CC: dos contra tres

El viernes por la tarde, la Presidente de la Corte de Constitucionalidad, la magistrada Dina Ochoa, presentó su voto razonado disidente sobre la ampliación del amparo solicitado por Alfonso Carrillo en contra de la decisión de Jimmy Morales de no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país. Tanto Ochoa como el magistrado Neftaly Aldana votaron en contra de la decisión mayoritaria del resto de magistrados.

Aldana razonó, entre otras cosas, que la naturaleza del amparo provisional presenta una fundamental diferencia con la resolución de fondo y no ofrece la posibilidad, conforme a sus aspectos esenciales, de resolver acerca de puntos que corresponden a la sentencia definitiva sobre la cual el tribunal deberá pronunciarse más adelante. ¿Debemos entender, entonces, que el fondo de la resolución es si Velásquez puede o no entrar a Guatemala? Me queda claro que, según la interpretación del magistrado Aldana, la respuesta a esta pregunta será, precisamente, la decisión inapelable que deberá ser emitida al finalizar el proceso.

El voto razonado de Dina Ochoa, comienza recordando una cita del exPresidente de la República y exmagistrado de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre: “la Corte, con métodos jurídicos, se ocupa de la política, pero no hace política”, para enfatizar que los magistrados no son actores políticos y, por ende, no tienen más que velar por el compromiso de hacer respetar la Constitución. Ochoa argumenta que la resolución del amparo provisional, no conlleva la necesidad de ampliar el fallo por el mero hecho de no conceder la totalidad expresa de requerimientos que formuló el sujeto que lo pidió y que en la redacción de la resolución original, queda evidenciado el carácter impersonal del auto, “circunstancia que no es una mera casualidad, sino el efecto que perseguimos al brindar una solución interina, dejando a salvo las negociaciones que de conformidad con lo preceptuado en el Acuerdo [de la CICIG] es la vía para dilucidar los conflictos entre las partes”.

La respuesta del gobierno, por medio de un comunicado, no se hizo esperar, una vez fueron notificados del resultado dividido de la ampliación al auto que originalmente fue unánime, según el cual “harán uso de las facultades y recursos que la ley les otorga para defender la Constitución”. Una respuesta para la cual no necesitamos mayor interpretación: no van a dejar entrar a Velásquez, y poco les importa lo que interpreten Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, sobre el auto dado a conocer el domingo 16 de septiembre. Obviando que, en nuestro nefasto sistema positivista, la última palabra se supone que la tiene la CC como ente colegiado, o sea, lo que decida la mayoría de los magistrados de la citada Corte.

El futuro cercano de nuestra institucionalidad queda en manos de la negociación a la que lleguen Jimmy Morales y Antonio Guterres en la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo. Y en el largo plazo, ese futuro está en las manos de nosotros, los ciudadanos que decidimos ejercer como mandantes, y el cambio radical al sistema estatista/intervencionista, de incentivos perversos, que hoy impera en nuestro país.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 24 de septiembre de 2018.

La obsesión con la CICIG

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta, basada en los hechos de la realidad, independientemente de si estos nos agradan o nos disgustan. En particular en el principal tema de los debates en las redes sociales, en los medios de comunicación y en casi todo tipo de reunión: Iván Velásquez y la CICIG.

En estos enfrentamientos que han llegado al seno familiar, se pueden identificar con facilidad tres grupos: los ivanlovers, los ivanhaters y los indiferentes. Los últimos, como un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad, suelen ser la mayoría que, harta de la política, creen que ignorándola no los afecta. Lamentable error que pagamos todos. Existe un cuarto grupo, el de la minoría en la que me incluyo, que no encajamos en ninguno de los tres señalados. Los grupos más notorios suelen ser los dos primeros, entre los cuales encuentro más coincidencias que diferencias. El problema principal es la intensidad emocional que los ciega a la hora de intentar evaluar imparcialmente a Iván Velásquez, la principal diferencia, más que la misma CICIG.

En ambos grupos, lovers y haters, hay gente que lo único que le interesa es ejercer el poder. También, en ambos grupos hay gente corrupta, envidiosa y comprada cuyo propósito es, o mantener el statu quo, o cambiarlo en beneficio de ellos mismos y en detrimento del resto de la población. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, lo que observo es a gente hastiada de la corrupción, deseosa de vivir dentro de circunstancias diferentes y con la esperanza de que algún día vivamos dentro de una sociedad justa.

¿Por qué tantos han perdido el juicio, han dejado de ser objetivos, si alguna vez lo fueron, y se dejan llevar por sus pasiones en lo que respecta a Velásquez? ¿Por qué confunde la mayoría la lucha en contra de la corrupción con defender o atacar a Velásquez? ¿Es Velásquez el principal obstáculo para construir un Estado de Derecho? ¿Quién o quiénes ganan con los enfrentamientos que, en varios casos, ya rayan en lo absurdo? ¿Estarían hoy presos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti si no existiera la CICIG? ¿Por qué el trato que se le da a Álvaro Colom y su gabinete es diferente al que se le da a los otrora patriotas? ¿Por qué hay personas presas sin evidencia contundente de los delitos que se les imputa? ¿Qué evidencia respalda las acusaciones de abuso de poder y violación al debido proceso por parte de la CICIG?

