El fin del financiamiento

Si queremos cambiar las condiciones en la cuales vivimos en Guatemala, para bien de todos los habitantes respetuosos, responsables y productivos, debe prevalecer la razón por encima de la emoción. La discusión debe ser intelectualmente honesta. Motivo por el cual hago mía la aclaración que hace J.J. Rousseau al principio del Libro Tercero de “El contrato social”: “desconozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención”.

La semana pasada, la Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron la segunda acusación por financiamiento ilícito en contra del Presidente Jimmy Morales y el partido que le permitió llegar al ejercicio del poder, FCN-Nación. En esta ocasión, los señalan de recibir de varios empresarios del país apoyo financiero anónimo y no declarado para la campaña política de 2015.

Las dos acusaciones contra FCN-Nación suman alrededor de Q15 millones. Si ambas o alguna de estas acusaciones se prueban ante los tribunales de justicia, Jimmy Morales DEBE disculparse por mentir en lo que respecta a cuánto apoyo monetario recibió en su campaña, reconocer sus errores y pagar las consecuencias de éstos, incluidas las multas y las penas que correspondan. Lo mismo aplica a TODOS aquellos que se pruebe que estuvieron involucrados en los hechos mencionados.

Ahora, para emitir juicios justos y verdaderos, debemos delimitar objetivamente el contexto dentro del cual estamos deliberando. Es importante diferenciar los hechos evidenciados (demostrados sin duda razonable) de los chismes y de las falacias (ad hominem, fuera de contexto, generalizaciones, etcétera).

En el caso de las denuncias relacionadas con la política, debemos separar la corrupción de la extorsión: por ejemplo, no es el mismo contexto el caso del Transurbano (robo de impuestos) que el de La Línea (extorsión). Luego, debemos diferenciar los dos anteriores, que implican estar en el ejercicio del poder y abusar de éste para violentar derechos individuales o apropiarse del dinero de los tributarios, del financiamiento a los políticos, el cual se hace, en la mayoría de los casos, con dinero propio.

Después, debemos separar el financiamiento político legítimo (para financiar ideas) del financiamiento espurio (para comprar favores y privilegios). Como bien dijo Velásquez, el problema no es el financiamiento privado: el problema es que éste sea anónimo. Observación correcta dentro del sistema de incentivos perversos que prevalece. El financiamiento se debe separar por quién lo da, por qué lo da y el origen del dinero que se da. Si el apoyo financiero se otorga con el fin de obtener prebendas, algún contrato con el gobierno o continuar descaradamente cometiendo crímenes (en el caso de los narcos y los mareros), este financiamiento debe ser evidenciado y castigado.

Al fin, el financiamiento fraudulento a los políticos es sólo una consecuencia más del sistema estatista e intervencionista que impera. Les dan ese dinero a los politiqueros porque saben que estos tendrán el poder para concederles sus deseos. Y para que este se acabe, se debe reformar radicalmente el sistema político entero, comenzando por la Legislación Electoral y de Partidos Políticos.

Lo que no podemos permitir es que, con la excusa del financiamiento “ilícito”, nos obliguen a los tributarios a financiar a los políticos. El respeto a los derechos individuales de todos, incluye el derecho de cada quien a hacer con su dinero lo que se le antoje, incluido el financiar a un político o a las ideas que un partido declare sostener, sin obligarlo a financiar a otros con quienes no comparte valores.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 23 de abril de 2018.