Principios / Marta Yolanda Díaz-Durán A.

9.10.2018

Juicio sin ante



Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.


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3.26.2018

El desborde del poder



Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

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10.16.2017

Las noticias son noticia



Y no son buenas noticias. Todo lo contrario. En casi todo el mundo se cuestiona cómo se presentan en los medios de comunicación al público los hechos que son relevantes para el ser humano. Hechos que describen nuestro presente y configuran nuestro futuro. Esta crítica, justificada en la mayoría de los casos, ha llevado a muchos a recurrir a otros medios ajenos a los tradicionales que, gracias a la Internet, facilitan el acceso a la información. Sin embargo, en muchos casos, los datos que encontramos en estos medios alternativos son menos fiables que aquellos que encontramos en los mismos medios organizados que hoy son cuestionados.

¿Quién va a llenar el vacío que dejan los periodistas que han olvidado la misión de nuestro oficio? Es una pregunta que todos debemos hacernos: desde quienes reportan los hechos, pasando por aquellos que los analizamos, hasta quienes consumimos la información que, al final, somos todos. De lo contrario, corremos el riesgo de que ese vacío lo terminen llenando los gobernantes, y es aquí donde debemos recordar la advertencia que nos hace George Orwell en “1984”.

La misión del periodismo y, por tanto, la misión del periodista, es la búsqueda de la verdad de los hechos. Para esto, nos gusten o no los resultados de nuestra búsqueda, debemos ser leales a esos hechos. No debemos falsear la realidad. Debemos ser objetivos. Lamentablemente, con excusas burdas y argumentos falaces que no son sostenibles cuando se cuestionan, durante ya décadas, los profesores de periodismo han convencido a los estudiantes y futuros buscadores de la verdad, de que esto es imposible. Y, casi sin discusión, esta mentira, contradictoriamente, ha sido aceptada por la mayoría como una verdad.

Pero no sólo son responsables los periodistas. También son culpables de esta situación la mayoría de los consumidores de noticias que son incapaces de diferenciar entre la realidad y la ficción y fácilmente son manipulados por aquellos que, o no reportan verazmente los hechos o, simplemente, mienten descaradamente y con conocimiento de causa para alcanzar sus fines o avanzar los intereses de los grupos de presión buscadores de privilegios con los cuales simpatizan.

Esta era de la desconfianza casi generalizada en la que vivimos, les ha facilitado a demagogos y oportunistas acercarse al ejercicio del poder. Esa desconfianza tanto a la mayoría de los políticos como a los miembros de las supuestas élites (convertidas en grupos de presión) y a los periodistas en los medios tradicionales, ha beneficiado a los peores representantes de nuestras sociedades que, por medio de sus discursos que apelan a las emociones de los electores y no a su razón, terminan ejerciendo el poder con pocas limitaciones en muchos casos. En fin, en río revuelto ganancia de malhechores, como bien me gusta parafrasear el célebre refrán.

¿Cómo cambiar el estado actual de las cosas en el mundo del periodismo? Cuestionándonos. Y la primera pregunta que debemos hacernos es por qué creemos lo que creemos. Mejor aún, le pregunto, ¿por qué cree usted lo que cree?


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 16 de octubre de 2017.

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10.02.2017

La burguesía socialista



Los socialistas democráticos, en la mayoría de los casos burgueses acomodados, recurren al intervencionista Estado Benefactor el cual privilegia a unos en detrimento de los derechos de otros para alcanzar la que denominan justicia social por medio de la supuesta igualdad de oportunidades que lo que busca es la equidad de resultados, independientemente de que esos resultados correspondan justamente al esfuerzo, mental y físico, que cada quien haya hecho o el riesgo que cada quien haya tomado.

A diferencia de los comunistas, proponen alcanzar sus objetivos sin nacionalizar todos los medios de producción ni planificar de manera totalmente centralizada toda la actividad económica de la sociedad. En otras palabras, promueven un sistema mercantilista donde el gobernante, en nombre del abstracto Estado, tiene la última palabra en lo que respecta a los privilegios que se otorgan y cuándo éstos terminan. Al final, es una especie de concesión y una ilusión de propiedad privada. Un dominio temporal de los medios de producción por aquel que se cree propietario.

El socialista actual, que no se atreve a declararse como tal y recurre a los términos ambiguos de progresista o izquierdista, exige que el gobierno intervenga la actividad empresarial regulando, ordenando, restringiendo, fiscalizando, gravando y dirigiendo casi todos los aspectos propios de la empresa y la competencia, bajo la creencia de que más de alguien puede aprovechar los incentivos y las innovaciones que mejoren las condiciones materiales de la vida de un sector de la sociedad. La dirección, la forma y la medida en que los emprendedores tendrán PERMISO para ser productivos se limitarán y restringirán dentro de las vías que sirven a los supuestos valores superiores, no lucrativos de la indeterminada sociedad civil, que igual pueden llamar el pueblo o cualquier otro colectivo supuestamente desposeído y explotado.

El Estado benefactor no es otra cosa más que el Estado distribuidor. Un sistema contradictorio, basado en premisas falsas, que en el largo plazo acaba con la posibilidad de progresar de la mayoría. Un ejemplo de lo anterior es el actual sistema político de Guatemala, el cual Vilfredo Pareto llamaría socialismo burgués: un sistema de regulación gubernamental, de redistribución de favores y de privilegios que benefician a los mercantilistas y a los líderes de los grupos de presión sociales, en lugar de un socialismo proletario que solo propone trasladar dinero de los ricos a los pobres.

La agenda de equidad e igualdad de oportunidades de los socialistas, además de injusta y violadora de los derechos individuales, facilita y promueve la corrupción en todos los sentidos. La corrupción tanto de aquel que llega al ejercicio del poder como de aquellos que se corrompen moralmente y se acomodan a vivir vidas infelices, mediocres y parasitarias. Es una agenda basada en el absurdo, que falsea la realidad y propone medidas contrarias a la naturaleza humana. Por eso siempre fracasan en el largo plazo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de octubre de 2017.

