Las piñatas fantasmas

Ni es el nombre de una película de ficción ni el título de una novela de misterio. Las piñatas fantasmas no son otra cosa más que el resultado de los estados de excepción que solo sirven para facilitar la corrupción de quienes ejercen el poder y de sus aliados. Personas concretas que de espectros no tienen nada, pero que asustan más que la Siguanaba un viernes a medianoche. Más aún ¡cuánta cólera e indignación inspiran! cuando deciden cómo gastar el dinero que nos han expoliado, el que tanto nos ha costado ganar.

El gobierno ha gastado por lo menos Q691 millones amparado por el Estado de Calamidad. De las compras que más han llamado la atención, en mi opinión, sobresalen tres. Dos de estas, una vez expuestas, fueron anuladas. Pero no hay que olvidar que intentaron hacer tales compras y si no se hubiera conocido su intención de hacerlas, el robo se hubiera consumado.

La primera de estas compras cuestionadas, responsabilidad del Ministerio de Agricultura, fue la adquisición de 297 mil 612 latas de sardina a un costo de Q17 cada una, para un total de Q5.6 millones. La segunda, fue la compra por la Municipalidad de Escuintla de materiales para la construcción de una cancha con grama sintética a un costo de Q260 mil. Ambas fueron anuladas después de que fueron hechas públicas.

La tercera de estas, la cual no conozco su estado actual porque recién fue denunciada, es la compra por excepción por parte del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) de Q18.7 millones en materiales de construcción supuestamente para reparar daños en viviendas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego. De acuerdo a una investigación de elPeriódico, la Conred confirmó que no existen tales viviendas “dañadas”. Adicionalmente, encontraron que los materiales fueron comprados un promedio de 20 por ciento arriba del precio de mercado a mayoristas.

Estos son solo algunos ejemplos más de cómo los estados de excepción son utilizados para hacer compras dudosas, tanto por su monto como por su destino. Y eso que no he mencionado las serias dudas que hay en lo que respecta a las reparaciones de la Ruta RN-14. De allí la importancia de no aprobar estos estados, independientemente de la emergencia, si no existen buenos mecanismos de control. Por supuesto, estos ejemplos también sirven para contradecir al presidente Jimmy Morales, quien declaró en el XI Congreso Nacional de Turismo que ellos son los abanderados de la lucha contra la corrupción.

El Estado de Calamidad fue renovado por el Ejecutivo, pero no fue ratificado por el Congreso. Sin embargo, tampoco fue rechazado, lo que puede servir de excusa para que sigan gastando casi sin límites el dinero, como lo hicieron durante el gobierno del Patriota con la excusa del terremoto de San Marcos. La Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de investigar de oficio todos los gastos hechos por el gobierno, aunque tal fiscalización “irrite” al Presidente y a sus funcionarios. En especial, se deben auditar los gastos que se hacen por medio de los estados de excepción, de lo contrario, continuará la piñata.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 16 de julio de 2018.

La corrupción y los estados de excepción

Imagen tomada de la cuenta en Facebook de Ramón Parellada, quien la compartió de la cuenta de Ligia Pérez Katz. La edición y los comentarios son míos, y asumo la responsabilidad de éstos.

El oportunismo de algunos políticos, particularmente de aquellos en el ejercicio del poder, llega al extremo indeseable cuando utilizan de excusa para eliminar los pocos límites que tienen las tragedias que enfrentan los ciudadanos. De nuevo lo vemos en Guatemala con la declaración del Presidente de un estado de excepción ante el drama que viven muchos de nuestros compatriotas a raíz de la erupción de ayer, domingo 3 de junio de 2018, del Volcán de Fuego. Un estado de excepción que intentan confirmar varios diputados hoy por la tarde.

Tal y como lo señalo en mi artículo publicado hoy, “Jimmy, el globito”, debemos enfocarnos en identificar claramente el origen común de nuestras tragedias políticas. Esta identificación debemos hacerla de forma objetiva y basada en los hechos comprobables, no en falsas expectativas, sesgos o excusas para justificar emociones destructivas como lo son la amargura, la frustración o la envidia. Es vital reconocer que el común denominador de la inseguridad, de la corrupción y de la injusticia es el poder. Y una vez este no sea limitado, nos toparemos en todos lados con una interminable propaganda sobre lo indispensable que es y cuán perdidos estaríamos sin el Divino Estado.

En mi artículo titulado del 23 de septiembre de 2016 “La calamidad es no prever”, recuerdo que la visión de Conred es la de “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”.

Precisamente, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, si es que se supone que ellos van a enseñar a otros a prever, en su caso sean INCAPACES de hacerlo sin un estado de excepción? Esa es la verdadera calamidad. ¿O es una contradicción? ¿O es una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones?  

