Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

9.10.2018

Juicio sin ante



Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.


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12.11.2017

¿Cómo limitar el poder?



Es la pregunta más importante que nos debemos hacer, si queremos vivir en una sociedad donde todos, a partir de nuestros objetivos personales y esfuerzo propio, podamos prosperar. Sólo limitando el poder que gozan quienes lo ejercen, a las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno podemos acabar con la corrupción. Sólo limitando el poder podemos convivir en paz con los demás y progresar.

Es irónico que en Guatemala el gobierno sea débil en el cumplimiento de sus obligaciones, dar seguridad y velar porque haya justicia; pero inmensamente poderoso en funciones que no le corresponden, lo que facilita el abuso del poder. El estatismo intervencionista, que otorga más poder discrecional a los gobernantes, es el origen de la corrupción. No es el gobernante responsable, ni debe serlo actuando en nombre del abstracto Estado, de satisfacer los gustos, deseos y demandas de los individuos y los grupos de presión. Que algunos quieran que alguien más les provea sus necesidades, no hace de ésta exigencia una obligación de los gobernantes.

¿Cómo lograr que aquellos que detentan el poder lo limiten? ¿Cómo quitarles el poder innecesario que les hemos otorgado? Exigiendo al Congreso la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más poder discrecional y arbitrario. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención caprichosa de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Como bien lo explicó el político estadounidense James F. Byrnes (quien ejerció como diputado, senador, juez de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de Estado y gobernador) al describir lo que le sucede a la mayoría de quienes gobiernan con pocos límites: “El poder intoxica a los hombres. Cuando un hombre está intoxicado por el alcohol, puede recuperarse, pero cuando está intoxicado por el poder, rara vez se recupera”.

¿Por qué es importante que el ejercicio del poder sea temporal, y ese tiempo racional y prudentemente limitado? Por el peligro de que aquellos que ejercen el poder terminen enamorándose de este y convirtiéndose en dictadores, una amenaza permanente, en particular en países donde los atributos de una república son pocos y prevalece, por otro lado, la democracia, como es el caso de muchos naciones latinoamericanas.

Recordemos el sabio consejo que dio John Adams en Notes for an Oration at Braintree en la primavera de 1772: “Hay un peligro de todos los hombres. La única máxima de un gobierno libre debería ser no confiar en ningún hombre que viva con poder para poner en peligro la libertad pública”. El límite al poder del gobernante debe ser el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, con excepción de aquellos que violenten los derechos de otros y al iniciar el uso de la fuerza contra alguien más, renuncian a sus propios derechos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de diciembre de 2017.

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2.06.2017

Desconfía del gobierno



O, como dice la frase que le atribuyen a Benjamín Franklin: “Nunca confíes en el gobierno”. Que, a pesar de no ser comprobada la cita, no me extrañaría que el genial Franklin haya dicho algo parecido en algún momento. Y ¡ojalá! esa hubiera sido la visión de la mayoría de quienes redactaron nuestra primera Constitución. Sin duda, la historia de nuestro país, de nuestros antepasados y la de nosotros sería distinta. No obstante, ni los padres fundadores de nuestra nación ni los posteriores constituyentes pensaban de esa manera. Aunque los peores de todos han sido los redactores de las constituciones que han regido a partir de 1945.

Si por algo lucharon Franklin, Jefferson, Adams… y muchos más, es porque los gobernantes no tuvieran el poder de violentar los derechos individuales de los ciudadanos. En particular, Franklin se preocupó por la minoría que, como posteriormente escribiría Ayn Rand, esta constituida por un solo individuo. Ese individuo puede ser usted o alguno de sus seres queridos. Ese individuo puedo ser yo o alguno de mis seres queridos. Ese individuo puede ser cualquiera que no se encuentre en el ejercicio del poder. Un principio fundamental que lamentablemente les falta a muchos entender. Más aún en una época en la cual se encuentran en auge los populismos de todo tipo.

El principal objetivo de los gobernantes, generalmente, es cobrar impuestos. Y poco importa en la realidad, y más allá de los discursos, cómo y en qué gastan la riqueza que fue expoliada a sus legítimos dueños: aquellos que hicieron el esfuerzo mental y físico por crearla. Objetivo que se les facilita dentro del sistema político que prevalece en la mayor parte del mundo, el cual les otorga, en particular, el poder de violentar los derechos de propiedad de la gente.

