Juicio sin ante

Todo aquel del cual haya sospecha de que cometió un delito o un crimen debe ser investigado. Si las sospechas son confirmadas y se recaban las evidencias suficientes para ir a juicio, debe ser juzgado. Y si en ese juicio, una vez cumplido con el debido proceso, no queda ninguna duda de que es el responsable de las violaciones de las cuales se le acusa, debe de pagar las consecuencias de sus acciones y compensar a sus víctimas. Sin importar quién sea el imputado. En especial, si el imputado es parte del gobierno. Aunque éste sea el mismo Presidente del Ejecutivo, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema justicia o el Presidente de la Corte de Constitucionalidad. O quién sea. Nadie debe estar por encima de la ley.

Una vez hay indicios de que alguien cometió un crimen debe ser investigado. ¿Por qué van a tener una prerrogativa especial aquellos que están en el ejercicio del poder? Al contrario, precisamente por eso deben ser más fiscalizados. Por eso es primordial que se elimine, de una vez por todas, el privilegio del antejuicio. Ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ni los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni el Procurador de los Derechos Humanos, tienen ninguna aureola de santos para que no se les pueda investigar y acusar si el resultado de la investigación lo justifica. Si se sospecha que han cometido alguna arbitrariedad, deben de ser investigados como cualquier otra persona.

En el caso de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es obvio que han violentado las normas en múltiples ocasiones. Uno de esos casos es el de la Mina San Rafael, por el que queda claro que es justo que se les inicie un proceso. En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, habría que preguntarse por qué su defensa de los derechos humanos, es selectiva. No dudo de que le preocupa muchísimo la situación del señor Anders Kompass o de Iván Velásquez, pero no entiendo, solo por dar un ejemplo, por qué no ha movido un dedo por los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo a causa de la injusta suspensión de operaciones de la mencionada empresa minera.

Como lo señalé hace unas semanas, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular, les permite hacer impunemente lo que se les antoje a quienes se les otorga, incluido beneficiar a quienes quieran o fregar a quienes lo deseen. En el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El privilegio del antejuicio provoca más desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder. E, irónicamente, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. El privilegio del antejuicio no debe ser reformado: debe ser eliminado.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 10 de septiembre de 2018.

Antejuicio contra la CC

Fotomontaje de Prensa Libre. La oración que acompaña a la imagen es mí responsabilidad.

En mi artículo anterior, comenté que uno de los casos más dramáticos de nuestra realidad es el de la Mina San Rafael, que ya cumplió más de 400 días sin operar, a un costo diario para nuestra economía de 5.1 millones de quetzales, lo que representa una pérdida acumulada de más de 2 mil millones. Pero la mayor pérdida que ha dejado este hecho deplorable es que a la fecha se calcula que alrededor de 8 mil personas, no 6 mil como estimé hace una semana, se han quedado sin ingresos debido a esta infamia.

¿Quiénes son los principales responsables de  esta tragedia colectiva? Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en especial Gloria Patricia Porras Escobar y sus fieles seguidores, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Amilcar Mejía Orellana, los cuales maliciosamente han retardado su decisión, por lo cual deben ser juzgados y pagar las consecuencias de su perversidad y falta de responsabilidad.

La ley establece que la CC debe dar una resolución cinco días después de la vista pública, la cual se dio hace casi 300 días, lo que constituye una prueba irrefutable de la falta de cumplimiento de sus deberes, además de su mezquindad y falta de solidaridad con los miles de compatriotas nuestros que se han quedado sin trabajo.

Se debe acusar a los magistrados de la CC de, por lo menos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 418 del Código Penal que dice: “Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Agregaría el  incumplimiento de deberes, plasmado en el artículo 419: “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”.

Si hay quien tiene el descaro de interpretar que los magistrados no son funcionarios, tendrá que aceptar que se les puede acusar de retardo de justicia, según reza el artículo 468 del Código Penal: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial”.

Sé que antes de que se les pueda acusar, se les debe retirar el privilegio del antejuicio del cual gozan. Por cierto, debemos continuar luchando porque se elimine este y todos los privilegios existentes, si es que queremos vivir en un Estado de Derecho en el cual todos seamos iguales ante la Ley. Este privilegio en particular (que hoy disfrutan miles, una vez tengan alguna relación con el ejercicio del poder o deseen ejercerlo por medio de elecciones), les permite hacer impunemente lo que se les antoje a aquellos que lo poseen, incluido beneficiar a quienes ellos quieran o fregar a quienes lo deseen, como lo prueba el caso de la Mina San Rafael.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 20 de agosto de 2018.

Privilegio a la impunidad

El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

¿R.I.P. Otto Pérez Presidente?

El fin muy cerca está. ¿Lo afrontará serenamente? No lo creo. Se le ve en el semblante que está cansado, apesadumbrado y angustiado. Parece un anciano maltratado. Otto Pérez Molina no va a descansar en paz después de fracasar como Presidente de Guatemala. Al contrario, va a empezar el verdadero calvario: el justo castigo de sus acciones punibles como mandatario fallido de nuestro país.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia unánimemente abrieron el ataúd donde se van a depositar los restos mortales de lo que fue el gobierno de Pérez Molina. Los responsables de depositar el cadáver son los diputados integrantes de la comisión pesquisidora a cargo del proceso de antejuicio en contra del otrora gozoso gobernante. Si es que acaso antes no decide renunciar como lo hizo Roxana Baldetti.

Va, cual Dante tras su Beatriz, al mismísimo infierno. Pero, a diferencia del escritor florentino precursor del Renacimiento, Otto se quedará con Roxana en el círculo del averno que les corresponde. Como politiqueros corruptos que son, les toca quedarse a pagar sus crímenes en el quinto recinto (o bolgia) del octavo círculo. Los llevará en este caso el Gerión (monstruo alado con tres cabezas) que encarna a los tres burócratas que no honraron su palabra de protegerlo: Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana. Será más poderosa la presión de los valientes y consistentes mandantes que hemos protestado pacíficamente y exigimos que se haga justicia, que el espurio trato que hicieron con Pérez Molina.

En particular en el caso de Robinson, Embajador de EE. UU., que como buen pragmático que debe ser, va a preferir dejar de proteger a un personaje que es denostado por la mayoría de habitantes del pueblo en que ejerce su papel de Procónsul, que manchar su carrera diplomática. Total, Guatemala es solo un paréntesis en su camino en pos de más altas cumbres políticas. No se puede dar más color del que ya se dio apoyando a semejante impresentable y a quienes con él han dilapidado los impuestos que hemos pagado durante los años de su malhadado reinado.

Pérez Molina, como su esposa Rosa Leal, se debe de preguntar, ¿por qué yo, si en todos lados hay corrupción? Pues bueno, porque su gobierno no sólo ha sido el más voraz, sino aquel en el cual se rebosó el vaso. Él y su nefasta compañera en las orgías de la corrupción estatal en las que se robaron el dinero que nos han expoliado a los tributarios, acabaron con nuestra paciencia. Ahora deberán pagar las consecuencias.

Pero, al fin, Pérez Molina y Baldetti son solo el resultado esperado del sistema político de incentivos perversos que prevalece desde hace décadas en Guatemala, y que atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Mientras no cambiemos de raíz ese sistema estatista, colectivista e intervencionista, injusto e inmoral, la situación de la mayoría va continuar deteriorándose. Si queremos prosperar en nuestro país, debemos sustituir al Estado Benefactor/Mercantilista por un auténtico Estado de Derecho Republicano.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 15 de junio de 2015. La imagen es composición mía con texto propio. La foto de base la bajé de Internet y es de autor desconocido.