En fin, para unos Velásquez es un héroe. Para otros es el mismo diablo encarnado. Para mí es sólo un hombre que, como cualquier otro, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Recordemos que la batalla va más allá de encarcelar a los corruptos. La batalla vital es contra el mismo origen de la corrupción. Espero que pronto predomine en la discusión la calma y la búsqueda de la verdad, para que aquellos que hemos elegido Guatemala como nuestro hogar podamos objetivamente ponernos de acuerdo en los medios e instituciones que necesitamos para vivir en paz, con la confianza de que en nuestro país podemos progresar honestamente, con seguridad y dentro de un sistema justo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 7 de mayo de 2018.

El fin del financiamiento

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.

Del lado del ciudadano

En toda elección política me ubico en el bando del ciudadano honesto, responsable y productivo. Del ciudadano que respeta los derechos individuales de los otros y exige respeto de los propios. Del ciudadano que no pretende vivir a costa de los demás. El ciudadano que de los gobernantes solo espera que velen porque haya seguridad y justicia, en cumplimiento de las funciones que les corresponden dentro del abstracto Estado. Del ciudadano que quiere, como yo, vivir en una sociedad donde podamos intercambiar, cooperar y convivir en paz, cada quién buscando su propia felicidad sin imposiciones ajenas.

¿Qué significa estar del lado del ciudadano? Dar la batalla de las ideas, aclarando las propias, para que podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la Ley y no haya privilegios para nadie. Un Estado en el cual los abusos del poder sean castigados, sin importar quién sea el señalado. Un Estado en el que ningún mandatario debe estar por encima de la Ley, y menos que se le permita creer que es el Estado. Tampoco ningún burócrata estatal, nacional o de organizaciones supranacionales, debe estar por encima de la Ley; así como ningún diplomático, sin importar el gobierno de qué país representa, debe estar por encima de la Ley.

Todos aquellos que ejercen el poder deben respetar al ciudadano que es el soberano: el mandante, el que manda. Mandato expresado en nuestra Constitución en su 2do. artículo que dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es ésta la obligación primera del Presidente, de los diputados, de los jueces y de todo aquel cuyo trabajo dentro de la burocracia estatal es justificado y necesario para alcanzar tales fines.

No caigo en la trampa de las falacias ad populum, ad ignoratio elenchi y del falso dilema según el cual debemos elegir entre dos personas con las que no comparto valores, sin importar el cargo que ocupan o el papel que juegan. Sólo sé que ambos gozan de un amplio poder que se presta para abusos. Sé que es el poder político el que hay que limitar para acabar con la corrupción, y todos los males que este trae cuando no se circunscribe al poder justo y necesario para que los funcionarios, electos o nombrados, cumplan con las funciones propias de la naturaleza del gobierno.

A la mayoría de la población poco le interesa si el presidente es Jimmy Morales o cualquier otro, al igual que si Iván Velásquez se va o se queda. Lo que a la mayoría le interesa es satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Yo elijo ser parte de la minoría que busca la verdad. No haré una transacción que implique abandonar principios morales básicos y hacer algo que considero incorrecto. Lamento que la mayoría de la minoría interesada esté enfrascada en una discusión en la cual prevalecen la irracionalidad y la emotividad, mientras nuestro país, con nosotros adentro, corre el riesgo de hundirse.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de septiembre de 2017.

Guatemala Partida

Entre rumores y hechos, Guatemala se partió. ¿Y todo por qué? Por la ambición de poder. La división aumentó entre los rumores que irresponsablemente difundieron periodistas influyentes; la solicitud de Iván Velásquez y Thelma Aldana de un proceso de antejuicio en contra de Morales por “financiamiento no declarado durante la campaña política de 2015”; y la pésima decisión del Presidente Jimmy Morales de declarar non grato a Velásquez y expulsarlo del país.

No cabe duda que Morales está mal asesorado. Pero, al final, el responsable de sus decisiones es él. Poca visión del Presidente y poca inteligencia de quienes le hablan al oído. En el peor de los momentos se unió Morales a la ola de la victimización de Velásquez, cuando su imagen se podía fortalecer por el fracaso de la que se suponía iba a ser una protesta multitudinaria y por su correcta declaración de que respeta las leyes y confiaba en el debido proceso y la objetividad de la justicia en lo que respecta al antejuicio en su contra.

¿Por qué Jimmy? Ya estaba claro que no todos los guatemaltecos aceptábamos sin discutir las acciones de Velásquez y la CICIG, y esto no iba a cambiar por más que convocaran a manifestaciones para apoyar a Velásquez o intimidar a quienes lo cuestionamos. Tarde o temprano Velásquez se hubiera ido, sin pena ni gloria. Ahora, se irá convertido en un mártir para beneficio de los socialistas que ansían llegar al ejercicio del poder para profundizar aún más el sistema estatista e intervencionista que prevalece en nuestro país.

Lo más lamentable de todo es que en Guatemala, a pesar de tantas capturas y aspavientos, la situación no mejora. Al contrario, continuamos en un proceso de destrucción que no sabemos si podemos parar o cómo va a terminar. Peor aún,  si nuestro país se desmorona, aunque no todos lo merecemos, todos perdemos, porque dentro del sistema de incentivos perversos en el cual vivimos, todos pagamos las consecuencias de los errores de quienes falsean la realidad y se dejan manipular.