En Guatemala, no se quedan atrás los inquisidores al frente de la SAT, a quienes no les importa a cuántas personas dejan sin trabajo, cerrando empresas a destajo bajo la excusa de que evaden impuestos. Lo que muchas veces es una falacia fuera de contexto. Uno de los más serios problemas del castrante sistema impositivo guatemalteco, es que impide descontar de los ingresos la mayor parte de los gastos en los que se incurrió para adquirirlos, lo que hace muy difícil operar legalmente. Casi todos los que procuran ganarse la vida honradamente, viven con el miedo de que en cualquier momento aparezcan los terroristas fiscales a extorsionarlos, llevarlos presos o a cerrar las empresas que a base de esfuerzos, inversión y riesgos han logrado mantener operando.

Al final, el problema no es cuánto recauda el gobierno, sino cómo lo gasta. Pero el reto importante es la pobreza en la que viven tantos guatemaltecos, la cual sólo se va resolver cuando haya suficiente creación de riqueza. Para que haya suficiente creación de riqueza, debemos cambiar RADICALMENTE el sistema tributario. Y no es lo mismo proteger de la avaricia de los gobernantes la riqueza que uno ha ganado, que arreglárselas para robar nuestros impuestos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de febrero de 2017.

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7.04.2016

Libertad sin fronteras



La libertad no debe tener límites. Sobra, a lo largo de toda la historia de la humanidad, evidencia de que, entre más se respeta la libertad individual en general, más prospera el ser humano. Por supuesto, a estas alturas del debate, parto de la premisa de que queda claro a la mayoría que no es lo mismo la libertad que el libertinaje. Toda persona debe ser libre de hacer lo que se le antoje con su vida y sus bienes, una vez no violente la vida, la libertad y la propiedad de los demás. En otras palabras, para ser verdaderamente libres debemos responsabilizarnos plenamente de nuestras acciones y merecer la vida que llevamos.

Cada uno es responsable de su vida. Y para que todos seamos libres de perseguir nuestros valores, metas, fines… nace la idea moderna de cuáles deben ser las responsabilidades de los gobernantes: velar por el respeto a los derechos individuales de todos y asegurar de que, en caso algún antisocial atente contra alguien más, éste sea aprendido, juzgado en los tribunales competentes, respetuosos del debido proceso y, si es probada su culpabilidad, que sea obligado a compensar a su o sus víctimas para que haya justicia.

Vale la pena recordar que lo anterior fue bien entendido por los llamados padres fundadores de Estados Unidos, a pesar de las discusiones que sostuvieron por casi once años a partir del 4 de julio de 1776, fecha en la cual proclamaron su independencia del imperio inglés. Once años en los cuales discutieron la que es hoy considerada la primera constitución moderna, la cual sigue vigente, con todo y enmiendas, desde su promulgación en 1787. En aquel año llegaron al acuerdo de que la mejor forma de gobierno era la República, o Nomocracia como la llamaría posteriormente Friedrich Hayek, ya que la democracia terminaba inevitablemente en dictaduras que ejercían minorías corruptas en nombre de la mayoría.

Hoy, que vivimos tiempos interesantes, de mayor incertidumbre política a nivel mundial, es importante recordar eventos históricos que han configurado el desarrollo de nuestra especie. Parafraseando a George Santayana, si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos. Más aún con la confusión conceptual que impera y la manipulación que pretenden algunos, haciéndose pasar por eruditos e intelectuales, de los conceptos, sus orígenes y las consecuencias que han tenido a lo largo de nuestra historia la imposición de normas contrarias a nuestra naturaleza, gracias al abuso de los gobernantes del poder coercitivo del abstracto Estado.
                                                                                                                
Más allá de lo que los doctos académicos pregonan, ya sea porque efectivamente no entienden o simplemente porque son intelectualmente deshonestos, cada uno de nosotros debe usar su propio juicio para llegar a conclusiones que sean coherentes con los hechos de la realidad. De lo contrario, nos estamos jugando nuestro futuro y el de nuestros seres queridos. Es indiscutible la sentencia de Thomas Jefferson de que el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de julio de 2016.