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7.17.2017

Bloqueadores



Manifestar no es lo mismo que bloquear. Hechos evidentes para cualquiera que no falsea la realidad, no engaña a otros ni si se miente a sí mismo. El primero es un derecho propio de cualquier persona libre que considera necesario expresar y compartir su pensar y su sentir con otros. El segundo es un delito que viola el derecho a la libre locomoción de la mayoría, pone en riesgo la propiedad de muchos y, en algunos casos, pone en peligro la vida de otros.

Sin embargo, en nuestro país, comenzando por el gobierno, muchos se hacen de la “vista gorda” ante la evidencia y prefieren sufrir las consecuencias de las acciones violentas de los delincuentes que bloquean carreteras, y a otros poco les importa porque creen que a ellos no les afecta. Tremendo error de los mencionados, que terminamos pagando todos, aún aquellos que señalamos a quienes violan descaradamente nuestros derechos y le exigimos a los gobernantes que cumplan con su función de velar porque estos sean respetados.

Repito lo que he señalado en otras ocasiones: no es lo mismo reclamar para que se respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, que extorsionar con medidas de hecho para que alguien más (en este caso los gobernantes en nombre del abstracto Estado) se haga cargo de satisfacer nuestras necesidades y todo aquello que deseamos pero no queremos hacer el esfuerzo por adquirirlo. Lo que suelen hacer los bloqueadores es EXIGIR violentamente que se les den bienes y se les otorguen beneficios que no han ganado. Demandan privilegios.

Les da igual que para satisfacer sus reclamos los gobernantes se conviertan en violadores de los derechos de otros. Reclaman descaradamente lo que ellos no están dispuestos a dar: RESPETO. Dejan claro que lo único que termina las protestas (y sólo de forma temporal, mientras se les ocurre por qué más bloquear) es que se les conceda todo lo que piden. Eso es EXTORSIONAR. Su negocio se mantiene a base de medidas de hecho violentas, constantes y sostenidas en el tiempo. Su modus vivendi se basa en la destrucción y la pobreza de otros a quienes dicen defender, aunque en la realidad lo que logran es obstaculizar su progreso.

El principio de la no-agresión es la norma básica para asegurar la coexistencia pacífica dentro de una sociedad. Solo se justifica el uso de la fuerza para defenderse del ataque y/o abusos de otros. Por eso es necesaria la existencia del gobierno cuyas funciones, propias de su naturaleza, son velar porque haya seguridad y justicia. El gobierno DEBE cumplir con su obligación y DEBE retirar a los delincuentes que bloquean y violan los derechos de los demás.

¿Es justo que unos vivan de obstaculizar la creación de riqueza y condenando a vivir miserablemente a la mayoría? No. Ojalá prosperen las denuncias que se han presentado en el Ministerio Público en contra de los profesionales del bloqueo, delincuentes confesos y responsables de la pobreza de muchos.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de julio de 2017.

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3.06.2017

Choque de prejuicios



Los inciertos y confusos tiempos presentes, y la recomendación en Facebook de un amigo, me hicieron recordar una de las mejores películas que vi en el año 2005, Crash. Una producción estadounidense de 2004, cuyo director es Paul Haggis quien, con el apoyo de Bobby Moresco, escribió el guión. Crash es una película que se presta a muchas lecturas, dependiendo del contexto en que la analicemos. Dan ganas de verla más de una vez.

Cuenta con un reparto fabuloso, una fotografía memorable y un guión inteligente con diálogos retadores y políticamente incorrectos. Es un ejemplo del fracaso de las leyes que privilegian a unos a costa de otros. Un ejemplo más del descalabro ocasionado por las affirmative actions (acciones afirmativas) que en lugar de beneficiar en el largo plazo a los privilegiados con éstas, los condena a acomodarse a la mediocridad.

Los prejuicios son producto de la ignorancia y los mantiene presentes la desidia de pensar. Es más sencillo creer las mentiras difundidas por unos para manipular a los demás, que esforzarse en buscar en la realidad las respuestas verdaderas a nuestras dudas. Las respuestas que nos permitan aclararnos las ideas y así confirmar o desechar por falsos nuestros prejuicios. Muchos creen que les facilitan la existencia explicaciones tan descabelladas como que todo latino tiene que ser mexicano, que todo asiático es chino, que todo musulmán es árabe, que todo blanco es racista y que todo negro es un haragán ladrón.

“Es el sentido del tacto. En una ciudad real, la gente te roza, te golpea al caminar. En Los Ángeles nadie te toca. Estamos detrás del metal y el vidrio. Extrañamos tanto ese roce que chocamos contra el otro para sentir algo”. Además de los prejuicios, Crash nos confronta con nuestros miedos, con el rencor, el resentimiento, el poder, la inseguridad… pero no de la ciudad, sino la propia. Todas estas emociones se convierten en los hilos conductores de la trama. Es una historia que cuestiona estereotipos.

“Vivir en constante choque”, y reconocer que los temidos monstruos no se esconden debajo de la cama: se llevan por dentro. “Estoy enojada todo el tiempo y no sé por qué”, el choque que producen las contradicciones sin resolver. Descubrir que, al final, no importan tanto las circunstancias, como nuestra respuesta ante éstas. La decisión depende de nosotros, que somos capaces de cometer las más bajas y deleznables acciones, así como también de actuar de forma justa. Y en ambos casos, para bien o para mal, somos responsables de las consecuencias de esas acciones. Admitir que es imposible amarnos los unos a los otros, pero que sí tenemos la obligación de respetarnos mutuamente, más allá de nuestras creencias.

Crash nos deja en el paladar un sabor a esperanza al confrontar nuestros prejuicios y miedos, al mostrarnos que es posible superarlos. Es probable que, como fue mi caso, le deje haciéndose aún más preguntas de las que tenía al principio.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 6 de marzo de 2017.

