2018

Para muchos, el año comenzó hoy. Al menos el año productivo. Lo vemos en el tránsito que recuperó su pesadez. Lo sabemos por las bocinas que nos recuerdan que vivimos en un mundo de urgencias en el que debemos llegar pronto a algún lugar: un objetivo que probablemente no alcancemos. ¿Porque salimos tarde? ¿Porque no planificamos bien nuestro tiempo? ¿O será porque realmente no deseamos llegar a un lugar en el cual no queremos estar?

En fin, espero que la mayoría mantenga el entusiasmo que nos embarga a principios de año, aceptando que terminaron las vacaciones y a pesar de las complicaciones que implica el hecho de que casi todos retomamos nuestra rutina diaria, con todo e inicio de clases. ¿Por qué? Porque los retos que nos depara este 2018 son importantes para el presente y el futuro propios y de nuestros seres queridos.

Uno de los desafíos más importantes de este año a nivel político es la elección del próximo fiscal general, no solo por la batalla contra la corrupción, sino para todo el sistema de justicia en nuestro país. Ese sistema que en lugar de enfocarse en velar para que cada quien reciba lo que merece, es utilizado como un arma para satisfacer las demandas de los grupos de presión más poderosos del país. Un sistema que contribuye a preservar las injusticias que prevalecen en nuestra sociedad.

Sin embargo, el objetivo más trascendente para el año 2018 es hacer una verdadera reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. De lo contrario, se ponen en riesgo las elecciones generales de 2019. Entre los cambios urgentes a la actual legislación, el más relevante es el de la elección de diputados. Será una victoria significativa para los ciudadanos si por lo menos se logra aprobar el voto preferencial. Por supuesto, el ideal sería que pasara el voto nominal y hacer pleno el derecho de todo ciudadano a ser electo, aprobando que cualquiera que lo desee, aunque no esté respaldo por alguna organización política, pueda postularse para un cargo público. No obstante, en las actuales circunstancias, veo poco probable que estos cambios se den.

En lo que respecta a los retos ciudadanos, el principal será la defensa de la libertad de expresión, que significa la libertad de defender los propios puntos de vista y asumir las posibles consecuencias, incluido el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La libertad de no estar de acuerdo, no escuchar y no apoyar a nuestros antagonistas.

No debemos permitir la censura bajo ningún punto de vista. La censura sólo la puede ejercer el gobierno. Ninguna persona, no importa cuán influyente sea o la profesión que ejerza, puede usar la fuerza física o la coacción gubernamental para censurar ni suprimir las opiniones o las publicaciones de otros. Todos somos libres de expresarnos en nuestros espacios y todos somos libres de escuchar a quien nosotros queramos. La función política del derecho a la libertad de expresión es proteger a los disidentes y es la principal defensa contra la imposición de una dictadura.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de enero de 2018.