¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

¿Es la lucha contra el progreso?

¿Qué está sucediendo en Guatemala? ¿Se está dando una lucha contra la corrupción o una lucha contra la producción? ¿Cuáles serán las consecuencias en el largo plazo si lo que se está gestando es la destrucción de nuestra capacidad productiva? ¿Quién querrá invertir y correr los riesgos que implica ser empresario en un ambiente político que fortalece el intervencionismo y el estatismo en contra del emprendimiento?

¿Quién querrá invertir en un país donde no hay certeza jurídica, no se respeta el derecho de propiedad y los jueces arbitrariamente detienen las operaciones de compañías, como es el caso de Mina San Rafael, por sus simpatías con grupos de presión ideologizados? ¿Por qué en Guatemala hay quienes tienen que recurrir a redes burocráticas corruptas o a firmas dedicadas a trámites con el “Estado” para recuperar el dinero que es suyo, que les pertenece legal y legítimamente? Tal es el caso del crédito fiscal de los auténticos exportadores, no de los fraudulentos. Un dinero que nunca debió ser expoliado.

¿Qué se ha ganado, o quiénes han ganado, con la ampliación del poder y la capacidad recaudadora de los gobernantes por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria? Hoy, un ente similar a la “Santa Inquisición” de ayer. ¿Se fortaleció un árbol torcido? ¿Qué pasa cuando ese árbol torcido es un ente burocrático cuya organización fomenta la corrupción? En tal caso, ¿se facilitó el robo de nuestros impuestos?

Dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece, el propio del Estado Benefactor/Mercantilista, ¿habrá un cargo estatal más despreciable que el de recaudador de la corrupción? O sea, el de jefe de la SAT. El inquisidor supremo de la mencionada entidad estatal, o si prefieren llámenlo el zar de la expoliación, que suele generar pasiones entre unos cuantos corifeos que apoyándolo encontraron una manera de expresar sus frustraciones personales y/o hacerles creer que es posible llegar al ejercicio del poder y ser ellos quienes mañana puedan gozar de los frutos de la riqueza creada por otros.

Ver cómo se ha desvirtuado la justa lucha contra la corrupción en nuestro país, me hizo recordar a dos admirables pensadores del pasado. El primero de ello es Thomas Jefferson, que en una carta a Pierre Samuel Dupont de Nemours de 1816, sentenció que "la mayoría al oprimir a un individuo es culpable de un crimen al abusar de su fuerza; y al actuar usando la ley del más fuerte, destruye los cimientos de la sociedad". Y luego, resonaron en mi mente las palabras de Voltaire, cuando advirtió que "cualquiera que tenga el poder de hacerte creer tonterías, tiene el poder de hacerte cometer injusticias".

Las piedras preciosas nacen del conflicto entre elementos químicos hostiles, lo suficientemente resistentes para sobrevivir cataclismos que destruyen todo a su alrededor. Las piedras preciosas son sobrevivientes, así como lo somos aquellos que a pesar de las circunstancias adversas en nuestro país, continuamos dando la batalla con la esperanza de que vamos a ganar en el largo plazo y, finalmente, viviremos dentro de una sociedad donde podamos progresar cooperando e intercambiando en paz, creando riqueza y respetándonos los unos a los otros.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de enero de 2018.

¿Quién defrauda a quién?

¿Los tributarios al Estado o al revés? Tal vez sea más fácil responder a esta pregunta, si recordamos que el Estado es un concepto abstracto, y que quienes actúan en nombre de tal abstracción no son otros más que los políticos populistas, mentirosos y corruptos que, lamentablemente, representan a la mayoría de quienes llegan al ejercicio del poder, al menos dentro del sistema de normas políticas que prevalece en Guatemala y en gran parte del mundo: el Estado Benefactor/Mercantilista.

Esos mismos gobernantes que están ¡tan preocupados! en protegernos y cuidar nuestras propiedades, que llegan al extremo de que optan por quedarse con lo nuestro antes de que nosotros corramos el riesgo de perderlo. ¡La bondad y la honradez encarnadas en los políticos! ¿Creerán que nuestro dinero está más seguro en sus bolsillos? En fin, ironía aparte, son esos mismos gobernantes, o similares a ellos, que muchos queremos ver presos y devolviendo todo lo que nos han robado.

Una vez aclarado el contexto y los conceptos, es sencillo responder a la pregunta de quién defrauda a quién: son los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, quienes defraudan a los tributarios y despilfarran, malgastan y/o se roban el fruto del trabajo de aquellos que son obligados a tributar bajo amenaza de ir a la cárcel. En otras palabras, los creadores de riqueza que son extorsionados y expoliados por los gobernantes y los burócratas a cargo de tal crimen, o sea, el Superintendente de Administración –terrorista- Tributaria y la gente que trabaja en la SAT.

Para aquellos que aún no han identificado el engaño, o tienen miedo a enfrentar la realidad, les pregunto, ¿para qué y por qué pagan impuestos? ¿Para mantener el sistema político (y a los politiqueros) que favorece la impunidad y la corrupción? ¿Pagan por qué así los han programado/educado? ¿Por aceptar la falacia de que al ser exitosos y capaces de mantenerse a sí mismos, deben velar por otros a quienes ni siquiera conocen? ¿Se dan cuenta de que esos otros son, en su mayoría, un montón de parásitos y oportunistas que poseen un poder arbitrario para hacer lo que se les antoje con lo que a usted le costó ganar? ¿Renunciaron a ser ciudadanos y mandantes, para convertirse en siervos incapaces de razonar por sí mismo? ¿Quiénes se benefician con esa visión servil de la relación entre los ciudadanos y los gobernantes?

Como escribió recientemente Juan Ramón Rallo en el artículo publicado por elCato, titulado “Paradise Papers: el riesgo de mezclarlo todo”: “Tendría mucho más sentido reputar como inmorales las artimañas políticas dirigidas a maximizar la rapiña tributaria que las tácticas individuales orientadas a proteger el patrimonio personal”. En resumen, la SAT no “recupera impuestos no entregados al fisco”. La SAT expolia a los legítimos dueños y con esa expoliación reduce el capital necesario para transformar los recursos en riqueza y la creación de puestos de trabajo productivos necesarios para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de enero de 2018.

Extorsión del fiambre al tamal

Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.

El patojón pidón

Es ni más ni menos que el Presidente del Organismo Ejecutivo de Guatemala: Jimmy Morales. Y no hago nada más que repetir lo que el mismo mandatario declaró la semana pasada en una reunión con alcaldes de Jutiapa, cuando les solicitó, humildemente, una contribución en materiales de construcción para reparar las carreteras que se encuentran en un proceso de destrucción.