Repito lo expresado en infinidad de ocasiones, los estados de excepción, tanto ayer como hoy y mañana… y en casi todos los eventos que pretenden justificarlos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. El más reciente estado de calamidad decretado por Morales, si es confirmado por el Congreso, solo servirá para que unos acumulen fortuna a costa nuestra, como ha sucedido siempre. Mientras, los damnificados seguirán esperando sentados el apoyo del Estado.

Menos mal que muchos guatemaltecos practicamos la virtud de la benevolencia y nos las arreglamos para ayudar a los más afectados. Cada uno de nosotros puede ayudar, no importa cuánto podemos dar, si no que todos demos lo que podemos. Así, cooperando, lograremos que nuestros compatriotas más afectados por la erupción del Volcán de Fuego puedan levantarse. ¡Ánimo!

El bodegón de la corrupción

Según el DLE, en su cuarta acepción, un bodegón es un “establecimiento, comúnmente subterráneo, donde se ofrecían comidas”. Aunque, en el caso de muchos de quienes llegan a ocupar cargos públicos, pienso que también les aplica la primera acepción: taberna, por aquello de que les gusta bastante el trago, preferiblemente caro, más si es pagado con nuestros impuestos. Sin embargo, en el caso que voy a abordar, le queda bien la definición de establecimiento bajo tierra en el cual se provee de comida corrupta en todos los sentidos.

Corrupta porque el maíz y el frijol a entregar a los que mueren de hambre, a los que casi no tienen que comer, estaba contaminado. Vaya, podrido. ¡Hasta bichos traían! Espero que no salgan con la excusa que era para incluir proteína en la alimentación básica de los desnutridos. Corrupta porque los únicos que se beneficiaron (en el corto plazo) fueron los funcionarios estatales que intervinieron en el proceso y los estafadores que les vendieron granos inservibles.

Además, también aplica el término subterráneo: no hay duda en el hecho de que la negociación se hizo, sino bajo tierra, al menos bajo la mesa, con la esperanza de que nadie más que los transeros involucrados conocieran las condiciones acordadas. ¿Será posible que todavía haya quién se sorprende? Es así como se llevan a cabo casi todas las operaciones dentro de la intrincada (inmensa e ineficiente, innecesaria en su mayoría) burocracia estatal. ¡Cuántos casos similares habrá! ¡Cuántos habrán muerto a causa de esta transa! Preguntas sin respuesta: lo más probable es que nunca lo lleguemos a saber.

Lo positivo es que cada vez somos más quienes reconocemos que el origen del problema es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder y obstaculiza el progreso de la mayoría, en particular el progreso de los más pobres. Lo que aún a muchos les cuesta aceptar, es el engaño en el cuál se basa el sistema que les permite a los gobernantes adquirir todo ese poder para delinquir.

Por eso es vital para nuestro futuro como miembros de la misma sociedad, insistir en el cómo adquieren ese poder perverso los gobernantes. Lo adquieren engañando a quienes desean ser engañados los cuales, al final de la historia, salen trasquilados. El engaño tiene un nombre: Estado Benefactor. Un fraude que vende la idea falsa de que alguien más en representación del abstracto Estado, les va a satisfacer sus necesidades.

Les venden la mentira de que otros van a pagar el costo, cuando la realidad es que quienes peor terminan son, primero, los más pobres que ni siquiera llegan a encontrar un trabajo productivo y seguro y, segundo, aquellos con ingresos medios que ven cómo con el pasar del tiempo compran menos cosas con el dinero que ganan. Y muchos en lugar de cuestionarse y aclararse las ideas, en la próxima elección harán lo mismo que antes: votar por el que les ofrezca más maíz y frijol con gorgojo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de octubre de 2016.

La calamidad es no prever, Conred

Total señores, la prevención se supone que es la más importante de sus tareas, según lo que ustedes mismos han oficializado como su visión: “Constituir el centro de convergencia de la aptitud nacional para la prevención, vigilancia y respuesta a los fenómenos naturales y sociales que pongan en riesgo a las comunidades en sus bienes más valiosos: la vida, integridad física y propiedades, que constituyen fundamento de la paz íntima y cotidiana de las agrupaciones humanas”. Más aún, la que eligieron como la primera fase de sus funciones es, precisamente, la de prevención y mitigación. Entonces, ¿cómo es posible que, ustedes que se supone van a enseñar a otros a prever, sean INCAPACES de hacerlo en su caso, sin un estado de excepción? Esa es una verdadera calamidad.

Es una contradicción, o una mentira descarada, que no puedan prever con tiempo suficiente, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones, para las distintas etapas climatológicas por las que pasamos, TODOS LOS AÑOS, en nuestro país. El propio Secretario de Conred, Sergio Cabañas, reconoció la semana pasada que tiene ¡33 años de experiencia en la mal llamada institución! ¿De qué le ha servido si ni siquiera sabe cuándo hay que cambiar la flota de vehículos necesarios para enfrentar las crisis que se puedan dar en la temporada de lluvias en Guatemala?