Muchos olvidaron qué es lo importante y qué deberíamos estar exigiendo a los gobernantes y a todos los burócratas y funcionarios estatales, nacionales y supranacionales. Olvidaron que lo importante es que podamos convivir en paz, en una sociedad donde prevalezca el respeto de los unos a los otros. En una Guatemala donde haya verdadera justicia: que se le dé a cada quien lo que le corresponde.

Más allá de la victimización de Velásquez, las rabietas de Aldana y la inseguridad de Morales y su mandato; más allá de las habladurías, los dimes y diretes, y los errores del Presidente, ¿quién sale ganado con la confusión que reina? "Divide y vencerás", dice el refrán. Mientras, más de nuestros compatriotas, parte de la mayoría indiferente a la discusión política, deciden emigrar. Y la mayoría de la minoría restante, elige ser parte del circo chapín, donde está claro quiénes forman parte de la plebe y quiénes los azuzan. Lo que aún no logro determinar es quién será el ganador de este río revuelto ni dónde vamos a terminar todos, justos y pecadores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de agosto de 2017.

Corrupción, ¿fenómeno natural?

Según Iván Velásquez, quién recientemente fue confirmado como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la corrupción es un “fenómeno natural” que sólo se acabará si hay una “reforma” al sistema de justicia. Al menos, eso dijo el martes 27 de junio pasado ante los representantes de los gobiernos que mantienen financieramente a la CICIG.

Un fenómeno que, según el Comisionado, además de cambios constitucionales, necesita del involucramiento de la gente para erradicarlo: “Es necesario un nuevo despertar ciudadano como el de 2015, más profundo y más consciente, para la consolidación del estado de Derecho indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”. Interesante. Parece que el Comisionado repite lo que varios llevamos todo el siglo veintiuno diciendo hasta el cansancio. ¿Será posible que, finalmente, alguien poderoso nos escuchó?

Ahora, hace falta saber si nos referimos a los mismos cambios y a la misma responsabilidad individual que implica ese despertar ciudadano.  Usamos términos similares, pero, ¿los usamos con el mismo sentido y la misma intención? ¿Qué entiende Velásquez por reforma? ¿Por estado de Derecho? ¿Por prosperidad? ¿A qué tipo de certeza se refiere? ¿Cómo concibe ese despertar más profundo? ¿De qué debemos estar más conscientes los ciudadanos? ¿De los conceptos? ¿De los hechos de la realidad? ¿Del conocimiento adquirido por nuestra especie a través del tiempo? En fin, él es el único que puede responder estas preguntas que le dirijo. 

Lo que yo puedo hacer es brevemente mencionar qué pienso que debemos hacer. Primero, quienes participen en ese despertar deberán pasar por un proceso OBJETIVO de aclararse las ideas y entender e integrar a su conocimiento qué es el estado de Derecho y cuál es su naturaleza. De lo contrario, serán un grupo de hombres masa emocionalmente manipulables, sin juicio propio, que terminaran convertidos en tontos útiles para avanzar agendas de gente malévola y de grupos de presión parasitarios en búsqueda de privilegios.

Segundo, si el problema es el abuso del poder, por la discrecionalidad y arbitrariedad de la que gozan los gobernantes y los funcionarios, ¿por qué proponen más de lo mismo? Eso no es cambiar las reglas para mejorar: es empeorar el problema. Entonces ¿cómo cambiarlas para que sea una verdadera reforma? Debemos cambiarlas en sentido contrario al del estatismo e intervencionismo que hoy prevalece. Debemos hacer una reforma de raíz que limite el ejercicio del poder a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno.

La intervención de unos que se aprovechan del poder que gozan ellos, sus familiares o amigos, no justifica la intervención de otros para también imponer sus intereses al resto de miembros del grupo. Más aún, si se trata de vivir dentro de una sociedad, ese abuso debe ser condenado. En resumen, si queremos prosperar y vivir en paz, la ruta que debemos caminar es la que nos lleve hacia la igualdad de todos ante la Ley.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de julio de 2017.

¿Discusión o imposición de reforma?

Sé que muchos, al menos del diente al labio, opinan que sí hay una discusión de los cambios constitucionales impulsados por Iván Velásquez, Thelma Aldana y Jorge De León. Por cierto, el origen de la propuesta de cambios fue reconocido la semana pasada en el pleno del Congreso por la diputada Nineth Montenegro. Si Aldana y De León, como ciudadanos quieren presentar una propuesta y logran convencer a cinco mil ciudadanos más, están en todo su derecho de hacerlo, pero aprovecharse de sus cargos para presentar modificaciones a la Constitución es un abuso de poder. En el caso de Velásquez está claro que se está extralimitando en lo que a su mandato como Comisionado de la CICIG trata.

Sin embargo, lo más trascendente no es quién los presentó, sino qué se pretende cambiar y cuáles son las consecuencias de tales cambios. Por eso considero de vital importancia que éstos sean discutidos de manera objetiva, racional y prudente, y no falazmente como ha sido hasta hoy. Pero… más aún, en la realidad, ¿hay discusión o imposición? Por lo que hasta la fecha hemos visto, más parece que lo que se pretende es forzar los cambios al mejor estilo del contradictorio Maximiliene Robespierre, que se consideraba incorruptible y por tanto creía que todo aquel que se atrevía a discutir sus decisiones era un corrupto. ¿Les suena familiar?

