El desborde del poder

Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

¿Competencia o más corrupción?

Es la pregunta que nos debemos hacer ante la amenaza de que sea aprobada por el Congreso la mal llamada ley de competencia, la cual será mejor comprendida si se le reconoce como lo que es: más legislación intervencionista que, al final, va a promover la incompetencia y la corrupción, porque a más intervención de los gobernantes y de los burócratas en la economía, en la salud, en la educación, en las carreteras…, mayor y más fácil es el robo y el despilfarro de nuestros impuestos y más difícil es la creación de riqueza y el progreso.

El problema de la ley anticompetencia está en su mismo origen y su naturaleza intervencionista. La raíz del problema es el poder discrecional y arbitrario que pretenden otorgar a un grupo de burócratas. Poder que con anterioridad usaron para otorgar privilegios que evitan la competencia. Poder ostentado por burócratas que no saben qué significa competir o le tienen miedo a la competencia y por eso se acomodaron como funcionarios del Estado. Burócratas que ahora van a decidir qué es una práctica anticompetitiva, qué es la eficiencia económica, qué bienes debemos adquirir y a quiénes se los debemos comprar. Lo que es una paradoja, porque la única práctica anticompetitiva que existe es la creada previamente por los gobernantes que favorecieron con monopolios o carteles a los mercantilistas.

Es absurdo utilizar de excusa para aprobarla que ya el resto de países la tienen: mal de muchos, consuelo de tontos. El objetivo REAL de la ley anticompetencia es intervenir el mercado y crear más burocracia por medio de un ente superpoderoso al que van a llamar la “Superintendencia de competencia”, hermana de sangre de la SAT. La oferta es tentadora para algunos que CREEN que les va a facilitar competir con los más eficientes. ¿Te afectan los que compiten en tu mercado? ¿Venden más que tú? ¡Ah! Reclámalo a la Superintendencia: es probable que estén llevando a cabo alguna práctica anticompetitiva como, por ejemplo, ofrecer un mejor producto, un mejor servicio o un mejor precio.

NO se necesita una supuesta ley de competencia para protegernos, porque la mejor protección para los consumidores es la VERDADERA competencia: la única que beneficia a todos en el largo plazo. Los intercambios de propiedad privada, pues al fin eso hacemos al adquirir bienes y servicios, son por naturaleza voluntarios. No se puede legislar el libre mercado o crear competencia por medio de legislación. Para tener un mercado, libre por definición, los gobernantes deben respetar la voluntad de las personas que deciden qué, cómo, cuándo, cuánto… y a quién le compran todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades y alcanzar sus objetivos PERSONALES.

Una política de intervención del gobierno en el mercado es una contradicción. Que los gobernantes pretendan controlar por medio de regulaciones la competencia es ilógico. EL “CONTROL” LO DEBE EJERCER EL CONSUMIDOR/USUARIO: en todos los bienes y en todos los servicios, incluidos los estatales. El control lo debe ejercer quien paga. Una ley de competencia, solo promueve la burocracia estatal, la arbitrariedad de los gobernantes y, por tanto, la corrupción y la extorsión legalizada. La única competencia que va a promover será la de la corrupción.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de marzo de 2018.

Criptomonedas: la revolución del dinero

El dinero, como casi todos los medios que utiliza el ser humano, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Como escribió Arturo Pérez-Reverte: “Cambian los tiempos y las gentes. Cambia nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. A menudo esos cambios son para bien, y nada ha de objetarse a ellos”. El dinero, además de representar la riqueza creada, facilita el intercambio de bienes y servicios. Durante el neolítico lo que la gente hacía era intercambiar directamente los bienes por medio del trueque. Con el pasar del tiempo, optaron por usar, en la mayoría de los casos, piedras preciosas, en especial el oro y la plata, para agilizar el intercambio. En algunas culturas también se utilizaron granos.

Según Heródoto, fue en el siglo VII a.C. que los lidios empezaron a acuñar monedas de oro y plata, las cuales eran garantizadas por aquellos que las acuñaban. El nombre y la confianza que la gente tenía en ellos les permitían competir con los gobernantes que también acuñaban monedas. Los primeros en empezar a usar oficialmente el papel fueron los chinos en el siglo IX, aunque éste ya sea utilizaba desde el siglo VII.

En occidente, los primeros en usar papel moneda fueron los suecos: en 1661 Johan Palmstruch, fundador del Banco de Estocolmo, los entregaba como una especie de recibo para quien depositaba oro u otro metal precioso. Y es así como se empiezan a intercambiar billetes en lugar de los metales que estos representaban, billetes que en ese tiempo estaban respaldados por su “peso en oro”. Y es este el motivo por el cual muchas de estas monedas se conocían como “peso”. Sin embargo, en el siglo veinte el esquema cambió, perdiendo esos “pagarés” o “recibos” el respaldo metálico que antes tenían: hubo una involución, un retroceso, en lo que al dinero respecta.

Hoy, nos encontramos a merced del poder arbitrario de los gobernantes que emiten las monedas llamadas de “curso legal” sin ningún respaldo, más que el del abstracto Estado: que no son otros más que los políticos, en gran parte corruptos, que llegan al ejercicio del poder. No obstante, esto va a cambiar en los próximos años. El dinero como institución, después del traspié del siglo pasado, continúa en este siglo su evolución por medio de las criptomonedas, las cuales con razón son temidas por los gobernantes, todavía desconocidas por la mayoría de personas y vilipendiadas por personas mal intencionadas, ignorantes o sesgadas que hasta del narcotráfico las quieren responsabilizar.

Pero, ¿qué son las criptomonedas? ¿Quiénes la “acuñan”? ¿Qué o quiénes las respaldan? ¿Cómo nos beneficia o afecta la evolución del dinero? ¿Es esta evolución parte de la cuarta etapa de la revolución industrial: de la revolución digital y de la inteligencia artificial? En fin, son un montón de preguntas las que muchos nos hacemos, es especial aquellos que no queremos que nos deje el tren del progreso. Por eso es importante, para aclararnos las ideas, asistir al LiberCon sobre el Bitcoin. Para más información vaya al sitio libercon.gt

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 12 de marzo de 2018.

¿Magistrados o dictadores de la CC?

El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.