Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

8.27.2018

Estado de extorsión




El Estado que prevalece en Guatemala, es el estado de extorsión sin discriminación alguna. Ni por etnia, ni por grupo social o ni por recursos económicos. Difiere en quiénes extorsionan a quiénes, pero, al final, tan extorsionista es el pandillero de la mara Salvatrucha, el del Barrio 18 o el  de los Crazy Gansters, como lo es el funcionario, el burócrata, el fiscal, el juez… que usa el poder que se le delegó para extorsionar a los ciudadanos con la excusa de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Ya sea para bien o para mal de la mal llamada “sociedad”.

Lo que, por cierto, me lleva a preguntarme si todavía podemos identificarnos con los términos de “sociedad” y “Estado”, cuando estamos tan lejos de la definición aristotélica de éstos: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno… todas las asociaciones tienden a un bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importante de las asociaciones, de aquella que encierra a todas las demás, y a la cual se llama Estado”.

La extorsión más burda, y más fácil de identificar y condenar, es la que hacen los criminales de cuello azul: o sea, aquellos que usan un arma para amedrentar a sus víctimas y no se tocan el alma para asesinarlos a ellos o a sus familiares, si no les entregan el dinero que les exigen. La extorsión que hacen los delincuentes comunes, los criminales sin organización y los organizados en maras o pandillas.

La extorsión que hacen los burócratas estales, ya sean los empleados de la SAT, de las aduanas o los que piden una comisión para otorgar contratos estatales, es un poco más difícil de señalar ya que como arma usan la discrecionalidad (arbitrariedad) que les da la ley o la legislación decretada a su antojo. Aunque gracias a los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial, se les puede grabar infraganti al cometer la extorsión.

El problema que tienen la mayoría de las víctimas en estos casos es que para acusarlos tienen que pagar, y en el momento en el cual ceden a la presión, los convierten en cómplices. Luego, la abstracta opinión pública (que suele ser la voz de unos pocos dirigentes de los grupos de presión consentidos por los medios de comunicación) en lugar de referirse a ellos como víctimas de una extorsión, los acusan de corruptos y de sobornar a los cándidos funcionarios del gobierno.

No obstante, la extorsión más difícil de señalar por el temor, casi terror, que sienten los extorsionados de ir presos al infierno de las cárceles guatemaltecas, aunque sean inocentes o la falta no lo justifique, es aquella que hacen los émulos de Robespierre de nuestro país, a quienes ni siquiera les aplican las leyes de Guatemala ni de ningún lugar. Aquellos a quienes se les otorgó poderes casi divinos para, en teoría, combatir a los peores criminales de nuestro país.

La ironía es que ese poder no lo han utilizado para combatir a las peores y más peligrosas expresiones del crimen organizado. Sí han capturado a algunos criminales de Estado, que merecen estar presos y que ¡ojalá!, retribuyan justamente a sus víctimas y paguen sus crímenes, particularmente el abuso del poder que se les delegó. Por supuesto, después de que se cumpla con el debido proceso. Sin embargo, hasta que se limite el ejercicio del poder, exista respeto al debido proceso, certeza jurídica y seguridad, en otras palabras, que todos seamos iguales ante la ley y nadie superior a esta, seguiremos viviendo dentro de un Estado de extorsión.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 27 de agosto de 2018.

Etiquetas: , , , , , , , , , ,

8.20.2018

Antejuicio contra la CC

Fotomontaje de Prensa Libre. La oración que acompaña a la imagen es mí responsabilidad.



En mi artículo anterior, comenté que uno de los casos más dramáticos de nuestra realidad es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, lo que representa una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero la mayor pérdida que ha dejado este hecho deplorable es que a la fecha se calcula que alrededor de 8 mil personas, no 6 mil como estimé hace una semana, se han quedado sin ingresos debido a esta infamia.