Argumentos objetivos sobre el porqué se debe profundizar de manera responsable en la discusión de las reformas constitucionales abundan, por ese motivo sólo voy a mencionar brevemente algunos de estos: la concentración del poder en pocas manos va a facilitar la corrupción y el abuso de ese poder; los cambios sólo trasladan el problema de las Comisiones de Postulación al Consejo de Administración Judicial y no resuelven los conflictos de intereses entre los jueces y quienes los designan; violan los principios constitucionales en cuanto a cómo debe ser electo un funcionario; hay cambios que se pueden hacer por medio de legislación ordinaria; el pluralismo jurídico genera confusión y nos aleja de la igualdad de todos ante la ley; que los actuales diputados no son las personas idóneas para hacer los cambios constitucionales necesarios… En fin, razones válidas sobran.

La discusión entre personas intelectualmente honestas nos enriquece a todos: tanto a quienes participan activamente en éstas como en quiénes las observan y reflexionan sobre lo que leen o escuchan. Necesitamos cambios que obliguen a los gobernantes a cumplir con sus funciones primordiales, las cuales son: primero, asegurar que se respeten los derechos individuales de TODOS los miembros de la sociedad; y segundo que aquellos antisociales que los violen compensen a sus víctimas pagando las consecuencias de sus acciones. Vaya, en pocas palabras, que haya seguridad y justicia. Por eso, las reformas deben ser integrales y coherentes con la realidad, y no un montón de cambios cuyo objetivo sea satisfacer a grupos de presión, fingir ser políticamente correctos y facilitar la corrupción en el largo plazo con la excusa de buscar justicia.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de mayo de 2017.

El diseño pro impunidad

En la reciente reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Iván Velázquez, jefe actual de la CICIG,  hizo una declaración en la cual coincido en principio. Dijo Velázquez que Guatemala fue diseñada para la impunidad. No obstante, como bien dice el refrán que el diablo está en los detalles, me pregunto ¿a qué “diseño” se refiere el Comisionado? Si se refiere al sistema político, continúo estando de acuerdo con él.

Ahora, ¿cuál es el sistema político que impera en Guatemala desde hace más de 70 años? Hasta hace unos días que leí por enésima vez nuestra Constitución, el sistema que prevalece es el de Estado Benefactor/Mercantilista, que es estatista e intervencionista y otorga grandes poderes a los gobernantes, no sólo para proteger los derechos individuales, sino para satisfacer las demandas de los grupos de presión y otorgar privilegios.

Esto me lleva a preguntarme si las acciones legales y los cambios constitucionales que promueve Velázquez, más allá de sus intenciones sean éstas cuales sean, que asumo son buenas, ¿profundizan ese sistema de incentivos perversos o lo cambian radicalmente? Según lo que investigué antes de escribir este artículo, lamentablemente, en lugar de corregir de raíz el problema, lo profundiza proponiendo en la mayoría de los casos más de lo mismo. Repito: estatismo e intervencionismo, además de la concentración del poder judicial en pocas manos. Terrible.

Siguiendo el hilo anterior, pienso que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en la misma reunión mencionada, se equivocó al decir que la corrupción provoca la pobreza. La pobreza no tiene causas, solo la riqueza. En otras palabras, la corrupción NO genera pobreza, pero sí impide que la gente la supere porque la corrupción es parte de ese sistema de incentivos perversos que le roba fondos a la gente productiva para repartirlo entre aquellos que viven parasitariamente dentro de la burocracia estatal (nacional, internacional y supraestatal), los gobernantes, sus familiares, sus amigos y los miembros de los grupos de presión influyentes, en particular en los medios de comunicación. Nos debe de preocupar (y ocupar) quitar los obstáculos que impiden la creación de riqueza y facilitan la corrupción.

Lo anterior explica la preocupación de Fernando del Rincón, en lo que respecta a por qué no existe una lucha real de los Estados contra la corrupción, sino lo que existe es complicidad. Es lógica esa complicidad, al final, los Estados son sólo abstracciones. Quienes actúan con el poder del Estado son los gobernantes y todos los que ya mencioné que se benefician del diseño político que no sólo asegura la impunidad: también facilita la corrupción, o sea, la acumulación de fortunas y, en el largo plazo, la destrucción de la riqueza que podría ayudar a la mayoría a superar la pobreza.

Por tanto, termino preguntando a Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, ¿para qué debemos pagar impuestos? ¿Para sostener ese nefasto diseño?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de abril de 2017.

Tributamos por seguridad y justicia

De nuevo sale Iván Velásquez con la necedad de que paguemos más impuestos para lo que ya pagamos más que suficiente: seguridad y justicia. Sobre todo para él, es EVIDENTE que el problema del gobierno, o Estado como prefiere llamarle, no es de ingresos. El problema es de egresos: es cómo malgastan, despilfarran y roban los impuestos que pagamos. Y mientras en la lucha contra la corrupción nos distraen con espejitos (denuncias de extorsión en las aduanas y de sobornos en la concesión de negocios), en lo que respecta al ROBO de nuestros tributos, casi nada ha pasado. Sólo los casos del fraude de la limpieza del Lago de Amatitlán y el de IGSS-PISA, y unas pocas acusaciones en contra de un par de alcaldes.

