¿Magistrados o dictadores de la CC?

El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.