El Estado de Derecho y las leyes objetivas

Viviremos dentro de un Estado de Derecho cuando no necesitemos intérpretes de la ley. Cuando, efectivamente, lo que predomine y rija en las relaciones entre los individuos de una sociedad, sean normas generales, universales, impersonales, objetivas y pocas para que sean entendidas y acatadas por todos. Cuando esas normas se enfoquen en que prevalezca el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo, sin privilegios para nadie.

Cuando recuperemos el ideal aristotélico de que “todo Estado es, evidentemente, una asociación y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno”. Cuando se acepte que para buscar nuestra felicidad y florecer, necesitamos cooperar en paz, ser productivos y no pretender vivir a costa de los demás.

El propósito de la ley, el propósito apropiado, es establecer los principios generales de conducta, que gobiernen las relaciones humanas en una sociedad. Que establezcan los principios de conducta que promuevan el respeto a los derechos individuales y eviten que unos quebranten los derechos de otros. Para alcanzar estos fines, las leyes deben ser objetivas. Una ley objetiva, es una ley que define, basada en los hechos y en la naturaleza de las cosas -en particular la naturaleza humana-, lo que constituye un delito o lo que está prohibido, y el tipo de pena en que una persona incurriría si realiza la acción prohibida.

Las leyes objetivas definen principios generales, que los jueces aplican en casos concretos. Lo cual es, indiscutiblemente, una tarea difícil. Como explica Ayn Rand, la aplicación objetiva de principios legales en áreas particulares puede ser bastante desafiante. Por ejemplo, en los ensayos titulados “La naturaleza del gobierno” y “Las vastas arenas movedizas”, Rand discute la cuestión de la locura temporal como defensa en el derecho penal (un “tema muy delicado”), los argumentos contrastantes a favor de la pena capital (una “pregunta muy difícil”), y si la ignorancia de la ley puede calificar como una defensa. También discute los principios que deben guiar a los legisladores para determinar la jerarquía de los castigos criminales, la responsabilidad legal de los niños y personas insanas, y las reglas de evidencia que guían a los tribunales.

Rand también aborda en los ensayos mencionados, los peligros de la ley no objetiva, que significa "una ley sin definición específica, que puede tener tantas interpretaciones diferentes como hombres que las interpreten". Bajo una ley no objetiva, los ciudadanos estamos a merced de la arbitrariedad de los intérpretes, o sea, los jueces y los magistrados. La ley no objetiva, como afirma la filósofa citada, es un requisito previo para la tiranía. “No importa cuán severa sea la forma de gobierno que puedas tener… si sus leyes, sus edictos son objetivos, un gobierno así no es una tiranía". ¿Queremos ser libres y progresar? Debemos, entonces, acabar con la dependencia de intérpretes de leyes, reformando de raíz nuestro sistema normativo.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 18 de febrero de 2019.

El secreto mejor guardado

El secreto mejor guardado, al menos por estos días, es el motivo por el cual los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgaron la suspensión provisional al acceso de información bancaria con fines tributarios, al resolver a favor de la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S. A., la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad con el fin de eliminar el Artículo 52 del decreto 37-2012, aprobado en agosto de 2016 y que entró en vigencia en febrero de 2017, referente a la Ley para el “Fortalecimiento Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, la cual adicionó el artículo 30 C al Decreto Número 6-91 del Código Tributario.

Considero que el escenario más probable por el cual ¡al fin! tomaron una decisión apegada a la Constitución y al respeto a nuestros derechos individuales, es por temor a que los inquisidores de la recientemente legalizada oficinita de la SAT, formalmente conocida como la “Gerencia de Investigación Tributaria”, que ya no es controlada por su amigo Juan Francisco Solórzano Foppa, decidan averiguar con cuántos fondos cuentan los mencionados magistrados y cómo manejan sus cuentas. Pero, en fin, esta es sólo una suposición mía.