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2.13.2017

Privilegio a la impunidad



El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

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10.24.2016

¿Quién dirige el Congreso?



Más allá de lo que diga la moribunda letra de nuestra Constitución, quienes mandan en el Congreso e imponen sus agendas políticas son los grupos de presión. Pueden ser grupos nacionales y/o internacionales, pero en ambos casos el objetivo es el mismo: profundizar el sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala por medio de más intervencionismo y más estatismo. Son irrelevantes los motivos que aducen para impulsar más legislación que otorga más poder a los gobernantes y crea más burocracia parasitaria: al final, con sus propuestas convertidas en ley, lo que suelen provocar es lo contrario a lo que pretendían alcanzar.

“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”: un refrán que he repetido hasta el cansancio. Tal vez algunos de quienes promueven más de los mismos obstáculos que les han impedido a tantos compatriotas nuestros superar la pobreza, efectivamente creen que ayudan a los habitantes más frágiles de nuestro país. Pero la realidad es contraria a esas buenas intenciones: entre más obligaciones se les asignan a los gobernantes (quienes actúan en nombre del abstracto Estado), menos probabilidades tienen los más pobres, y casi todos a excepción de los privilegiados, de mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, en plena revolución de las comunicaciones y la información, hoy está al alcance del teclado de la mayoría, ya sea de la computadora o del teléfono, la posibilidad de aclararse las ideas y verificar cuál ha sido a lo largo de la historia el resultado, con el pasar del tiempo, de las políticas que impulsan. Por eso pienso que muchos de los que piden más intervención de los gobernantes en todos los ámbitos de nuestras vidas por medio del Estado Benefactor/Mercantilista (que predomina en la mayor parte del mundo y cuyo discurso populista ofrece solucionarle la vida a la gente confundiendo intencionalmente necesidades con derechos), lo alientan a sabiendas de cuáles van a ser sus consecuencias.

Mienten al resto por interés propio: ya sea para ser electos en algún cargo público o conseguir un trabajo dentro de la burocracia estatal. Los más ambiciosos aspiran a colarse en cualquiera de los poderosos organismos estatales supranacionales (ONU, BM, BID…), para asegurar su exquisita y cómoda existencia a costa de los tributarios que mantienen tales entidades. También los hay, y por montones, líderes de los grupos de presión locales que esperan, por medio de privilegios, acumular una fortuna lo suficientemente grande para asegurarse que no tendrán que trabajar, como el resto, para ganarse la vida.

Por eso es importante que pongamos atención en quienes llegan a ocupar un cargo en el Legislativo. Más aún si estos son aquellos que van a dirigirlo: en sus manos está la agenda del Congreso y, por tanto, la posibilidad de cambiar el sistema político para bien de todos en el largo plazo, o hundirnos más en la miseria actual por medio del sistema vigente que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de octubre de 2016. La imagen es el caricaturista "Fo" publicada originalmente en "Prensa Libre".

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9.28.2015

Los cambios nefastos a la LEPP



Los cambios a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras (LEPP) que pasaron ya en dos lecturas (porque no hubo debate) son NEFASTOS: son más de los mismo (estatismo, intervencionismo y colectivismo), además de que fortalecen a las bandas actuales y otorgan privilegios a grupos de interés que sólo van a facilitar el clientelismo dentro de las organizaciones criminales legales mencionadas, o sea, dentro de los partidos políticos. Repito lo que escribí hace unas semanas:
                                                            
“Lo aprobado por la comisión del Congreso a cargo de conocer las reformas a la LEPP dice lo siguiente en el Artículo 65 que reforma el artículo 220 del Decreto número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Electoral y de Partidos Políticos: …“f) El Tribunal Supremo Electoral, deberá destinar de su ¿propio? presupuesto [que sale de nuestros bolsillos], en el año electoral, una cantidad como parte del financiamiento público [el dinero que nos fue exprimido bajo amenaza de ir a la cárcel] que promueva un acceso igualitario a los espacios y los tiempos en los medios de comunicación social. El cálculo del monto a asignar será el equivalente a NO MENOS del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) [¡Q.150 millones!] de los ingresos ordinarios del Estado [la ficción a partir de la cual los parásitos quieren vivir a costa de los creadores de riqueza: los que se esfuerzan mental y físicamente por ganarse el pan diario de cada día]”.

“Los cambios propuestos no sólo van a seguir atrayendo a embusteros, a saqueadores y a gorrones, sino también a más oportunistas que les da igual llegar o no al ejercicio del poder, ya que se conforman con vivir cómodamente de ser los eternos candidatos: vivirán de las campañas pagadas por nosotros. Las reformas propuestas… sólo les facilitan a los politiqueros llegar al ejercicio del poder utilizando NUESTRO dinero (los impuestos que nos son expoliados) pero NO cambian los motivos por los cuáles quieren llegar al ejercicio del poder. El sistema de incentivos perversos (intervencionista, colectivista) que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad continúa vigente y fortalecido”.

“Además de recetarse por lo menos Q150 millones de nuestros impuestos sólo para pagar su publicidad durante las elecciones, aumentan el número de diputados a 160, permiten el transfuguismo en el año electoral, mantienen la elección de diputados por listados, proponen cuotas de poder para mujeres e indígenas que solo van a fomentar el nepotismo y el clientelismo y consolidan el cartel de las pandillas politiqueras que sin duda se van a multiplicar por medio de la creación de comités cívicos”.

El cambio RADICAL es urgente, pero lo que pretenden en el Congreso es aprobar más de lo mismo. En lugar de mejorar la situación la van a empeorar. Las modificaciones que están discutiendo otorgan más poder a los gobernantes, no impulsan el Estado de Derecho, facilitan el robo de nuestros impuestos y promueven el clientelismo y el nepotismo. No a ESTAS reformas a la LEPP.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de septiembre de 2015.