Morales opina que de no darse tal colaboración de poco servirá el patriótico trabajo de los Ingenieros del Ejército en el proceso de rellenar los agujeros que pueblan las carreteras del país. Se corre el riesgo de que el plan “a parchar las carreteras” del Ministro de la Defensa, fracase. Pero, ¡quién sabe! puede ser que el plan del Ministro de Comunicaciones de apoyar a la seguridad ciudadana, funcione.

En fin, según el Presidente, no hay dinero para comprar los materiales, además de que les cuesta mucho adquirirlos por culpa de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y, para colmo de males, no hay compañías confiables para hacer el trabajo, ya que la mayoría de estas han sido cuestionadas por la Contraloría, la CICIG y el MP. La última excusa citada, sin duda, es en parte cierta. Y digo en parte, porque sé que hay otras empresas que les gustaría licitar las construcciones y las reparaciones de carreteras, pero NO están dispuestas a pagar, primero, ni el diezmo que les exigen para darles el trabajo ni, segundo, la comisión que requieren los burócratas para que les sea cancelado el proyecto una vez terminado y entregado.

En lo que respecta a la primera excusa, la falta de dinero, ¡esa NO la creo! ¿Acaso no se ha regodeado Juan Francisco Solórzano Foppa al presentar sus logros al frente de la Santa Inquisición Tributaria de Guatemala? ¿Acusa el Presidente al mencionado Superintendente de mentiroso? ¿O en qué se han gastado todo lo que han recaudado? ¿Para qué ha servido el aumento en la recaudación fiscal? Y, ¿por qué la sospechosa insistencia de los burócratas en el porcentaje de recaudación y no en lo importante, el monto necesario para que el gobierno cumpla con las funciones propias de su naturaleza?

¿Es necesario un nuevo sistema de compras del abstracto Estado? ¿Qué les molesta a los gobernantes de la actual legislación? ¿Es culpa de tal ley el bajo nivel de ejecución estatal? ¿Por qué los hallazgos por incumplimiento de la entrega de obras, bienes y servicios, son la “evidencia para generar un nuevo sistema de adquisiciones”? Lo que, por cierto, es falso. Esto simplemente es una prueba más de la inutilidad, ineficiencia e irresponsabilidad de los gobernantes y los funcionarios estatales.

¿Por qué premiarlos facilitando la corrupción? Ni siquiera la actual normativa asegura el uso correcto de nuestros impuestos. Bien lo dijo el mismo Solórzano Foppa, en un tuit que compartió hace algunos días: “Como funcionario que tiene que ejecutar en base a la ley de compras le puedo asegurar que usar la misma NO es garantía alguna de transparencia”. Una vez no cambiemos de raíz el sistema de incentivos perversos que prevalece, ¡bien amolados seguiremos!

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de julio de 2017.

Roxana no quiere pagar impuestos

Hasta la fecha, lo más importante que nos dejan los distintos testimonios de los colaboradores eficaces en contra de los exgobernantes del “Partido Patriota”, son las declaraciones de Salvador Estuardo González, más conocido como Eco, sobre cómo se organizaban las finanzas de la ex vicepresidente, Roxana Baldetti, para no pagar impuestos.

Un entramado de sociedades de cartón, improductivas, constituidas en varios países, que le permitieron malgastar a ella y a sus familiares alrededor de Q400 mil al mes. Monto que sería irrelevante, a no ser porque éste salió del bolsillo de los tributarios y de las extorsiones que ella y el expresidente, Otto Pérez Molina, hicieron a otros que sí intentaban ser, la mayoría de ellos al menos, gente productiva. 

¿Por qué Roxana no quiere pagar impuestos? Porque Roxana sabe, a ciencia cierta, cuál es el verdadero destino de los impuestos. Conoce de primera mano lo que en la realidad sucede con el dinero que es expoliado a la gente que se esfuerza, mental y físicamente, por generar riqueza. Como se dice en la jerga popular: “tiene los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es”.

Roxana sabe, sin ninguna duda, que el dinero recaudado por la “Superintendencia de Administración Tributaria” (SAT), ese dinero que tanto trabajo les costó a otros adquirir, termina perdido entre los bolsillos de quienes llegan al ejercicio del poder (además de sus familiares y amigos) y de una enorme burocracia estatal parasitaria. Burocracia innecesaria en su mayoría, inexistente en muchos casos, e ineficiente la poca necesaria.

Roxana sabe que los discursos en contra de la desigualdad económica, la solidaridad hacia los pobres y el desarrollo producto del consenso entre burócratas ¿bienintencionados? de organismos internacionales y supranacionales, no son nada más que palabras ajenas a la verdad. Palabras que se las lleva el viento. Palabras cuyo objetivo es asegurar los empleos bien remunerados de aquellos que viven de repartir la riqueza que OTROS producen. Repartición que cumple con la enseñanza de que “quien parte y reparte, se queda con la mejor parte”.

Poco les importa el destino de los demás. Es secundario qué tan pobres o qué tan ricos sean el resto, lo que les interesa es asegurar su existencia sin la necesidad de trabajar y arriesgar. Poco les importa que ese estilo de vida, en muchos casos propio de millonarios, lo lleven a costa del capital de esos ricos, contra los que tanto les gusta denostar, que pudieron haberlo invertido en la creación de fuentes de trabajo productivo y la transformación de recursos en riqueza. ¡Vaya que eso sí hubiera contribuido en la realidad a mejorar la calidad de vida de casi todos, en particular de los más pobres! Pero bueno, para estos funcionarios eso es intrascendente.

En fin, ¿por qué Roxana no quiere pagar impuestos? Porque sabe que el sistema de incentivos perversos que prevalece atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Porque sabe que se los roban corruptos, así como lo hizo ella.  

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de junio de 2017.

La brecha de la corrupción

La brecha fiscal que tanto parece preocupar a los gobernantes y a otros que servilmente los apoyan, no es otra cosa más que el resultado del malgasto, el despilfarro y el robo de nuestros impuestos. Si el dinero que nos expolian, producto de la peor de las extorsiones, se utilizara para que los gobernantes cumplieran con las funciones propias de la naturaleza del gobierno, dar seguridad y velar porque haya justicia, otras serían nuestras condiciones y otras nuestras preocupaciones.

Sin embargo, como lo que ha prevalecido desde hace décadas es la equivocada visión estatista e intervencionista del Estado, cuyos fracasos saltan a la vista, el abismo que existe hoy entre los gobernantes y los gobernados es enorme. Los primeros están empecinados en exprimirnos hasta el último centavo que puedan. Y nosotros estamos enfocados en ver cómo producimos más, a pesar de las circunstancias adversas a la creación de riqueza que enfrentamos, para intentar sobrevivir en el caso de la mayoría, unos cuantos para conservar su calidad de vida y muy pocos para mejorarla.