Con esta decisión, restituyeron, por el momento, el derecho al debido proceso en lo que respecta a los casos que involucran a la SAT y a un tributario al cual los primeros intentan exprimir aún más de lo que ya lo hicieron. Si quieren conocer las operaciones de nuestras cuentas bancarias, tendrán que defender su caso frente al Ministerio Público (MP) y frente a un juez competente, que no esté al servicio de los gobernantes, para que éstos decidan si hay o no una causal que justifique el reclamo de los funcionarios de verificar información privada de un cuentahabiente. Si existe evidencia objetiva y justa, tanto el MP como el juez deberán girar instrucciones para que los representantes del banco entreguen la información solicitada. Así ha funcionado y así deberá seguir funcionando.

El secreto bancario no existe en Guatemala. Lo que hay en nuestro país, y lo cual debemos defender, es el debido proceso que mencioné en el párrafo anterior. La razón de ser de todo debido proceso es proteger a los ciudadanos responsables, respetuosos y productivos de la violación de sus derechos individuales por parte de los gobernantes, limitando el ejercicio discrecional y arbitrario del poder que éstos y los burócratas bajo sus órdenes gozan.

Como era de esperar, tanto funcionarios de la SAT como del Ministerio de Finanzas se lamentaron de la resolución de la CC. Yo celebro la decisión de la Corte, ya que era evidente la inconstitucionalidad desde que fue aprobado por el Congreso. La reacción de los gobernantes y sus empleados era previsible pues lo que a ellos primordialmente les interesa es expoliar a los tributarios, sin importarles el bienestar de los demás y el respeto que nos deben. No se deje asustar por el petate del muerto de la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (OCDE) y las amenazas de los burócratas nacionales, internacionales y supranacionales. Piense en su propio desarrollo y el de sus seres queridos.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 6 de agosto de 2018.

Escudo anticorruptos

El único escudo anticorruptos que cumple con el objetivo de reducir al mínimo posible la corrupción es un verdadero Estado de Derecho. Un término utilizado de forma superficial por tantos que, deduzco, por sus propuestas para construirlo o, no tienen ni idea de qué es un Estado de Derecho o, simplemente usan el término como muletilla políticamente correcta para avanzar sus intereses personales a costa, precisamente, de ese Estado de Derecho.

El Estado de Derecho no se construye con la incontinente aprobación de nueva legislación por parte del Congreso. Si el Estado de Derecho fuera lo mismo que una incontable cantidad de supuestas leyes, de decretos y de regulaciones, ¡hace cuánto tiempo no hubiéramos cantado victoria en Guatemala! Y las condiciones de vida de aquellos que hacen el esfuerzo mental y físico por superarse serían mil veces mejor. Sin embargo, ¿cuántas leyes existen en nuestro país y acaso han contribuido la mayoría de estas a que vivamos en paz, con seguridad y justicia?

Por cierto, una cosa es el Estado de Derecho y otra el Estado de Legalidad. Por supuesto, el Estado de Derecho implica un Estado de Legalidad, pero un Estado de Legalidad NO implica un Estado de Derecho. En una dictadura puede ser que se cumpla con la mayor parte de las llamadas leyes, pero tales leyes en lugar de cumplir con su función de proteger a los individuos, sirven para violar sus derechos y asegurar la explotación de la gente por parte de los dirigentes.

En nuestro país, mucha de la legislación no se cumple. Al menos, no la cumplen aquellos que viven dentro de la economía informal, que son la mayoría. ¡Y menos mal no se cumple, porque hoy estaríamos peor! ¿Y por qué no se cumple? Porque la mayoría de normas son ilegítimas e incumplibles. Porque violentan los derechos de muchos para beneficiar a unos pocos. Porque casi toda esa legislación promueve la corrupción. ¿Significa esto que los guatemaltecos necesitamos “reglas especiales” que se adapten a nosotros? ¿Será que nuestra naturaleza es diferente a la naturaleza del resto de humanos? Quienes creen tal mentira ancestral, es probable que nunca hayan leído ni escuchado la sentencia de G. K. Chesterton de que “lo esencial en los hombres es lo que tienen en común y no lo que los separa”.

