Los Pasaco: del infiernito al paraíso

El pasado viernes 9 de noviembre, comenzó la audiencia de primera declaración en el caso de Ejecuciones Extrajudiciales. La juez Claudette Domínguez, quien preside el Juzgado de Mayor Riesgo A, será quien decida si se liga o no a proceso a los acusados. Entre estos se encuentran el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, y el exviceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, quien fue declarado en rebeldía y ya fue emitida su orden de captura a nivel internacional.

El fiscal de la FECI, Carlos De León, comenzó detallando la forma en la que habría operado la supuesta estructura criminal integrada por exfuncionarios del Ministerio de Gobernación y la PNC. De León acusó a Vielmann de elaborar el plan Gavilán para dar apariencia de legalidad a una estrategia cuyo objetivo real era asesinar a los reos fugados de la Cárcel de Alta Seguridad de Escuintla conocida como "El Infiernito”. Vielmann, además de declararse un “secuestrado político” ante la prensa, dijo que “la CICIG ya no es un ente de investigación, puede ser como era la SS en la Segunda Guerra Mundial. Arma los casos, no respeta el derecho de defensa y lo secuestra a uno políticamente. Si quiere salir libre hay que volverse colaborador eficaz”.

Entre la lista de testigos presentada por el Ministerio Público, llaman la atención cuatro reos (Julio García Palacios, Isaías López Castillo, Marco Tulio López y Luis Humberto Arana), condenados a 50 años de prisión por secuestro, integrantes de las bandas de Los Pasaco y de Agosto Negro. ¿Está basada la acusación en el caso de “El Infiernito”, principalmente en el testimonio de criminales confesos y condenados? ¿Qué credibilidad pueden tener personas que no dudaron en torturar y asesinar a sus víctimas, además de aterrorizar a sus familiares, con el fin de obtener el dinero del rescate? ¿Son capaces estos criminales de declarar cualquier cosa con tal de que los dejen libres o les reduzcan la pena? Si no tuvieron problemas para acabar con la vida de quienes secuestraron, ¿los tendrán para mentir con tal de beneficiarse?

Ese mismo día, Iván Velásquez, por medio de una videoconferencia durante la presentación del informe anual de labores de la CICIG, abogó por seguir “luchando juntos para acabar con las estructuras de corrupción que minan los derechos humanos”. ¿Y qué con las estructuras de narcotraficantes, asesinos, violadores…? Sin duda, motivos tiene Víctor Suarez, presidente de la Asociación de Amigos del País, al afirmar que “es una tristeza para Guatemala que… liberen presos que realmente son un problema para la sociedad. Estamos hartos de las maras y la delincuencia, y de que en lugar de dar la justicia correcta y protegernos, se dediquen… a poner en libertad a presos sumamente peligrosos para la sociedad”.

¿Irán a seguir Los Pasaco el camino del infiernito al paraíso que anduvieron, entre otros, Juan Carlos Monzón y Estuardo Gonzales? Cualquier crimen que cometan estos malhechores, si son liberados por la CICIG y la FECI, serán responsabilidad principal de estos últimos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 5 de noviembre de 2018.