primero un vehículo rojo, al cual poca atención se le ha puesto. Vehículo a la par del cual iba Jabes, esperando superar el bloqueo y continuar su camino. Sin embargo, Jabes no tuvo la misma suerte que el otro conductor. Veo en el vídeo cómo los manifestantes se le dejan ir encima y empiezan a golpear el vehículo. Pienso en el miedo que debe haber tenido Jabes, probablemente consciente de que vivimos en un país donde linchar sin vacilar es casi un deporte. Pienso que más que pensar, en ese momento Jabes reaccionó a partir de sus emociones y no pasó por su mente el posible desenlace de su decisión de continuar su viaje.

Pero más allá de la tragedia misma de estas dos vidas truncadas, y muchas más que se han visto afectadas por la tragedia de estos jóvenes, pienso en su origen y cómo esta fue anunciada por algunas cuantas personas, entre ellas yo, tiempo atrás. Uno de los principales problemas que acarrea el sistema de incentivos perversos en el que vivimos es la irresponsabilidad, tanto personal como con la obligación que tenemos de respetar los derechos individuales de los demás.

Es en la idea falsa de que se puede pasar por encima de los derechos de los otros con tal de lograr lo que se desea donde encontramos el germen de esta desgracia y de tantas más a las cuales no se les pone la atención que merecen. Confundir el derecho de todo individuo a manifestarse y protestar, con el delito de violentar el derecho a libre locomoción del resto, tarde o temprano iba a provocar que alguien que no usara su razón y poco le importara la posibilidad de poner en peligro la vida de otros, decidiera dejarles ir su vehículo. Ojalá se haya aprendido la lección, y nunca más vuelva a pasar una tragedia como la de Brenda y Jabes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de mayo de 2017.

La orfandad estatal

Una de las mayores tragedias que puede enfrentar un ser humano, es la de depender de los gobernantes que, en nombre del abstracto Estado, supuestamente asumen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades y velar por su bienestar. Una responsabilidad que no es propia de la naturaleza de un gobierno. Pero es aún más trágico cuando esa dependencia es propiciada, esperada y aprobada por el mismo individuo, el cual termina viviendo insatisfactoriamente en la miseria: personas que son víctimas del engaño basado en el falso argumento de que la función del Estado es asegurarle todo aquello que considere necesario para vivir bien.

Sin embargo, dentro del contexto anterior, la peor de las tragedias es aquella a la cual adultos bien intencionados, pero totalmente equivocados, condenan a los niños a vivir bajo la tutela de los gobernantes que, repito, son quienes actúan en nombre del abstracto Estado. Niños, niñas, algunos recién nacidos, otros que ya han crecido bajo la tortura de vivir con padres que los maltratan y abusan de ellos. Criaturas indefensas y malqueridas que en muchos casos terminan reaccionando violentamente ante las circunstancias que les tocó vivir, llegando en ocasiones a cometer con otros los crímenes que fueron cometidos con ellos. Un círculo vicioso que es difícil de romper. Y más difícil es cuando los burócratas que quedan a cargo de ellos son peores que los familiares irresponsables de los cuales han sido apartados.

Antes de que fuera aprobada en el año 2007 la ley antiadopciones, varios miles de huérfanos tenían la expectativa de encontrar quién los adoptara, y que el proceso de sanar las heridas que desde pequeños les habían sido provocadas, se diera dentro de un ambiente familiar amoroso que les permitiera llegar a vivir vidas plenas y felices. No obstante, gracias a la exitosa campaña negra en contra de las adopciones, dirigida desde la misma UNICEF, esa esperanza se perdió.

