Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

1.22.2018

El poder del trabajador



Los trabajadores guatemaltecos debemos recobrar nuestro derecho a decidir dónde, cómo, cuándo, cuánto y con quién queremos invertir parte del dinero que nosotros hemos ganado para nuestra jubilación. Y no sólo debemos recobrar el derecho sobre nuestras pensiones, sino también la libertad de decidir con quién contratar nuestro seguro de salud. ¿Por qué somos obligados a hacerlo con el abstracto Estado? Uno de los mayores engaños al trabajador que existen, es la falsa ilusión de que los gobernantes, en nombre de la mencionada abstracción, se van a hacer cargo de nuestra salud y de los ingresos que necesitemos para cuando lleguemos a viejos.

El próximo jueves, Alfonso Abril va a presentar, acompañado de Fritz Thomas, el libro en el cual resume años de investigación sobre cuál es la mejor propuesta para que los trabajadores podamos multiplicar nuestros ahorros para que mañana, cuando deseemos jubilarnos, podamos disfrutar de una vida digna en la cual nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Y no sólo investigó sobre el tema de la pensiones, también sobre cuál es la mejor manera de asegurar que, en caso lo necesitemos, podamos enfrentar cualquier inconveniente relacionado con nuestra salud. El título del libro es: “Del monopolio a la libertad: una propuesta para reformar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”. Para más detalles sobre la obra, les recomiendo comprar el libro y/o asistir a la presentación.

Repito lo que he expresado en múltiples ocasiones: el trabajador debe ser libre de elegir cómo prever para su vejez, con quién crear su fondo de retiro, bajo qué circunstancias y en cuál contexto desea hacerlo. Al final, es SU dinero: producto de su esfuerzo. Y si fue capaz de ganarlo, es capaz de decidir qué es lo que más le conviene a partir de sus objetivos personales, no la decisión arbitraria de ningún burócrata y menos de los líderes y/o miembros de los grupos de interés que pretenden decidir por el resto. Lamentablemente, y contrario a su obligación primera, son los mismos gobernantes, apoyados por los señalados grupos de presión ideologizados, quienes violan los derechos de los trabajadores y menoscaban su dignidad. Los desprecian considerándolos incapaces de decidir qué es lo que más les conviene.

El monopolio otorgado desde hace 70 años al IGSS, además de que viola la libertad de los trabajadores, obstaculiza el desarrollo integral de todos aquellos que son obligados a mantener el citado elefante blanco, el cual es una de las mejores pruebas del fracaso del Estado Benefactor. Sin embargo, la propuesta de Abril no es ni privatizar ni acabar con el IGSS. Lo que propone es ponerlo a competir y que sean los trabajadores quienes elijan dónde invertir para su vejez y dónde contratar los servicios de salud. Los que  quieran pueden continuar con el ente estatal, y quienes no lo deseen podrán invertir en entidades privadas, según la conveniencia de quien está generando el dinero, y no basado en la decisión arbitraria de un funcionario público. ¿Quién puede oponerse a la libertad del trabajador de decidir sobre su vida y patrimonio?



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de enero de 2018.

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1.15.2018

¿Quién defrauda a quién?



¿Los tributarios al Estado o al revés? Tal vez sea más fácil responder a esta pregunta, si recordamos que el Estado es un concepto abstracto, y que quienes actúan en nombre de tal abstracción no son otros más que los políticos populistas, mentirosos y corruptos que, lamentablemente, representan a la mayoría de quienes llegan al ejercicio del poder, al menos dentro del sistema de normas políticas que prevalece en Guatemala y en gran parte del mundo: el Estado Benefactor/Mercantilista.

Esos mismos gobernantes que están ¡tan preocupados! en protegernos y cuidar nuestras propiedades, que llegan al extremo de que optan por quedarse con lo nuestro antes de que nosotros corramos el riesgo de perderlo. ¡La bondad y la honradez encarnadas en los políticos! ¿Creerán que nuestro dinero está más seguro en sus bolsillos? En fin, ironía aparte, son esos mismos gobernantes, o similares a ellos, que muchos queremos ver presos y devolviendo todo lo que nos han robado.

Una vez aclarado el contexto y los conceptos, es sencillo responder a la pregunta de quién defrauda a quién: son los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, quienes defraudan a los tributarios y despilfarran, malgastan y/o se roban el fruto del trabajo de aquellos que son obligados a tributar bajo amenaza de ir a la cárcel. En otras palabras, los creadores de riqueza que son extorsionados y expoliados por los gobernantes y los burócratas a cargo de tal crimen, o sea, el Superintendente de Administración –terrorista- Tributaria y la gente que trabaja en la SAT.