Nuestra economía se ha visto seriamente deteriorada en los últimos años, y este 2017 no pinta para nada mejor que los anteriores. Lo que es peor, con las nuevas amenazas que se ciernen sobre la gente productiva y los poderes inquisitoriales que les otorgaron los irresponsables diputados a los burócratas de la SAT, en lugar de brillar la luz al final del túnel, esta parece extinguirse conforme pasan los días.

Hasta los burócratas van a sufrir los errores que han cometido al perseguir a quienes no son sus enemigos y muchos menos son delincuentes y/o criminales. Me refiero a esa injusta e inmoral persecución en contra de los empresarios, cuyas consecuencias ya advierten en las finanzas del Estado. Hace unos días la principal pena de quienes ejercen el poder era la reducción en la recaudación de varios impuestos, en lo que respecta a las absurdas metas de expoliación que se habían propuesto para 2017. Si tan solo en lugar de presionar por un Presupuesto del Estado mayor que los anteriores hubieran sido objetivos y hubieran propuesto un presupuesto equilibrado, otra sería la historia. Tal vez es falsear la realidad creer que los políticos entiendan la moraleja de la fábula de la gallina de los huevos de oro.

También merecen ser señalados como responsables de la debacle los medios de comunicación que se prestan a ser voceros de los intereses de los gobernantes. Un ejemplo de lo anterior es el apoyo que la mayoría los medios le ha dado al más reciente engaño de los estatistas: el tendenciosamente llamado secreto bancario, que no era otra cosa más que el debido proceso que protegía a los ciudadanos del abuso de quienes ejercen el poder. Es lamentable ver como se plegaron a los burócratas, nacionales e internacionales, y en lugar de investigar en pos de la verdad, apoyaron las agendas de los saqueadores. Usted, no se deje engañar. Aprenda a identificar quiénes son serviles a los gobernantes, o sea, aquellos que los ayudan a adquirir más poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de marzo de 2017.

Ganaron los ladrones

Con los recientes cambios al sistema impositivo y los poderes que les dieron a los inquisidores de la “Superintendencia de Administración Tributaria”, y ante todo terrorista, solo ganaron los ladrones. Los ladrones legales y los ladrones ilegales. Tanto los que se amparan en la legislación para robar nuestros impuestos, como los ladrones comunes que asaltan en las calles. Ganaron los ladrones que ejercen el poder, así como los ladrones que atracan en cualquier esquina. Ganaron los gobernantes y los rateros.

Aunque, como es de esperar, conforme más poder adquieren los gobernantes y los burócratas estatales, los que más se benefician son los poderosos (por definición, los que ejercen el poder). De hecho, es por medio de la aplicación de la ley, que cada año los gobernantes nos expolian más dinero del que pueden llegar a robar los ladrones comunes en el más ambicioso de sus sueños. Es por eso que los más avispados de los últimos, terminan postulándose para ocupar un cargo público, que puede ir desde un simple síndico municipal llegando hasta el mismo Presidente del país. Los cargos más apetecidos parecen ser los de diputado y alcalde.

Entre la lista de los ladrones que asaltan con la ley en la mano, debemos incluir a los burócratas estatales designados por los electos, como por ejemplo los ministros, los secretarios, los asesores… Y también debemos agregar una gran parte de proveedores del abstracto Estado, que, en la mayoría de los casos, proveen bienes innecesarios o inexistentes, con el único objetivo de hacer negocios con los gobernantes para acumular fortunas. Y, los peores de todos son los burócratas de los organismos supranacionales.

En fin, sólo ganaron los delincuentes de todo tipo y color de cuello, porque se les va facilitar hurtar el dinero que tanto nos cuesta ganar al resto. En el caso de los gobernantes, es obvio que el robo va a ser más sencillo gracias al aumento de la discrecionalidad y la arbitrariedad de las que gozan y gozarán. ¡Y vaya si no van a disfrutar aterrorizando a la gente! Como dijo Benjamín Franklin, “en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos” y, al parecer, estos están íntimamente relacionados: si no pagas, te mueres en la cárcel.

Los malhechores comunes se van a beneficiar ya que muchas personas van a dejar de usar el sistema bancario para no quedar a merced de los extorsionistas de la SAT: va a aumentar el efectivo circulante porque muchos, en particular los que operan dentro de la llamada economía informal, van a optar por hacer sus transacciones en efectivo, lo que será celebrado por los pandilleros y demás criminales que actúan al margen de la Ley.

¿Qué nos pasa? ¿Por qué vivimos en tales condiciones? ¿Cómo es posible que, a pesar de todo, la mayoría continúe como si no fuera con ellos el problema, aceptando que los asalten y los extorsionen? Sin importa que ese asalto o esa extorsión venga de delincuentes comunes o de los criminales que llegan al ejercicio del poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de febrero de 2017.

Desconfía del gobierno

O, como dice la frase que le atribuyen a Benjamín Franklin: “Nunca confíes en el gobierno”. Que, a pesar de no ser comprobada la cita, no me extrañaría que el genial Franklin haya dicho algo parecido en algún momento. Y ¡ojalá! esa hubiera sido la visión de la mayoría de quienes redactaron nuestra primera Constitución. Sin duda, la historia de nuestro país, de nuestros antepasados y la de nosotros sería distinta. No obstante, ni los padres fundadores de nuestra nación ni los posteriores constituyentes pensaban de esa manera. Aunque los peores de todos han sido los redactores de las constituciones que han regido a partir de 1945.

Si por algo lucharon Franklin, Jefferson, Adams… y muchos más, es porque los gobernantes no tuvieran el poder de violentar los derechos individuales de los ciudadanos. En particular, Franklin se preocupó por la minoría que, como posteriormente escribiría Ayn Rand, esta constituida por un solo individuo. Ese individuo puede ser usted o alguno de sus seres queridos. Ese individuo puedo ser yo o alguno de mis seres queridos. Ese individuo puede ser cualquiera que no se encuentre en el ejercicio del poder. Un principio fundamental que lamentablemente les falta a muchos entender. Más aún en una época en la cual se encuentran en auge los populismos de todo tipo.

El principal objetivo de los gobernantes, generalmente, es cobrar impuestos. Y poco importa en la realidad, y más allá de los discursos, cómo y en qué gastan la riqueza que fue expoliada a sus legítimos dueños: aquellos que hicieron el esfuerzo mental y físico por crearla. Objetivo que se les facilita dentro del sistema político que prevalece en la mayor parte del mundo, el cual les otorga, en particular, el poder de violentar los derechos de propiedad de la gente.

