Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

2.09.2015

La necesidad de trabajar



Si elijo vivir necesito trabajar. Si no trabajo, no podré ni siquiera sobrevivir, no digamos mejorar mi calidad de vida. Nadie tiene el derecho moral de impedirme trabajar en lo que yo decida, una vez mi elección no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros. Los otros, ciudadanos y gobernantes (burócratas estatales y de organismos internacionales), deben respetar mis decisiones en general, incluidas las condiciones que haya negociado con mi empleador. La única persona que sabe cuál es MI canasta básica, los bienes y los servicios mínimos que necesito para mi supervivencia, soy yo: yo decido qué incluyo en ésta y a qué me voy a dedicar para cubrirla.

Más aún, si decido trabajar a cambio de víveres, vivienda, vestido, educación, salud… y otras necesidades, sin importar lo que me den en efectivo, ES decisión mía. De nadie más. La obligación de los gobernantes es velar porque nadie violente mis derechos individuales. NO es obligación de los gobernantes protegerme de lo que ellos crean son malas decisiones en lo que respecta a cómo manejo mi vida y mis bienes. NO tienen el derecho de protegerme de mi misma, sólo porque ellos eligen de manera distinta.

Los bienintencionados, que generalmente poseen una bondadosa alma de dictadores, que creen que protegen a los trabajadores impidiéndoles trabajar, no solo son cómplices de los políticos que promueven leyes que violan nuestra libertad, sino que son responsables de la miseria en la cual muchos mueren de inanición ante la imposibilidad de conseguir empleo en las condiciones que, según los activistas sociales, son las ideales. No me canso de reconocer la sabiduría del refrán que dice: “De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. El principal problema en la mayoría de los casos, tal vez por eso no aprenden los bienintencionados, es que quienes sufren las consecuencias de las acciones de los mencionados no son ellos, sino aquellos a quienes se suponen pretendían ayudar.

Trabajar no es un derecho: es una actividad necesaria para ejercer mi derecho a la vida. Trabajar corresponde al ámbito de mi libertad: ese es el derecho que violan todos aquellos que impulsan y aprueban legislación antiprogreso, como lo son los salarios mínimos y los impuestos directos que castigan a quienes son exitosos en la creación de riqueza. Todas son medidas que ahuyentan el capital que URGENTEMENTE necesitamos que venga a nuestro país para que todos podamos mejorar nuestros ingresos reales y, por tanto, sean pocos los que opten por emigrar.

Los colectivistas/socialistas, entre los que hay muchos resentidos y envidiosos, pueden decir cualquier tontería pero la realidad es que con sus acciones cuyo objetivo es promover la intervención de los gobernantes en nuestras vidas en nombre del abstracto Estado, dañan irremediablemente la existencia de la mayoría, en especial la de los más pobres a quienes no dejan más opciones que vivir al margen del sistema en la economía informal o buscar trabajo en otro país.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de febrero de 2015.

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