Las siguientes son las declaraciones de Velásquez sobre el tema impositivo, aduciendo como excusa la necesidad de aumentar la cobertura del sistema de justicia: “Esto, naturalmente, requiere recursos. ¿De dónde va a sacar el país los recursos para que el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la División Especializada en Investigación Criminal y el Instituto de la Defensa Pública Penal crezcan? Tiene [¿el país o los amolados tributarios?] que buscar la fórmula. Y la manera como un Estado obtiene recursos es mediante los impuestos… es necesario que se examine en el tema tributario cuáles son las posibilidades del país para poder cubrir estas necesidades”.

Como manda nuestra Constitución en los artículos primero y segundo: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común…Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Queda claro que los impuestos que pagamos DEBEN ser destinados a la seguridad y a la justicia. Los tributarios NO debemos pagar más impuestos para exigir que los mandatarios cumplan con su obligación.

Es mentira que sólo lo van a pagar los ricos. La realidad es que TODOS los impuestos se socializan: se trasladan a los bienes que compramos y los servicios que contratamos. Así que, todos los impuestos los pagamos todos. Aunque los más afectados, como lo es siempre con las políticas intervencionistas y estatistas, son los más pobres: los que no tienen trabajo y los que no pueden encontrar uno mejor y se tienen que conformar con lo que les ofrezcan.

Repito algunas de las preguntas que hice la semana pasada: ¿Trabajamos para mantener al Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Quiénes son, bajo el argumento de que el Estado necesita ingresos, los que en verdad se benefician de nuestro trabajo? ¿Vivimos para pagar impuestos al Estado, sin importar cómo el Estado malgaste, despilfarre y robe nuestro dinero? Y luego, para colmo de males, nos exigen que paguemos más por lo que ya pagamos: seguridad y justicia. Si seguimos haciendo más de lo mismo y aceptando las imposiciones de los políticos y los burócratas, nuestra vida en lugar de mejorar va a empeorar.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de mayo de 2016.

¿Quiere mantener más diputados?

Y no solo mantenerlos, ¡pagarles su propaganda electoral! A ellos y a todos los miembros de sus partidos que deseen un hueso en el Congreso o en cualquier otro lado de la corrupta burocracia del abstracto Estado. Yo, como lo enfaticé en mi artículo de la semana pasada, me opongo ROTUNDAMENTE a que me obliguen a pagar las campañas publicitarias de los partidos por medio de cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP).

                                  

Rechazo la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Iván Velásquez de la CICIG, y de los actuales diputados de que NOSOTROS, los ya agobiados tributarios, seamos obligados a financiar las campañas publicitarias de gente que en su mayoría despreciamos por mentirosos, holgazanes y ladrones. Reformas que le pidió Otto Pérez Molina a sus diputados que aprobaran con carácter de urgencia ¿Por qué?

Los cambios propuestos no sólo van a seguir atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a más oportunistas que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por usted y yo. Las reformas propuestas por el TSE que ya fueron aprobadas en segunda lectura (aunque bajo un procedimiento cuestionado) sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuáles estas joyitas quieren llegar al ejercicio del poder. El sistema de incentivos perversos (intervencionista, colectivista) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad continúa vigente y fortalecido.

Con las #ReformasMañosas, además de recetarse por lo menos Q150 millones de nuestros impuestos sólo para pagar su publicidad durante las elecciones, aumentan el número de diputados a 160, permiten el transfuguismo en el año electoral, mantienen la elección de diputados por listados, proponen cuotas de poder para mujeres e indígenas que solo van a fomentar el nepotismo y el clientelismo y consolidan el cartel de las pandillas politiqueras que sin duda se van a multiplicar por medio de la creación de comités cívicos, solo para mencionar los más nefastos cambios que pretenden aprobar ilegalmente los congresistas. Por cierto, Velásquez mintió al declarar en CNN que estas reformas fueron consensuadas. ¿Consensuadas por quiénes? ¿Por aquellos que ha acusado de corruptos? ¿Por grupos de presión?

Necesitamos cambios en nuestro sistema político actual (Estado Benefactor/Mercantilista). Pero no se trata de hacer cambios por hacerlos. Debemos hacer las reformas radicales que nos permitan acabar de raíz con el origen de la corrupción, que es el sistema de incentivos perversos, inmoral e injusto, que prevalece en Guatemala y, lamentablemente, la mayoría de las reformas propuestas a la LEPP que están discutiendo los diputados, en lugar de acabarlo, lo refuerza en beneficio de los saqueadores que llegan al poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de agosto de 2015.

Yo NO financio a politiqueros

Y me opongo ROTUNDAMENTE a que me obliguen los corruptos que ejercen el poder a hacerlo por medio de cambios a la Legislación Electorera y de Pandillas Politiqueras (LEPP). Rechazo la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de Iván Velásquez de la CICIG, y de los actuales diputados de que NOSOTROS, los ya agobiados tributarios, seamos obligados a financiar las campañas publicitarias de gente que en su mayoría despreciamos por mentirosos, holgazanes y ladrones.

Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su propio presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a no menos del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [parafraseando a Frédéric Bastiat: esa ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

Con propuestas como la anterior, los magistrados del TSE e Iván Velásquez lo único que van a lograr es facilitarle el robo de nuestros impuestos a los corruptos que aspiran a gobernar dentro del actual sistema intervencionista, estatista y colectivista. ¿Cómo se sienten quienes fueron engañados y manipulados, y que terminaron apoyaron leyes que ni siquiera conocían y que los perjudican?