En Guatemala, no se quedan atrás los inquisidores al frente de la SAT, a quienes no les importa a cuántas personas dejan sin trabajo, cerrando empresas a destajo bajo la excusa de que evaden impuestos. Lo que muchas veces es una falacia fuera de contexto. Uno de los más serios problemas del castrante sistema impositivo guatemalteco, es que impide descontar de los ingresos la mayor parte de los gastos en los que se incurrió para adquirirlos, lo que hace muy difícil operar legalmente. Casi todos los que procuran ganarse la vida honradamente, viven con el miedo de que en cualquier momento aparezcan los terroristas fiscales a extorsionarlos, llevarlos presos o a cerrar las empresas que a base de esfuerzos, inversión y riesgos han logrado mantener operando.

Al final, el problema no es cuánto recauda el gobierno, sino cómo lo gasta. Pero el reto importante es la pobreza en la que viven tantos guatemaltecos, la cual sólo se va resolver cuando haya suficiente creación de riqueza. Para que haya suficiente creación de riqueza, debemos cambiar RADICALMENTE el sistema tributario. Y no es lo mismo proteger de la avaricia de los gobernantes la riqueza que uno ha ganado, que arreglárselas para robar nuestros impuestos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de febrero de 2017.

El secreto bancario NO existe

Al menos en Guatemala. Los que sí existen, y por montón, son personas mentirosas y manipuladoras que, aprovechándose de la indignación de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, quieren hacernos creer que no sólo la información sobre las cuentas bancarias es secreta, sino que ese es el motivo por el cual no pueden llegar a sus metas de recaudación. Metas que mejor deberíamos de llamar de extorsión tributaria. Hoy, como buenos oportunistas que son, también quieren hacer creer que el falso secreto bancario es un obstáculo en las investigaciones contra los corruptos.

Es increíble el descaro con el cual los funcionarios estatales nacionales, desde los mismos presidentes del Congreso y del Ejecutivo, hasta los funcionarios de los organismos internacionales, Iván Velásquez de la CICIG incluido, se aprovechan descaradamente de la ignorancia de muchos en lo que respecta al derecho al debido proceso y la importancia que tiene para proteger a los inocentes del abuso del poder por parte de los gobernantes. Un derecho que debemos defender a toda costa.

Con toda la desfachatez del mundo, y la complacencia y apoyo de la mayoría de miembros de los medios de comunicación (serviles a lo políticamente correcto), exigen eliminar el ya frágil debido proceso, ahora en el caso de la información sobre el manejo de las cuentas bancarias, engañando desvergonzadamente a los incautos ciudadanos llamándole secreto bancario al debido proceso necesario, como ya dije con anterioridad, para evitar que nuestros mandatarios abusen del poder y violenten nuestros derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad.

                   

Por estas fechas, toman como excusa para impulsar  esta aberrante violación al debido proceso, el escándalo suscitado alrededor de los llamados Panama Papers: los datos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que muestran cómo empresarios y celebridades mundiales buscan proteger su dinero, entre otros motivos, de las garras de los gobernantes que expolian en nombre del abstracto Estado creando compañías offshore, como lo haríamos la mayoría si pudiéramos. Por supuesto, es una ironía que también lo hagan políticos corruptos y criminales, los cuales muestran con esta acción lo bien que conocen a su especie: buscan proteger de sus iguales lo que ¡quién sabe! cómo adquirieron.

En Guatemala, si los terroristas fiscales de la SAT o los fiscales del MP necesitan información sobre el manejo de las cuentas de alguien, lo único que deben hacer es justificar frente a un juez competente los motivos por los cuales se les debe autorizar a pedir tal información a la entidad bancaria en la que tenga la cuenta la persona que les interesa. Si la evidencia es objetiva y justa, el juez deberá girar instrucciones para que los funcionarios del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. No se deje manipular. No permita que los peores representantes de nuestra sociedad sigan adquiriendo poder.

                                                                                                                

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de abril de 2016.

Robo legalizado, botín del Estado

El robo de nuestros impuestos es el que se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder. El llamado Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual legalizan la repartición del botín. El botín son los impuestos que pagamos todos los meses los tributarios, obligados a entregar una parte sustancial de la riqueza que hemos generado a base de nuestro esfuerzo mental y físico, bajo la amenaza de ir a la cárcel si no lo hacemos. Unos pagan más, otros pagan menos, pero todos pagamos, aún aquellos que trabajan dentro de la economía informal, ya que cada vez que consumen un producto o usan un servicio que está controlado por los terroristas fiscales de la SAT, el precio del bien o del servicio lleva cargados los impuestos respectivos.

                                                

Por eso, de todas las declaraciones que ha dado Juan Carlos Monzón hasta la fecha, la que me parece la más importante es la siguiente: “No soy el líder de esa estructura que están indicando. No lo soy. Si aquí estuviera CUALQUIER MIEMBRO DEL GABINETE del gobierno del  expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, o de la organización del Partido Patriota, les podrían asegurar que en ese gobierno no se hacía nada sin el conocimiento ni la aprobación de ninguno de los dos o, por lo menos en mi caso, específicamente sin el conocimiento, autorización e instrucción de la señora vicepresidenta”. El Ministerio Público (MP) y la CICIG no tienen excusas válidas para no entrarle a los más importantes focos de corrupción: a los ministerios, las secretarías, los fideicomisos… y a toda oficina que forme parte de la burocracia estatal. Por supuesto, hay que incluir al Congreso y el Organismo Judicial.

La aseveración del eslabón perdido, Juan Carlos Monzón, es motivo más que suficiente para que el MP, apoyado por la CICIG, empiece a investigar a TODOS aquellos que fueron parte del gobierno de Pérez/Baldetti. Es en la ejecución del Presupuesto del abstracto Estado donde se roban nuestros impuestos, y es en lo que nos debemos enfocar, en lugar de seguir distrayéndonos con la mafia de extorsionistas de La Línea, que ya es un proceso que aparentemente va por buen camino que ¡ojalá! concluya con el fin de las aduanas en Guatemala, además de la condena de los acusados, pues al fin es la sola existencia de éstas el origen de la corrupción en esta área.

Si es verdad que el gobierno no tiene dinero para pagar salarios no es culpa de los tributarios. Es culpa de los corruptos que se robaron nuestro dinero aprovechando el sistema de incentivos perversos, injusto e inmoral, que prevalece en nuestro país. Es necesario que cada día seamos más los que participamos en la batalla de las ideas: debemos cambiar la opinión predominante de que el abstracto Estado debe satisfacer nuestras necesidades, olvidando que la única justificación de la existencia de un gobierno es para asegurar que se respeten la vida, la libertad y la propiedad de todos.

                                                                                                       

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 12 de octubre de 2015.

