Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

9.26.2023

Libertópolis en vivo 102.1 FM

6.10.2019

¿Por qué y para qué votar?




Considero que son las dos preguntas más importantes a responder antes de decidir por quién votar o cómo votar.

Voy a votar porque el reconocimiento del derecho que tenemos los ciudadanos de escoger el sistema político dentro del cual queremos vivir, la forma de gobierno que va a imperar y quiénes van a ejercer como gobernantes, a los cuales prefiero llamar mandatarios, ha tenido un costo altísimo, en especial en vidas humanas. Las vidas de los valientes que nos antecedieron en la batalla de las ideas, que pelearon por hacer realidad la definición de Estado que nos dio Aristóteles: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece bueno”. Los héroes que murieron porque prevaleciera el respeto a la libertad de toda persona.

Voy a votar porque necesitamos que los poderes del Estado sean independientes, no sólo en el texto, sino en la práctica. Para que se mantenga una mutua y constante vigilancia de los unos y de los otros. Para que nadie tenga un poder ilimitado sobre nosotros y nuestros bienes. Voy a votar y dividir mi voto porque en arcas abiertas hasta el justo peca.

Voy a votar para que prevalezca el principio de separación de poderes, el cual es vital para fijar los límites al ejercicio del poder, monopólico y coercitivo, del Estado: condición sine qua non para evitar el abuso del mismo por parte de los gobernantes. Voy a votar para que algún día vivamos dentro de un verdadero Estado de Derecho que vele por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, asegurando la igualdad de todos, sin excepciones, ante la ley.
           
Voy a votar por aquellas propuestas que más se acerquen a los principios universales que han mostrado ser la clave para el progreso y la mejora constante en calidad de vida de las personas. Voy a votar porque yo quiero ser parte de una sociedad donde podamos convivir, cooperar y compartir en paz.

Pero, ante todo, voy a votar haciendo uso de mi juicio propio. No me voy a dejar presionar por nadie, por más bien intencionado que sea, para votar de determinada manera. No votaré a favor de alguien que promueva principios contrarios a los míos. Mi voto será racional, objetivo y coherente con mi código de valores. Ayn Rand enseña en el ensayo titulado “¿Cómo se puede tener una vida racional en una sociedad irracional?” que “pronunciar un juicio moral es una enorme responsabilidad… Se requiere una integridad inquebrantable, es decir, no ser indulgente EN ABSOLUTO con la maldad consciente o intencionada… toda persona racional debe mantener una integridad igualmente estricta y solemne en el tribunal de su mente”.

Por mi bienestar y el de mis seres queridos, me voy a enfocar en  el Congreso. No votaré por el Partido de quien tiene la mayor probabilidad de ser el próximo Presidente. No votaré por partidos atestados de corruptos. Mi voto será a favor nuestro, de los mandantes, y no en nuestra contra.  Usted, ¿por qué votará y para qué votará?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de junio de 2019.

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6.03.2019

El Presidente es un mediocre




Y lo puedo decir sin temor a ser demanda penalmente por Jimmy Morales o cualquiera que ocupe el cargo de Presidente. Lo mismo puedo decir en el caso de cualquier funcionario del Estado que se me antoje decirle a la cara lo que pienso de él o ella, lo pueda justificar o no. Es mi derecho como ciudadana. Por supuesto, si quiero ejercer como mandante responsable, lo prudente es que justifique los adjetivos que elija usar para calificar a quienes ejercen el poder. El ataque ad hominem demerita un justo reclamo que se le debe hacer, no sólo a Morales, sino a la mayor parte de funcionarios, diputados y jueces. No obstante, debe ser tolerado el insulto injustificado a los gobernantes, para evitar en el largo plazo perder nuestra principal arma contra las dictaduras: la libertad de expresión.

En Guatemala, me lo permite, sin límites como debe ser, el artículo 35 de la Constitución que dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Bien hizo el juez Gustavo Adolfo Castillo Rodríguez, presidente del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, cuando resolvió el pasado jueves 30 de mayo que la denuncia presentada por el presidente Morales en contra del ciudadano Roberto Rímola por insultarlo debe ser tramitada y resuelta conforme la Ley de Emisión del Pensamiento, motivo por el cual no era de su competencia seguir tramitando el caso. La explicación del juez es que entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra o reputación al funcionario público: "Se ha de partir de la prevalencia en principio de la libertad de expresión".

La libertad de expresión debe prevalecer y defenderse, aunque algunas personas abusen de ésta. Cuando se cometan faltas en su ejercicio, el juez dejó claro que éstas deben resolverse de acuerdo con la que establece la Ley de Emisión del Pensamiento y no por medio de una acusación penal. En el caso particular de quienes ostentan un cargo público, deben entender que durante el tiempo que ejerzan el poder deben aguantar estoicamente todas la críticas que se les haga. Pueden responder a estas, pero no penalmente. También deben recordar, como correctamente lo expresó Jorge Vega, reconocido gimnasta guatemalteco, que "el respeto se gana". Y demandando a quienes los insultan, con o sin razón, lo único que logran es una mayor animadversión.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de junio de 2019.

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5.20.2019

El suicidio político de Sandra Torres



No sólo es posible, es muy probable que Sandra Torres se haya suicidado. Aclaro, políticamente. Alguien con tan alto porcentaje de rechazo entre la población que sí vota, como es el caso de Torres, debiera ser en extremo sensata a la hora de actuar. Sin embargo, era de esperar que fuera víctima del hubris, por la emotividad que caracteriza a las personas de ego frágil, como es el caso de la mencionada candidata a Presidente del partido “Unidad Nacional de la Esperanza” (UNE).

Torres viene jugando con fuego desde tiempo atrás. ¡Cuántos cuestionamos la pasividad de la CICIG frente a la UNE y su principal figura pública, Sandra Torres! Cuando finalmente se animaron a presentar denuncias en el caso del Transurbano, para sorpresa de muchos, la señora Torres no fue ni mencionada. ¿Así de astuta fue como para no dejar rastros de sus acciones durante el gobierno de su exesposo, Álvaro Colom? Un gobierno en el cual ella mandaba, según lo cuentan quienes formaron parte de esa administración. Todavía no me trago el cuento de que es imposible probarle nada.

Luego, en febrero de este año, cuando presentan un nuevo caso en el cual sí se le menciona, ahora por financiamiento electoral ilícito, lo presentan absurdamente un día después de que ya Torres gozaba del privilegio del antejuicio. Ridículo. Un descuido, siendo benevolente con la Fiscal General Consuelo Porras, que nunca debió darse. Una denuncia que debió presentarse antes de que la acusada fuera protegida por una prerrogativa que a estas alturas no debiera existir para nadie.

