La lucha contra la corrupción en nuestro país está basada más en
apariencias que en realidades. Y es tanta la necesidad de la mayoría de creer
que se pueden hacer los cambios correctos y erradicar de nuestra sociedad a los
corruptos y la corrupción, sin involucrarse y confiando ciegamente en los que
supuestamente la combaten, que ante todo anuncio con tintes jolivudenses de que apresan a alguien,
muchos estallan en alegría desbordada de patrio
ardimiento y más de uno propone el Premio Nobel de la Paz para los
denunciantes.
Olvidan, o prefieren ignorar, que no es sólo cuestión de apresar a aquellos
de los cuales se sospecha que nos han robado a los tributarios. Las acusaciones
se deben probar en un juicio en el que se cumpla con el debido proceso. Lo
anterior es importante de resaltar por el bienestar en el largo plazo de los
inocentes aunque pareciera, en un principio, que beneficia a los criminales.
El énfasis de los mandantes se debe enfocar en presionar a los funcionarios
del Ministerio Público y a todos los encargados de recopilar las evidencias
científicas para que prueben, sin duda razonable, la culpabilidad de los
imputados. Lo que no debería ser difícil de hacer, ya que casi todos los sospechosos han sido descarados a la
hora de mostrar públicamente lo que han robado. Los responsables de presentar
la acusación deben seguir la pista del
dinero: follow the money, recomiendan acertadamente los investigadores gringos.
Me alegro de la captura de algunos pocos de los cientos de extorsionistas
que pululan en las aduanas. Desde los vistas hasta el mismo presidente, desde
hace cualquier cantidad de tiempo, han estado involucrados en líneas (las cuales deberíamos de llamar maras o pandillas) que utilizan el poder
para extorsionar a quienes se atreven a importar bienes a Guatemala. Por
supuesto, más de algún avispado debe
de haber entre estos últimos, que antes de ser extorsionado decide negociar con quienes deciden
arbitrariamente cuándo, bajo qué condiciones y a qué costo entra un producto al
país. Pero estos pícaros son la
excepción, no la mayoría.
Sin embargo, las denuncias contra los funcionarios corruptos que se han
robado nuestros impuestos, que han despilfarrado lo que a nosotros nos ha
costado ganar, brillan por su ausencia.
Fuera del caso del IGSS y algunas acusaciones contra unos pocos alcaldes, no ha
habido verdaderas denuncias contra los peores corruptos entre quienes se
encuentran (además del expresidente y la exvicepresidente) ministros,
secretarios, directores y funcionarios estatales en general. Sólo puras
apariencias e investigaciones mediocres sustentadas principalmente en
evidencias circunstanciales y en dimes y
diretes. Sin embargo, es tanta la necesidad de justicia en nuestro país,
que tantos han aplaudido y seguirán aplaudiendo hasta el cansancio los
distintos montajes mediáticos que han prevalecido. Pero, ¿hasta cuándo podrán
seguir falseando la realidad? Mientras, la corrupción continúa avanzando.
Artículo
publicado en el diario guatemalteco
“Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de abril de 2016.Etiquetas: CICIG, corrupción, debido proceso, IGSS, Ministerio Público
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