Paro tributario

Creo en las protestas pacíficas que NO violentan los derechos de gente que no es responsable de mi reclamo o no les interesan, aunque les competan, mis motivos. Una vez existan herramientas legales para defender nuestros derechos individuales, no se justifican las medidas de hecho, las cuales son el ÚLTIMO de los recursos para defendernos del abuso de los gobernantes.

Exijo la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina por corrupto. Me alegro y celebro la captura de Roxana Baldetti y la decisión del juez de ligarla a proceso, dictarle auto de prisión preventiva y enviarla a Santa Teresa, la cárcel de mujeres. Estoy a favor de los plantones pacíficos de los sábados, he participado en gran parte de estos y pienso seguir haciéndolo.

NO apoyo medidas de hecho, particularmente los bloqueos, que violan los derechos de otros y afectan a quienes más necesitan trabajar y producir: los más pobres. Rechazo toda acción destructiva, por más aparentemente nobles que sean los objetivos detrás de éstas o que yo comparta la petición que enarbolan. Aún las marchas por más bien intencionadas que sean, principalmente en días laborales, violan el derecho a la libre locomoción de cientos de miles de personas. Un derecho que es tan importante como el derecho a la libre expresión y el derecho de petición a los mandatarios.

No se puede violar un derecho pretendiendo hacer valer otros. La violencia genera más violencia. A los miembros de los grupos de presión que pretenden llegar al ejercicio del poder a la fuerza y/o a puro dedo del embajador les urge un mártir y qué mejor sería para ellos que alguno de los universitarios que participan en las manifestaciones perdiera la vida por la lucha en contra de la corrupción.

Un paro laboral NO afecta al gobernante: afecta al resto de la población que enfrenta serios problemas económicos. Promuevo el ÚNICO paro que afecta a los gobernantes corruptos: el paro tributario. Repito lo escrito en mi artículo titulado “No tributemos en la SAT” publicado el lunes 2 de marzo de 2015: “Depositemos nuestros impuestos en un tribunal, amparándonos en el artículo 45 de la Constitución que dice: ‘Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución’. Es más que evidente que la ineficiente burocracia estatal y los gobernantes corruptos no cumplen con sus obligaciones. Esta protesta pacífica y legal está más que justificada”.

Para alcanzar el éxito, se necesita del apoyo de algún grupo organizado y con recursos para prepararnos legalmente y dar la batalla. ¿Entre los miembros del CACIF o las distintas Cámaras hay quién esté cansado de que a los gobernantes no les importe lo que exigimos los ciudadanos o les ordene la Corte de Constitucionalidad y otras instancias del Estado? ¿Quién, como yo, está harto de ser explotado por la partida de ladrones en el ejercicio del poder, y sus aliados de pandillas delincuenciales que, además de parasitar a costa nuestra no nos dejan trabajar en paz?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de agosto de 2015.

Ciudadanía gringa para todos

Después del pasado martes 2 de junio espero que los guatemaltecos podamos exigir sin mayor problema a la Embajada de Estados Unidos una green card. Lo que ha sido un rumor repetido por generaciones hoy es un hecho confirmado: nuestro país ¿o nuestros gobernantes? se encuentran bajo la protección del big brother: el gobierno de EE. UU. Lo positivo de que Todd Robinson haya pasado al podio a dejar claro lo anterior es que puede beneficiar a quienes quieran emigrar y a nuestros compatriotas que ya lo hicieron. No más persecución de la migra. No más abuso. Paz y tranquilidad, prosperidad y felicidad para todo chapín que decida hacer su vida en la madre patria estadounidense. Atrás quedó la pesadilla de haber sido una colonia española.

Ya no serán tratados como criminales nuestros compatriotas que viven en EE. UU. sólo por ser guatemaltecos. No más guat hunting en Júpiter, Florida. No más asesinatos como el de Onésimo Marcelino López Ramos de 18 años, porque todos llegarán legalmente a trabajar en pos de su sueño de mejorar. Porque nadie honesto puede negar que una vez en nuestro país prevalezca el sistema de incentivos perversos que por décadas ha sido el principal motivo por el cual millones han elegido irse de Guatemala, aunque sea bajo la paternal vigilancia del gobierno gringo que indulgentemente protege al corrupto de Otto Pérez Molina y sus secuaces ¡qué magnánimos son!, muchos de nuestros compatriotas seguirán optando por irse al mero seno del imperio.

Al menos en el norte de América, todavía hay valientes con mente preclara que luchan por revertir el poder que han adquirido sus gobernantes y aspiran a vivir algún día de nuevo dentro de la República que les legaron los Founding Fathers, donde el gobierno sólo sea el medio necesario para asegurar que no se violen los derechos individuales de nadie. No cómo en la actualidad, que se han convertido en violadores de la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

Sin embargo, no todo es color de rosa para nosotros los mandantes, como sí lo es para los funcionarios públicos y la burocracia estatal. Lamentablemente la intromisión de Robinson es para asegurarse de que van a lograr exprimirnos aún más a los tributarios: NO es su preocupación cómo malgastan nuestros impuestos. Si le interesara ayudar a acabar con la corrupción, ¡hubiera apoyado la fiscalización! O sea, a la Contraloría General de Cuentas y a los pocos diputados y jueces que de verdad cumplen con esta función primordial.

El objetivo NO es defender nuestros derechos individuales de la constante violación por parte de nuestros gobernantes. El objetivo NO es apoyarnos para que algún día cercano veamos que se hace justicia. NO les interesa frenar los abusos del poder. Lo que les inquieta es que caiga la “R”. Pero no empiece a celebrar, en este caso no me refiero a Roxana Baldetti, si no que a la “R” según Carlos Muñoz: la recaudación. Es por eso que la intervención alegra a los grupos de presión que podrán seguir viviendo parasitariamente de los demás.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de junio de 2015.

Los "extremos" de "La Línea"

¿Quiénes se encuentran en los extremos de la mafia estatal de La Línea? Un lado es obvio: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, sin importar lo que digan Iván Velásquez de la CICIG y los fiscales del Ministerio Público. Por cierto, ¿qué piensan aquellos que abogan por la CICIG de que el comisionado de esta organización salga en los anuncios del gobierno apoyando a Pérez Molina? ¿Van a exigirle a Velásquez que dé a conocer la información que tiene de los delitos del Presidente y la Vicepresidente?

Ahora, en el otro extremo ¿quiénes están? ¿Es una sola clase de gente o podemos identificar varias categorías? Pensemos: los miembros del citado grupo criminal gozaban del uso monopólico legal de la fuerza por ser parte del gobierno. Un poder casi ilimitado que lamentablemente les han otorgado a los burócratas todos aquellos que se autoengañan creyendo en las falsas promesas de que el abstracto Estado les va a satisfacer sus necesidades y deseos con solo tronar los dedos.