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9.21.2015

El poder ilimitado sirve a pocos



Por eso es importante limitar el poder político, de lo contrario termina siendo el arma por medio del cual unos pocos viven a costa de los demás. Los políticos adquieren el poder por medio de las leyes pervertidas: aquella legislación antojadiza, injusta, que privilegia a unos cuantos en detrimento de los derechos de los demás. Las mal llamadas leyes que se aprueban bajo la excusa de cumplir con lo ofrecido por el destructor de riqueza y de progreso que es al final el Estado benefactor.

Recordemos a Voltaire y la siguiente frase que se le atribuye: “Aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades”. Cuando apoyamos la inmoral idea de que unos tienen derecho sobre la vida, la libertad y la propiedad de otros, las leyes en lugar de ser iguales para todos, terminan favoreciendo a unos y sacrificando a los demás. La ironía es que muchos las aprueban porque falsean la realidad: se engañan a sí mismos creyendo que el abstracto Estado se va a encargar de ellos y de sus necesidades.

Es un error decir que “el dinero corrompe el sistema”. Es falso. Es el sistema que otorga un poder casi ilimitado el que atrae a los corruptos: a los peores representantes de nuestra sociedad. Y parte de su interés es, precisamente, robar nuestro dinero: el dinero que es expoliado a los tributarios.

El poder está al servicio de una minoría, con el consentimiento de la mayoría. Es fácil engañar a quienes falsean la realidad. Solo es cuestión de ofrecerles una vida placentera sin necesidad de trabajar o con poco esfuerzo y brincan de felicidad votando por políticos y sistemas que lo único que logran en el largo plazo es condenar a casi todos a vidas mediocres, fracasadas y amargadas.

Lamentablemente, rara vez reconocen que cosecharon lo que sembraron. Se engañan toda la vida creyendo que el problema son las personas y creen que lo resuelven cambiándolas, aunque se dan cuenta que los únicos que mejoran sustancialmente su calidad de vida son quienes llegan al ejercicio del poder:  delincuentes, criminales que acumulan fortunas mal habidas con la excusa de darles oportunidades a los más pobres.

La corrupción en el colectivizado sector privado solo es posible porque hay quién tiene el poder de hacer lo que se le antoje. Si no tienen el poder los gobernantes y los funcionarios públicos, da igual los negocios que otros quisieran hacer: no habría poder que les pudiera conceder sus deseos. ¿Cuál es el origen de los privilegios y la corrupción? El poder y la legislación que lo otorga.

¿Queremos acabar con esta situación que sólo puede empeorar dentro del contexto actual? Asumamos, de una vez por todas, nuestra posición de mandantes, reconozcamos que los responsables de velar por la satisfacción de nuestras necesidades somos nosotros y no les demos a nuestros mandatarios más poder que el necesario para que cumplan con sus funciones: velar porque haya paz, respeto, seguridad y justicia.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 21 de septiembre de 2015.

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8.10.2015

Plataforma de intereses particulares



Un grupo de individuos que llevan décadas de estar pululando alrededor del poder político en Guatemala, se autonombraron representantes de los mandantes y dispusieron, dictatorialmente, hacerse cargo de las reformas a la Legislación electorera y de pandillas politiqueras. Pero, ¿cuándo fueron electos para llevar acabo tal tarea? A mí NO me representan y NO me van a utilizar de excusa para avanzar sus intereses y afianzar sus ideas que, al fin, son las que hoy prevalecen en nuestro sistema.

Varios de los miembros de la pomposa “Plataforma Nacional para la Reforma del Estado” son responsables del caos, no sólo porque llevan años impulsando el Estado Benefactor/Mercantilista, sino porque han formado parte de gobiernos anteriores. Hablan de cambios, cuando lo que proponen es más de lo mismo: más estatismo, más intervencionismo y más violación a los derechos individuales. Más apoyo al injusto e inmoral sistema actual.

Venden la idea de que equidad es otorgar cuotas de poder a colectivos que ellos arbitrariamente consideran que no han sido tomados en cuenta, lo que es falso. La Constitución es clara al reconocer en el artículo 4 (Libertad e igualdad) que “en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos... Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad”. Otorgar prerrogativas a cualquiera es inconstitucional. En lugar de promover más privilegios, hay que eliminar los que ilegal e ilegítimamente se han dado.

Pretenden obligarnos a trabajar a los tributarios para que financiemos a los politiqueros organizados en partidos y les paguemos sus campañas publicitarias contra nuestra voluntad, lo que en cualquier época de la historia sería considerada una forma de esclavitud o servidumbre que ahora disfrazan de progresismo políticamente correcto. Y así, podría continuar explicando los principios detrás de los cambios exigidos por los integrantes de la Plataforma, gente que no representa a nadie más que a ellos mismos.

Al ver expuestas sus intenciones y su falta de representatividad, decidieron victimizarse y denunciar una supuesta campaña de desprestigio así como un hostigamiento que, si fuera cierto y pusiera en riesgo su vida, su libertad y su propiedad, es vital que presenten la evidencia en los tribunales correspondientes. Lo único que yo he hecho y seguiré haciendo es desenmascararlos y dejar claro que solo se representan a sí mismos.

Olvidan los miembros de la tal Plataforma, al igual que los politiqueros, que en el mundo actual los ciudadanos tenemos una poderosa herramienta para comunicarnos entre nosotros y expresarnos sin necesidad de intermediarios. Las redes sociales virtuales son el medio por el cual hoy muchos se enteran de lo que está pasando, se cuestionan sus creencias y se aclaran las ideas. Aún más importante, nos sirven para velar porque se respeten nuestros derechos individuales. Ya no estamos dispuestos a seguir manteniendo parásitos ni a ser engañados y violentados.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de agosto de 2015.