Es urgente que hagamos un cambio radical, pero lo que pretenden hacer en el Congreso es aprobar más de lo mismo. Si queda tal y como está vamos a empeorar en vez de mejorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes: no fortalecen al inexistente Estado de Derecho sino a los politiqueros y al gobierno, facilitando el robo de nuestros impuestos además de promover el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.

Quienes quieran financiar a los partidos políticos porque creen que así van a cambiar a los corruptos, ¡HAGANLO! Nadie se los impide: es SU dinero, hagan con este lo que quieran sin violentar los derechos de los demás: no pretendan, cual dictadores, imponernos sus decisiones al resto. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los partidos políticos. El origen de la corrupción es el sistema de incentivos perversos, inmoral e injusto, que prevalece en Guatemala y, lamentablemente, la mayoría de reformas propuestas a la LEPP que están discutiendo los diputados, en lugar de acabarlo, lo fortalece en beneficio de los parásitos saqueadores que llegan al poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de julio de 2015.

¿R.I.P. Otto Pérez Presidente?

El fin muy cerca está. ¿Lo afrontará serenamente? No lo creo. Se le ve en el semblante que está cansado, apesadumbrado y angustiado. Parece un anciano maltratado. Otto Pérez Molina no va a descansar en paz después de fracasar como Presidente de Guatemala. Al contrario, va a empezar el verdadero calvario: el justo castigo de sus acciones punibles como mandatario fallido de nuestro país.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia unánimemente abrieron el ataúd donde se van a depositar los restos mortales de lo que fue el gobierno de Pérez Molina. Los responsables de depositar el cadáver son los diputados integrantes de la comisión pesquisidora a cargo del proceso de antejuicio en contra del otrora gozoso gobernante. Si es que acaso antes no decide renunciar como lo hizo Roxana Baldetti.

Va, cual Dante tras su Beatriz, al mismísimo infierno. Pero, a diferencia del escritor florentino precursor del Renacimiento, Otto se quedará con Roxana en el círculo del averno que les corresponde. Como politiqueros corruptos que son, les toca quedarse a pagar sus crímenes en el quinto recinto (o bolgia) del octavo círculo. Los llevará en este caso el Gerión (monstruo alado con tres cabezas) que encarna a los tres burócratas que no honraron su palabra de protegerlo: Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana. Será más poderosa la presión de los valientes y consistentes mandantes que hemos protestado pacíficamente y exigimos que se haga justicia, que el espurio trato que hicieron con Pérez Molina.

En particular en el caso de Robinson, Embajador de EE. UU., que como buen pragmático que debe ser, va a preferir dejar de proteger a un personaje que es denostado por la mayoría de habitantes del pueblo en que ejerce su papel de Procónsul, que manchar su carrera diplomática. Total, Guatemala es solo un paréntesis en su camino en pos de más altas cumbres políticas. No se puede dar más color del que ya se dio apoyando a semejante impresentable y a quienes con él han dilapidado los impuestos que hemos pagado durante los años de su malhadado reinado.

Pérez Molina, como su esposa Rosa Leal, se debe de preguntar, ¿por qué yo, si en todos lados hay corrupción? Pues bueno, porque su gobierno no sólo ha sido el más voraz, sino aquel en el cual se rebosó el vaso. Él y su nefasta compañera en las orgías de la corrupción estatal en las que se robaron el dinero que nos han expoliado a los tributarios, acabaron con nuestra paciencia. Ahora deberán pagar las consecuencias.

Pero, al fin, Pérez Molina y Baldetti son solo el resultado esperado del sistema político de incentivos perversos que prevalece desde hace décadas en Guatemala, y que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Mientras no cambiemos de raíz ese sistema estatista, colectivista e intervencionista, injusto e inmoral, la situación de la mayoría va continuar deteriorándose. Si queremos prosperar en nuestro país, debemos sustituir al Estado Benefactor/Mercantilista por un auténtico Estado de Derecho Republicano.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de junio de 2015. La imagen es composición mía con texto propio. La foto de base la bajé de Internet y es de autor desconocido.

CICIG/MP: Cada día que pasa

Cada día que pasa sin que pase algo verdaderamente importante en el caso en contra de la corrupción gubernamental en general, perdemos los guatemaltecos en nuestra lucha por hacer justicia y cambiar el sistema de incentivos perversos que ha imperado desde décadas atrás en nuestro país. Ese sistema político que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, la mayoría mentirosos, ladrones, populistas y parásitos que viven de saquear a la gente productiva de Guatemala.

Cada día que pasa después de que oficializaron una realidad ampliamente conocida desde tiempo atrás: que la corrupción y la extorsión en las aduanas y la SAT habían llegado a niveles impensables de descaro, perdemos los guatemaltecos honestos, trabajadores, responsables, que somos expoliados todos los días por nuestros mandatarios. Cada día que pasa los corruptos que gobiernan tienen la oportunidad de poner a resguardo el botín y destruir las evidencias que los incriminan. ¿Hasta cuándo pretenden hacerse los locos? No queremos más shows mediáticos. Queremos resultados concretos. Queremos JUSTICIA. Queremos que devuelvan lo que se robaron.