Bruno Leoni distinguió entre la seguridad jurídica a corto y a largo plazo. La primera está asegurada por el hecho de que las normas están escritas y son accesibles. Y, según Leoni, la seguridad jurídica a largo plazo se remonta a los romanos, quienes tenían "un concepto de la certeza de la ley que se podía describir como que el significado de la ley nunca debía estar sujeto a cambios repentinos e impredecibles".

En fin, tratando de concluir un tema de por sí vital como incomprendido, la esencia de la ley radica en las interacciones humanas tal cual son, y no en el gobierno que tiene el poder de legislar. La gente hace la ley al esperar un respeto mutuo por ciertos reclamos que le son propios: su propiedad, su vida y su esfera de acción autónoma. En otras palabras, el Estado de Derecho está conformado por las normas que promueven el respeto al derecho ajeno lo que, parafraseando a Benito Juárez, es el bien común.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “El Siglo”, el lunes 21 de mayo de 2018.

El desborde del poder

Con tanta legislación, en la era de la supuesta lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo podremos aguantar hasta el desborde del poder? Porque, a menos que logremos parar la legislorrea de la cual adolece el Congreso, y se comience a deslegislar, la situación no va a mejorar. Por el contrario, solo puede empeorar.

Bien lo explicó Andrew Hamilton en 1735, en “El juicio de John Peter Zenger”: “El poder se puede comparar con un gran río. Si bien se mantiene dentro de sus límites, puede ser hermoso y útil. Pero cuando se desborda, es demasiado impetuoso para frenar; arrasa con todo lo que está delante de él, y trae destrucción y desolación donde sea que venga”. Un aterrador símil. Más en países como el nuestro en el cual el poder atrae a los peores representantes de nuestra sociedad.

¿Se ha preguntado qué pasa cuando los resentidos y los envidiosos llegan al ejercicio del poder? ¿O lo ejercen de hecho desde la abstracta sociedad civil, por medio de grupos de presión políticamente correctos? ¿Qué sucede con las condiciones de vida del resto, descontando de estos a los amigos y familiares de los gobernantes? ¿Cómo afecta al ciudadano sin influencias, con miedo a expresarse, apático ante una situación que en el menos malo de los escenarios se estanca? ¿Qué les sucede a las personas que arriesgan, que invierten, que intentan crear riqueza? ¿Cómo acaban aquellos que son exitosos gracias a su propio esfuerzo mental y físico? ¿Quiénes terminan manteniendo a los que ostentan el poder y a su círculo cercano?

Para evitar el desborde del poder y la destrucción que éste trae consigo, debemos regresarlo a su curso limitándolo. Para alcanzar tal meta, es necesario entender que el objetivo de la LEY no es privilegiar a grupos específicos (familia, mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera) El objetivo de la Ley es velar porque se le reconozca a cada persona lo que le corresponde, lo que asegura la convivencia pacífica y respetuosa dentro de una sociedad. Para eso, más que legislación o mandato específicos para beneficiar a unos a costa de otros, la LEY debe ser igual para todos, sin distinción de sexos, etnias, preferencias, etcéteras.

Hamilton recomienda que “si, entonces, esta es la naturaleza del poder, hagamos al menos nuestro deber, y como los sabios que valoran la libertad, empleemos nuestro máximo cuidado para apoyar la libertad, el único baluarte contra el poder sin ley, que en todas las edades ha sacrificado a su salvaje lujuria e ilimitada ambición la sangre de los mejores hombres que jamás hayan existido". ¿Qué estamos haciendo para salvaguardar nuestra libertad y nuestros derechos individuales del desborde del poder?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 26 de marzo de 2018.

Desigualdad: pobreza y corrupción

Tanto la pobreza como la corrupción, junto con otros muchos males, son consecuencia de la desigualdad. Pero no de la desigualdad económica como algunos repiten irresponsablemente desde tiempos de Karl Marx. La pobreza y la corrupción son consecuencias de la desigualdad ante la ley, cuando ésta pierde su razón de ser y se convierte en un medio para otorgar privilegios a unos a costa de los otros.