Es cierto que hubo algunas denuncias (menos del uno por ciento de las adopciones), que debieron ser investigadas. Pero eso no justificaba que se condenara al noventa y nueve por ciento restante a vivir bajo la tutela de los gobernantes. Tampoco que se responsabilizara al tributario de los gastos de las ahora casi inexistentes adopciones, cuando antes estos gastos corrían a cargo de quienes quería adoptar. La ironía mayor es que, al final, no sólo no investigaron y menos se resolvieron las pocas denuncias reales, sino que ahora el costo de las contadas adopciones que hay es multimillonario y la única que se vio favorecida en el largo plazo con la estatización de las adopciones es la corrupción.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese tremendo error que se cometió hace 10 años. Pero el éxito de este emprendimiento dependerá de la cantidad de gente que se involucre. Ojalá entre estos se incluyan quienes apoyaron este crimen hace una década. Tienen la oportunidad de enmendar sus errores y evitar más tragedias como la del “Hogar ‘inseguro’ de la Virgen de la Asunción”. Exijamos que se derogue, urgentemente, la ley antiadopciones.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de marzo de 2017.

El refugio inseguro

El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la propia naturaleza del hombre.

Es por eso que, en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto.

Un ejemplo tremendo de lo anterior es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males, condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente bajo la tutela del Estado. Sí, condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que lleva a tal destino está empedrado de buenas intenciones.

El origen de esta tragedia en particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas, habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos. Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.

Lamento haber estado en lo correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer, conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.

Tragedia en Toto

Lamento la muerte de siete personas el pasado jueves 4 de octubre en Totonicapán. Siete, porque incluyo a la misteriosamente desaparecida (además de muerta), María Xicay Ratzán de Ajcabul quien murió en el vehículo que la transportaba desde Santiago Atitlán para recibir atención médica porque los manifestantes de ese día no la dejaron pasar, tal y como lo relató la maestra Mayra Mendoza según el reportaje de Karla Marroquín de Emisoras Unidas que pasó por primera vez el día de la tragedia. Un homicidio culposo: causar la muerte, un ser humano a otro, obrando con culpa, o sea, sin intención o dolo, pero con negligencia.

La incluyo porque considero que la información trasladada ese día es fidedigna. Que luego, vaya a saber por presión de quién, la maestra que reportó la muerte se desdiga (según “elPeriódico”) o no conteste el teléfono (según Emisoras Unidas) no cambia la declaración que miles hemos escuchado. Si a lo anterior agregamos los incontables relatos de terror de tantos que han sido intimidados por manifestantes, en esta trágica ocasión y en muchas otras, se fortalece mi creencia de que la primera versión es la cierta.

La mayoría queremos que se encuentre a los culpables de la tragedia y que sean debidamente enjuiciados. Por el momento se encuentran acusados militares que, ante el ataque de la turba, reaccionaron en defensa propia, tal como podemos escuchar en los audios que circularon ese día. Pero, además de los militares, hay que procesar a los líderes de los grupos de presión, a la llamada dirigencia popular, que promovió la comisión de delitos por parte de quienes se encontraban bloqueando las carreteras e intimidando a quienes querían circular por estas. Los principales responsables de las muertes acaecidas ese fatídico jueves 4 de octubre de 2012 son aquellos que instigaron a otros a convertirse en delincuentes, independientemente de que hayan sido engañados, extorsionados o manipulados.

Solo yo sé cuánto me ha costado escribir este artículo pues, entre otras cosas, como escribió Víctor Hugo en “Noventa y Tres”, su última novela: “Donde ha entrado la tragedia, quedan para siempre el horror y la compasión”, y por lo menos esas dos emociones se mezclaron en mi corazón. Sin embargo, si quiero que mis actos sean justos y tomar las decisiones correctas para el bienestar mío, de mis seres queridos y mis compatriotas honestos, productivos y benevolentes, no puedo dejar que la emoción nuble mi razón. Toda consecuencia tiene una causa. Y ésta última es la que tenemos que encontrar y aceptar para que las cosas cambien para bien y deje de morir violentamente gente en Guatemala. En todos lados.

“¿Hasta cuándo Guatemala?” cuestionó alguien en mi cuenta en Facebook (Facebook.com/mylibertas). “Hasta que TODOS entiendan que TODOS somos iguales ante la ley. Que TODOS tenemos los mismos derechos. Y que TODOS debemos respetar los derechos de los otros”. Fue mi respuesta.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de octubre de 2012. La fotografía pertenece al archivo de “Siglo Veintiuno” y fue tomada por Mariano Rosales Cutz.