Antejuicio contra la CC

Fotomontaje de Prensa Libre. La oración que acompaña a la imagen es mí responsabilidad.

En mi artículo anterior, comenté que uno de los casos más dramáticos de nuestra realidad es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, lo que representa una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero la mayor pérdida que ha dejado este hecho deplorable es que a la fecha se calcula que alrededor de 8 mil personas, no 6 mil como estimé hace una semana, se han quedado sin ingresos debido a esta infamia.

¿Quiénes son los principales responsables de  esta tragedia colectiva? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en especial Gloria Patricia Porras Escobar y sus fieles seguidores, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, los cuales maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su perversidad y falta de responsabilidad.

La ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días, lo que constituye una prueba irrefutable de la falta de cumplimiento de sus deberes, además de su mezquindad y falta de solidaridad con los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo.

Se debe acusar a los magistrados de la CC de, por lo menos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal que dice: “Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Agregaría el  incumplimiento de deberes, plasmado en el artículo 419: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Si hay quien tiene el descaro de interpretar que los magistrados no son funcionarios, tendrá que aceptar que se les puede acusar de retardo de justicia, según reza el artículo 468 del Código Penal: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial”.

Sé que antes de que se les pueda acusar, se les debe retirar el privilegio del antejuicio del cual gozan. Por cierto, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular (que hoy disfrutan miles, una vez tengan alguna relación con el ejercicio del poder o deseen ejercerlo por medio de elecciones), les permite hacer impunemente lo que se les antoje a aquellos que lo poseen, incluido beneficiar a quienes ellos quieran o fregar a quienes lo deseen, como lo prueba el caso de la Mina San Rafael.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de agosto de 2018.

La realidad guatemalteca

Según he leído en algunos medios y redes, parece que en Guatemala no sólo Jimmy Morales vive en la Luna. Por ese motivo, decidí hacer un breve recuento de algunos de los muchos hechos que nos muestran la realidad en la que vivimos: una verdadera crisis que se agudiza.

Uno de los casos más dramáticos es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero lo más trágico es que a la fecha se calcula que alrededor de 6 mil personas se han quedado sin ingresos debido a esta situación. ¿Quiénes son los principales responsables de  estos hechos deplorables? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su malevolencia: la ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días.

Según funcionarios del Banco de Guatemala, las exportaciones cayeron aproximadamente un 2.7 por ciento en los primeros seis meses del año y la Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo 6.5 por ciento de enero a marzo, comparadas con el mismo período del 2017. La IED ha decaído en los últimos tres años. En julio el Índice de Confianza de la Actividad Económica retrocedió a 31.25 puntos, la más baja del año. El 92 por ciento de los encuestados consideró que la economía está peor que hace un año y el 75 por ciento descartó que la situación mejore en los siguientes seis meses.

Los conflictos sociales en las comunidades preocupan hasta a los directivos de las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, quienes demandaron garantías para la inversión. Se prevé que los conflictos van a aumentar, principalmente en el interior del país. Parte del problema es la tolerancia de las autoridades a las medidas de hecho de los grupos de presión, tales como las invasiones de fincas, los secuestros y los bloqueos. Conflictos que empeoran por la falta de empleo productivo que lleva a muchos a emigrar o a emprender en lo que puedan, aceptando que serán extorsionados por los pandilleros de su área. Todo lo anterior sumado a la multiplicación de las “patrullas de seguridad locales”, ante el incumplimiento del gobierno de su función primordial: velar porque no se violen los derechos individuales de los ciudadanos.

Si agregamos a la falta de certeza jurídica, los obstáculos que hay en nuestro país a todo nivel para emprender, comerciar y producir, es creíble el aumento de la pobreza que presentó la semana pasada el gobierno de Guatemala en Perú, durante la III Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocada por la  Organización de Naciones Unidas. El porcentaje de pobres se calcula en 59.3 por ciento de la población, lo que representa un aumento de más de ocho puntos porcentuales con relación a 2006.

Se me acabó el espacio, pero no las evidencias de que la realidad de la mayoría es peor de lo que imagina la minoría, a la cual le caería bien poner los pies en la Tierra y dejar de falsear la realidad. Si no cambiamos el sistema político (estatista e intervencionista), estamos condenados a vivir, más que en una eterna primavera, en una eterna agonía.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 13 de agosto de 2018.

¿Magistrados o dictadores de la CC?