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1.20.2014

Más allá del polvo



Sé que se han dicho cualquier cantidad de cosas en relación a la agresión contra Roxana Baldetti después de la presentación en el Teatro Nacional del segundo informe del gobierno de Otto Pérez Molina. También sé que hay temas mucho más trascendentales en el largo plazo para nuestro bienestar. Sin embargo, también sé que en la historia de la humanidad, accidentes banales que no deberían afectar la existencia de los demás, han llegado a cambiar el curso de la humanidad. Y, lamentablemente, hechos como el reciente polvazo contra Baldetti, suelen ser los que la gente recuerda por mucho tiempo. Evidencia lo anterior la cantidad de memes y chistes que circulan en las redes sociales virtuales.

Sumando a lo mencionado previamente la intención de algunos de hacer pasar tal suceso como una manifestación de la libertad de expresión, pienso que es importante abordarlo. Independientemente de mi opinión sobre la vicepresidente, reconozco que la acción de Geraldine del Cid y Daira Cristal Cotón es un ataque que no se puede considerar como parte de la libertad de expresión. Más allá del daño que haya causado a Baldetti o del cargo que ésta ocupa, bajo ningún punto de vista el agredir a otra persona es un acto pacífico, condición sine qua non de la libertad de expresión, y no debemos dejarnos confundir ni manipular por quienes así quisieran que se tomara. Esta tergiversación de un derecho fundamental (el derecho a expresarnos) puede dar la excusa perfecta a los gobernantes para intentar limitar nuestro derecho.

Es cierto que el polvazo hirió el ego de Baldetti, más que causarle un daño físico, y que su reacción fue exagerada y vulgar. No obstante, eso no cambia el hecho de que fue un acto violento, por lo cual no puede ser considerado como una muestra de la libertad de expresión. También es deplorable que la alharaca que provocó haya distraído a la mayoría del tema más importante de ese día: la presentación de una sarta de mentiras con las que Pérez Molina pretende ocultar el fracaso de su gobierno. Me pareció acertado el titulado dado a la obra presidencial presentada en el Teatro: “El General no tiene quién le crea”. Una verdad reconocida por la mayoría.

Sigo el sabio consejo de Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma”. Por eso decidí escribir sobre este asunto a pesar del cansancio que pueda generar en algunos. Si dejamos que la libertad se confunda con libertinaje, nosotros mismos estamos contribuyendo a que en el futuro nos sea vedado nuestro derecho a actuar sin coacción arbitraria de terceros. Si queremos que se respete nuestra vida, libertad y propiedad, tenemos la obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros. Sólo se justifica poner en riesgo la vida de otra persona, cuando ésta atenta contra nuestra propia vida o la de nuestros seres queridos. Quien inicia el uso de la fuerza contra alguien más, debe estar preparado a enfrentar las consecuencias de sus acciones.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de enero de 2014.

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1.13.2014

Desestabilizadores



Hay un tema muy importante que debemos enfrentar este año: la amenaza gubernamental a la libertad de expresión, la cual parece rebasar los límites a los que se habían atrevido a llegar otros gobernantes. Es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, considerar sus enemigos a todos aquellos que nos atrevemos a cuestionarlos, no nos plegamos a sus deseos y les recordamos que en los Estados contemporáneos los mandantes (los que mandamos) somos los ciudadanos y los mandatarios (los que obedecen) son los gobernantes.

Parte de esta idea quedó plasmada, entre otros, en el artículo 35 de nuestra Constitución, en especial en el segundo párrafo que reza: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Cargos que ocupan desde el momento que toman posesión hasta el instante en el que entregan el poder a su sucesor, sin licencias en horas inhábiles, fines de semana, asuetos y feriados. Por tanto, deben aguantar estoicamente la crítica que se les haga, les guste o no lo que de ellos se diga, quién lo diga y cómo lo diga.

Los derechos civiles son reconocidos por las constituciones republicanas para que los ciudadanos se puedan defender del abuso del poder por parte de los gobernantes, y no al revés. Es absurdo, ilegal e ilegítimo que los gobernantes pretendan usar la carta de ciudadanos cuando se encuentran en el ejercicio del poder, e intenten acusar a quienes los critican de desestabilizar el sistema corrupto en el cual vivimos. Un sistema que solo los beneficia a ellos y al pequeño círculo de familiares, amigos y líderes de grupos de presión que los rodean.

