Payasos terroríficos

De niña los payasos me eran indiferentes. Ni me provocaban risa ni me daban miedo. Si mucho me hacían sonreír de vez en cuando. Al crecer, me di cuenta de que había ciertas similitudes entre los payasos y la mayor parte de los que buscan llegar al ejercicio del poder. Ambos pretenden entretener a un público cuya mayoría no tiene interés en pensar y mucho menos cuestionar la veracidad de lo que presentan en sus shows. Al menos en el primer caso, si nos aburría la presentación, nos podíamos ir a jugar a otro lado. En el caso de los segundos, todos pagamos los errores de quienes les aplauden y votan por ellos.

Por supuesto, mi sentimiento en lo que corresponde a quienes han convertido la política en un circo es diferente a la indiferencia que me producen los payasos en general. Los farsantes que terminan de gobernantes me indignan, ya que la terrorífica actuación de los payasos en el ejercicio del poder se convierte en la realidad, más allá de la comedia, en una tragedia de la cual nadie tiene escape. Hay algunos a los que les va peor que a otros, pero nadie se salva de estos bufones que, irónicamente, se ríen de nosotros en la cara, sin importar si votamos por ellos o no.

¿Cuánta gente, de la que nunca nos vamos a enterar, ha muerto a consecuencia de esos payasos terroríficos, que pueden ser desde directores de tercera categoría en entes estatales hasta presidentes de organizaciones supranacionales, pasando por los presidentes del país? Una pregunta que, a pesar de que nunca vamos a saber la respuesta exacta, vale la pena plantear para que quienes queremos vivir en condiciones diferentes a las presentes reaccionemos.

Son los politiqueros los que provocan terror, y no las personas que se disfrazan en Halloween o en carnaval para tratar de evadir la realidad o, simplemente, pasar un rato feliz riendo y compartiendo con amigos. Sin embargo, a pesar del miedo, debemos dar las batallas que sean necesarias para cambiar las cosas en el bienestar de todos aquellos que queremos convivir en paz, que queremos cooperar e intercambiar con los demás en pos de nuestros objetivos personales. En beneficio de todos aquellos que hacemos el esfuerzo mental y físico por vivir la mejor vida posible sin violentar la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Debemos enfrentar nuestros temores, ya que como bien respondió David Bowie en el cuestionario de Marcel Proust, vivir con miedo es la más baja de las miserias.

Cuando el estándar para diferenciar el bien del mal es el bienestar de las personas en el largo plazo, el cual se refleja en la mejora de las condiciones de vida sostenidas en el tiempo, los sistemas que propician la destrucción de la vida humana son la máxima expresión de la maldad. Y malvados son todos aquellos, payasos o no, que promueven medidas que la destruyen o le impiden al ser humano florecer. Y aún es peor cuando consiguen el apoyo para sus propuestas basados en una mentira, como es el caso del socialismo y su derivado, el Estado Benefactor/Mercantilista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 31 de octubre de 2016.

¿Quién dirige el Congreso?

Más allá de lo que diga la moribunda letra de nuestra Constitución, quienes mandan en el Congreso e imponen sus agendas políticas son los grupos de presión. Pueden ser grupos nacionales y/o internacionales, pero en ambos casos el objetivo es el mismo: profundizar el sistema de incentivos perversos que prevalece en Guatemala por medio de más intervencionismo y más estatismo. Son irrelevantes los motivos que aducen para impulsar más legislación que otorga más poder a los gobernantes y crea más burocracia parasitaria: al final, con sus propuestas convertidas en ley, lo que suelen provocar es lo contrario a lo que pretendían alcanzar.

“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”: un refrán que he repetido hasta el cansancio. Tal vez algunos de quienes promueven más de los mismos obstáculos que les han impedido a tantos compatriotas nuestros superar la pobreza, efectivamente creen que ayudan a los habitantes más frágiles de nuestro país. Pero la realidad es contraria a esas buenas intenciones: entre más obligaciones se les asignan a los gobernantes (quienes actúan en nombre del abstracto Estado), menos probabilidades tienen los más pobres, y casi todos a excepción de los privilegiados, de mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, en plena revolución de las comunicaciones y la información, hoy está al alcance del teclado de la mayoría, ya sea de la computadora o del teléfono, la posibilidad de aclararse las ideas y verificar cuál ha sido a lo largo de la historia el resultado, con el pasar del tiempo, de las políticas que impulsan. Por eso pienso que muchos de los que piden más intervención de los gobernantes en todos los ámbitos de nuestras vidas por medio del Estado Benefactor/Mercantilista (que predomina en la mayor parte del mundo y cuyo discurso populista ofrece solucionarle la vida a la gente confundiendo intencionalmente necesidades con derechos), lo alientan a sabiendas de cuáles van a ser sus consecuencias.