Por supuesto, antes de alcanzar el paraíso en la tierra, deben votar por el que más cosas ofrezca y permitir que se apruebe la legislación necesaria para que supuestamente cumpla con lo ofrecido. Muy pícaros pueden ser algunos miembros de la llamada iniciativa privada, pero sin ESE poder que gozan los gobernantes NUNCA podrían salirse con la suya por más que intentaran comprar a los ángeles caídos del cielo que suelen llegar al ejercicio del poder dentro del sistema intervencionista en el cual vivimos.

Los gobernantes usan ese poder para amenazar a las personas productivas en Guatemala: por ejemplo, nos amenazan con la cárcel si justamente nos negamos a pagar impuestos, los cuales suelen terminar en los bolsillos de los corruptos. ¿También utilizan el poder para extorsionar a quienes importan bienes de otros países? Sí: conozco muchos casos de verdaderos empresarios que han sido extorsionados en las aduanas y han sido obligados a decidir entre cerrar su negocio o ceder a la extorsión. ¿Acaso es lo mismo pactar con un corrupto para hacer tratos sucios que ser extorsionado por quienes ostentan el poder?

En el otro extremo hay cómplices de los corruptos que gobiernan, incluyendo narcotraficantes, hecho que ha sido denunciado por varios medios durante años. Pero la mayoría de los afectados son empresarios que con mucho esfuerzo hacen malabares con tal de seguir produciendo y creando riqueza y fuentes de trabajo para otros. Es injusto que a ellos que son las principales víctimas de los criminales que integran no solo la mafia de La Línea, si no todas las otras pandillas que operan en la SAT y las aduanas, se les acuse de ser compinches de quienes los han extorsionado.

Algunos analistas considerarán cool y que los hace populares atacar a los menospreciados empresarios. Es políticamente correcto. Pero a mí me parece una acción miserable. Invito a quienes son intelectualmente honestos a reflexionar sobre esos otros, y no confundir a los oportunistas con aquellos que son víctimas del abuso del poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de abril de 2015.

CICIG y SAT: corrupción y extorsión

Antes de cualquier otro comentario, quiero expresar mi alegría al saber que ¡finalmente! parece que se van a perseguir a los miembros más importantes de la mafia estatal que actualmente extorsiona a quienes intentan comercializar con personas o empresas cuyas operaciones se encuentran más allá de nuestras fronteras. Una red de corruptos que se han aprovechado del poder casi ilimitado que, lamentablemente, les han entregado a los gobernantes aquellos que han caído en la trampa del Estado Benefactor/Mercantilista.

Sin embargo, coincido con quienes han hecho ver que los capturados apenas representan la punta del iceberg: una pequeña mancha al tigre. Espero que la valiente acción dirigida por la Fiscal General, Thelma Aldana, sea sólo el principio de una estrategia que también lleve a la cárcel, y obligue a devolver lo que han robado, a los meros mandamases de la pandilla: al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti. De ser posible, que se juzgue a funcionarios de gobiernos anteriores, incluidos presidentes y demás miembros de sus respectivos gabinetes.

Ahora, me surgen varias dudas en lo que respecta a la operación planificada por el MP, apoyado por la CICIG. Primero, es vox populi desde hace años que al frente de esta organización de criminales está la mismísima vicepresidente, Roxana Baldetti. ¿Por qué no aparece entre los señalados? ¿Cuándo inicia el proceso de antejuicio para presentarla ante la justicia? Conociendo la cercanía de la mencionada con el Presidente, Otto Pérez Molina, ¿está también él bajo investigación? ¿Cuándo vamos a tener más información en lo que respecta a los responsables del Organismo Ejecutivo? Porque, espero que no pretendan los funcionarios del gobierno, del MP y la CICIG vernos la cara de tontos y crean que nos vamos a tragar el cuento de que Pérez Molina y Baldetti no sabían nada de lo que hacían los tipos que ellos mismos pusieron al frente de la SAT y las aduanas. No se diga el caso de Juan Carlos Monzón que ocupa el cargo de Secretario PRIVADO de Baldetti.

Por cierto, llama mi atención el que hayan aprovechado a llevar a cabo este operativo precisamente cuando Monzón se encuentra fuera de Guatemala. Él y Baldetti. Total, ya han esperado tantos años para apresarlos que unos días más no eran trascendentales. ¿Por qué hacen las capturas cuando el supuesto cabecilla está de viaje en el exterior? No tiene sentido, a menos que el rumor, cada vez más fuerte, de que los señores de la CICIG negociaron la impunidad de los mencionados a cambio de que se renueve, nuevamente, su inconstitucional mandato.

Si acaso en los próximos días no empiezan las acciones en contra de los jefes de los capturados, sin lugar a duda y lamentablemente, confirmaré mi sospecha externada en el párrafo anterior, apoyada por la explicación que circula a sotto voce, a nivel nacional e internacional, de que este espectáculo tuvo como objetivo asegurarle el trabajo a los burócratas de la CICIG por unos años más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de abril de 2015.

No tributemos en la SAT

Depositemos el pago de nuestros impuestos en un tribunal, amparándonos en el artículo 45 de la Constitución que dice: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Es más que evidente que la ineficiente burocracia estatal y los gobernantes corruptos no cumplen con sus obligaciones.

Esta protesta pacífica y legal está más que justificada. Para tener éxito, se necesita del apoyo de algún grupo organizado y con recursos para prepararnos legalmente y dar la batalla. ¿Será que entre los miembros del CACIF, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro… hay quien esté cansado de que a los gobernantes no les importe lo que les ordene la Corte de Constitucionalidad y otras instancias del Estado de Guatemala? ¿Alguien que esté harto de ser explotado por la partida de ladrones en el ejercicio del poder, y sus aliados de pandillas delincuenciales como lo son CODECA, FNL, CUC… que, además de parasitar de nosotros no dejan trabajar?

Edward Snowden en  la sección “Ask Me Anything” en “reditt”, el pasado lunes 23 de febrero, respondió lo siguiente a una pregunta que le hicieron: “…sospecho que los gobiernos están más preocupados por la pérdida de su capacidad para controlar y regular el comportamiento de sus ciudadanos que con el descontento de ellos. ¿Cómo podemos convertir esto en una ventaja para nosotros? Podemos idear medios, mediante la aplicación y sofisticación de la ciencia, para recordarle a los gobernantes que si no son responsables en la custodia de nuestros derechos, nosotros implementaremos los sistemas que garanticen los medios para defender nuestros derechos y eliminar la capacidad de los gobiernos para interferir con esos derechos.