¿Quiénes son los principales responsables de  esta tragedia colectiva? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en especial Gloria Patricia Porras Escobar y sus fieles seguidores, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, los cuales maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su perversidad y falta de responsabilidad.

La ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días, lo que constituye una prueba irrefutable de la falta de cumplimiento de sus deberes, además de su mezquindad y falta de solidaridad con los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo.

Se debe acusar a los magistrados de la CC de, por lo menos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal que dice: “Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Agregaría el  incumplimiento de deberes, plasmado en el artículo 419: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Si hay quien tiene el descaro de interpretar que los magistrados no son funcionarios, tendrá que aceptar que se les puede acusar de retardo de justicia, según reza el artículo 468 del Código Penal: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial”.

Sé que antes de que se les pueda acusar, se les debe retirar el privilegio del antejuicio del cual gozan. Por cierto, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular (que hoy disfrutan miles, una vez tengan alguna relación con el ejercicio del poder o deseen ejercerlo por medio de elecciones), les permite hacer impunemente lo que se les antoje a aquellos que lo poseen, incluido beneficiar a quienes ellos quieran o fregar a quienes lo deseen, como lo prueba el caso de la Mina San Rafael.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de agosto de 2018.

Etiquetas: , , , , , ,

8.13.2018

La realidad guatemalteca




Según he leído en algunos medios y redes, parece que en Guatemala no sólo Jimmy Morales vive en la Luna. Por ese motivo, decidí hacer un breve recuento de algunos de los muchos hechos que nos muestran la realidad en la que vivimos: una verdadera crisis que se agudiza.

Uno de los casos más dramáticos es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero lo más trágico es que a la fecha se calcula que alrededor de 6 mil personas se han quedado sin ingresos debido a esta situación. ¿Quiénes son los principales responsables de  estos hechos deplorables? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su malevolencia: la ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días.

Según funcionarios del Banco de Guatemala, las exportaciones cayeron aproximadamente un 2.7 por ciento en los primeros seis meses del año y la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo 6.5 por ciento de enero a marzo, comparadas con el mismo período del 2017. La IED ha decaído en los últimos tres años. En julio el Índice de Confianza de la Actividad Económica retrocedió a 31.25 puntos, la más baja del año. El 92 por ciento de los encuestados consideró que la economía está peor que hace un año y el 75 por ciento descartó que la situación mejore en los siguientes seis meses.

Los conflictos sociales en las comunidades preocupan hasta a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, quienes demandaron garantías para la inversión. Se prevé que los conflictos van a aumentar, principalmente en el interior del país. Parte del problema es la tolerancia de las autoridades a las medidas de hecho de los grupos de presión, tales como las invasiones de fincas, los secuestros y los bloqueos. Conflictos que empeoran por la falta de empleo productivo que lleva a muchos a emigrar o a emprender en lo que puedan, aceptando que serán extorsionados por los pandilleros de su área. Todo lo anterior sumado a la multiplicación de las “patrullas de seguridad locales”, ante el incumplimiento del gobierno de su función primordial: velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos.

Si agregamos a la falta de certeza jurídica, los obstáculos que hay en nuestro país a todo nivel para emprender, comerciar y producir, es creíble el aumento de la pobreza que presentó la semana pasada el gobierno de Guatemala en Perú, durante la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la  Organización de Naciones Unidas. El porcentaje de pobres se calcula en 59.3 por ciento de la población, lo que representa un aumento de más de ocho puntos porcentuales con relación a 2006.

Se me acabó el espacio, pero no las evidencias de que la realidad de la mayoría es peor de lo que imagina la minoría, a la cual le caería bien poner los pies en la Tierra y dejar de falsear la realidad. Si no cambiamos el sistema político (estatista e intervencionista), estamos condenados a vivir, más que en una eterna primavera, en una eterna agonía.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de agosto de 2018.

Etiquetas: , , , , , , , , ,

8.06.2018

El secreto mejor guardado



El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.


Etiquetas: , , , , ,