Mienten al resto por interés propio: ya sea para ser electos en algún cargo público o conseguir un trabajo dentro de la burocracia estatal. Los más ambiciosos aspiran a colarse en cualquiera de los poderosos organismos estatales supranacionales (ONU, BM, BID…), para asegurar su exquisita y cómoda existencia a costa de los tributarios que mantienen tales entidades. También los hay, y por montones, líderes de los grupos de presión locales que esperan, por medio de privilegios, acumular una fortuna lo suficientemente grande para asegurarse que no tendrán que trabajar, como el resto, para ganarse la vida.

Por eso es importante que pongamos atención en quienes llegan a ocupar un cargo en el Legislativo. Más aún si estos son aquellos que van a dirigirlo: en sus manos está la agenda del Congreso y, por tanto, la posibilidad de cambiar el sistema político para bien de todos en el largo plazo, o hundirnos más en la miseria actual por medio del sistema vigente que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de octubre de 2016. La imagen es el caricaturista "Fo" publicada originalmente en "Prensa Libre".

La responsabilidad de Jimmy

Es responsabilidad de Jimmy Morales, y de todo aquel que ocupe el cargo de Presidente del Organismo Ejecutivo, velar, en nombre del abstracto Estado, por la seguridad de todos. ¿A qué me refiero con seguridad? A que es responsabilidad del Primer Mandatario de nuestra nación velar porque no se violen los derechos individuales de los habitantes de Guatemala: que se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos. También es su responsabilidad, en caso de que los derechos de uno o varios miembros de la sociedad hayan sido violados, investigar el caso y presentar ante los tribunales competentes a los responsables de los delitos o los crímenes señalados, para que estos sean juzgados.

Lo anterior queda estipulado en los artículos 1, 2, y 4 de nuestra Constitución. Estos artículos ordenan lo siguiente: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común… Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona… En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre, ni a otra condición que menoscabe su dignidad”.

El objetivo del Ejecutivo no es gastar a rajatabla lo que pueda gastar. Mucho menos es obligación del Presidente gastarse todo el dinero aprobado por el Legislativo por medio del Presupuesto, el cual en gran parte es financiado por préstamos y/o bonos que luego tendremos que pagar nosotros. Sin embargo, tomando en cuenta que el tal Presupuesto no es otra cosa que el reparto del botín entre gobernantes, funcionarios, grupos de presión y la burocracia estatal parasitaria, más de uno de los pícaros incluido en el listado de maleantes que esperan apropiarse de nuestros impuestos, pondrá el grito en el cielo si no le entregan su tajada.

Gastar por gastar para mantener la corrupción vivita y coleando: eso es lo que Jimmy y aquellos que llegan al ejercicio del poder entienden por ejecución. Y ya advirtió Morales que, aquel que no cumpla con la orden de gastar a manos llenas será ejecutado: en otras palabras, será despedido y sustituido por un malandrín que sí cumpla con los requisitos esperados. Va a cambiar a los que considere ladrones mediocres por otros que sí sean capaces de repartir eficientemente la plata que nos expoliaron.

¡Son buenos para malgastar lo que nos costó producir! Pero  nada más. Después de más de 10 meses de gobierno nos queda claro que mintieron en su campaña. Según el ministro de Gobernación, Francisco Rivas,  aumentaron las denuncias por extorsión, a pesar de que la mayoría de los extorsionados no denuncian por temor a los mismos policías y las autoridades. ¿Debemos los tributarios denunciar por extorsionistas a nuestros gobernantes? Sí, es lo que se merecen.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de octubre de 2016.

El lento progreso

En Guatemala, el poco progreso que hay es lento. Y para muchos, ni siquiera ese poco y lento progreso es posible. ¿Por qué? ¿Cuáles son las verdaderas causas de ese estancamiento, como lo llaman algunos? ¿Quiénes son los responsables de ese bloqueo a la libre movilidad estamental propia de las sociedades en las cuales la gente sí disfruta del progreso, o sea, de una mejora constante en su calidad de vida?

                  

De la información del recién presentado “Informe Nacional de Desarrollo Humano” del PNUD, es importante tomar en cuenta que, a partir de 2006, no ha habido una mejora sustancial en los ingresos de la mayoría. Por supuesto, sus explicaciones de por qué se dio ese resultado son falaces. Al fin, su objetivo es promover más de lo mismo que produjo ese estancamiento: más intervención estatal y más violación de los derechos individuales de unos con la excusa de ayudar a los más pobres, además de promover los acuerdos de apaciguamiento que fueron rechazados por la mayoría de guatemaltecos.