No fue el quehacer de ningún burócrata oportunista que vive como rey a costa de los impuestos de otros, lo que logró que Roxana Baldetti renunciara. Fue gracias a la presión de los ciudadanos que salimos a manifestar y protestamos en las redes sociales que Baldetti renunció a la vicepresidencia de Guatemala, independientemente de lo solicitado por grupos de presión como el CACIF, lo que haya confesado Marllory Dadiana Chacón Rossell (La Reina del Sur), las exigencias de La Embajada o las intrigas de sus agentes políticos infiltrados en la USAC. Ahora, esa misma presión la debemos ejercer contra los señores del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que presenten evidencia objetiva e irrefutable. Total, los burócratas de la CICIG ya no tienen nada que perder: su mandato fue prorrogado.

¿Negoció la juez Marta Sierra de Stalling y/o la magistrada Blanca Stalling con los acusados de formar parte de la mafia estatal de La Línea? ¿O el caso, que no esperaban que pasara de un show montado con el objetivo de forzar a Otto Pérez Molina a prorrogar el mandato de la CICIG, fue mal presentado por estos últimos y el Ministerio Público: sin suficientes pruebas para condenarlos respetando el debido proceso? ¿O son ciertas ambas afirmaciones: el caso está mal presentado y eso facilitó la negociación con la juez y/o la magistrada? Ahora que ya es formal la prórroga del mandato de la CICIG, ¿van a presentar Iván Velásquez y Thelma Aldana pruebas indiscutibles para condenar a Baldetti y a Pérez Molina?

Cada día que pasa la indignación ciudadana crece, lo que podría terminar en una explosión sangrienta que la mayoría no apoyamos. Cada día que pasa, esa justa indignación corre el peligro de ser cooptada y manipulada por intereses oscuros ajenos al bienestar de todos en el largo plazo. Cada día que pasa es transcendental.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 18 de mayo de 2015. El "meme" lo copie de Facebook. La foto del comisionado Iván Velásquez saludando al nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado es de Rafael Rosales de "Siglo Veintiuno.

CICIG: Sea quién sea

Esas fueron las palabras más relevantes del Presidente, Otto Pérez Molina, en el mensaje a la nación que dio el lunes 27 de abril, a las cuales agregaría de lo dicho lo siguiente: “Porque es indignante y vergonzoso para todos... actos en contra de la población… he recibido su mensaje de forma clara y contundente… me llena de indignación lo ocurrido… quiero ser enfático en esto: SEA QUIÉN SEA, debe enfrentar todo el peso de la Ley… cero tolerancia a los abusos de autoridad…”. En fin, señor Presidente, ¿la cero tolerancia es sólo contra la SAT y Juan Carlos Monzón? ¿De verdad entendió su merced de que el mensaje principal es para que USTED y la Vicepresidente Roxana Baldetti paguen las consecuencias de SUS acciones? ¿La advertencia a sea quién sea lo incluye a usted y a Baldetti?

Repito las preguntas que plantee la semana pasada porque me llama la atención la reacción de unos cuantos a las mismas: ¿qué piensan aquellos que abogan por la CICIG de que el comisionado de esta organización salga en los anuncios del gobierno apoyando a Pérez Molina? ¿Van a exigirle a Iván Velásquez que dé a conocer la información que tiene de los delitos del Presidente y la Vicepresidente? Después de leer algunas de las respuestas que me han dado, he decidido agregar la siguiente pregunta: ¿van a seguir intentando justificar lo injustificable: el consentimiento de la CICIG y el comisionado con que se les incluya en la propaganda que pretende lavarles la cara a Pérez Molina y a Baldetti?

En lo que respecta específicamente al mensaje de nuestro mandatario, pregunto: ¿El SECRETARIO PRIVADO DE QUIÉN, señor Presidente? ¿Por qué está tan seguro de que puede confiar plenamente en la CICIG? ¿Por qué esa confianza en quienes se supone deben contarle las costillas? ¿A cuál debido proceso y a qué institucionalidad se refiere, si ambos son inexistentes en nuestro país? ¿Pretende rediseñar la SAT? ¿Para qué, si el problema no es la recaudación ni la evasión fiscal? A estas alturas del partido es conocido casi por todos que el problema es la corrupción que durante su gobierno alcanzó niveles inimaginables. Esa corrupción que es propia del sistema de incentivos perversos, estatista e intervencionista, que prevalece desde hace décadas por estos lares. Un sistema que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad, siendo ustedes un buen ejemplo de lo anterior.

Hoy, la mayor presión para que la CICIG y el MP presenten pruebas CONTUNDENTES en contra de quienes ya fueron acusados y los que hacen falta, encabezando este listado Pérez Molina y Baldetti, deben ejercerla quienes han defendido al mencionado ente supraestatal a capa y espada… si es que son honestos y dignos. Por supuesto, quienes no caímos en la trampa mediática también vamos a ejercer presión para que se llegue hasta las últimas consecuencias, con o sin la venia de La Embajada. Sólo haciendo verdadera JUSTICIA, vamos a construir esa institucionalidad a la cual hace referencia Pérez Molina, sus protectores y sus acólitos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de mayo de 2015.

Los "extremos" de "La Línea"

¿Quiénes se encuentran en los extremos de la mafia estatal de La Línea? Un lado es obvio: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, sin importar lo que digan Iván Velásquez de la CICIG y los fiscales del Ministerio Público. Por cierto, ¿qué piensan aquellos que abogan por la CICIG de que el comisionado de esta organización salga en los anuncios del gobierno apoyando a Pérez Molina? ¿Van a exigirle a Velásquez que dé a conocer la información que tiene de los delitos del Presidente y la Vicepresidente?