El frágil sistema de pesos y contrapesos propuesto por los constituyentes en 1985 ya no funciona. O, tal vez nunca funcionó, porque la falla del sistema es de raíz. El problema se origina en las premisas a partir de las cuales acordaron las normas que nos iban a regir en la que, efectivamente, es la era democrática; en la cual la mayoría (de la minoría que es la que generalmente vota) elige emocionalmente, motivada por ofertas incumplibles pero que alimentan la falaz y cómoda idea de que alguien más se va hacer cargo de nuestras vidas.

La ironía del caso es que al final, quiénes se han convertido en los dioses de nuestra democracia son cinco personas que integran la Corte de Constitucionalidad (CC), quienes ni siquiera son electos por los ciudadanos, sino son designados a dedo, dependiendo de qué grupo de presión es el más influyente en un momento determinado. Por cierto, esos mismos grupos de interés son también un resultado del sistema de incentivos perversos que actualmente impera en nuestro país, en el cual en última instancia prevalece la voluntad de los magistrados de la Corte mencionada. En otras palabras, son ellos quienes están gobernando sin límites e importándoles poco la Constitución, la justicia y el bienestar de los guatemaltecos. Un  ejemplo de lo anterior es el caso del cierre de operaciones de la Mina San Rafael.

Leslie Stephen, en “The Science of Ethics” (1882), reconoce que “los abogados tienden a hablar como si la legislatura fuera omnipotente, ya que no se ven precisados a ir más allá de sus decisiones… pueden hacer cualquier ley que les plazca y en cuanto una ley significa cualquier norma establecida por la legislatura”. Y, aunque Stephen considera que “desde el punto de vista científico, el poder de la legislación está estrictamente limitado... desde dentro porque la legislatura es el producto de una cierta condición social… que determina la sociedad… [Por medio de] la Constitución… y desde fuera, porque el poder de imponer leyes depende del instinto de subordinación, que en sí mismo tiene sus límites”, en nuestra triste realidad, los legisladores podrían decidir que había que “matar a todos los niños de ojos azules”, probando la locura que los invade, y, peor aún, la mayoría de los ciudadanos mostrarían que se han convertido en “súbditos idiotas” sometidos a una legislación absurda, exigiendo que ésta se cumpla.

¿Cómo serán recordados los magistrados de la CC?  ¿Cómo personas honestas, respetuosas de la ley y conscientes de su responsabilidad? ¿O cómo oportunistas vendidos a la voluntad destructora de CALAS? ¿Cuántos se quedaran sin trabajo si cierra definitivamente la Mina San Rafael? ¿Quiénes se benefician del cierre y por qué se benefician? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos encontramos indefensos ante las decisiones de la CC? ¿Sólo nos queda esperar que, casi por milagro, los dictadores de la mencionada corte cumplan con su función de defender el orden constitucional, según dicta el artículo 268 de la Constitución?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de marzo de 2018.

Un mundo justo

Es uno de los eslóganes más comunes. En su nombre los artistas hacen conciertos, los burócratas estatales (nacionales y supranacionales) organizan cumbres, los miembros de los grupos de presión exigen privilegios… En fin, ¿quién en su sano juicio no desea vivir en un “mundo justo”? El problema no se encuentra en el anhelo de que prevalezca la justicia. El problema se encuentra en la definición ambigua del término “justicia” y el poco entendimiento de la mayoría de lo que es justo. Es por eso que en nombre de ese “mundo justo” se terminan cometiendo tremendas injusticias.   

¿Cómo sería un “mundo justo”? ¿Por qué sería un “mundo justo”? ¿En qué nos basamos para decir que es un “mundo justo”? ¿Qué necesitamos para vivir en un “mundo justo”? Primero, reconocer que “justos” sólo podemos ser los seres humanos que decidimos cultivar el hábito de darle a cada quién lo que le corresponde. Y segundo, así como buscamos ser justos en nuestra vida diaria, debemos buscar esa justicia en la sociedad en la que vivimos, lo que significa que el sistema político que impere en nuestro país debe ser justo.

¿Cómo debe ser ese sistema justo que respete la máxima de darle a cada quien lo que le corresponde? ¿Debe ser un sistema que discrimine y beneficie a unos a costa de los otros? ¿O debe ser un sistema de leyes iguales para todos? ¿Un sistema que vele por igual para que se respeten los mismos derechos y las mismas obligaciones a todo miembro de la sociedad? ¿Debe ser un sistema que reconozca y respete el éxito a quien le corresponda y, por otro lado, castigue a los delincuentes y criminales, los cuales deben ser obligados a compensar a sus víctimas?