Aunque, en mi opinión, el propósito principal de los burócratas que llegan a tales conclusiones es asegurar sus propios ingresos, los cuales dependen de los impuestos que pagan el resto. Las verdaderas amenazas, no sólo para los pobres sino para todos y en todos lados, son el intervencionismo y el estatismo que impulsan, en la mayoría de los casos, los burócratas estatales (nacionales, internacionales y supranacionales), que viven de lo que otros producen.

Pero, ¿por qué el 82 por ciento de la población no logra mejorar sus ingresos REALES? En Guatemala el desarrollo humano es precario porque lo obstaculizan por medio de legislación que otorga más poder a los gobernantes para dificultar la inversión, beneficiar a los grupos de presión y castigar a los más productivos, violentado los derechos de la mayoría en el proceso. Injusticias que son reconocidas por algunos funcionarios cuando proponen eliminar impuestos o exoneraciones, como lo hicieron la semana pasada los directores del INGUAT, para atraer inversiones. Inversiones que, irónicamente, la burocracia estatal ha ahuyentado. Inversiones que transforman recursos en riqueza y crean fuentes de trabajo productivas. Contradicciones que destruyen vidas, generalmente las de otros y en particular las vidas de los más pobres.

Guatemala, en beneficio de quienes la habitamos, tiene potencial. Hay quienes quisieran invertir más en nuestro país, pero los cambios constantes de reglas que profundizan el sistema de incentivos perversos, la amenaza permanente de aumentar los impuestos y el servilismo de los gobernantes con los líderes de los grupos de presión y la burocracia internacional, terminan ahuyentándolos. La incertidumbre que provocan hace casi imposible la planificación en todos los plazos: corto, mediano y largo. Además de un cambio de ideas, necesitamos un cambio de actitud: aprender a confiar en los hechos y no en las mentiras de aquellos cuyo empleo depende de cuán pobres son otros y cuántos son los pobres.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de octubre de 2016.

El bodegón de la corrupción

Según el DLE, en su cuarta acepción, un bodegón es un “establecimiento, comúnmente subterráneo, donde se ofrecían comidas”. Aunque, en el caso de muchos de quienes llegan a ocupar cargos públicos, pienso que también les aplica la primera acepción: taberna, por aquello de que les gusta bastante el trago, preferiblemente caro, más si es pagado con nuestros impuestos. Sin embargo, en el caso que voy a abordar, le queda bien la definición de establecimiento bajo tierra en el cual se provee de comida corrupta en todos los sentidos.

Corrupta porque el maíz y el frijol a entregar a los que mueren de hambre, a los que casi no tienen que comer, estaba contaminado. Vaya, podrido. ¡Hasta bichos traían! Espero que no salgan con la excusa que era para incluir proteína en la alimentación básica de los desnutridos. Corrupta porque los únicos que se beneficiaron (en el corto plazo) fueron los funcionarios estatales que intervinieron en el proceso y los estafadores que les vendieron granos inservibles.

Además, también aplica el término subterráneo: no hay duda en el hecho de que la negociación se hizo, sino bajo tierra, al menos bajo la mesa, con la esperanza de que nadie más que los transeros involucrados conocieran las condiciones acordadas. ¿Será posible que todavía haya quién se sorprende? Es así como se llevan a cabo casi todas las operaciones dentro de la intrincada (inmensa e ineficiente, innecesaria en su mayoría) burocracia estatal. ¡Cuántos casos similares habrá! ¡Cuántos habrán muerto a causa de esta transa! Preguntas sin respuesta: lo más probable es que nunca lo lleguemos a saber.

Lo positivo es que cada vez somos más quienes reconocemos que el origen del problema es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder y obstaculiza el progreso de la mayoría, en particular el progreso de los más pobres. Lo que aún a muchos les cuesta aceptar, es el engaño en el cuál se basa el sistema que les permite a los gobernantes adquirir todo ese poder para delinquir.

Por eso es vital para nuestro futuro como miembros de la misma sociedad, insistir en el cómo adquieren ese poder perverso los gobernantes. Lo adquieren engañando a quienes desean ser engañados los cuales, al final de la historia, salen trasquilados. El engaño tiene un nombre: Estado Benefactor. Un fraude que vende la idea falsa de que alguien más en representación del abstracto Estado, les va a satisfacer sus necesidades.

Les venden la mentira de que otros van a pagar el costo, cuando la realidad es que quienes peor terminan son, primero, los más pobres que ni siquiera llegan a encontrar un trabajo productivo y seguro y, segundo, aquellos con ingresos medios que ven cómo con el pasar del tiempo compran menos cosas con el dinero que ganan. Y muchos en lugar de cuestionarse y aclararse las ideas, en la próxima elección harán lo mismo que antes: votar por el que les ofrezca más maíz y frijol con gorgojo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 3 de octubre de 2016.