Después, escuchamos el célebre audio en el que Torres y Gustavo Alejos, uno de los más notables corruptos presos, saboreaban el apoyo de 40 millones de quetzales que les ofreció un contratista del Estado de los que acumularon su fortuna negociando con los gobernantes. Uno más de los que justamente se encuentran en la cárcel. Era predecible la indignación de la mayoría al enterarnos de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, denegaron la solicitud que hiciera el Ministerio Público (MP) para retirarle la inmunidad que adquirió como candidata a Presidente.

No obstante, la gota que derramo la paciencia de la mayoría fue la manipulación de la “Ley de Femicidio”, con el objetivo de parar las investigaciones del MP y acallar a los editores del diario “elPeriódico”. De poco le sirvió la farsa de que iba a desistir de una parte, que no todos, de los procesos viciados que ha iniciado en contra del medio mencionado. Así como de poco le servirá la protección que le consiguió Gloria Porras, al retener en la Corte de Constitucionalidad el amparo provisional que le ¿otorgó? al MP. El enojo que ha provocado en la población este abuso del poder por medio de las Cortes, será el que acabe con la ambición de Torres de ser electa Presidente.

El próximo primer mandatario de nuestro país, será aquel que logre pasar a la segunda vuelta. Sandra Torres se hizo el harakiri. No importa que encabece la intención de voto con un magro 20 por ciento. Firmó su sentencia de muerte política al despertar al antivoto y al voto en contra..


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de mayo de 2019.

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5.13.2019

Reto a Sandra Torres

Imagen propiedad del diario guatemalteco "elPeriódico".


La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, mostró de nuevo su tendencia al autoritarismo, como lo dejó ver cuando ejerció impunemente el poder durante la presidencia de Álvaro Colom. Primero, denunciando a los fiscales del Ministerio Público que están investigando sus vínculos con financistas que se sospecha que son narcotraficantes o fondos cuyo origen es corrupto. Y ahora, intentando amordazar al diario elPeriódico para que no publiquen noticias de ella, tanto las periodísticas como las amarillistas, utilizando en ambos casos la Ley de Femicidio.

Es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, considerar sus enemigos a quienes los cuestionan, no se pliegan a sus deseos y les recuerdan que en el marco de una República, los que mandamos somos los ciudadanos y los que obedecen son los gobernantes. Ninguno de los procesos mencionados es justificable, y los jueces que la apoyaron deben ser investigados: tanto los integrantes de la Sala Segunda de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Franc Armando Martínez Díaz y Fredy López Contreras; como la juez Susan Sabrina Salazar que le otorgó medidas en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei González de la FECI.

Estos casos son una muestra más de cómo se tergiversan las leyes, desnudando la corrupción que también corroe al Organismo Judicial.  Debemos fiscalizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, para evitar la manipulación de esas elecciones. Más aún, tomando en cuenta el poder que tiene la bancada de la UNE en el actual Congreso.

La molestia que tenga Torres con elpeladero, la sección de chismes anónimos de elPeriódico, no justifica utilizar la ley, cualquiera que esta sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Si acaso considera que la ofendieron y mintieron en lo que a ella respecta, debe recurrir a los Tribunales de Honor (Código Penal, artículo 159 –calumnia–, artículo 161 –injuria- o 164 –difamación) o a los Tribunales de Imprenta, dependiendo al que corresponda la supuesta ofensa, como bien lo aclaró la Corte de Constitucionalidad.

Dice el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Creo en promover una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior en pro de la búsqueda de la verdad. Y considero que el ataque ad hominen es una forma equivocada y despreciable de expresión. Sin embargo, por el bien de todos, debemos respetar el derecho de quién así se expresa. Ese es el costo que debemos pagar para vivir en libertad. El derecho a la libertad de expresión es la principal defensa que tenemos los ciudadanos contra las dictaduras. Es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Reto a Sandra Torres a que se atreva a demandarme: a mí y al 50 por ciento de los electores que nunca votaríamos por ella.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de mayo de 2019.

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4.08.2019

¿Política y noticias o entretenimiento? Cuarta parte



¿Cuáles son los programas supuestamente informativos o de análisis preferidos por la mayoría? Los que entretienen frívolamente o generan controversia sin profundizar en los temas. Aquellos programas cuyos objetivos no son promover argumentos lógicos, aclararse las ideas o discutir honestamente, sino crear polémica y enfurecer a la gente con el objetivo de aumentar la audiencia.

¿Cómo lo logran? Según Ben Sasse en su libro “Them: Why We Hate Each Other – and How to Heal” (2018), lo logran por medio del nutpicking. Este es el proceso mediante el cual los medios de comunicación buscan en las redes sociales a cualquier individuo que diga algo increíblemente estúpido. Lo que, lamentablemente, es fácil de encontrar. Luego, los medios de comunicación usan a esta persona, o nutjob, para denigrar a toda una comunidad de personas afirmando que el nutjob es representativo de determinado grupo. Básicamente, por medio de la falacia de la generalización apresurada o por la falacia de la abstracción congelada, explicada por Ayn Rand en el ensayo titulado “Éticas colectivizadas”.

La mayoría de las personas son conscientes de que los programas de noticias emocionales, que promueven la agresión y la ira no son productivos. Sin embargo, a cualquier cantidad de personas les atraen, en ocasiones casi de manera adictiva, los programas que se basan en la provocación y la promoción de emociones destructivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación psico-epistemológica de esta necesidad? ¿Cuáles son las consecuencias que esta adicción emotiva acarrea?

Para el mencionado autor, Ben Sasse, por medio de la investigación sociológica se ha encontrado que hay un beneficio psicológico tangible de tener enemigos. Según estos estudios, los enemigos (reales o ficticios) ayudan a dar a muchos un mayor sentido de coherencia. Al fin, una forma de evadir el esfuerzo mental que implica resolver las contradicciones con las que nos topamos. Los traficantes de odio tienen éxito porque ayudan a los espectadores a dar sentido a los eventos aterradores e incomprensibles: les ayudan a derramar su rabia y frustración en otros. Estos expertos en los medios siembran en la mente de la gente un ellos (el otro/los otros) malvados y, por lo tanto, siembran las semillas del conflicto social. No obstante, este sólo es un paliativo que causa más daño en el largo plazo.

Una sociedad sana necesita algo más que el reconocimiento a la libertad de expresión y a la necesidad de debatir asuntos de interés general. También requiere una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior dentro del marco de la búsqueda de la verdad. Después de todo, nunca sabremos por qué aquellos que no están de acuerdo con nosotros piensan de la manera en que lo hacen, sino escuchamos lo que tienen que decir. Es importante recordar que existe una gran diferencia entre debatir honestamente y demonizar e insultar a nuestros oponentes, recurriendo a cualquier tipo de falacia.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 8 de abril de 2019.