“La idea no es promover la anarquía y eliminar al gobierno, sino recordarles que siempre debe haber un equilibrio de poder entre los gobernantes y los gobernados. Que el progreso científico empodera a comunidades e individuos… que si insisten con su comportamiento deplorable y el cruel desprecio por el ciudadano, podemos encontrar maneras de reducir o eliminar sus poderes sobre un nuevo y permanente fundamento. Nuestros derechos no son garantizados por los gobiernos: son inherentes a nuestra naturaleza. Pero es todo lo contrario para los gobiernos: sus privilegios son artificiales.

“No hemos pensado sobre esto en las últimas décadas porque la calidad de vida ha aumentado en casi todos los aspectos de una manera significativa, y eso nos ha llevado a una cómoda complacencia. Pero tarde o temprano, a lo largo de la historia, nos topamos con períodos donde a los gobernantes les interesa más el poder hacer que lo que DEBEN hacer: lo que es legal se distancia cada vez más de lo que es moral. En esos tiempos, debemos recordar que al final del día la ley no nos defiende; nosotros defendemos la ley. Y cuando eso se convierte en lo contrario a nuestra moral, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de reequilibrarlo hacia fines justos”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de marzo de 2015.

El rey no es la ley

"Soy una VÍCTIMA de los impuestos, no un pagador de impuestos"

Y menos lo son sus vasallos. Así como el Presidente no tiene el poder para violentar los derechos de los ciudadanos, tampoco lo poseen los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria/Terrorista ni ningún otro que trabaje dentro del aparato burocrático estatal. Sin embargo, lo anterior les importa poco a los mencionados y todos los días somos testigos de cómo los gobernantes pasan por encima de nosotros.

El objetivo de quienes trabajan en la SAT es exprimir hasta el punto de la inanición a los trabajadores y a los creadores de riqueza, para complacer a sus amos y permitir que estos sigan llenando las arcas públicas con dinero expoliado a aquellos que, lamentablemente, guardan silencio ante al atropello descarado de su dignidad de mandantes. Y no solo eso, casi sin chistar aceptan que a plena vista los gobernantes se roben lo que es nuestro y sin ninguna pena exhiban descaradamente la fortuna que han acumulado a costillas de nosotros.

Los verdugos de la SAT, traidores a las elementales normas de moralidad, no les importa extorsionar a los pocos tributarios (aproximadamente el 20 por ciento de la población económicamente activa) que quedamos atrapados en la economía formal. Aprovechándose de los trámites que uno debe de hacer para pagar tributos bajo amenaza de cárcel si no lo hacemos, obligan a quienes intentan cumplir con sus exigencias a llenar una falaz encuesta en la cual pretenden que uno mismo se incrimine. ¿Quién habrá sido el descendiente de Stalin, Mao o Hitler que cree que puede hacerlo? Me gustaría conocer su nombre para decirle en la cara, sin miedo, lo que pienso de él.

¿Por qué tantos dejan que los gobernantes abusen de ellos? ¿Qué hace falta para que surja un movimiento ciudadano con las ideas claras, que impulse valiente y enérgicamente, los cambios necesarios, urgentes, a nuestro sistema político? ¿Cambios que permitan reducir el poder que hoy gozan los gobernantes de dispensar privilegios a quienes se les antoje a costa del resto? Quiero enfatizar el punto de “un movimiento ciudadano con las ideas claras”, porque no se trata de que surja otro grupo de presión como todos los que hay hoy en nuestro país cuyo único objetivo es, precisamente, que les otorguen privilegios.

Como bien escribió Étienne de La Boétie en el siglo dieciséis: “Es el pueblo el que se subyuga, el que se degüella, el que pudiendo elegir entre ser siervo y ser libre, abandona su independencia y se unce al yugo; el que consiente su mal o, más bien, lo busca con denuedo. Si le costase algo recobrar su libertad, yo no le apremiaría a ello. ¿Qué debe estimar el hombre más que recuperar su derecho y, por así decir, de bestia volver a ser hombre? … ¿qué desgracia ha sido esta que ha podido desnaturalizar tanto al hombre, el único verdaderamente nacido para vivir libremente, y hacerle perder el recuerdo de su primer ser y el deseo de recuperarlo?” ¿Estamos a tiempo de rebelarnos, pacíficamente, para recuperar nuestra condición de soberanos de nuestro Estado?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 1 de septiembre de 2014.

Mercenarios fiscales

Los jefes supremos de la Superintendencia de Administración Tributaria/Terrorista, apoyados por el Presidente Otto Pérez Molina, ante la aparente inutilidad de los guerrilleros fiscales locales, en permanente enfrentamiento con los creadores de riqueza, decidieron contratar refuerzos internacionales. La mejor salida que han encontrado los voraces publicanos, incapaces de identificar su error, es contratar a un grupo de asesores extranjeros: mercenarios a cargo de cumplir con la misión de ordeñar hasta el último centavo posible a los casi siervos pagadores de impuestos de Guatemala.

Los miembros del directorio militar tributario, a cargo de tomar las decisiones estratégicas en la mencionada entidad, en lugar de reflexionar sobre el porqué no llegan a sus metas de recaudación, optaron por tirar la toalla en lo que respecta a la capacidad de los elementos aborígenes (cual seguidores de la tesis asturiana) para contactar a especímenes argentinos que, al parecer, cuentan con dotes superiores a las de aquellos originales de estas eternas tierras poco virginales. ¡Ah! Y poco acogedoras al capital necesario para transformar los recursos en bienes y servicios que permitan la mejora constante en la calidad de vida de todos aquellos que se han ganado el pan diario de cada día.

La poca visión de largo plazo de quienes hoy tienen el poder de decidir sobre nuestras vidas y nuestras posesiones, los lleva a creer que el fracaso de sus políticas es a causa de la gente que está a cargo de llevarlas a cabo, en vez de reconocer que el origen del error se encuentra en las mismas políticas que han adoptado. Una de las peores decisiones que tomó Pérez Molina, servilmente apoyado por la mayoría de diputados actuales, fue aprobar la llamada actualización tributaria, más conocida como la puñalada fiscal, que lo único que logró es obstaculizar aún más el progreso en nuestro país.

Sin embargo, lo importante no es solo lo que los gobernantes logren expoliar a los mandantes (o sea a nosotros los ciudadanos), sino cómo gastan lo que ya logran recaudar. Usted que como yo pagamos impuestos bajo amenaza de cárcel si no lo hacemos, ¿se siente seguro en Guatemala? ¿Circula la mayoría del tiempo con la tranquilidad de que nada le va a pasar a usted y a sus seres queridos? ¿Considera que su vida, su libertad y su propiedad no serán violentadas por cualquier antisocial? Y si acaso en alguna ocasión alguien violó sus derechos, ¿fue compensado por el delincuente o el criminal responsable de hacerlo? ¿Confía en que si mañana lo violentaran o le hicieran daño a un familiar o amigo se haría justicia?

