El bumerán electoral

Comenzó el proceso para las Elecciones Generales de este año. Proceso que ya no se puede detener, ni siquiera con un estado de excepción. Y, a pesar de las mágicas expectativas de Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral y próximo Presidente del mismo, la realidad es que están serán las elecciones más complicadas que hemos visto en lo que va de este siglo. Los principales problemas serán provocados por la violaciones a la libertad de expresión contenidas en la reformada Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por cierto, tanto la Cámara Guatemalteca de Periodismo como la Cámara de Medios presentaron acciones de inconstitucionalidad al respecto, sobre las cuales no se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad. ¿Puede cambiar el panorama del proceso eleccionario las decisiones que tomen los magistrados de la CC en lo que respecta a las acciones mencionadas? ¡Quién sabe! Todo dependerá de las célebres interpretaciones que le den los responsables de aplicar la decisión de los magistrados de la CC, si esta es favorable a quienes interpusieron las acciones.

Hay quienes piensan que una vez convocada las elecciones, cualquier cambio en la legislación, incluidos los derivados de una acción de inconstitucionalidad, solamente se podrían aplicar hasta después de concluido el período electoral ya convocado: o sea, hasta las elecciones de 2023. Otros opinan que los temas constitucionales, una vez no cambien los tiempos de las elecciones, se deben aplicar en el momento que queden firmes, indistintamente si es dentro de un período electoral.

Pienso que la segunda opción es la correcta y espero que la CC resuelva lo más pronto posible dichas acciones. Pero, al final, dentro del sistema positivista jurídico que nos rige, lamentablemente, estamos sujetos a lo que interpreten que es la ley aquellos que la van a aplicar. Mientras tanto, continuará la incertidumbre de si entrevistar a un candidato, y no al resto, puede significar para el entrevistador y el medio por el cual se transmite la entrevista, un demanda legal, que puede llegar a ser hasta penal.

Otro de los grandes problemas, es la imposición a los tributarios de financiar las campañas publicitarias de los partidos políticos que participen. La ironía del caso es que uno de los que más se ha quejado de la distribución que hizo el TSE, es el principal responsable de los cambios: Mario Taracena de la UNE. Cuando Taracena ocupó el cargo de Presidente del Congreso fue que se llevaron a cabo los cambios promovidos por Todd Robinson e Iván Velásquez, con lo cuales pretendían igualar la publicidad electoral para todos los partidos, y que ésta fuera pagada por los tributarios y no por los “financistas”. Sin embargo, en lugar de mejorar la promoción de los candidatos y sus planes, la entorpecieron.

Todo lo anterior, más muchas más cosas que no menciono en este artículo, además de complicar el proceso, van a exigir una mayor responsabilidad de quienes decidan ejercer sus derecho a votar. De lo contrario, estás elecciones se convertirán en un bumerán que nos golpeara a todos después de lanzado.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el martes 22 de enero de 2019.

Ni todos corruptos, ni todos vendidos

En esta crisis política que inició hace ya varios años, en la cual se enfrentan el gobierno y la CICIG, ni todos los que apoyan al gobierno son corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son vendidos. Ni todos los que apoyan al gobierno son defensores de la libertad, ni todos los que apoyan a la CICIG son socialistas. Ni todos los que apoyan al gobierno están en contra de la persecución de corruptos, ni todos los que apoyan a la CICIG son honrados. Deshonestos hay en ambos bandos. Idealistas hay en ambos grupos. Oportunistas hay en ambas facciones. Y en las dos partes hay personas que quieren una Guatemala diferente.

Quiero aprovechar para recordar lo que he escrito en otras oportunidades, lo que representa uno de los más serios problemas que enfrentamos. Somos muy pocos los que realmente estamos interesados en lo que sucede a nivel político en nuestro país. La mayoría de nuestros compatriotas no están interesados en temas políticos. A la mayor parte de ellos lo que les preocupa es cómo van a lograr satisfacer sus necesidades básicas y las de sus seres queridos. Muchos otros están enfocados en juntar el dinero que necesitan para emigrar a Estados Unidos. Y el resto, defraudados y desconfiados de los políticos, con sobrados motivos, prefieren ignorar la realidad creyendo que de esa manera no les va a afectar. Tremendo error que pagamos todos.