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4.01.2019

¿Política y noticias o entretenimiento? Tercera parte



Como explica John Suart Mill, en el segundo capítulo de On Liberty, hay tres tipos de juicios y/o creencias: totalmente falsas, parcialmente verdaderas y totalmente ciertas. El reto que tenemos en la era de la posverdad, un reto aún mayor que el que tuvieron nuestros antepasados, es diferenciarlas en nosotros y en los otros, porque de ello dependen las decisiones que tomemos y los resultados de nuestras acciones. Este punto lo elaboraré con detalle más adelante. Hoy quiero profundizar en lo escrito por Mill en lo que respecta a la libertad de expresión, cómo la violación a este derecho afecta a la búsqueda de la verdad y por qué la autocensura es un fenómeno actual, debido a la forma en la cual muchos eligen interactuar en las redes sociales.

Según Mill, “primero, si cualquier opinión se ve obligada a guardar silencio, esa opinión puede, por lo que ciertamente podemos saber, ser cierta. Negar esto es asumir nuestra propia infalibilidad. En segundo lugar, aunque la opinión silenciada sea un error, puede contener, y muy comúnmente lo hace, una parte de verdad; y dado que la opinión general o prevaleciente sobre cualquier tema rara vez o casi nunca es la verdad completa, es solo por la colisión de opiniones adversas que el resto de la verdad tiene alguna posibilidad de ser alcanzada. En tercer lugar, incluso si la opinión recibida no solo es verdadera, sino toda la verdad; a menos que se considere que es, y de hecho es, impugnada enérgicamente y con seriedad, la mayoría de los que la reciben la considerará un prejuicio, con poca comprensión o sentimiento de sus fundamentos racionales. Y no solo esto, sino que, en cuarto lugar, el significado de la doctrina corre peligro de perderse, debilitarse y privarse de su efecto vital sobre el carácter y la conducta: el dogma se convierte en una mera profesión formal, ineficaz para siempre, pero agitando el terreno, y evitando el crecimiento de cualquier convicción real y sincera, de la razón o la experiencia personal”.

Es importante mencionar que con la aparición de Twitter y los mensajes breves, la comunicación de hechos complejos se ha vuelto superficial y, en muchos casos, falaz, lo que lleva a muchos, a pesar de las facilidades que tenemos hoy para expresarnos, a callar. Y no sólo callan por el reto que implica la brevedad que prevalece en las redes, sino por miedo a los insultos, tergiversaciones y ataques ad hominen que proliferan en estos medios.

Twitter es ideal para lanzar comentarios, algunas veces ingeniosos, a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, pero no es un medio adecuado para debates en profundidad sobre temas de transcendencia para nuestra existencia, incluidos, por supuesto, los asuntos políticos. Con el panorama mediático actual, existe un riesgo real de que las personas se confundan más, malinterpreten las cosas y, por lo tanto, la sociedad se vuelva más polarizada, tal y como ha sucedido en Guatemala. ¿Es posible llegar a un entendimiento y a una reducción de esa polarización? Sí, pero sólo será posible entre los individuos intelectualmente honestos que hagan el esfuerzo mental por aclararse las ideas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 1 de abril de 2019.

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3.25.2019

¿Política y noticias o entretenimiento? Segunda parte




El uso de los avances tecnológicos, principalmente en el área de las comunicaciones, y las ventajas que la inteligencia artificial traen a la misma, representan hoy los principales retos a vencer en el proceso de diferenciar la información falsa de la verdadera. Lo anterior pareciera ser una ironía, sin embargo, es una consecuencia lógica de la acción humana y la libertad que la Internet nos ha dado para expresarnos. El abuso que hacen muchos de esa libertad, es parte del proceso de aprender a ser libres: entender que la libertad implica asumir la responsabilidad de nuestros actos.

Todos estos avances tecnológicos a los que hago mención, garantizan que las noticias, o los artículos que dicen ser noticias, sean una presencia casi permanente en nuestras vidas. Somos constantemente bombardeados con información, tanto relevante como irrelevante, las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Todo gracias a las supuestas noticias de última hora que llegan a nuestros teléfonos inteligentes por medio de las redes sociales.

Hay un problema aún mayor con la adicción a estar informado, sin importar que las noticias que recibamos sean o no hechos confirmados. Los noticieros de los medios tradicionales, televisión y radio, rara vez brindan la información en detalle que una sociedad necesita para estar verdaderamente enterada de la realidad. En un segmento en los programas de noticias, cuando mucho de tres minutos, no pueden brindar un análisis en profundidad de lo que sucede local e internacionalmente, y menos ahondar en las consecuencias que esos hechos pueden tener en la vida de la gente y en el progreso en general. Y es poco probable que nos proporcionen los datos relevantes a la hora de decidir por quién votar.

Es cierto que encontramos en los medios espacios que, se supone, buscan ahondar en los temas complejos, particularmente los políticos, pero, lamentablemente, la objetividad que estos programas deben mantener se pierde en aras del entretenimiento para atraer una mayor audiencia, lo cual se hace a costa del detrimento del análisis, perdiendo así estos programas su razón de ser. Las historias más extensas y profundas se descartan en favor de la diversión y la controversia. La política de entretenimiento ha sustituido a la búsqueda de la verdad de los hechos, la cual es, precisamente, la misión del periodismo.

No obstante todos los cuestionamientos que podamos hacer a la forma en la cual algunos abusan de su libertad de expresión, sea un periodista o cualquier otro individuo, coincido con lo escrito por John Stuart Mill en el segundo capítulo de “On Liberty” en el que señala las consecuencias de regular o intentar controlar las opiniones de las personas, y concluye que las opiniones nunca deben ser reprimidas, afirmando que “Tal prejuicio, o descuido, cuando ocurre, es en conjunto un mal, pero es uno del que no podemos esperar estar siempre exentos, y debe considerarse como el precio pagado por un bien inestimable”. Tolerar los excesos de la libertad de expresión de algunos, es el costo que pagamos para conservar esa libertad, que es nuestra principal defensa contra la tiranía.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 25 de marzo de 2019.

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3.18.2019

¿Política y noticias o entretenimiento?




Hoy iniciamos la campaña electoral más incierta de todo lo que va del presente siglo. Más aún, me atrevo a aseverar que en el tiempo que ha regido la Constitución Política actual, estas son las elecciones más complejas que hemos enfrentado los guatemaltecos. Por ese motivo, es de capital importancia abordar la influencia que tiene la prensa en cualquier sociedad y, más aún en nuestros tiempos, la presión que ejercen las redes sociales en las decisiones individuales y cómo, dentro de tanta información con la que aparentemente contamos, podemos diferenciar los hechos falsos de los verdaderos. En particular los que son de vital interés para nuestro progreso y la búsqueda de nuestra felicidad.

Alexis de Tocqueville, en su obra más conocida, “Democracia en América” en el tercer capítulo de la segunda parte del primer tomo, aborda la trascendencia que tiene la libertad de prensa en el mundo político. Más allá del error epistemológico de llamar “democracia” a la república estadounidense, Tocqueville describe en su obra puntos relevantes en lo que respecta a las características propias de la forma de gobierno republicana, que han permitido a los habitantes del mencionado país una mejora en su calidad de vida como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad.