Ahora, en el otro extremo ¿quiénes están? ¿Es una sola clase de gente o podemos identificar varias categorías? Pensemos: los miembros del citado grupo criminal gozaban del uso monopólico legal de la fuerza por ser parte del gobierno. Un poder casi ilimitado que lamentablemente les han otorgado a los burócratas todos aquellos que se autoengañan creyendo en las falsas promesas de que el abstracto Estado les va a satisfacer sus necesidades y deseos con solo tronar los dedos.

Por supuesto, antes de alcanzar el paraíso en la tierra, deben votar por el que más cosas ofrezca y permitir que se apruebe la legislación necesaria para que supuestamente cumpla con lo ofrecido. Muy pícaros pueden ser algunos miembros de la llamada iniciativa privada, pero sin ESE poder que gozan los gobernantes NUNCA podrían salirse con la suya por más que intentaran comprar a los ángeles caídos del cielo que suelen llegar al ejercicio del poder dentro del sistema intervencionista en el cual vivimos.

Los gobernantes usan ese poder para amenazar a las personas productivas en Guatemala: por ejemplo, nos amenazan con la cárcel si justamente nos negamos a pagar impuestos, los cuales suelen terminar en los bolsillos de los corruptos. ¿También utilizan el poder para extorsionar a quienes importan bienes de otros países? Sí: conozco muchos casos de verdaderos empresarios que han sido extorsionados en las aduanas y han sido obligados a decidir entre cerrar su negocio o ceder a la extorsión. ¿Acaso es lo mismo pactar con un corrupto para hacer tratos sucios que ser extorsionado por quienes ostentan el poder?

En el otro extremo hay cómplices de los corruptos que gobiernan, incluyendo narcotraficantes, hecho que ha sido denunciado por varios medios durante años. Pero la mayoría de los afectados son empresarios que con mucho esfuerzo hacen malabares con tal de seguir produciendo y creando riqueza y fuentes de trabajo para otros. Es injusto que a ellos que son las principales víctimas de los criminales que integran no solo la mafia de La Línea, si no todas las otras pandillas que operan en la SAT y las aduanas, se les acuse de ser compinches de quienes los han extorsionado.

Algunos analistas considerarán cool y que los hace populares atacar a los menospreciados empresarios. Es políticamente correcto. Pero a mí me parece una acción miserable. Invito a quienes son intelectualmente honestos a reflexionar sobre esos otros, y no confundir a los oportunistas con aquellos que son víctimas del abuso del poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de abril de 2015.

La CICIG es un grupo de presión

Y no es cualquier grupo de presión. Es uno de los grupos más poderosos, a pesar de que no cuentan con el apoyo de la población guatemalteca, fuera del respaldo que le dan algunos grupitos de presión locales y algunos periodistas usando sus medios de comunicación.

Por cierto, si fuera verdad lo que el actual Comisionado, Iván Velásquez, dijo en una conferencia de prensa el pasado 16 de septiembre sobre su preocupación por la forma en la cual se están llevando a cabo los procesos de selección de candidatos para las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia ("Lo hacemos… con el único propósito de contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, imparcial, idóneo, apto para enfrentar el incremento siempre ascendente del crimen organizado"), estarían proponiendo cambios objetivos al proceso de elección como, por ejemplo, que este no dependa de la voluntad de nadie, sino que se hiciera por sorteo.

Al fin, lo que en realidad les preocupa es que no queden sus candidatos: aquellos a los que pueden manipular y/o comprar. Aunque, considero que el principal motivo que los lleva a figurar por estas fechas en los diarios, las radios y la televisión nacional es su deseo de que se prorrogue su cómoda vida y las de sus compañeros de ¿trabajo? al frente de este ente.

No tengo ninguna duda de que los politiqueros, los ladrones que se encuentran en el ejercicio del poder (y aquellos que quieren llegar a ejercerlo), estén utilizando todas sus influencias para que elijan a inmorales que sean fácilmente comprables, y así asegurar que no los van a perseguir legalmente cuando no estén protegidos por el privilegio al antejuicio del cual gozan. Pero este hecho no implica que las intenciones de los grupúsculos que se adjudican una falsa representación de la abstracta sociedad civil sean distintas a las de los primeros. Todos, lo único que buscan es vivir a costa de los demás que, en su mayoría, observan en silencio como se desintegra nuestra sociedad concreta.  

Hasta que quienes ejercen su derecho al voto entiendan que la única forma de cambiar las cosas para bien de todos en el largo plazo, aún para el bien de los menos productivos, es cambiando el Estado Benefactor/Mercantilista por un verdadero Estado de Derecho (donde todos seamos iguales ante la ley y que los gobernantes NO tengan el poder para otorgar privilegios a ninguno), continuaremos deslizándonos por la pendiente que nos lleva directo a un caos que podría terminar en un conflicto armado similar al que vivieron nuestros padres y abuelos en el siglo pasado.

Podemos evitarlo, pero esto dependerá de nosotros, no de burócratas prepotentes y arrogantes cuyo único interés es su propio bienestar. Si hubiesen querido aportar a construir un sistema de justicia en Guatemala, no hubieran recurrido a la mentira, a la extorsión y a la compra de testigos, solo por mencionar algunas de las capacidades y habilidades que, lamentablemente, los señores de la CICIG trasladaron a los fiscales nacionales.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 22 de septiembre de 2014.