Al menos en Guatemala. Los que sí existen, y por montón, son personas
mentirosas y manipuladoras que, aprovechándose de la indignación de la mayoría
de los ciudadanos de nuestro país, quieren hacernos creer que no sólo la
información sobre las cuentas bancarias es secreta,
sino que ese es el motivo por el cual no pueden llegar a sus metas de
recaudación. Metas que mejor deberíamos de llamar de extorsión tributaria. Hoy,
como buenos oportunistas que son, también quieren hacer creer que el falso secreto bancario es un obstáculo en las
investigaciones contra los corruptos.
Es increíble el descaro con el cual los funcionarios estatales nacionales,
desde los mismos presidentes del Congreso y del Ejecutivo, hasta los
funcionarios de los organismos internacionales, Iván Velásquez de la CICIG
incluido, se aprovechan descaradamente de la ignorancia de muchos en lo que
respecta al derecho al debido proceso y la importancia que tiene para proteger a
los inocentes del abuso del poder por parte de los gobernantes. Un derecho que
debemos defender a toda costa.
Con toda la desfachatez del mundo, y la complacencia y apoyo de la mayoría de
miembros de los medios de comunicación (serviles a lo políticamente correcto), exigen eliminar el ya frágil debido
proceso, ahora en el caso de la información sobre el manejo de las cuentas
bancarias, engañando desvergonzadamente a los incautos ciudadanos llamándole secreto bancario al debido proceso
necesario, como ya dije con anterioridad, para evitar que nuestros mandatarios
abusen del poder y violenten nuestros derechos individuales a la vida, a la
libertad y a la propiedad.
Por estas fechas, toman como excusa para impulsar esta aberrante violación al debido proceso, el escándalo suscitado
alrededor de los llamados Panama Papers:
los datos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que muestran cómo empresarios
y celebridades mundiales buscan proteger su dinero, entre otros motivos, de las
garras de los gobernantes que expolian en nombre del abstracto Estado creando compañías offshore, como lo haríamos la mayoría si
pudiéramos. Por supuesto, es una ironía que también lo hagan políticos
corruptos y criminales, los cuales muestran con esta acción lo bien que conocen
a su especie: buscan proteger de sus iguales lo que ¡quién sabe! cómo
adquirieron.
En Guatemala, si los terroristas
fiscales de la SAT o los fiscales del MP necesitan información sobre el manejo
de las cuentas de alguien, lo único que deben hacer es justificar frente a un
juez competente los motivos por los cuales se les debe autorizar a pedir tal
información a la entidad bancaria en la que tenga la cuenta la persona que les
interesa. Si la evidencia es objetiva y justa, el juez deberá girar
instrucciones para que los funcionarios del banco entreguen la información
solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando. No se deje
manipular. No permita que los peores representantes de nuestra sociedad sigan
adquiriendo poder.
Artículo
publicado en el diario guatemalteco
“Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de abril de 2016.Etiquetas: corrupción, debido proceso, Mossack Fonseca, Panama Papers, SAT, secreto bancario
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