En lo que respecta al tema que quiero abordar en este escrito, Tocqueville considera que “la libertad de prensa no sólo deja sentir su poder sobre las opiniones políticas, sino también sobre todas las opiniones de los hombres. No modifica únicamente las leyes, sino a la vez las costumbres… “La amo” declara Tocqueville “por la consideración de los males que impide mucho más que por los bienes que aporta”.

Más adelante, afirma que “en un país en el que reina ostensiblemente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no solamente constituye un peligro, sino también un gran absurdo. Cuando se concede a cada ciudadano el derecho de gobernar la sociedad, es preciso reconocerle una capacidad de elección entre las distintas opiniones que agitan a sus contemporáneos, y permitirle apreciar los diferentes hechos cuyo conocimiento puede guiarle. La soberanía del pueblo y la libertad de prensa son, pues, dos cosas enteramente correlativas; la censura y el sufragio universal son por el contrario dos cosas que se contradicen”.

Gran parte de lo que hoy nos presentan como noticias, son hechos irrelevantes y superficiales.
Considero que es nuestra responsabilidad cívica conocer los asuntos de actualidad importantes, tanto locales como internacionales, si es que queremos ser ciudadanos responsables y mandantes informados. Sin embargo, es una ironía que cada vez tenemos más información a nuestro alcance, pero conocemos menos sobre la realidad. En los tiempos actuales, el problema es resolver cuáles noticias son ciertas y cuáles son falsas, tarea a la cual me dedicaré en los próximos artículos. Por ahora, termino dejando claro que la responsabilidad primera de hacer esta diferenciación es del ciudadano que busca la información, porque los resultados de sus acciones dependerán de las premisas a partir de las cuales actuó.


Artículo publicado en el diario digital guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de marzo de 2019.

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3.11.2019

¿Por qué prevalece la ignorancia en la política?




¿Por qué prevalecen en las elecciones políticas los espejitos que suelen ofrecer los políticos cuando se encuentran en campaña? ¿Por qué es diferente la manera en la cual la mayoría de personas actúan cuando se trata de tomar decisiones que afectan directamente, de forma clara y explícita, su esfera personal? Al fin, tarde o temprano, pagaremos las consecuencias de las malas decisiones políticas que tomemos, en las cuales, lamentablemente, se impone la emoción por encima de la razón.

A pocos de días de que empiece formalmente la campaña electoral, aún no tenemos claro qué va a suceder. Al menos ya sabemos cómo interpretó el TSE las modificaciones de 2016 a la LEPP. No obstante, la mayoría de los candidatos a los diferentes cargos de elección, desde ya muestran su incapacidad ¿o su descaro? en el cómo pretenden arreglar lo que consideran nuestros problemas principales. Proliferan los almuerzos gratis (o, más precisamente, los almuerzos robados) que ofrecen a los que voten por ellos, y no las verdaderas propuestas que promueven la prosperidad.

Pero, ¿por qué los almuerzos gratis que ofrecen los candidatos prevalecen electoralmente? ¿Por qué tantos deciden en contra de su bienestar real en el largo plazo y se dejan embaucar, una y otra vez? Brillan por su ausencia los discursos que abordan la realidad, los costos de oportunidad, las ventajas comparativas, la explicación de que los ingresos dentro de un verdadero mercado se obtienen beneficiando a otros, el rol que juega en el progreso el respeto al derecho de propiedad y a las utilidades legítimamente ganadas, la importancia del capital para la transformación de recursos en riqueza y la creación de fuentes de trabajo productivo… En fin, todo aquello necesario para que mejoremos nuestra calidad de vida y, de paso, acabemos con la corrupción, es ajeno a la discusión política.

A menos que los votantes comprendan los mecanismos involucrados en el desarrollo, no podrán evaluar con precisión por cuál político votar. Más aún, prevalecerá la ignorancia económica y la falsa idea de que el gobernante les va a resolver sus problemas y a satisfacer sus necesidades casi que por arte de magia o exprimiendo a los ricos. La ironía es que al final los que salen más perjudicados son precisamente los más pobres que encuentran más obstáculos para superar esa pobreza, y quienes habían logrado superarla pero que al esperar mejorar a partir de la intervención del abstracto Estado, terminan retrocediendo en su calidad de vida en lugar de mejorarla.

Pretender avanzar apoyando la violación de los derechos de otros, no solo es una injusta mentira, sino que termina afectándonos a todos. Aquellos que se benefician de la vasta red de intercambios voluntarios dentro del mercado sin comprenderlos, pueden ser atraídos por los cantos de sirena que, de hecho, socavan los acuerdos que les permitieron superarse. Dentro del sistema Benefactor/Mercantilista, la competencia política promueve falsas esperanzas que solo sirven para que los populistas lleguen al ejercicio del poder.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de marzo de 2019.

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2.25.2019

El poder del soborno




El final de los sobornos llegará cuando no haya favores que comprar. Dejará de haber gente que compra a funcionarios y/o gobernantes cuando estos últimos no tengan nada que vender. Existen los sobornos porque hay quién tiene el poder de complacer a aquel que le ofrece dinero a cambio de privilegios, negocios con el Estado o prebendas que sean de beneficio tanto para el que soborna como para el que recibe ese soborno. Acabará la compra de voluntades cuando no exista nada que comprar. El origen de los sobornos no está en quien lo ofrece, sino en el poder que goza quien lo recibe.

Según la organización “Paraíso Desigual”, que la semana pasada presentó el resultado del informe titulado “Desigualdad y poder en Guatemala: economía de captura”, el 50 por ciento del valor total de los contratos adjudicados entre 2004 y 2017 fue afectado por lo que ellos denominan la economía de captura: a unas pocas compañías les fue adjudicado la mayor parte del excedente, lo que, en opinión de los investigadores a cargo del trabajo mencionado, reproduce una estructura de desigualdad económica.

Harald Waxenecker, responsable principal del proyecto, explicó que analizaron 298 mil 927 licitaciones públicas en infraestructura, salud, alimentos, transporte y seguridad, llevadas a cabo entre los años citados, las cuales ascienden a Q102.7 millardos. Waxenecker y su equipo consideran que lo anterior generó Q19.5 millardos de ganancias extras que incluyen los sobornos a burócratas estatales. Los datos probablemente sean correctos, pero la conclusiones ciertamente no lo son.

Para entender el contexto conceptual detrás de la investigación presentada la semana pasada, es necesario conocer las premisas dadas en un estudio previo realizado por Waxenecker donde plantea, entre otras cosas, lo que entiende por el término “captura del estado”, utilizado como marco de referencia. Como se puede ver en ambos documentos, para ellos el problema no es el tamaño del gobierno ni el poder del cual gozan los funcionarios, en particular el poder de distribuir arbitrariamente nuestros impuestos, sino el poder que tienen las grandes empresas para cooptar a los pobres funcionarios y ¿obligarlos? a otorgarles contratos con el gobierno.