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8.25.2014

Mi mente es mía



Soy propietaria del producto del uso de mi mente y tengo todo el derecho a beneficiarme del éxito de usarla correctamente. Tengo el derecho de gozar del resultado del uso de mi mente. Los humanos nos diferenciamos del resto de seres vivos por la evolución de nuestra razón: la facultad que nos permite identificar la realidad e integrar el material provisto por los sentidos. Pero el uso de la razón, como todo en la vida, es volitivo: nosotros decidimos si la usamos o no.

Coincido con mi amigo Luis Figueroa en la importante observación que hizo en su artículo publicado el pasado viernes en “elPeriódico”, en lo que respecta a cuál es el tema principal a discutir en lo que trata a la “Ley para la protección de obtenciones vegetales”: debe o no el Estado asegurar que lo que es mío sea respetado por los otros. Y acepto la invitación que hace a dialogar sobre este asunto.

Lo único que justifica la existencia de un gobierno es que este vele porque no se  violenten los derechos individuales. Que no se violen la vida, la libertad y, por supuesto, la propiedad de nadie. Los derechos solo tienen sentido si decido vivir en sociedad. Si mi elección es vivir alejada del resto de miembros de mi especie, el reconocimiento de mis derechos no tiene sentido porque no habrá quién, más que yo, ponga en peligro mi vida, intente imponerme sus decisiones o robe lo que es mío.

Para vivir en paz, dentro de una sociedad, se necesita que algunos ejerzan condicionalmente (solo con el objetivo mencionado, limitado y temporalmente) el uso de la fuerza para evitar que los antisociales agredan a los demás; y en caso alguien viole el derecho de otro, asegurar que se haga justicia: que el malhechor compense a su víctima. El gobernante no debe de tener el poder de violentar a los ciudadanos, a menos que uno de estos haya violado a otro: solo puede usar la fuerza contra el delincuente y/o el criminal.

“Toda palabra tiene su significado exacto”, Francisco d’Anconia. Las palabras nos sirven primordialmente para pensar, por eso es VITAL que las usemos correctamente. Los anarcocapitalistas que consideran el reconocimiento de la propiedad intelectual un privilegio, utilizan incorrectamente este término. Un privilegio es una ley privada: solo aplica a unos. El reconocimiento de que el producto de mi mente es mi propiedad, no es aplicable sólo a mí: es un derecho IGUAL para todos. Yo decido si hago uso de este o no, así como decido si utilizo mi mente para crear algo nuevo o no.

De todas las propiedades de una persona, la más frágil es la intelectual. Es la más fácil de robar. Hay quienes ni siquiera se enteran de que les roban aquello que es producto de su mente. Por ejemplo, cuando el plagio no es descubierto, el ladrón impunemente cosecha el fruto de la mente de otro. Por eso necesita de protección, aún más que aquella propiedad que yo sola puedo defender hasta cierto punto: mi vida, mi hogar, mis seres queridos, mis bienes tangibles… De lo contrario, estamos destruyendo la base del progreso y de la paz: el respeto a lo ajeno.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de agosto de 2014.

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6.02.2014

Privilegium communicare



La recientemente aprobada “Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos” es cuestionable hasta en su mismo nombre. ¿Quién es el responsable de bautizar los esperpentos legislativos que suelen aprobar nuestros serviles diputados? Tal vez su intención es confundir a los ciudadanos con nombres kilométricos, políticamente correctos y poco claros a la hora de explicar sobre qué trata lo aprobado. ¿Centros de privación de libertad? BS. Cárceles, punto.

Reza el artículo 4. “Autorización para uso de bienes públicos e instalación de infraestructura para transmisión de datos. Cualquier persona individual o jurídica que preste servicio de transmisión de datos, que tenga instalados por lo menos seis mil kilómetros de fibra óptica en la República de Guatemala; o cualquier operador de Red Local y Comercial, debidamente inscrito como tal en el Registro de Telecomunicaciones, que tenga más de cien mil líneas de acceso; o los contratistas debidamente facultados por los anteriores, mediante carta poder con firmas legalizadas; PODRÁN SOLICITAR A LA Superintendencia de Telecomunicaciones -SIT-, AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR ANTENAS que se usen para transmisión inalámbrica de datos, EN PROPIEDAD PRIVADA o en bienes de dominio público, incluyendo bienes nacionales de uso público común, o autorización para la instalación de cableado, fibra óptica, postes o cualquier otro elemento o medio para la transmisión de datos, o la instalación de equipos de telecomunicaciones en bienes de dominio público dentro de cualquier jurisdicción municipal”.

Lo anterior, además de crear un obvio oligopolio que privilegia a las compañías más grandes que ya operan en el país, viola flagrantemente el derecho de todo propietario a decidir sobre lo que es suyo, otorgando ese derecho al burócrata de la SIT que decidirá por usted quién usa SU propiedad en beneficio de otros. Por cierto, es irrelevante que el artículo 10 que trata sobre la constitución de servidumbres, que fortalece otra evidente violación al derecho de propiedad, contemple la firma de un contrato y una indemnización al legítimo propietario, si ésta la solicita ¿quién? ¿El invasor legalizado por orden de los gobernantes amparados en esta inconstitucional legislación? ¿Quién decide el monto de tal indemnización? ¿Acaso aquel que la va a pagar?

Ni siquiera las falaces racionalizaciones de los estatistas que pretenden justificar las violaciones gubernamentales de los derechos individuales en favor de un indeterminado bien común (definido según el interés de quien lo usa como excusa para adquirir poder o privilegios) aplican en este caso. En Guatemala hoy hay muchos más teléfonos (alrededor de 21 millones) que habitantes (alrededor de 14 millones), gracias a la competencia que promovió la Ley de Telecomunicaciones que entró en vigencia en 1998. Al menos el artículo mencionado y el artículo 10 de esta absurda ley deben ser derogados.



Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de junio de 2014. La imagen la bajé del blog de “Propiedad Privada”.

