Muerte, sin pena ni ley

¿De cuál pena de muerte piden su abolición los delegados de la CIDH? Porque, según yo sé, la legal hace años que no se aplica en Guatemala. Eso sí, la pena de muerte que es el pan diario de los guatemaltecos es la de los linchamientos, que no son otra cosa más que la aplicación informal de tal castigo, los cuales considero que es utópico pretender abolir, al menos por el momento. Más difícil será aún si, finalmente, acaban prohibiendo su  aplicación dentro del marco de la Ley.

Precisamente el día que se publicó este reclamo de los burócratas de la CIDH, en el mismo medio (Prensa Libre) venía una breve nota que informaba que alrededor de 100 vecinos lincharon a dos presuntos asaltantes en la ruta que comunica a Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla) con San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), un hecho terrible y lamentable, aunque los editores de los medios le den poca importancia. ¿Eran o no culpables los acusados? ¡Quién sabe! Nunca hubo un proceso legal en el cual se probara su culpabilidad.

Quienes opinan sobre la pena de muerte fuera del contexto moral, tal y como lo dije en mi artículo titulado “Sin duda razonable, pena de muerte” (Siglo Veintiuno, 29 de febrero de 2016), terminan siendo cómplices de quienes la aplican en el sector informal de la justicia, sin un juicio previo y sin el debido proceso. Olvidan que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Dicen que les preocupa que se pueda condenar a morir a un inocente, y prefieren que terroristas, asesinos en serie, sicarios… vivan el resto de sus vidas a expensas del tributario. Confunden la aplicación de la pena de muerte a quién la merece (hecho que debe ser probado) con el reto de mejorar nuestro sistema de justicia.

Una vez cumplamos con nuestra parte del trato, respetar los derechos de los otros y no iniciar el uso de la fuerza en contra de nadie, merecemos que se respeten nuestros derechos, incluido primordialmente nuestro derecho fundamental a la vida. Trato que sólo es posible entre seres racionales. Aquellos que desprecian la vida humana, como  es el caso de los asesinos y los terroristas, e inician el uso de la fuerza contra otros con la intención de causarles la muerte, deben estar dispuestos a pagar un castigo proporcional al crimen que pretenden cometer. Es lo justo, más allá de si es un disuasivo o no.

Es poco probable, por no decir imposible, que algún día lleguen a abolir plenamente la pena de muerte. Lo único que podemos decidir es si ésta se aplica justamente dentro del marco de un Estado de Derecho, donde se respeten los procesos objetivos que nos permitan conocer la verdad y comprobar, sin duda razonable, la culpabilidad del acusado; o su aplicación dentro del irracional, emocional y subjetivo contexto de los linchamientos, lo cual se presta, en la mayoría de los casos, a cometer injusticias y convertir a las personas que participan en éstos en homicidas. Sé que la desesperación de muchos ante la inseguridad que reina reclama justicia, pero esta no se va a alcanzar si no es dentro de un marco de normas legítimas y legalmente sancionadas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de agosto de 2017.