Sin duda, durante el período analizado, durante los años anteriores, los posteriores y los por venir, se repetirá la historia y los datos presentados por la organización nombrada se mantendrán o aumentarán. Pero estos hechos lamentables, tanto los pasados como los futuros, son posibles gracias al poder discrecional que tienen los funcionarios y los gobernantes.

El origen de la corrupción no está en las empresas. El origen de la corrupción está en el sistema de incentivos perversos. Y no es que Guatemala tenga una “capacidad sorprendente, casi infinita, para producir ladrones”, como escribió hace algún tiempo Pablo Rodas, es que es ese sistema de incentivos perversos quienes los atrae al ejercicio del poder, a los ladrones que lo ejercen y los ladrones que transan con ellos.
                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 25 de febrero de 2019.

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2.18.2019

El Estado de Derecho y las leyes objetivas




Viviremos dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley. Cuando, efectivamente, lo que predomine y rija en las relaciones entre los individuos de una sociedad, sean normas generales, universales, impersonales, objetivas y pocas para que sean entendidas y acatadas por todos. Cuando esas normas se enfoquen en que prevalezca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo, sin privilegios para nadie.

Cuando recuperemos el ideal aristotélico de que “todo Estado es, evidentemente, una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”. Cuando se acepte que para buscar nuestra felicidad y florecer, necesitamos cooperar en paz, ser productivos y no pretender vivir a costa de los demás.

El propósito de la ley, el propósito apropiado, es establecer los principios generales de conducta, que gobiernen las relaciones humanas en una sociedad. Que establezcan los principios de conducta que promuevan el respeto a los derechos individuales y eviten que unos quebranten los derechos de otros. Para alcanzar estos fines, las leyes deben ser objetivas. Una ley objetiva, es una ley que define, basada en los hechos y en la naturaleza de las cosas -en particular la naturaleza humana-, lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena en que una persona incurriría si realiza la acción prohibida.

Las leyes objetivas definen principios generales, que los jueces aplican en casos concretos. Lo cual es, indiscutiblemente, una tarea difícil. Como explica Ayn Rand, la aplicación objetiva de principios legales en áreas particulares puede ser bastante desafiante. Por ejemplo, en los ensayos titulados “La naturaleza del gobierno” y “Las vastas arenas movedizas”, Rand discute la cuestión de la locura temporal como defensa en el derecho penal (un “tema muy delicado”), los argumentos contrastantes a favor de la pena capital (una “pregunta muy difícil”), y si la ignorancia de la ley puede calificar como una defensa. También discute los principios que deben guiar a los legisladores para determinar la jerarquía de los castigos criminales, la responsabilidad legal de los niños y personas insanas, y las reglas de evidencia que guían a los tribunales.

Rand también aborda en los ensayos mencionados, los peligros de la ley no objetiva, que significa "una ley sin definición específica, que puede tener tantas interpretaciones diferentes como hombres que las interpreten". Bajo una ley no objetiva, los ciudadanos estamos a merced de la arbitrariedad de los intérpretes, o sea, los jueces y los magistrados. La ley no objetiva, como afirma la filósofa citada, es un requisito previo para la tiranía. “No importa cuán severa sea la forma de gobierno que puedas tener… si sus leyes, sus edictos son objetivos, un gobierno así no es una tiranía". ¿Queremos ser libres y progresar? Debemos, entonces, acabar con la dependencia de intérpretes de leyes, reformando de raíz nuestro sistema normativo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de febrero de 2019.

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2.11.2019

¿Quiénes crecen sanos?




Los burócratas del Banco Mundial (BM) y sus cuentas monetarias. Eso, por supuesto, si logran que la manipulación por parte de varios medios de comunicación fuerce a la mayoría de diputados a aprobar el préstamo por 100 millones de dólares. Y aunque algunos diputados crean que también van a crecer sanas sus finanzas, al asignar parte de los fondos que esperan que ingresen, a entes gubernamentales que les faciliten robarse el dinero, estos últimos quedarán burlados. Como en múltiples ocasiones anteriores, los desembolsos se harán a cuenta gotas y apenas una parte de estos, ya que es poco probable que al final los burócratas del BM quieran compartir los cada vez más escasos fondos con los corruptos locales de turno en el ejercicio del poder.

Los desembolsos que seguro sí harán, aunque nunca entrarán a las cuentas manejadas por nuestros gobernantes, son los de los fondos destinados a las consultorías, supervisiones, ejecución de informes… O sea, todos aquellos rubros destinados al personal del mismo BM que se hará cargo de los menesteres listados que, como es obvio para los bienintencionados que apoyan el constante endeudamiento de los guatemaltecos para asuntos sociales, son vitales para combatir la desnutrición crónica, en especial la de los niños menores de 2 años. ¡Qué nobles almas! Me impresiona su sacrificio.

En fin, ironías al margen, el tal préstamo no servirá para nada positivo en el largo plazo. No obstante, el aumento de nuestra deuda estatal, lo único que logra en el largo plazo es poner más peso en los ya recargados hombros de la gente productiva de nuestro país, lo que en lugar de mejorar la calidad de vida de todos, la obstaculiza, llevando a más de nuestros compatriotas a tomar la difícil decisión de emigrar a EE.UU. ante la falta de oportunidades en nuestro país.

No tengo ninguna duda de que este préstamo será un total fracaso para combatir la desnutrición de los niños, los cuales son una simple excusa para mantener el crecimiento sano de los que viven de nuestro impuestos, sean parásitos locales o extranjeros. Solo durante los 6 años recién pasados, se han gastado más de 30 mil millones de quetzales en programas que se suponía iban a ayudar a aliviar la desnutrición infantil y el hambre. Sin embargo, según muestra una estudio presentado por la FAO el año pasado y los mismo datos proporcionados por el gobierno, ese gasto multimillonario no logró aliviar en prácticamente nada los flagelos que se buscaba combatir.

Al final, el problema no es de dinero asignado dentro del presupuesto estatal a combatir la desnutrición y el hambre: ya varios miles tienen asignados sin necesidad de endeudarnos más. El origen del problema está en la desnaturalización de las funciones del gobierno, el creciente aumento de obstáculos a la creación de riqueza y, por tanto, de trabajos productivos que permitirían a los más pobres superar esa pobreza y mejorar su calidad de vida. Lo que necesitamos es desparasitarnos de tanto vividor de la miseria y del trabajo ajeno.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 11 de febrero de 2019.