Si algo aumenta año con año, independientemente de las condiciones en las cuales vivimos el resto, es el dinero que los gobernantes logran extraer de nuestros bolsillos. Tal vez no se llega a la cantidad que ellos ambicionan, pero que nos exprimen más día con día es innegable. ¿Y de qué ha servido? ¿Quiénes se han beneficiado de su trabajo, de su riesgo, de su esfuerzo? ¿Para qué paga impuestos?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 23 de junio de 2014. La imagen la tomé el jueves 17 de abril de 2014 en Benidorm, España.

¿Mano dura contra quién?

Según los burócratas del PNUD, la política de mano dura ¿o simple campaña electorera? del Partido Patriota, es un fracaso. Por cierto, los mencionados no son los primeros, ni serán los últimos, en reconocer que en nuestro país el sector que más crece es el de la delincuencia y de la criminalidad, incentivado por la ineficiencia de la Policía Nacional Civil cuyo principal problema es la corrupción generalizada de sus miembros (salvo contadas excepciones) que, dentro del marco de una República moderna y un Estado de Derecho, debería de ser el más importante medio para que el gobierno cumpla con su obligación de asegurar que las violaciones a la vida, a la libertad y a la propiedad fueran las menos posibles. Y si acaso alguien fuera violentado, asegurarse que el responsable pague las consecuencias de sus acciones y compense a su víctima.  

No obstante, existe un área donde la aplicación de la mano dura sí ha rendido beneficios… al menos para los gobernantes. Me refiero a la campaña de terrorismo fiscal impulsada por la SAT. La persecución a la gente productiva que arriesga, trabaja y crea ha sido implacable. La mejor prueba de lo anterior la encontramos en los datos de recaudación que muestran como año con año los tributarios pagamos más, contrario al discurso que sostienen los gobernantes, y a diferencia de las estadísticas en el caso de seguridad donde no podemos confiar en la veracidad de los números ya que entre los mismos funcionarios se contradicen. Las únicas estadísticas estatales relativamente confiables son las relacionadas con el cobro de impuestos.

Como bien lo dijo recientemente Juan Ramón Rallo, Director del Instituto Juan de Mariana en España: ''Los que pagan impuestos no son los ricos, ni los pobres, ni la clase media. Son los que no pueden evitarlo. Y los que evaden impuestos tampoco son los ricos, ni los pobres, ni la clase media. Son los que pueden hacerlo''. En Guatemala, esos que no podemos evitar pagar impuestos somos alrededor del 20 por ciento de la población económicamente activa. ¡Cuán pocos somos los que soportamos la mayor parte de la corrupta e ineficiente burocracia de nuestro Estado Benefactor/Mercantilista!

Y si acaso intentamos proteger lo nuestro, lo que nosotros hemos creado, hemos producido, hemos ganado… si nos negamos a seguir siendo explotados por otros que descaradamente se roban, con excusas que ya pocos creen, lo que a nosotros nos ha costado, no tardaran las huestes de la Superintendencia de Administración Tributaria/Terrorista en atraparnos y aplicarnos la mano dura. Es mayor la probabilidad de que vaya a la cárcel alguien que no paga impuestos, a que lo haga un ladrón, un violador, un secuestrador, un extorsionador o un asesino.

La mano dura sí se aplica, pero contra aquellos cuyos ingresos sirven para engordar las cuentas personales de los gobernantes, los funcionarios públicos, sus familiares y amigos que forman parte de las pandillas que llegan al ejercicio del poder en nuestro país.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de enero de 2014.

El Pérezaso

Según el Diccionario de la Rial Epidemia de Pelmazos, en su primera y única acepción (por el momento) Pérezaso significa: “Nombre masculino del intento de Otto Pérez Molina de darse a sí mismo, en el ejercicio del poder, una especie de golpe de Estado, interviniendo a la Superintendencia de Administración Terrorista/Tributaria (SAT) y a varias de las aduanas a su cargo”.

La definición anterior no incluye todas las decisiones equivocadas que ha tomado el mencionado desde su llegada a la Presidencia del Organismo Ejecutivo de Guatemala, comenzando por el origen de sus problemas actuales: la puñalada fiscal que propinó por la espalda al habitante productivo, respetuoso y emprendedor del país; a quien había ofrecido que no iba a aumentar los impuestos ni a adquirir más deuda. Tampoco hace mención al negoción ¿López o Pérez? de los chalecos anaranjados.

Es probable que la maña de adquirir más poder usando la fuerza y violentando las normas constitucionales la haya aprendido cuando fungió como jefe de los servicios de inteligencia del Ejército en la Dirección de Inteligencia Militar (G2), durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Sin embargo, ante la frustrada tentativa de este último de disolver el Congreso de la ¿República? de Guatemala, Pérez Molina optó por golpearse a sí mismo. Informo a mis lectores que en el objetivo de golpearse el Presidente salió exitoso: fue casi unánimemente aporreado por la crítica ciudadana y la de connotados abogados constitucionales que coincidieron en que la pretensión de Pérez Molina es contraria a lo que ordena nuestra Constitución. La que, por cierto, ya intentó cambiar en una ocasión. Otra de las batallas perdidas del otrora ¿glorioso? General.

A pesar de la oposición a la intervención hasta del propio Directorio de la SAT, Pérez Molina decidió continuar con un proyecto que, como tantos otros de su gobierno, nace muerto. Los únicos que parecen apoyarlo son algunos grupos de presión que quieren asegurar (y en algunos casos fortalecer) sus privilegios mercantilistas, y los miembros de su gabinete que de nuevo mostraron lo bien que les queda la segunda acepción de este “nombre masculino” según lo define el DRAE: “Conjunto de muebles…”.

Quedan varias preguntas que aún no han sido contestadas a cabalidad. Por ejemplo, ¿qué gana el Presidente interviniendo dependencias gubernamentales que están bajo su mando? ¿Por qué nombrar como interventores de los mencionados entes a quienes ocupan actualmente en estos los cargos de mayor autoridad? ¿A cuáles mafias pretende combatir: a las que llevan años extorsionando o a las de reciente creación?

El periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson declaró que teme más al déspota con poder político que a un narco molesto o frustrado por una nota periodística. ¿Será que estamos llegando nosotros a una situación similar? Al final, lo que sí está claro es que Otto Pérez Molina lo que desea es adquirir más poder arbitrario y discrecional. ¿Cómo lo vamos a detener?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de octubre de 2013. La imagen es la portada del diario guatemalteco Prensa Libre del viernes 18 de octubre de 2013.