Para aquellos que aún no han identificado el engaño, o tienen miedo a enfrentar la realidad, les pregunto, ¿para qué y por qué pagan impuestos? ¿Para mantener el sistema político (y a los politiqueros) que favorece la impunidad y la corrupción? ¿Pagan por qué así los han programado/educado? ¿Por aceptar la falacia de que al ser exitosos y capaces de mantenerse a sí mismos, deben velar por otros a quienes ni siquiera conocen? ¿Se dan cuenta de que esos otros son, en su mayoría, un montón de parásitos y oportunistas que poseen un poder arbitrario para hacer lo que se les antoje con lo que a usted le costó ganar? ¿Renunciaron a ser ciudadanos y mandantes, para convertirse en siervos incapaces de razonar por sí mismo? ¿Quiénes se benefician con esa visión servil de la relación entre los ciudadanos y los gobernantes?

Como escribió recientemente Juan Ramón Rallo en el artículo publicado por elCato, titulado “Paradise Papers: el riesgo de mezclarlo todo”: “Tendría mucho más sentido reputar como inmorales las artimañas políticas dirigidas a maximizar la rapiña tributaria que las tácticas individuales orientadas a proteger el patrimonio personal”. En resumen, la SAT no “recupera impuestos no entregados al fisco”. La SAT expolia a los legítimos dueños y con esa expoliación reduce el capital necesario para transformar los recursos en riqueza y la creación de puestos de trabajo productivos necesarios para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de enero de 2018.

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1.08.2018

2018



Para muchos, el año comenzó hoy. Al menos el año productivo. Lo vemos en el tránsito que recuperó su pesadez. Lo sabemos por las bocinas que nos recuerdan que vivimos en un mundo de urgencias en el que debemos llegar pronto a algún lugar: un objetivo que probablemente no alcancemos. ¿Porque salimos tarde? ¿Porque no planificamos bien nuestro tiempo? ¿O será porque realmente no deseamos llegar a un lugar en el cual no queremos estar?

En fin, espero que la mayoría mantenga el entusiasmo que nos embarga a principios de año, aceptando que terminaron las vacaciones y a pesar de las complicaciones que implica el hecho de que casi todos retomamos nuestra rutina diaria, con todo e inicio de clases. ¿Por qué? Porque los retos que nos depara este 2018 son importantes para el presente y el futuro propios y de nuestros seres queridos.

Uno de los desafíos más importantes de este año a nivel político es la elección del próximo fiscal general, no solo por la batalla contra la corrupción, sino para todo el sistema de justicia en nuestro país. Ese sistema que en lugar de enfocarse en velar para que cada quien reciba lo que merece, es utilizado como un arma para satisfacer las demandas de los grupos de presión más poderosos del país. Un sistema que contribuye a preservar las injusticias que prevalecen en nuestra sociedad.

Sin embargo, el objetivo más trascendente para el año 2018 es hacer una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De lo contrario, se ponen en riesgo las elecciones generales de 2019. Entre los cambios urgentes a la actual legislación, el más relevante es el de la elección de diputados. Será una victoria significativa para los ciudadanos si por lo menos se logra aprobar el voto preferencial. Por supuesto, el ideal sería que pasara el voto nominal y hacer pleno el derecho de todo ciudadano a ser electo, aprobando que cualquiera que lo desee, aunque no esté respaldo por alguna organización política, pueda postularse para un cargo público. No obstante, en las actuales circunstancias, veo poco probable que estos cambios se den.

En lo que respecta a los retos ciudadanos, el principal será la defensa de la libertad de expresión, que significa la libertad de defender los propios puntos de vista y asumir las posibles consecuencias, incluido el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La libertad de no estar de acuerdo, no escuchar y no apoyar a nuestros antagonistas.

No debemos permitir la censura bajo ningún punto de vista. La censura sólo la puede ejercer el gobierno. Ninguna persona, no importa cuán influyente sea o la profesión que ejerza, puede usar la fuerza física o la coacción gubernamental para censurar ni suprimir las opiniones o las publicaciones de otros. Todos somos libres de expresarnos en nuestros espacios y todos somos libres de escuchar a quien nosotros queramos. La función política del derecho a la libertad de expresión es proteger a los disidentes y es la principal defensa contra la imposición de una dictadura.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de enero de 2018.

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