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2.04.2019

Corrupción, con o sin CICIG


Mientras muchos - de los pocos -, interesados en la política en Guatemala todavía se encuentran enfrascados en un diálogo de sordos cuyo tema principal es Iván Velásquez y la CICIG, ¿qué pasó con la lucha contra la corrupción? ¿Continúa la persecución de corruptos? ¿Se detuvo la cacería de brujas? ¿Hemos avanzado en el proceso de arrancar las raíces del árbol de la corrupción o no pasamos de podarlo? Veamos con qué información contamos para responder estas preguntas:

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por “Transparencia Internacional” (TI) desde 1995, clasifica a los países según el grado de corrupción gubernamental que los encuestados perciben. El IPC evalúa al sector público, incluyendo a funcionarios y políticos en general. Es un índice compuesto: o sea,  es una encuesta de encuestas, que se construye a partir de sondeos a expertos y a gerentes de empresas. TI define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. El “Diccionario de la Lengua Española” (DLE), en su cuarta acepción, define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

El IPC es una evaluación basada en la percepción de prácticas corruptas en la esfera estatal y se mide en una escala entre cero (muy corrupto) y cien (ausencia de corrupción). En los resultados de 2018, Guatemala obtuvo una puntuación de 27 sobre 100, posicionándose en la casilla 144 de 180 países. Nuestro país bajó un punto en comparación con los 28 puntos obtenidos en 2015, 2016 y 2017, retrocediendo una posición en el ranking mundial. En el año 2009 obtuvimos 34 puntos y en ninguno de los años siguientes la percepción mejoró. Más aún, en 2011, durante el gobierno de la UNE, también obtuvimos 27 puntos.

Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron puntajes por debajo de 50, con una nota promedio de 43. Guatemala, se ubica por debajo del promedio mundial. Y cómo no se va a percibir de tal manera la corrupción en nuestro país si, solo por mencionar uno de tantos ejemplos, la semana pasada la Contraloría General de Cuentas denunció que varios de los cupones para alimentos que el MAGA debía entregarle en 2018 a los agricultores afectados por la sequía, fueron a parar a manos de empleados públicos. Aunque, según IT, la percepción negativa sobre el gobierno de Morales se debe a su enfrentamiento con la CICIG.

Sin embargo, lo que los datos nos muestran, analizados contextualmente en la última década, es que, con todo y la presencia de la CICIG, la percepción sobre la corrupción empeoró en lugar de mejorar. ¿Por qué? Porque como lo hemos señalado unos cuantos ¡hasta el cansancio! en Guatemala, lo que hemos visto, particularmente en los últimos tres años, es una persecución selectiva de corruptos, y en varios casos un acosamiento injusto, pero NO una verdadera lucha contra la corrupción. Se han atacado algunos de sus efectos, pero no su causa: el sistema político de incentivos perversos. Si realmente queremos reducir la corrupción al mínimo posible, lo que debemos hacer es limitar el poder discrecional del cual gozan los gobernantes y fortalecer nuestras instituciones legítimas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 4 de febrero de 2019.

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1.21.2019

El bumerán electoral



Comenzó el proceso para las Elecciones Generales de este año. Proceso que ya no se puede detener, ni siquiera con un estado de excepción. Y, a pesar de las mágicas expectativas de Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y próximo Presidente del mismo, la realidad es que están serán las elecciones más complicadas que hemos visto en lo que va de este siglo. Los principales problemas serán provocados por la violaciones a la libertad de expresión contenidas en la reformada Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por cierto, tanto la Cámara Guatemalteca de Periodismo como la Cámara de Medios presentaron acciones de inconstitucionalidad al respecto, sobre las cuales no se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad. ¿Puede cambiar el panorama del proceso eleccionario las decisiones que tomen los magistrados de la CC en lo que respecta a las acciones mencionadas? ¡Quién sabe! Todo dependerá de las célebres interpretaciones que le den los responsables de aplicar la decisión de los magistrados de la CC, si esta es favorable a quienes interpusieron las acciones.

Hay quienes piensan que una vez convocada las elecciones, cualquier cambio en la legislación, incluidos los derivados de una acción de inconstitucionalidad, solamente se podrían aplicar hasta después de concluido el período electoral ya convocado: o sea, hasta las elecciones de 2023. Otros opinan que los temas constitucionales, una vez no cambien los tiempos de las elecciones, se deben aplicar en el momento que queden firmes, indistintamente si es dentro de un período electoral.

Pienso que la segunda opción es la correcta y espero que la CC resuelva lo más pronto posible dichas acciones. Pero, al final, dentro del sistema positivista jurídico que nos rige, lamentablemente, estamos sujetos a lo que interpreten que es la ley aquellos que la van a aplicar. Mientras tanto, continuará la incertidumbre de si entrevistar a un candidato, y no al resto, puede significar para el entrevistador y el medio por el cual se transmite la entrevista, un demanda legal, que puede llegar a ser hasta penal.

Otro de los grandes problemas, es la imposición a los tributarios de financiar las campañas publicitarias de los partidos políticos que participen. La ironía del caso es que uno de los que más se ha quejado de la distribución que hizo el TSE, es el principal responsable de los cambios: Mario Taracena de la UNE. Cuando Taracena ocupó el cargo de Presidente del Congreso fue que se llevaron a cabo los cambios promovidos por Todd Robinson e Iván Velásquez, con lo cuales pretendían igualar la publicidad electoral para todos los partidos, y que ésta fuera pagada por los tributarios y no por los “financistas”. Sin embargo, en lugar de mejorar la promoción de los candidatos y sus planes, la entorpecieron.

Todo lo anterior, más muchas más cosas que no menciono en este artículo, además de complicar el proceso, van a exigir una mayor responsabilidad de quienes decidan ejercer sus derecho a votar. De lo contrario, estás elecciones se convertirán en un bumerán que nos golpeara a todos después de lanzado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el martes 22 de enero de 2019.

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1.14.2019

Ni todos corruptos, ni todos vendidos




En esta crisis política que inició hace ya varios años, en la cual se enfrentan el gobierno y la CICIG, ni todos los que apoyan al gobierno son corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son vendidos. Ni todos los que apoyan al gobierno son defensores de la libertad, ni todos los que apoyan a la CICIG son socialistas. Ni todos los que apoyan al gobierno están en contra de la persecución de corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son honrados. Deshonestos hay en ambos bandos. Idealistas hay en ambos grupos. Oportunistas hay en ambas facciones. Y en las dos partes hay personas que quieren una Guatemala diferente.

Quiero aprovechar para recordar lo que he escrito en otras oportunidades, lo que representa uno de los más serios problemas que enfrentamos. Somos muy pocos los que realmente estamos interesados en lo que sucede a nivel político en nuestro país. La mayoría de nuestros compatriotas no están interesados en temas políticos. A la mayor parte de ellos lo que les preocupa es cómo van a lograr satisfacer sus necesidades básicas y las de sus seres queridos. Muchos otros están enfocados en juntar el dinero que necesitan para emigrar a Estados Unidos. Y el resto, defraudados y desconfiados de los políticos, con sobrados motivos, prefieren ignorar la realidad creyendo que de esa manera no les va a afectar. Tremendo error que pagamos todos.

