Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.29.2016

Sin duda razonable, pena de muerte



No tengo duda: la pena de muerte se debe aplicar en aquellos casos que el crimen cometido la justifique y en las acusaciones que han sido plenamente probadas y no existe ninguna duda razonable acerca de la culpabilidad del acusado. Es lo moralmente correcto. La aplicación de la pena de muerte es un asunto que corresponde al ámbito de la moral: es un error abordarlo de una manera pragmática y utilitarista.

Se equivocan en su análisis quienes pretenden justificar su oposición a que se aplique la pena de muerte en que no hay evidencias de que sea un disuasivo para aquellos que están dispuestos a asesinar a alguien: caen en la falacia de la generalización apresurada. Hay todo tipo de estudios y estadísticas que muestran que sí es un disuasivo, así como hay otros que pretenden probar la hipótesis contraria. Al final, todo depende de las variables y el contexto dentro del cual se recaban las muestras y las examinan. Yo considero que sí es un disuasivo.  Sin embargo, recalco que apoyo la aplicación de la pena de muerte cuando es lo justo.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia: sin un juicio previo, sin el debido proceso. O sea, en los linchamientos que proliferan en nuestro país. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de su vida a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado, respetando el debido proceso) con el reto que significa mejorar nuestro sistema de justicia.

Pero aún, con todo y las dificultades que este último enfrenta, hay casos en los cuales no hay duda de que el acusado es responsable del crimen del cual se le acusa. Por ejemplo, hay confesiones de sicarios que, sin ninguna pena, reconocen que se dedican a asesinar gente por encargo. ¿Consideran que a estas personas se les debe condenar a vivir el resto de sus vidas a expensas de los tributarios? ¿Qué no corren el riesgo muchos inocentes que, si estos criminales logran escapar, serían sus próximas víctimas?

Todos merecemos que se respeten nuestros derechos, comenzando por el derecho a la vida, una vez nosotros cumplamos con nuestra parte del trato: respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos en serie o los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo. Y, lamentablemente en muchos aspectos, hasta la misma muerte del criminal puede ser un costo demasiado pequeño para compensar el daño que les hizo a otros seres humanos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 29 de febrero de 2016.

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