Comenzó el
proceso para las Elecciones Generales de este año. Proceso que ya no se puede
detener, ni siquiera con un estado de excepción. Y, a pesar de las mágicas expectativas de Julio Solórzano,
magistrado del Tribunal Supremo Electoral y próximo Presidente del mismo, la
realidad es que están serán las elecciones más complicadas que hemos visto en
lo que va de este siglo. Los principales problemas serán provocados por la
violaciones a la libertad de expresión contenidas en la reformada Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Por cierto,
tanto la Cámara Guatemalteca de Periodismo como la Cámara de Medios presentaron
acciones de inconstitucionalidad al respecto, sobre las cuales no se ha
pronunciado la Corte de Constitucionalidad. ¿Puede cambiar el panorama del
proceso eleccionario las decisiones que tomen los magistrados de la CC en lo
que respecta a las acciones mencionadas? ¡Quién sabe! Todo dependerá de las
célebres interpretaciones que le den los responsables de aplicar la decisión de
los magistrados de la CC, si esta es favorable a quienes interpusieron las
acciones.
Hay quienes
piensan que una vez convocada las elecciones, cualquier cambio en la
legislación, incluidos los derivados de una acción de inconstitucionalidad,
solamente se podrían aplicar hasta después de concluido el período electoral ya
convocado: o sea, hasta las elecciones de 2023. Otros opinan que los temas constitucionales,
una vez no cambien los tiempos de las elecciones, se deben aplicar en el momento
que queden firmes, indistintamente si es dentro de un período electoral.
Pienso que la
segunda opción es la correcta y espero que la CC resuelva lo más pronto posible
dichas acciones. Pero, al final, dentro del sistema positivista jurídico que
nos rige, lamentablemente, estamos sujetos a lo que interpreten que es la ley aquellos que la van a aplicar.
Mientras tanto, continuará la incertidumbre de si entrevistar a un candidato, y
no al resto, puede significar para el entrevistador y el medio por el cual se
transmite la entrevista, un demanda legal, que puede llegar a ser hasta penal.
Otro de los
grandes problemas, es la imposición a los tributarios de financiar las campañas
publicitarias de los partidos políticos que participen. La ironía del caso es
que uno de los que más se ha quejado de la distribución que hizo el TSE, es el principal
responsable de los cambios: Mario Taracena de la UNE. Cuando Taracena ocupó el
cargo de Presidente del Congreso fue que se llevaron a cabo los cambios promovidos
por Todd Robinson e Iván Velásquez, con lo cuales pretendían igualar la publicidad electoral para
todos los partidos, y que ésta fuera pagada por los tributarios y no por los
“financistas”. Sin embargo, en lugar de mejorar la promoción de los candidatos
y sus planes, la entorpecieron.
Todo lo
anterior, más muchas más cosas que no menciono en este artículo, además de
complicar el proceso, van a exigir una mayor responsabilidad de quienes decidan
ejercer sus derecho a votar. De lo contrario, estás elecciones se convertirán
en un bumerán que nos golpeara a todos después de lanzado.
Artículo publicado en el diario guatemalteco
“El Siglo”, el martes 22 de enero de 2019.Etiquetas: 2019, Corte de Constitucionalidad, elecciones, elecciones 2019, John Steinbeck, Mario Taracena, Tribunal Supremo Electoral
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