Lamentablemente, en el mundo actual, en diferentes grados, el sistema que predomina es el que discrimina. El sistema de incentivos perversos, injusto, que favorece a los que engañan, roban, destruyen… y castiga a los productivos, responsables, que se superan y respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Los trágicos sucesos recientes en el correccional “Las Gaviotas” y la decisión de los magistrados de la “Corte Intermedia de Injusticia” en el caso de la Minera San Rafael son una muestra más del fracaso de ese sistema que sólo beneficia en el corto plazo a gente acostumbrada a violentar los derechos de otros y vivir parasitariamente del trabajo del resto. Otra tragedia provocada por quienes promueven el Estado Benefactor/Mercantilista.

Dentro de ese contexto, es perder el tiempo preguntarse por qué tantos de nuestros compatriotas deciden emigrar y por qué son pocos, cada vez menos, los que se atreven a invertir en Guatemala. Más que medidas superficiales para promover “un mundo justo”, lo que necesitamos es que más personas se decidan a cuestionarse y, después de aclararse las ideas, cambiar de raíz lo que hay que cambiar y podemos cambiar por ser creación humana: el sistema político estatista e intervencionista.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 10 de julio de 2017

¿Ecoterroristas narcotraficantes que secuestran?

¡Adónde hemos llegado!  ¿Adónde vamos a llegar?

Los lamentables hechos que conocemos sobre la situación en que viven los habitantes de los municipios de San Rafael Las Flores y Casillas (Santa Rosa), y de Mataquescuintla y la cabecera departamental de Jalapa (Jalapa), en los cuales decretó Otto Pérez Molina un Estado de sitio (que ahora cambió por un Estado de prevención) son una muestra más de la inseguridad en la que vivimos en Guatemala. Por supuesto, hay lugares como los mencionados en los cuales el contexto es más delicado que en otros.

Según la información que ha circulado en los medios de comunicación, hay evidencia de que por lo menos existe una banda de criminales dedicados al secuestro, al asesinato por encargo (sicariato) y al robo, entre otros actos violatorios de los derechos individuales de los pobladores. A estos hay que sumar los grupos de narcotraficantes y de ecoterroristas que operan en estos lugares, de los cuales encontramos sucursales en todo el país. Estos últimos que, como todos los grupos de presión, viven de la destrucción con un supuesto noble fin que les permite conseguir dinero de los tributarios de otros países que gamonalmente les regalan los burócratas de la comunidad internacional a cargo de manejarlos.

“La minería no logra crear empleo significativo”, declaró Juventino Gálvez, Director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), a Siglo Veintiuno el pasado 5 de mayo. Habría que preguntarle a las miles de personas que están empleadas por proyectos mineros qué piensan de esta afirmación. Y también debería preguntársele a quienes de manera indirecta se benefician de la explotación minera. Habría que preguntar a todos los habitantes de Guatemala que utilizamos productos cuyo origen es minero. Total, habría que preguntar a todos los habitantes del mundo, incluidos aquellos que se oponen a la transformación de los recursos naturales en riqueza.

Los que abonan el manido conflicto y provocan supuestos enfrentamientos en la sociedad (más bien son luchas de poder entre grupos de interés) son aquellos que tergiversan el contexto y mienten a gente que no discierne entre la verdad y la mentira (no se atreven a confrontar sus premisas con la realidad), y terminan repitiendo prejuicios de individuos que por medio de falacias, logran obstaculizar la mejora en la calidad de vida de los más pobres, condenándolos a ellos y a sus descendientes a vivir miserablemente. El día que no haya pobres que defender, se quedarán sin trabajo. Por supuesto, en el largo plazo obstaculizan el progreso de todos.

El ecoterrorismo es un medio para agenciarse de dinero y vivir bien a costillas de otros. Pregúntese: ¿Son la mayoría de los pobladores de San Rafael Las Flores los que se oponen a la Mina? ¿Es gente de otros lugares? ¿Quiénes se benefician con el enfrentamiento? ¿Será que algunos quisieran que hubiera una mina cerca de ellos? ¿O solo quieren disfrutar de las ventajas que ha traído a otros poblados?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de mayo de 2013. La imagen la bajé de mamanga.blogspot.com