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3.10.2014

De la guarimba al bloqueo



En ambos casos se afecta la libre locomoción. Pero fuera de ese común denominador, el contexto de las medidas de hecho de los grupos de presión en Guatemala para exigir privilegios a costa de otros, es completamente distinto al de las guarimbas y marchas de los venezolanos que pelean para que respeten sus derechos y por la posibilidad de tener un futuro en su país. La diferencia trascendental está en el fin de cada una de estas acciones.

Uno de los pensadores políticos más influyentes de todos los tiempos, John Locke, aborda este tema en el ensayo “La disolución del gobierno” (capítulo 19) que encuentran en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1689). Recomiendo que lo lean completo, sin embargo, reproduzco algunos párrafos de este: “La razón por la que los hombres entran en sociedad es la preservación de su propiedad. Y el fin que se proponen al elegir y autorizar a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás… Un pueblo que es maltratado y cuyos derechos no son respetados, estará siempre listo para sacudirse de encima la carga que pesa sobre él… revoluciones así no suceden por causa de pequeños errores administrativos en los asuntos públicos… Pero si una larga serie de abusos, prevaricaciones y artimañas que tienden siempre hacia lo mismo, hacen que el pueblo repare en que se está conspirando contra él… no es extraño que se levante y trate de poner el gobierno en manos de quienes puedan garantizarle los fines para los que todo gobierno fue en un principio establecido”.

La semana pasada tuvimos un ejemplo de la diferencia entre las trágicas crisis que viven los venezolanos y los ucranianos, y los abusos de los grupos de presión en Guatemala, a quienes solo les interesa que el gobierno les otorgue más privilegios. Un supuesto grupo de ¿campesinos?, la mayoría de ellos desinformados, que fueron convocados ¿o pagados? por un grupo de criminales cuyo delito menor es el robo de energía eléctrica que luego venden más barata (para ellos no tiene costo) que se agrupan bajo una organización conocida como CODECA, afectaron la existencia miles de personas en nuestra capital con el fin de pedir que se violen legalmente más derechos (por medio de la nacionalización de la energía eléctrica) y les otorguen más prerrogativas (ley de desarrollo rural).

Mientras, en los otros países mencionados, la mayoría está arriesgando hasta su vida, no para pedir privilegios, sino para que se respeten sus derechos. Por supuesto que el discurso nacionalista que apela a la patria ayuda a muchos a hermanarse en la lucha, pero la realidad es que pelean por ellos y sus seres queridos, como debe ser, porque nadie es un medio sacrificable por el bien de otros, menos por el bien de una abstracción. Todo ser humano es un fin en sí mismo.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de marzo de 2014. La fotografía la tomé en Caracas, Venezuela, el sábado 22 de febrero de 2014.

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11.04.2013

Legislación electorera de pandillas politiqueras



Legislación arbitraria que solo refleja la voluntad del legislador y los intereses de los grupos de presión con capacidad de cabildear en el Congreso por privilegios. “¡Ley pervertida!” la llamaría Frédéric Bastiat: “¡Y con ella todas la fuerzas colectivas de la Nación, desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario! ¡Ley convertida en instrumento de todas las codicias, en lugar de frenar las codicias! ¡Ley hacedora de iniquidad, cuando su misión era castigar la iniquidad!” Normas corruptas, como los son sus autores, para beneficiar a una minoría a costa de la mayoría.

Necesitamos cambiar la ley que regula los procesos eleccionarios. Más aún, necesitamos cambiar de raíz el sistema político completo. Pero eso no implica que debamos hacer cualquier cambio a toda costa. Debemos hacer los cambios que nos permitan vivir dentro de una sociedad donde podamos cooperar e intercambiar en paz, respetando la vida, la libertad y la propiedad de todos. Donde cada uno coseche lo que sembró en base a su esfuerzo y los medios que escogió para producir. Donde las probabilidades de ser felices sean más altas.

Los cambios propuestos recientemente no contribuyen a los objetivos listados en el párrafo anterior. Todo lo contrario. Profundizan el injusto régimen actual. Están diseñados para beneficiar a ciertos grupos, facilitar el expolio del creador/tributario y privilegiar a un sector de individuos ¿o debería decir individuas? que se apropian de una representación que no tienen.

Los politiqueros pretenden duplicar una falsa deuda que nos han endilgado a los ciudadanos: la deuda política. ¡Qué ironía! Si algunos están en deuda con nosotros, los mandantes, son ellos. No obstante, pretenden que les entreguemos 4 dólares por voto recibido, como si los actuales 2 dólares no fueran ya un abuso. Por cierto, ¿por qué no lo decretan en quetzales? ¿No confían en cómo manejan sus colegas la moneda? ¿Prefieren confiar en el Presidente de la Reserva Federal estadounidense? ¿Les preocupa que su patrimonio se devalúe? En fin, lo que pretenden es asegurarle ingresos a su negocito para mantenerlo a flote, sin importar que sus servicios sean o no demandados.

¿Cuán sinvergüenza debe ser alguien para pretender un puesto sin haberlo ganado? ¿Solo por su sexo, su edad o su etnia? ¿Tan poco se valoran para aceptar que solo por medio de favores pueden llegar a ocupar una curul? ¿Cuáles son las intenciones reales detrás de los promotores de semejante aberración? Si fuera cierto que su objetivo es beneficiar a minorías, lo que deberían de promover es la eliminación de privilegios, no la creación de más legislación oportunista.

¿Y que nos ofrecen a cambio de lo anterior? Fijar la cantidad máxima de diputados en 160 parásitos. ¡Cómo si de los actuales 158 no sobraran la mayoría! Tal y como es nuestro sistema actualmente atrae a los PEORES representantes de nuestra sociedad. ¿Qué podemos esperar con las reformas propuestas? Más de lo mismo, solo que en mayor cantidad.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 4 de noviembre de 2013.

