Bloqueadores

Manifestar no es lo mismo que bloquear. Hechos evidentes para cualquiera que no falsea la realidad, no engaña a otros ni si se miente a sí mismo. El primero es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos, pone en peligro la vida de otros.

Sin embargo, en nuestro país, comenzando por el gobierno, muchos se hacen de la “vista gorda” ante la evidencia y prefieren sufrir las consecuencias de las acciones violentas de los delincuentes que bloquean carreteras, y a otros poco les importa porque creen que a ellos no les afecta. Tremendo error de los mencionados, que terminamos pagando todos, aún aquellos que señalamos a quienes violan descaradamente nuestros derechos y le exigimos a los gobernantes que cumplan con su función de velar porque estos sean respetados.

Repito lo que he señalado en otras ocasiones: no es lo mismo reclamar para que se respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, que extorsionar con medidas de hecho para que alguien más (en este caso los gobernantes en nombre del abstracto Estado) se haga cargo de satisfacer nuestras necesidades y todo aquello que deseamos pero no queremos hacer el esfuerzo por adquirirlo. Lo que suelen hacer los bloqueadores es EXIGIR violentamente que se les den bienes y se les otorguen beneficios que no han ganado. Demandan privilegios.

Les da igual que para satisfacer sus reclamos los gobernantes se conviertan en violadores de los derechos de otros. Reclaman descaradamente lo que ellos no están dispuestos a dar: RESPETO. Dejan claro que lo único que termina las protestas (y sólo de forma temporal, mientras se les ocurre por qué más bloquear) es que se les conceda todo lo que piden. Eso es EXTORSIONAR. Su negocio se mantiene a base de medidas de hecho violentas, constantes y sostenidas en el tiempo. Su modus vivendi se basa en la destrucción y la pobreza de otros a quienes dicen defender, aunque en la realidad lo que logran es obstaculizar su progreso.

El principio de la no-agresión es la norma básica para asegurar la coexistencia pacífica dentro de una sociedad. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros. Por eso es necesaria la existencia del gobierno cuyas funciones, propias de su naturaleza, son velar porque haya seguridad y justicia. El gobierno DEBE cumplir con su obligación y DEBE retirar a los delincuentes que bloquean y violan los derechos de los demás.

¿Es justo que unos vivan de obstaculizar la creación de riqueza y condenando a vivir miserablemente a la mayoría? No. Ojalá prosperen las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público en contra de los profesionales del bloqueo, delincuentes confesos y responsables de la pobreza de muchos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.