Sé que reconocer lo anterior es ir en contra de la idea predominante en el mainstream intelectual, que apoya esa desigualdad ante la ley para buscar la igualdad en las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, yo elijo ser políticamente incorrecta, porque lo que me interesa es estar en lo correcto: que los juicios que emita sean verdaderos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad. Total, si nos vamos a dejar guiar por las opiniones de los demás, ¿qué sentido tiene tener opiniones propias?

Quienes hoy sufren los estragos de la miseria, irónicamente, están sufriendo más “por las buenas personas que quieren preocuparse por los negocios de otros hombres que por las malas personas que están dispuestas a dejar que todos se preocupen por sus propios asuntos individuales”, como declaró Clarence Darrow, en su discurso de 1908 a los miembros de la Liga de la Libertad Personal. Hecho que podemos corroborar con sólo ver los resultados trágicos que el intervencionismo en búsqueda de la igualdad económica ha provocado.

El origen de la pobreza NO es la desigualdad per se. La desigualdad es propia de nuestra naturaleza. No existen dos personas idénticas. Todo ser humano es único e irrepetible: un fin en sí mismo. Respetarnos implica reconocer que cada quién es libre de elegir su proyecto de vida y, además, es responsable de realizarlo. Y es en esa diversidad de individuos y de elecciones en donde encontramos el origen del progreso de nuestra especie. Lamentablemente, quienes pretenden acabar con tal desigualdad, que entre otras cosas se refleja en la consecuente diferencia en ingresos, promueven medidas estatistas que obstaculizan la creación de riqueza que permite la mejora en la calidad de vida de todos. En fin, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Y la ironía de lo anterior es que con esas medidas que invocan la intervención del omnipotente, Estado, terminan favoreciendo a los gobernantes otorgándoles poderes casi ilimitados. Poder que utilizan para favorecer a amigos o extorsionar a la gente productiva y creadora de riqueza. El origen de la corrupción NO es el financiamiento a los políticos como pretenden algunos que creamos. El origen de la corrupción es ese PODER que gozan dentro del Estado Benefactor/Mercantilista aquellos que llegan a su ejercicio.

“El hombre verdaderamente educado es ese individuo raro que puede separar la realidad de la ilusión”. Eduquémonos y ayudemos a otros en ese proceso. Demos la batalla de las ideas, previamente aclarando las propias, para que cambiemos efectivamente lo que debemos cambiar, si es que nuestro objetivo es superar la pobreza, acabar con la corrupción y progresar.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 27 de noviembre de 2017.

Extorsión del fiambre al tamal

Veo con tristeza que mi país se ha convertido en el reino de los extorsionistas. Pero no sólo me refiero a los más obvios integrantes de este grupo, los pandilleros, que desde las mismas cárceles extorsionan a la gente responsable, respetuosa y productiva, entre ellos a los pocos que todavía se atreven a invertir en Guatemala, transformando recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo que tanta falta hacen para reducir la emigración de nuestros compatriotas. Criminales que no dudan en asesinar a quién sea con tal de que sus víctimas sucumban a sus amenazas. Sicópatas que, en la mayoría de los casos, no tienen redención.

Sin embargo, no son los únicos que viven de la extorsión y de la violación continúa de los derechos individuales de la mayoría. Entre los principales extorsionistas se incluyen a los grupos de presión. Organizaciones, en muchos casos, delincuenciales que, así como los pandilleros tienen a su Smurf, ellos tienen a su Daniel, a su Joviel o a su Telma. Que, al igual que los mareros intimidan, ponen en riesgo la vida de los demás y viven del robo de la riqueza creada por otros. Aunque, a diferencia de los mareros y criminales comunes, ellos no se encuentran presos. Más aún, pareciera que son intocables gracias al apoyo que gozan de burócratas supranacionales y estructuras internacionales de personas que viven de la peor de las extorsiones: la extorsión impositiva.

