Paro tributario

Creo en las protestas pacíficas que NO violentan los derechos de gente que no es responsable de mi reclamo o no les interesan, aunque les competan, mis motivos. Una vez existan herramientas legales para defender nuestros derechos individuales, no se justifican las medidas de hecho, las cuales son el ÚLTIMO de los recursos para defendernos del abuso de los gobernantes.

Exijo la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina por corrupto. Me alegro y celebro la captura de Roxana Baldetti y la decisión del juez de ligarla a proceso, dictarle auto de prisión preventiva y enviarla a Santa Teresa, la cárcel de mujeres. Estoy a favor de los plantones pacíficos de los sábados, he participado en gran parte de estos y pienso seguir haciéndolo.

NO apoyo medidas de hecho, particularmente los bloqueos, que violan los derechos de otros y afectan a quienes más necesitan trabajar y producir: los más pobres. Rechazo toda acción destructiva, por más aparentemente nobles que sean los objetivos detrás de éstas o que yo comparta la petición que enarbolan. Aún las marchas por más bien intencionadas que sean, principalmente en días laborales, violan el derecho a la libre locomoción de cientos de miles de personas. Un derecho que es tan importante como el derecho a la libre expresión y el derecho de petición a los mandatarios.

No se puede violar un derecho pretendiendo hacer valer otros. La violencia genera más violencia. A los miembros de los grupos de presión que pretenden llegar al ejercicio del poder a la fuerza y/o a puro dedo del embajador les urge un mártir y qué mejor sería para ellos que alguno de los universitarios que participan en las manifestaciones perdiera la vida por la lucha en contra de la corrupción.

Un paro laboral NO afecta al gobernante: afecta al resto de la población que enfrenta serios problemas económicos. Promuevo el ÚNICO paro que afecta a los gobernantes corruptos: el paro tributario. Repito lo escrito en mi artículo titulado “No tributemos en la SAT” publicado el lunes 2 de marzo de 2015: “Depositemos nuestros impuestos en un tribunal, amparándonos en el artículo 45 de la Constitución que dice: ‘Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución’. Es más que evidente que la ineficiente burocracia estatal y los gobernantes corruptos no cumplen con sus obligaciones. Esta protesta pacífica y legal está más que justificada”.

Para alcanzar el éxito, se necesita del apoyo de algún grupo organizado y con recursos para prepararnos legalmente y dar la batalla. ¿Entre los miembros del CACIF o las distintas Cámaras hay quién esté cansado de que a los gobernantes no les importe lo que exigimos los ciudadanos o les ordene la Corte de Constitucionalidad y otras instancias del Estado? ¿Quién, como yo, está harto de ser explotado por la partida de ladrones en el ejercicio del poder, y sus aliados de pandillas delincuenciales que, además de parasitar a costa nuestra no nos dejan trabajar en paz?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de agosto de 2015.