Ahora, el problema que tienen los que en la presente crisis se han decantado por un grupo en particular, al menos la mayor parte de ellos, es que se están dejando llevar por la emoción y no por la razón. Sin embargo, dentro de la ínfima minoría interesada en los asuntos políticos en Guatemala, existe un tercer grupo con el cual me identifico yo. Dentro de este debate hay muchos que no tomamos una posición indiscutida por un grupo. Y somos más de lo que se imaginan, porque la mayoría prefiere mantenerse silenciosa para no ser etiquetados ni vilipendiados, para no enfrentarse con amigos ni familiares. Ciudadanos que prefieren solo observar, sin emitir públicamente su opinión. Quienes ni estamos indiscriminadamente a favor del gobierno, ni ciegamente a favor de la CICIG.

Que estamos a favor de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, dentro de un gobierno republicano, donde nadie esté por encima de las normas y nadie goce ni de privilegios ni de inmunidades especiales. Que exigimos que aquellos que ejercen el poder, lo ejerzan de forma limitada, que rindan cuentas y paguen las consecuencias de sus errores. Todos, sin excepción. En pocas palabras, donde todos seamos iguales ante la Ley: con iguales derechos y obligaciones.

Los invito a meditar de una forma objetiva, racional y prudente, para que no los manipule nadie. Al fin, lo que realmente estamos viendo y viviendo hoy en Guatemala, es una desesperada lucha por el ejercicio del poder a como dé lugar. En unos días será la convocatoria oficial a las elecciones generales de 2019, y estas elecciones, que incluyen su proceso y saber quiénes son los candidatos, deben ser nuestro principal motivo de discusión. Porque en estas elecciones nos estamos jugando las condiciones en las cuales vamos a vivir en los próximos años.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de enero de 2019.

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1.07.2019

No somos propietarios de nadie



Al enterarme de que un grupo de sindicalistas pretenden impugnar ante la Corte de Constitucionalidad la prudente decisión del Presidente Jimmy Morales de no aumentar el salario mínimo para 2019, recordé un artículo de Tom Mullen que leí el pasado diciembre, en el cual mencionó el que considero, al igual que el autor, el mejor argumento contra las leyes que imponen un salario mínimo: el argumento de que ni usted, ni yo, ni nadie posee a otras personas. Y sólo aquel que busca un empleo debe decidir por cuánto es lo mínimo que está dispuesto a vender su trabajo.

Más allá de las justificaciones irracionales y emotivas que utilizan para impulsar un salario mínimo, la realidad, les parezca o no, es que éstos provocan más desempleo y fuerzan a los menos productivos y a los empresarios que no pueden seguir operando bajo esos parámetros, a caer en lo que se conoce como la informalidad. Cualquier aumento artificial (forzado) en el precio del trabajo, independientemente de cuál sea el salario mínimo, dará como resultado una menor demanda, que no es otra cosa que menos empleo, lo que termina siendo el motivo principal por el que tantos optan por emigrar a EE.UU. Pero, a pesar de la importancia que tiene el argumento del desempleo en contra de los salarios mínimos, existe uno anterior y mucho más importante. El argumento moral: usted no es dueño de otras personas.

Como bien explicó John Locke, los derechos individuales proceden a partir de la condición humana inherente y evidente de sí misma. En el Capítulo V de su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, escribió: “Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona sobre la cual nadie tiene ningún derecho, sino él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos”. Sólo él o ella tienen el derecho de determinar cuál será el precio mínimo de su propio trabajo. Nadie necesita leyes de salario mínimo para ejercer este derecho de propiedad.

Como dice Mullen, “los defensores de las leyes de salario mínimo centran su atención en los compradores de servicios laborales y olvidan a los vendedores. En su afán por restringir los derechos de los primeros, se vuelven indiferentes con los de los últimos, y no se preguntan quién es el dueño del trabajo en cuestión”. Como todo lo demás, el vendedor, el posible empleado, posee lo que se ofrece a la venta. Uno puede establecer su propio salario mínimo sin ellos.

Nunca se le ocurre a los fanáticos del salario mínimo que hay personas cuyas vidas podrían mejorar si se les deja vender su trabajo a un precio por debajo del mínimo legal. No solo es esta la diferencia entre tener un trabajo y no tener uno para millones de personas, sino que también puede permitir que las personas que trabajan por un salario superior al mínimo en un trabajo tomen un segundo trabajo con un salario más bajo, donde puedan aprender nuevas habilidades y, eventualmente, cambiar a un trabajo que les guste más o en el que les paguen más. O ambos. Eso se llama la búsqueda de la felicidad, algo a lo que todos tenemos derecho. Somos dueños de nuestro trabajo porque somos dueños de nosotros mismos.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de enero de 2019.

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12.10.2018

Estado en calamidad


¿Qué pasaría si los tributarios declaráramos en calamidad a nuestro Estado, con el objetivo de recobrar el control de nuestro dinero? Los impuestos que nos son expoliados para financiar la corrupción, tanto de los gobernantes como de la burocracia estatal, la cual es innecesaria en su mayor parte. Lo más trágico, dentro de este contexto, es que la poca burocracia que es necesaria, es ineficiente. La burocracia inexistente corresponde a las plazas para fantasmas de quienes llegan al ejercicio del poder.

El Estado es débil porque, como dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Tal es el caso del Estado Benefactor/Mercantilista que impera en nuestro país y en la mayor parte de países del tercer mundo. Un Estado considerado por sus promotores como un Estado todopoderoso, cuasi Divino, que de todo debe hacerse cargo, que todo lo va a resolver y que todas las necesidades de la gente va a satisfacer. Un Estado con el cual pretenden hacer de todo y al final, o no hacen nada, o lo poco que hacen, lo hacen mal. Terminan entorpeciendo el progreso, precisamente, de aquellos a quienes buscan beneficiar. Me refiero a los pobres, el objeto principal (al menos eso dicen) de su cruzada por el Estado.

La ironía es que hoy, aún en aquellos países donde se creó riqueza que les permitió a sus habitantes mejorar exponencialmente su calidad de vida, este obstaculizador Estado logró penetrar las estructuras republicanas poniendo en riesgo el futuro de sus habitantes. Tal es el caso de los EE.UU., como lo describió Andrew J. Napolitano en The Glenn Beck Show (2009):

"Todo lo que el gobierno maneja está en bancarrota. Medicare está quebrado. Medicaid está quebrado. La oficina de correos está arruinada. Amtrak está arruinado. La Seguridad Social es el esquema Ponzi más grande que hay y un fraude mayor que cualquier cosa que Bernie Madoff haya soñado, además de que también está en quiebra. El gobierno solo consume riqueza. La empresa privada produce riqueza.