Ahora, el problema que tienen los que en la presente crisis se han decantado por un grupo en particular, al menos la mayor parte de ellos, es que se están dejando llevar por la emoción y no por la razón. Sin embargo, dentro de la ínfima minoría interesada en los asuntos políticos en Guatemala, existe un tercer grupo con el cual me identifico yo. Dentro de este debate hay muchos que no tomamos una posición indiscutida por un grupo. Y somos más de lo que se imaginan, porque la mayoría prefiere mantenerse silenciosa para no ser etiquetados ni vilipendiados, para no enfrentarse con amigos ni familiares. Ciudadanos que prefieren solo observar, sin emitir públicamente su opinión. Quienes ni estamos indiscriminadamente a favor del gobierno, ni ciegamente a favor de la CICIG.

Que estamos a favor de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, dentro de un gobierno republicano, donde nadie esté por encima de las normas y nadie goce ni de privilegios ni de inmunidades especiales. Que exigimos que aquellos que ejercen el poder, lo ejerzan de forma limitada, que rindan cuentas y paguen las consecuencias de sus errores. Todos, sin excepción. En pocas palabras, donde todos seamos iguales ante la Ley: con iguales derechos y obligaciones.

Los invito a meditar de una forma objetiva, racional y prudente, para que no los manipule nadie. Al fin, lo que realmente estamos viendo y viviendo hoy en Guatemala, es una desesperada lucha por el ejercicio del poder a como dé lugar. En unos días será la convocatoria oficial a las elecciones generales de 2019, y estas elecciones, que incluyen su proceso y saber quiénes son los candidatos, deben ser nuestro principal motivo de discusión. Porque en estas elecciones nos estamos jugando las condiciones en las cuales vamos a vivir en los próximos años.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 14 de enero de 2019.

No somos propietarios de nadie

Al enterarme de que un grupo de sindicalistas pretenden impugnar ante la Corte de Constitucionalidad la prudente decisión del Presidente Jimmy Morales de no aumentar el salario mínimo para 2019, recordé un artículo de Tom Mullen que leí el pasado diciembre, en el cual mencionó el que considero, al igual que el autor, el mejor argumento contra las leyes que imponen un salario mínimo: el argumento de que ni usted, ni yo, ni nadie posee a otras personas. Y sólo aquel que busca un empleo debe decidir por cuánto es lo mínimo que está dispuesto a vender su trabajo.

Más allá de las justificaciones irracionales y emotivas que utilizan para impulsar un salario mínimo, la realidad, les parezca o no, es que éstos provocan más desempleo y fuerzan a los menos productivos y a los empresarios que no pueden seguir operando bajo esos parámetros, a caer en lo que se conoce como la informalidad. Cualquier aumento artificial (forzado) en el precio del trabajo, independientemente de cuál sea el salario mínimo, dará como resultado una menor demanda, que no es otra cosa que menos empleo, lo que termina siendo el motivo principal por el que tantos optan por emigrar a EE.UU. Pero, a pesar de la importancia que tiene el argumento del desempleo en contra de los salarios mínimos, existe uno anterior y mucho más importante. El argumento moral: usted no es dueño de otras personas.

Como bien explicó John Locke, los derechos individuales proceden a partir de la condición humana inherente y evidente de sí misma. En el Capítulo V de su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, escribió: “Cada hombre tiene una propiedad en su propia persona sobre la cual nadie tiene ningún derecho, sino él mismo. El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos”. Sólo él o ella tienen el derecho de determinar cuál será el precio mínimo de su propio trabajo. Nadie necesita leyes de salario mínimo para ejercer este derecho de propiedad.

Como dice Mullen, “los defensores de las leyes de salario mínimo centran su atención en los compradores de servicios laborales y olvidan a los vendedores. En su afán por restringir los derechos de los primeros, se vuelven indiferentes con los de los últimos, y no se preguntan quién es el dueño del trabajo en cuestión”. Como todo lo demás, el vendedor, el posible empleado, posee lo que se ofrece a la venta. Uno puede establecer su propio salario mínimo sin ellos.

Nunca se le ocurre a los fanáticos del salario mínimo que hay personas cuyas vidas podrían mejorar si se les deja vender su trabajo a un precio por debajo del mínimo legal. No solo es esta la diferencia entre tener un trabajo y no tener uno para millones de personas, sino que también puede permitir que las personas que trabajan por un salario superior al mínimo en un trabajo tomen un segundo trabajo con un salario más bajo, donde puedan aprender nuevas habilidades y, eventualmente, cambiar a un trabajo que les guste más o en el que les paguen más. O ambos. Eso se llama la búsqueda de la felicidad, algo a lo que todos tenemos derecho. Somos dueños de nuestro trabajo porque somos dueños de nosotros mismos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 7 de enero de 2019.