Con más de tres décadas trabajando en Conred, ¡tantos años de Marqués y aún no sabe mover el abanico!, en lugar de estar lamentando que tuvieron que dar marcha atrás con el intento de restringir varios de nuestros derechos constitucionales, debería ocuparse en hacer lo que debieron desde principio del año: prever. O sea, en base al conocimiento acumulado a la fecha, iniciar los procesos dentro de la ley para comprar lo que iban a necesitar en el transcurso del año. Como lo hacemos todos los que nos hemos atrevido a ejercer el más riesgoso de los oficios: emprender. Por supuesto, la diferencia trascendental es que nosotros tomamos decisiones sobre NUESTROS recursos (si nos equivocamos, nosotros pagamos las consecuencias), mientras que los funcionarios estatales trabajan con el dinero de otros que, al final, somos nosotros.

Dice Cabañas que por primera vez actuaban de buena fe. ¡Ups! ¿Qué nos dice eso del pasado? Pienso que después de esa declaración, vale la pena investigar cómo han manejado el dinero de los tributarios quienes han estado a cargo de Conred. Por cierto, para el actual Secretario del ente mencionado tengo a la mano otro sabio refrán: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Los estados de excepción, ayer, hoy y mañana y en casi todos los casos, sólo han servido para facilitar la corrupción pues, como correctamente lo señaló Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y, al fin, para qué tanto lloriquear si al final se salieron con la suya. El estado de calamidad aprobado solo servirá para que unos acumulen fortunas a costa nuestra.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de septiembre de 2016.

Tras el duelo, la corrupción

Y antes también. ¿Cuándo fueron levantadas las obras públicas que recién se cayeron? ¿Este año? ¿El año pasado? ¿El antepasado? Me atrevo a asegurar que la mayoría de estas no han sido declaradas patrimonio nacional debido a su antigüedad. Probablemente muchas fueron construidas en el presente siglo. Ante todo, cuando del gobierno se trata, va la corrupción. Por supuesto, envuelta en un manto de compasión. ¡Qué no falte la foto del ¿mandatario? abrazando a la anciana sin hogar! Al niño sin padres, a la niña herida, al hombre sin trabajo…

¡Estado de calamidad en siete departamentos! San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez, Quiché y Huehuetenango. Así, más fácilmente se podrán repartir el botín. Digo, podrán adjudicar el dinero necesario a las personas idóneas para levantar ¿o levantarse? nuestra Guatemala después del terremoto en… San Marcos. En fin, algo habrá que hacer en los otros departamentos.

Total, saben que la mayoría de la obra pública construida por el Estado se cae con un soplo, ¡cómo no va a causar daños irreparables un seísmo como el del miércoles antepasado! Analizándolo desde este punto de vista, de una vez hubieran declarado el tal Estado en todo el país. Pienso que la mayoría coincidimos en que el Estado de Guatemala es una calamidad. ¡A gastar sin controles, sin límites, sin fiscalización! Lo justifica el estado actual de las cosas. Aunque ¿cambia en algo los procesos actuales? Es conocido por casi todos que es raro el funcionario de gobierno que cumpla con los procedimientos estipulados por la ley para gastar el dinero expoliado a los tributarios.

¡Cuántos habrán temblado de la emoción al enterarse de la destrucción que hubo en San Marcos el 7 de noviembre pasado! Temblores de una magnitud medible en millones de quetzales, con réplicas en dólares y en euros. Mil millones de quetzales solo para comenzar. ¡Cuántos habrán empezado a soñar con todo el dinero que les permitirá aumentar sensiblemente la intensidad de sus cuentas bancarias! ¿A quiénes se les cayó la baba de tanto que salivaron al imaginar su buena suerte? ¡Cuántos habrán corrido a ponerse a las órdenes del Presidente, Otto Pérez Molina, para que los tenga presentes a la hora del reparto de las obras de reconstrucción! Los más vivos habrán llorado a los muertos con Roxana Baldetti. ¿Quiénes serán los beneficiados gracias a los damnificados del terremoto en San Marcos? Cuántas preguntas que… ¿usted se anima a contestar?

¿A qué destina la mayoría de sus ingresos? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de su trabajo? ¿Por qué son los principales beneficiarios de su trabajo? ¿Sabe a ciencia cierta cuánto paga en impuestos? ¿Por qué paga impuestos? ¿Para qué son utilizados sus impuestos? ¿Cómo sabe para qué son utilizados sus impuestos? Algunas de tantas preguntas que deberíamos hacernos seguido, para que el sistema deje de favorecer al estafador de turno en el ejercicio del poder.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de noviembre de 2012. La imagen la bajé de la Internet.