“El gobierno y la empresa privada son lo opuesto. Piénselo: si la empresa privada no produce lo que los consumidores quieren o no devuelve una ganancia a los inversionistas, se cierra el negocio. El gobierno no comprende la necesidad de satisfacer a los consumidores o inversionistas porque no produce nada. Simplemente sigue consumiendo nuestros impuestos, y nosotros, como ovejas, seguimos recurriendo a los burócratas para gastar.

“Cuando los votantes lleguen a la conclusión de que el tesoro público se ha convertido en un canal público, entonces enviarán a DC solo a aquellos que les darán tantos freebies (regalos) como puedan y nuestros valores constitucionalmente garantizados de la empresa privada y la propiedad privada desaparecerán para siempre. Si quieres más de algo, hazlo rentable y no los graves, y crecerá y prosperará. Si desea menos de algo, deja que el gobierno lo regule y limite sus costos y se requerirán subsidios de los tributarios para mantenerlo con vida".

La única manera de cambiar las cosas para bien, es declarar lo obvio: que el Estado es una calamidad y debemos reformarlo radicalmente.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de diciembre de 2018.

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12.03.2018

El despilfarro presupuestario



Los politiqueros en el ejercicio del poder, junto con la burocracia parasitaria nacional y supranacional, elevaron el botín para 2019 a casi Q88 millardos. Los esquilmados, como todos los años, seremos los tributarios. La mayor parte de nuestro dinero será despilfarrado en la buena vida que se dan los gobernantes y los burócratas del Banco Mundial, del FMI, del BID… y en el mantenimiento de una enorme cantidad de empleados gubernamentales que, la mayoría, vegeta dentro de la estructura estatal.

Hace dos semanas, los diputados aprobaron el Acuerdo 23-2018 que fijó el presupuesto del Organismo Legislativo en Q792 millones 36 mil; el de la PDH en Q100 millones; el del PARLACEN en Q13 millones; y el de la Corte Centroamericana de Justicia Q2.4 millones. Entre los incrementos más significativos se encuentran, en el renglón 131, los viáticos al exterior, que tendrá un aumento de Q1 millón 43 mil. El renglón 151, que es para el arredramiento de edificios y locales, también tuvo un incremento de Q4 millones 22 mil 500, mientras que en el renglón 171 para el mantenimiento y reparación de edificios se hizo un aumento de Q16.7 millones.

En fin, el partido oficial consiguió los votos suficientes para aprobar el presupuesto. Desconozco, a ciencia cierta, las negociaciones que han de haber habido para ese cambio, pero no nos debe extrañar que sean similares a las que mencioné en mi artículo de la semana pasada, basada en una investigación de elPeriódico, según la cual el objetivo de varias de las modificaciones al presupuesto es poner fondos adicionales de éste a disposición de familiares y amigos de los diputados que han apoyado al Presidente. No me va a extrañar que la distribución del listado geográfico de obras favorezca los intereses de los diputados que votaron a favor del presupuesto.

El año entrante es un año electoral, por lo cual los funcionarios intentarán utilizar parte del presupuesto, en particular los fondos del Ministerio de Desarrollo, para tratar de comprar votos. Sin embargo, en Guatemala las experiencias pasadas muestran que los anteriores intentos en ese sentido han fallado. Lamentablemente, los políticos se siguen engañando creyendo que de esa manera tendrán el apoyo de los votantes, y lo único que logran es despilfarrar el dinero de los tributarios.

Como he escrito en otras ocasiones, la corrupción es autorizada y legalizada por los diputados por medio del Presupuesto. El robo de nuestros impuestos se da en la ejecución del Presupuesto de malgasto y despilfarro de los politiqueros en el ejercicio del poder: el Presupuesto General del Estado, que no es más que la forma en la cual oficializan la repartición del botín. El botín, el cual es mantenido por nosotros por medio de los impuestos que somos obligados a tributar: el fruto de nuestro trabajo que nos es expoliado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 3 de diciembre de 2018.

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11.26.2018

El botín de 2019



O, como es oficialmente conocido, el “Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación”, se encuentra en el último trecho de su aprobación. Tienen, los más de 40 ladrones que integran la cueva del Congreso, hasta el próximo viernes 30 de noviembre para aprobarlo. Por ese motivo, y ante la urgencia de saquear a los tributarios en el año de Hidalgo, el año de pendejo el que deje algo, se declararon en sesión permanente.

No tengo el espacio, ni el tiempo, de listar todas la críticas que se le han hecho a la absurda propuesta del exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada. Sin embargo, quiero mencionar al menos algunas, entre estas, la denuncia de los diputados de Encuentro por Guatemala de que en el proyecto de presupuesto 2019 no hay ministerio ni fondo que no tenga incrementos en los renglones 029, 015, 022, 021 (para contratación de personal temporal) que juntos suman Q23 mil millones.

Según una investigación de elPeriódico, el proyecto de presupuesto está basado en los nexos de varios diputados con determinados entes gubernamentales. Por ejemplo, establece que la asignación de Q120 millones adicionales para el Ministerio de Salud, deberá ser utilizada específicamente para la compra de equipo y el remozamiento, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de los hospitales de Quiché, Alta Verapaz y Santa Rosa, asignación que coincide con el distrito de los diputados Estuardo Galdámez, Rudy Pereira y Marco Aurelio Pineda.

La Comisión de Finanzas agregó Q60 millones para la construcción de canchas deportivas que a cargo del viceministerio de Deportes en el que Mario Renato Monterroso García, sobrino del diputado Hugo Fernando García Gudiel, estaría a cargo de su ejecución. También crearon una partida presupuestaria de Q25 millones para pagar un subsidio de transporte al adulto mayor. Dicho aporte sería recibido por una asociación de transportistas con sede en Escuintla, y aparentemente fueron gestionados por el diputado Domingo Trejo.

El incremento de Q50 millones a la partida del MAGA para el fortalecimiento de la administración del agua, al parecer beneficia a los dos hijos de la diputada Delia Bac que trabajan en dicho ministerio. Además, el incremento de Q12.5 millones al Registro de Información Catastral se debe a que éste es controlado por familiares, amigos y socios del diputado Armando Escribá. Por último, otro incremento relevante es el de Q75 millones para el viceministerio de Seguridad Alimentaria que es dirigido por Manfred Melgar Padilla, hermano del diputado Herbert Armando Melgar Padilla.

Esperemos que prevalezca la falta de acuerdos bajo la mesa, para que no logren alcanzar su perverso objetivo de aprobar el presupuesto con mayor déficit de toda nuestra historia: alrededor de un 40 por ciento de los ingresos fiscales programados. La única forma de evitar que los políticos gasten más de lo que deben es reformando urgentemente nuestro sistema, comenzando por obligar a los diputados, por ley, sólo aprobar balanceados, donde no pretendan gastar más de lo que puedan justamente recaudar.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 26 de noviembre de 2018.

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