¿Por qué los magistrados de la Corte
de Constitucionalidad (CC) no suspendieron provisionalmente los impuestos a la
distribución del cemento y el incremento del 1000 por ciento a las regalías de
algunas empresas dedicadas a la minería? Es obvio para cualquiera, sin
necesidad de ostentar el título de abogado y notario, que también aplica en
estos casos el artículo 19 de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97) que
establece al referirse al Título III lo siguiente: “No podrán incluirse normas
de carácter permanente ni se crearán, por ellas, entidades administrativas, de
reforma o derogatoria de vigentes, ni de creación, modificación o supresión de
tributos u otros ingresos”.
Repito lo escrito hace un par de
semanas: el enunciado es claro y no necesita de la interpretación arbitraria de
ningún leguleyo. Sin embargo, los incoherentes magistrados de la CC optaron por
solo darle trámite a las acciones en contra de estos abusos de los gobernantes
y no suspender provisionalmente los tributos inconstitucionalmente decretados. Hicieron
lo contrario a lo que ya habían decidido en lo que respecta al impuesto a las
líneas telefónicas. ¿Por qué?
Circulan varías hipótesis que
muchos de los que conocen la situación comentan a espaldas de los magistrados.
La mayoría de abogados no se atreven a decirles a la cara a los mencionados lo
que de verdad piensan de ellos, ya que temen que estos tomen represalias en su
contra y les bloqueen o rechacen sus trámites cuando soliciten algo a la tremenda Corte. No es mi caso, total,
cuando necesité de ellos en la persecución en mí contra entablada por el
exvicepresidente Rafael Espada, apoyado por los Colom, rechazaron el justo
amparo que en su momento solicité. Ya experimenté en carne propia el
oportunismo político de los miembros del que debería de ser el tribunal garante
del respeto a nuestros derechos constitucionales.
De las posibles respuestas a mi
primera pregunta, la que me parece la más probable es que negociaron con el
Presidente Otto Pérez Molina dándole a este el tiempo necesario para que
presente al Congreso otra propuesta de impuestos para que estos sean aprobados
según el procedimiento que dicta la Constitución. Con la falsa excusa de no
dejar sin dinero al gobierno para
financiar el “Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el
ejercicio del poder” los magistrados de la CC se convirtieron en cómplices de
los corruptos que nos gobiernan al permitir esta, más que evidente, violación a
los normas fundamentales de nuestra nación.
A lo anterior hay que agregar que
gracias a los actuales integrantes de la CC también se violentó la Constitución
al permitir la reelección de Carlos Mencos como Contralor General de Cuentas.
¿Qué nos queda a los ciudadanos, los mandantes, los que pagamos los sueldos de
todos los nombrados y que somos constantemente abusados por nuestros empleados?
Defendernos. Dar la batalla de las ideas y cambiar nuestro sistema político.
Artículo publicado en el diario guatemalteco
“Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de enero de 2015.Etiquetas: corrupción, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, impuestos, Otto Pérez Molina, Presupuesto Estado
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