¿Por qué es la extorsión impositiva la peor de todas? Porque utilizan la ley para extorsionar. Esa ley que llamó Frédéric Bastiat pervertida, porque fue desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley que deja de ser ley para convertirse en legislación arbitraria que facilita a los corruptos que llegan al ejercicio del poder expoliar a los creadores de riqueza, y vivir parasitariamente a costa de los tributarios temerosos que claudican ante la amenaza de ir a la cárcel. Ley que termina invirtiendo los papeles entre los mandantes y los mandatarios y, de alguna manera, retrocediendo el reloj a los tiempos del antiguo régimen.

¿Existe una reticencia a pagar impuestos? ¿O una aversión a ser extorsionados del fiambre al tamal? Para responder estas preguntas hay que aclarar el contexto. Es evidente que debemos financiar las funciones propias de la naturaleza de un gobierno si queremos vivir dentro de una verdadera República, donde el poder que gozan los mandatarios está limitado por el respeto a los derechos individuales de aquellos que respetan los derechos de los demás. Derechos que en principio son reconocidos a todos por igual, y que sólo se pierden cuando alguien no cumple con su obligación de respetar la vida, la libertad y la propiedad de otros.

Sobra decir que la realidad de los guatemaltecos no es la propia de una República. Entonces, ¿por qué vamos a pagar impuestos cuando la mayor parte de estos terminan en los bolsillos de burócratas, políticos y oportunistas que negocian con ellos? ¿Por qué aceptamos ser extorsionados? Extorsión que, por cierto, se da todos los días del año, independientemente del menú.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de noviembre de 2017.

Desigualdad ante la ¿ley?

¿Vamos a perder la oportunidad de cambiar de raíz nuestro nefasto sistema político? Sí, lamentablemente, si la mayoría no despierta y deja de entretenerse con el circo y todas las distracciones que este ofrece, en lugar de enfocarse en lo importante: lo que está pasando en el Congreso, las nuevas leyes que los diputados están discutiendo y los cambios constitucionales que pretenden aprobar. Por supuesto, hay que estar también atentos a lo que sucede en nuestros tribunales, donde los jueces y magistrados, en particular los de la Corte de Constitucionalidad, están cambiando la legislación a su antojo y al gusto de los poderosos.

Quiero señalar que ya, a pesar del entusiasmo ciudadano a partir de las manifestaciones de abril y mayo de 2015, una gran parte de los cambios que han sido aprobados en el Congreso, en lugar de acercarnos a la necesaria igualdad ante la Ley, nos han alejado de ésta al otorgar más poder a los gobernantes para que, en nombre del abstracto Estado, intervengan en áreas que no les corresponden y tengan más control sobre nuestras vidas y bienes. En otras palabras, en vez de avanzar en una verdadera reforma, hemos retrocedido.

Digo necesaria “igualdad ante la Ley”, porque sin esta igualdad, la única posible y ojalá fuera la única deseable por todos, es imposible el progreso en el largo plazo. Más aún, es imposible la convivencia pacífica entre los miembros de una misma sociedad. Cualquier otro tipo de igualdad no sólo es inmoral e injusta, sino que es contraria a nuestra naturaleza y lo único que trae consigo es más miseria y obstáculos para superar la pobreza… al menos para la mayoría.

Las siguientes son las condiciones sine qua non para la existencia de un Estado de Derecho: 1. el Imperio de la ley; 2. la existencia de leyes auténticas, o sea que sean iguales para todos, generales, abstractas, conocidas, pocas, ciertas...; 3. el respeto al debido proceso: que los ciudadanos disfruten de los derechos contenidos en la ley y que el peso de la prueba dependa de quién acusa; 4. el respeto a los derechos individuales: vida, libertad y propiedad; y 5. la alternabilidad en el ejercicio del poder. En resumen, debemos acabar con todos los privilegios (exenciones especiales, ventajas exclusivas, leyes privadas) de todos los que hasta hoy se han beneficiado de estos privilegios y, lógicamente, no promover ni aprobar más prebendas para unos a costa de los derechos de los demás.