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10.14.2013

#pornvictimisation



Contraria a la creencia popular de que el crimen no paga, dentro de las actuales reglas del juego político hay un tipo de criminalidad que no solo es más rentable que la común (robos, secuestros, extorsiones…), sino que es más segura: los riesgos son menores. Esa criminalidad es la mal llamada protesta social. Aclaro que no me refiero a la justa queja del ciudadano honesto, trabajador y respetuoso que cuestiona el actuar corrupto y prepotente de los politiqueros. Me refiero a los grupos organizados con el objetivo de extorsionar a los gobernantes para que estos les otorguen privilegios.

Los colectivos que recurren a la victimización de determinada clase de personas supuestamente abusadas a lo largo de su existencia. Por cierto, una de las más rentables tácticas hoy es recurrir a los agravios cometidos en contra de los ancestros. Este discurso es sobre todo atractivo cuando se trata de conseguir dinero de los burócratas de otros países que cargan con una irracional culpa en lo que respecta al pasado colonialista de sus naciones. No hay nada más sexy, un trending topic, que resucitar a los extintos mayas para inspirar lástima en caras pálidas emotivas, manipulables, que manejan el dinero que han expoliado a los trabajadores de sus respectivas naciones.

También hay extranjeros dentro de estos grupos. Fracasados que no pasaron de zope a gavilán en sus terruños y, llenos de resentimiento, encuentran un espacio donde sentirse importantes en pueblos como el nuestro. Estos tipos ocupan posiciones relevantes en las estructuras jerárquicas de estas organizaciones en las cuales la mayoría se siente intimidada por un  par de ojos claros, una tez blanca y un cabello rubio. Que quede claro, no tengo nada en contra de los anteriores atributos, similares a los míos. Lo que me parece despreciable es el doble discurso y la hipocresía tanto de los nacionales como los internacionales que conforman estas facciones.

¿Cómo logran las prebendas que buscan? Violando los derechos de otros. Bloqueando carreteras, destruyendo propiedad, amenazando, extorsionando… Aterrorizando a los habitantes de sus comunidades que no se atreven a enfrentarlos. Y, descaradamente, pretenden que aceptemos tales manifestaciones como pacíficas. Hasta al secuestro han recurrido para que los gobernantes les concedan sus exigencias en diálogos en los cuales los perdedores no están presentes: los tributarios y la gente decente que ve sus derechos mancillados con tal de complacer a los violentos. En fin, el problema no son los diálogos. El problema es que negocian principios y derechos de otros.

La ironía es que al final solo los líderes de estos grupos se benefician. El resto les sirven de carne de cañón para alcanzar sus objetivos de vivir cómodamente a expensas de la pobreza de unos y de la riqueza creada por otros que con ese dinero pudieron haber generado puestos de trabajo productivos que les permitieran a los que se quejan de sus condiciones de vida mejorar honorablemente su existencia.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de octubre de 2013.

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1.28.2013

Empresarios contra mercantilistas




Una de las batallas humanas más importante, clave para el progreso de todos, es la batalla entre los creadores y los saqueadores, la cual nos toca pelear permanentemente. Este enfrentamiento se remonta al inicio del tiempo del homo sapiens, miles de años atrás cuando los creadores originales se toparon con los saqueadores ancestrales. Cuando nuestros antepasados descubrieron la razón: la facultad que nos permite identificar la realidad. El tiempo en el cual un grupo de cromañones decidieron convivir para alcanzar sus objetivos. Los creadores, ocupados trabajando y produciendo con el propósito de vivir mejor. Los saqueadores, al acecho de los creadores para quitarles a la fuerza lo que es legítimamente de ellos.

Gracias al esfuerzo y la mente de quienes crean bienes y servicios valorados por otros en todos los campos de la vida humana (empresarial, artístico, académico, filosófico, social…), el hombre como especie ha logrado progresar, a pesar de la carga que representan los parásitos y los antisociales que utilizan la violencia para apoderarse de lo que es de los demás o impedir el desarrollo de otros por simple envidia y un complejo de inferioridad generalmente oculto bajo un manto de arrogancia seudointelectual.

Dentro de este contexto, el enfrentamiento que decide el futuro de todos se da entre empresarios y mercantilistas, injustamente confundidos por muchos que no conocen la diferencia entre unos y otros. Una confusión conceptual que solo favorece a aquellos que viven a costillas de los demás. Los empresarios, a diferencia de los mercantilistas, han creado riqueza a partir de su propio ingenio, esfuerzo y riesgo, compitiendo con otros SIN PRIVILEGIOS, como es el caso de los mercantilistas. La pregunta clave para entender la diferencia es: ¿hiciste tu fortuna por medio del fraude? Si la respuesta es "NO", entonces SÍ eres un empresario. De lo contrario, eres solo un saqueador más.

Los mercantilistas acumulan fortuna, como lo hacen los gobernantes, expoliando a quienes trabajan y crean. Los mercantilistas lo hacen por medio de privilegios que buscan, entre otras cosas, eliminar la competencia. También lo hacen negociando con los gobernantes, dividiéndose con quienes ejercen el poder el dinero recaudado por medio del sistema impositivo. Es por eso que los políticos buscan convencer a los ciudadanos que el abstracto Estado les va a proveer todo aquello que necesiten en la vida: salud, educación, recreación, seguro de desempleo (les pagan por no trabajar)… y todo lo que les permita convencer al votante para llegar al ejercicio del poder. Es así como surge el matrimonio indisoluble entre el Estado Benefactor y el Mercantilismo.

Hoy en Guatemala, la batalla entre los empresarios y los mercantilistas es evidente. Apoyemos a los empresarios. Que prevalezcan nuestros derechos individuales que son protegidos por la Constitución, y no la ambición de los corruptos que nos gobiernan y sus socios mercantilistas.


Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de enero de 2013.

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9.17.2009

Desgano


Nota: Este artículo fue publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 8 de diciembre de 2008. Como ya lo comenté, me estoy poniendo al día con mis lectores. Y sigo sorprendida de los extraños designios del azar, porque lo que publico hoy, lo podría haber escrito también hoy. La fotografía la tomó Alex Quezada en el aniversario de “Bohemio”, el 3 de abril de 2009.



