Si elijo vivir necesito trabajar.
Si no trabajo, no podré ni siquiera sobrevivir, no digamos mejorar mi calidad
de vida. Nadie tiene el derecho moral de impedirme trabajar en lo que yo decida,
una vez mi elección no violente la vida, la libertad y la propiedad de otros.
Los otros, ciudadanos y gobernantes (burócratas estatales y de organismos
internacionales),
deben respetar mis decisiones en general, incluidas las
condiciones que haya negociado con mi empleador. La única persona que sabe cuál
es MI canasta básica, los bienes y los servicios mínimos que necesito para mi
supervivencia, soy yo: yo decido qué incluyo en ésta y a qué me voy a dedicar para
cubrirla.
Más aún, si decido trabajar a
cambio de víveres, vivienda, vestido, educación, salud… y otras necesidades,
sin importar lo que me den en efectivo, ES decisión mía. De nadie más. La
obligación de los gobernantes es velar porque nadie violente mis derechos
individuales. NO es obligación de los gobernantes protegerme de lo que ellos
crean son malas decisiones en lo que
respecta a cómo manejo mi vida y mis bienes. NO tienen el derecho de protegerme de mi misma, sólo porque ellos eligen de manera distinta.
Los bienintencionados, que generalmente poseen una bondadosa alma de dictadores, que creen que protegen a los
trabajadores impidiéndoles trabajar, no solo son cómplices de los políticos que
promueven leyes que violan nuestra libertad, sino que son responsables de la
miseria en la cual muchos mueren de inanición ante la imposibilidad de
conseguir empleo en las condiciones que, según los activistas sociales, son las ideales.
No me canso de reconocer la sabiduría del refrán que dice: “De buenas
intenciones está empedrado el camino al infierno”. El principal problema en la
mayoría de los casos, tal vez por eso no aprenden los bienintencionados, es que quienes sufren las consecuencias de las
acciones de los mencionados no son ellos, sino aquellos a quienes se suponen
pretendían ayudar.
Trabajar no es un derecho: es una
actividad necesaria para ejercer mi derecho a la vida. Trabajar corresponde al
ámbito de mi libertad: ese es el derecho que violan todos aquellos que impulsan
y aprueban legislación antiprogreso,
como lo son los salarios mínimos y los impuestos directos que castigan a quienes
son exitosos en la creación de riqueza. Todas son medidas que ahuyentan el
capital que URGENTEMENTE necesitamos que venga a nuestro país para que todos
podamos mejorar nuestros ingresos reales y, por tanto, sean pocos los que opten
por emigrar.
Los colectivistas/socialistas,
entre los que hay muchos resentidos y envidiosos, pueden decir cualquier
tontería pero la realidad es que con sus acciones cuyo objetivo es promover la
intervención de los gobernantes en nuestras vidas en nombre del abstracto Estado, dañan irremediablemente la
existencia de la mayoría, en especial la de los más pobres a quienes no dejan
más opciones que vivir al margen del sistema en la economía informal o buscar
trabajo en otro país.
Artículo publicado en el diario guatemalteco
“Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de febrero de 2015.Etiquetas: capitalismo, derechos individuales, salario mínimo, Socialismo, trabajo
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