Los cambios que se hagan a la actual legislación y las leyes nuevas que se aprueben, deben ir enfocados al ideal de la igualdad de todos ante la Ley. Eso es, si queremos convivir en paz los unos con los otros, cada uno buscando sus propios fines por medio de la cooperación y el  intercambio libre basados en el respeto que nos debemos los unos a los otros. De lo contrario, sólo estaremos promoviendo una mayor iniquidad en nuestra sociedad y, en definitiva, en nuestras vidas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 24 de abril de 2017.

El refugio inseguro

El refugio inseguro es el Estado visto como una especie de ser inmaterial, capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Una especie de padre imaginario todopoderoso, una contradicción aceptada por muchos. Y más peligroso es aún, cuando se pretende que los gobernantes, en nombre de tal abstracción, se hagan cargo de las demandas de la mayoría, que rara vez son satisfechas, ya que tales obligaciones son contrarias a la naturaleza del gobierno. Todavía peor, son contrarias a la propia naturaleza del hombre.

Es por eso que, en lugar de vivir mejor cada día de manera sostenida, entre más intervienen los gobernantes en nuestras vidas, mayores son las miserias que encontramos en el camino. Es por eso que ese Estado Benefactor atrae a los peores representantes de nuestra sociedad. Es por eso que los gobernantes terminan aliándose con los grupos de presión que proliferan en ese Estado, una alianza que termina violentando los derechos individuales del resto.

Un ejemplo tremendo de lo anterior es la tragedia del miércoles pasado en el mal llamado hogar seguro, en el cual habían muerto al momento que escribo estas líneas 37 jóvenes mujeres cuya vida, desde que nacieron, fue más difícil que para muchos. Abandonadas y/o violentadas por sus padres y, para colmo de males, condenadas por burócratas nacionales e internacionales a existir precariamente bajo la tutela del Estado. Sí, condenadas a no ser adoptadas por aquellos que podrían haberles brindado un hogar amoroso en el cual se hubieran podido desarrollar. Condenadas a vivir en un infierno y morir en la hoguera por quienes no escucharon que el camino que lleva a tal destino está empedrado de buenas intenciones.

El origen de esta tragedia en particular es fácil de encontrar: la ley antiadopciones que se aprobó hace una década durante el gobierno de Óscar Berger. El, la gente que la promovió y los diputados que la aprobaron deben de ser señalados como responsables. Pero también los son todos aquellos que aplaudieron una medida que, con un poco de esfuerzo mental que hubieran hecho por aclararse las ideas, habrían previsto las consecuencias en el largo plazo de otorgar más poder a los gobernantes, hacer las adopciones casi imposibles e institucionalizar a los huérfanos. Se preocuparon más por lo que podrían ganar algunos de los involucrados, que por el bienestar de los niños abandonados y/o maltratados.

Lamento haber estado en lo correcto hace 10 años cuando escribí lo siguiente: “¿Cómo puede alguien creer, conociendo la ineptitud de los gobernantes en cumplir con sus funciones primordiales, que estos van a saber qué es mejor para los huérfanos? ¿Gente que sólo le interesa robar nuestros impuestos?... Si entran en vigencia las leyes que centralizan la adopción, en lugar de poner un alto a los supuestos actos criminales denunciados, los multiplicarán, junto con la corrupción que va a acarrear la discrecionalidad que le otorguen a los burócratas a cargo”. Llegó la hora de corregir de raíz el error. La ley antiadopciones debe ser derogada.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de marzo de 2017.

Privilegio a la impunidad

El derecho de antejuicio, que siendo correctos debe ser llamado privilegio, debe ser eliminado de nuestro sistema jurídico. Nadie debe estar por encima de la ley y esta debe ser igual para todos. Más aún, en el caso de los gobernantes debe haber un mayor control, ya que se les ha delegado el monopolio del uso legal de la fuerza, el cual dentro del sistema político interventor y estatista que prevalece, usan para violentar los derechos individuales de los soberanos: los ciudadanos.

El Código Procesal Penal en el artículo 293, sí reconoce al antejuicio como un privilegio: “Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda… Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal... Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio”.