Hoy, después de leer los diarios y visitar, como ya se me ha hecho costumbre, alguno que otro blog, decidí, a regañadientes, sentarme a escribir. En fin, es parte de mi día a día. ¿Por qué, en diciembre, el mes más maravilloso del año, dicen algunos, me encuentro con poco ánimo de escribir sobre la actualidad mundial, no se diga la nacional? Veamos…

Mientras los habitantes de Guatemala, y otros países, nos encontramos perdidos ante el aumento de la criminalidad en nuestras sociedades, caracterizado por pleitos entre narcos, robos y asesinatos en plena calle, secuestros indiscriminados, extorsiones al por mayor, jueces y policías corruptos… ¿Cuál es la solución inteligente del señor Presidente, Álvaro Colom? Hacer un pacto, firmar un acuerdo. Pregunto: ¿con quiénes? ¿Con los criminales? Una propuesta absurda, como tantas otras ocurrencias de los socialdemócratas, acompañada de la mentira descarada de que no hay fondos para seguridad. ¿Cuál cree Colom que es la razón primigenia por la cual tributamos?

Mientras se pierden empleos, otrora productivos, y disminuye el poco crecimiento económico ¿cómo se entretienen los diputados? Aprobando más préstamos, más impuestos y dándole el visto bueno a un Presupuesto de despilfarro estatal descabellado. Por supuesto, como ya es costumbre, utilizan de excusa a los ancianos, a los niños, a las mujeres… A los oprimidos… A los sujetos subalternos… A los hijos desprotegidos… Total, para Colom, es válido el robo a las minorías, si la mayoría lo aprueba democráticamente. Claro, al final sólo sale beneficiado el grupo minoritario de los serviles al gobernante.

A pesar de todo, mi visión optimista de estos momentos me hace pensar que somos testigos del final de la utopía del siglo veinte: el Estado Benefactor/Mercantilista. Por supuesto que este sistema no va a morir fácilmente. Son demasiados los intereses creados, los privilegios, los vicios y las existencias acomodadas de aquellos que han vivido de gorrones y no conocen otra forma de sobrevivir. Ya sea el gobernante de turno, el exquisito burócrata de algún organismo internacional, el líder del grupo de presión de moda o el empresaurio que ha hecho su fortuna gracias a los privilegios que le han otorgado sus amigos en el ejercicio del poder. O puede ser que ni siquiera sean amigos: sólo asociados con quienes han hecho buenos negocios, ya sea financiando sus campañas políticas o compartiendo solidariamente sus dineros mal habidos o ilegítimamente obtenidos.


Como cada vez me topo con más tonterías, en especial en los diarios, prefiero creer que escribo para quienes me van a leer dentro de 10, 100, 1000 años… Para los habitantes de un futuro relativamente cercano, o tal vez lejano, que tengan curiosidad por entender y aprender de los tiempos que nos tocó vivir. No sé, tal vez para esas fechas, los humanos hayan pasado por momento más difíciles que hagan ver insignificante la mentada, manoseada y tergiversada crisis actual.

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4.21.2008

Fumicidio


El gobierno de la socialdemocracia es una gran fumada. El sistema socialdemócrata es una fumada mayor. Y aparentemente los seguidores del mencionado pensamiento político se la pasan fumando alucinantes. Sino, ¿cómo explicar el regreso al pasado fracasado de los años 70 y 80 del siglo veinte? ¿Acaso atravesamos el túnel del tiempo sin darnos cuenta?

Sin siquiera haber asimilado la aprobación de la aberración jurídica conocida como “Ley contra el femicidio”, nos sale el presidente Álvaro Colom con las indefendibles propuestas de poner precios topes, gravar con otro tributo directo el servicio telefónico y aumentar los subsidios a ciertas actividades que consideren de primera necesidad. Pura arbitrariedad, nada más. Sólo justificable a los ojos del dañino populismo latinoamericano, encabezado por Hugo Chávez, y seguido de cerca por Daniel Ortega, Cristina Fernández, Rafael Correa y Evo Morales.

La esperpéntica ley que pretende favorecer a las mujeres crea otra discriminación legal en nuestra obtusa legislación de inspiración positivista: denuncia que no me canso de repetir, por ser ésta una de las principales raíces de nuestros males. Creer que la voluntad del legislador puede ser impuesta al resto, por más contradictoria que sea con la acción humana, es una locura propia de los políticos e intelectuales que arrogantemente creen que pueden dictarle a los demás cómo vivir su vida. Nos establecen metas y nos imponen las medidas que consideran idóneas para que nos sacrifiquemos con el objetivo de alcanzar los fines de ellos, no los nuestros. Nos desprecian como seres humanos pensantes, y nos reducen a simples siervos que siguen órdenes del iluminado de turno.

Por supuesto que me opongo fervientemente a todo acto criminal que violente la vida, la libertad y la propiedad de cualquiera (hombre o mujer, niño o anciano, guatemalteco o tibetano). Al fin, estos son los derechos individuales por excelencia, y no ese conjunto de necesidades que de forma interesada han sido políticamente elevadas a la categoría de derechos sin obligaciones para quienes supuestamente van a gozar de los beneficios de ese privilegio. Para lograr la reducción de abusos, lo que debemos hacer es buscar la igualdad ante la ley, independientemente de nuestras circunstancias particulares. Cambiar la desigualdad legal por el trato igual para todos. No decretar más diferencias.

En lo que respecta a las supuestas medidas para paliar la crisis económica, ¿qué más puedo decir, que no se haya dicho con anterioridad? Sin duda, el supuesto beneficio que puedan lograr algunos hoy, será pagado por todos en el mediano y largo plazo. Los actuales políticos en el ejercicio del poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, están cometiendo un crimen injustificable: el derechocidio. Decisiones de unos cuántos que nos alejan del primer paso que nos lleva a la solución de nuestros problemas: el Estado de Derecho.

Articulo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 14 de abril de 2008.

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