Es lamentable la actitud servil del editorialista de Prensa Libre del 8 de enero pasado, que en lugar de defender el derecho fundamental a la libre expresión por el cual derramaron su sangre los fundadores de ese medio, busca quedar bien con dios y el diablo al mismo tiempo aunque eso signifique manipular la Constitución y negociar principios. La ley se debe cumplir al pie de la letra, y no según la caprichosa voluntad de quien la interprete, lo que ha sido, precisamente, uno de los problemas en Guatemala. Y, ¡qué ironía! es esto lo que propone el autor de marras: más arbitrariedad y menos objetividad. Por otro lado, me alegró leer al día siguiente en el Editorial del mismo medio la posición contraria a la del miércoles citado. Al parecer no todo “está podrido en el Estado de Dinamarca”, parafraseando a Shakespeare.

Muchos consideramos el ataque ad hóminen una manera equivocada y despreciable de expresar nuestra opinión. Sin embargo, por el bien en el largo plazo de todos, debemos respetar el derecho de quién así decide manifestarse. Recordemos que es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Ya dependerá de quien la escucha, y de si es o no intelectualmente honesto, diferenciarla de la mentira.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de enero de 2014.

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12.08.2010

Rápido Goteo



Vivo enamorada de ciertos períodos de la historia humana. Por ejemplo, admiro profundamente a los griegos, particularmente al estagirita Aristóteles: sin él, hoy no tendríamos, entre tantas cosas, las herramientas que nos brinda la lógica para pensar correctamente. Me maravillan los renacentistas, en especial el genial Leonardo da Vinci, que se enfrentaron a los dogmas religiosos de la Edad Media y recuperaron la figura del ser humano para ubicarla en el lugar que le corresponde en el mundo. Aprendo de los ilustrados que nos invitan a usar la razón, facultad de la especie “hombre” que nos permite diferenciar lo falso de lo verdadero para tomar decisiones acertadas en el ámbito privado y en el público. ¡Y cómo no me van fascinar los románticos, si comparto con ellos la pasión por la vida y el individuo!

Sin embargo, no cambiaría por nada la época mía, de la cual poco sé sobre cómo será vista en el futuro. Una era de cambios cuyas consecuencias últimas aún no somos capaces de imaginar o pronosticar. Un ciclo que puede permitir el despertar del ciudadano de la ficción más reciente promovida por los poderosos, esa vida solucionada que prometía el Estado Benefactor/Mercantilista, que en el largo plazo sólo benefició a unos pocos: a aquellos que llegaron al ejercicio del poder y a sus asociados (familiares, amigos y empleados). Un instante de la historia que nos permitió a los soberanos enfrentar a los gobernantes utilizando los medios de información al alcance de todos cuya base es la Internet: los buscadores, las redes sociales, las bitácoras virtuales (los blogs)…

Un papel importante van a jugar los escándalos goteados por un grupo de periodistas agrupados en una organización cuyo nombre es Wikileaks. Escándalos que no sólo incluyen a los gobernantes de Estados Unidos, sino a burócratas estatales y mandatarios de muchas naciones. ¡Hasta a supuestos científicos del cambio climático! Denuncias de abusos de poder que deben de ser corregidos limitando el ejercicio de este, sin importar el país del que se trate. Una lucha de toda persona libre que se valore a sí misma y conozca sus derechos y obligaciones. Una confirmación de lo que la mayoría sabemos: lo que priva en la política gubernamental es la hipocresía y la mentira.

La palabra hawaiana “wiki” significa rápido, lo que me lleva a considerar los datos públicos con los que contamos, más que un goteo, un chorro de información y conocimiento que puede cambiar en ciento ochenta grados la forma en la que hasta hoy hemos interactuado los seres civilizados. Aquellos que no se den cuenta del cambio y no se adapten a este quedaran enterrados en el pasado. Incluidos quienes se sienten, se creen todopoderosos y dueños del planeta y de todo aquel que lo habita. Bien dicen que dijo Thomas Jefferson: “El precio de la Libertad es una eterna vigilancia de la misma”. Y los libres de ahora estamos mejor armados para defenderla.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de diciembre de 2010. La imagen la bajé de la Internet.

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