El origen de este privilegio se remonta a los antiguos regímenes monárquicos y los fueros  privilegiados que el Rey otorgaba y se reservaba. Según el Diccionario del Español Jurídico de la RAE, compilado por Muñoz Machado, el fuero privilegiado es un "Conjunto de prerrogativas reconocidas a distintas clases o categorías sociales, en virtud de las cuales las causas que les fueran abiertas serían juzgadas conforme a procedimientos especiales y por tribunales determinados, distintos de los comunes, lo que conducía a una gran desigualdad que diferenciaba a las personas, los procesos y los tribunales juzgadores”. Práctica que fue rechazada por el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz (1812).

Como escribió Warren Orbaugh en “La arquitectura de la ciudad”: “La justicia es la misma para todos, pues respetar en las relaciones el derecho de cada individuo es beneficioso recíprocamente para cada quien. Y como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley… si hubiere alguien que gozara de un privilegio, que es una ventaja exclusiva o especial por concesión del gobierno, entonces no serían todos iguales ante la ley, entonces no habría Estado de Derecho, entonces no habría justicia. El derecho es lo justo; el privilegio es lo injusto”.

Se contradicen quienes apoyan el antejuicio, pero dicen estar a favor del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. El privilegio del antejuicio provoca la desigualdad ante las normas y  promueve el sistema de incentivos perversos que atrae a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, ya que falsea la realidad de nuestra naturaleza y los axiomas de la acción humana. Además, se basa en una desconfianza del sistema de justicia al cual pretenden que nos sujetemos el resto. Ser coherentes con los principios liberales clásicos implica pelear contra todos los privilegios, incluidos los privilegios de los gobernantes.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 13 de febrero de 2017.

Fábrica de leyes

Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad los medios de información tradicionales, es esa manía de la mayoría de sus miembros de confundir las leyes con la legislación y creer que al Congreso hay que evaluarlo por la cantidad de decretos que emitan los diputados, sin importar las consecuencias en el largo plazo que acarrean estos decretos. Nuevos decretos cuyo objetivo es crear más regulaciones que lo único que logran es debilitar aún más las pocas normas que merecen ser llamadas leyes. Un mal hábito que repiten año con año, en particular por estas fechas.

El error de creer que el Organismo Legislativo es una especie de fábrica de leyes, que rara vez cumplen con las condiciones para serlo efectivamente, promueve el estatismo y la intervención y, contrario a lo que muchos sostienen, esa incontinencia legislativa a los únicos que favorece es a los gobernantes y sus cómplices, ya sean estos últimos miembros de grupos de presión influyentes o familiares y amigos de quienes ejercen el poder.

Un Estado de Derecho, dentro del contexto republicano, está basado en la igualdad de todos ante la ley. Por eso, las leyes deben de ser universales, abstractas, impersonales y pocas para que sean conocidas y obedecidas. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, mandantes y mandatarios, estos últimos todavía llamados por la mayoría gobernantes. Ninguno de los decretos legislativos, no importa cuántos sean ni quiénes los propongan, que promuevan la violación de los derechos individuales de unos, con la excusa de beneficiar a otros, pueden ni deben ser llamados leyes, porque estos son contrarios a la igualdad mencionada que asegura la vida, la libertad y la propiedad de todos sin distinciones de ninguna clase.

Sin embargo, en los tiempos actuales, aunque mucha gente engaña y se engaña creyendo que vivimos dentro de una república, la realidad es que hay pocas leyes y mucha legislorrea. Y esta última ahogando, poco a poco con cada nueva regulación que es aprobada, a las primeras. Acabando con la efectividad de las leyes y, de paso, con nuestros derechos individuales que quedan a merced de los caprichos de los poderosos y sus secuaces.

En lugar de promover la emisión de más legislación, debemos exigir la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más y más poder. Poder que es el origen de la corrupción, como bien lo enfatizó el célebre Lord Acton, con su hoy aún más célebre frase: “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención arbitraria de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de diciembre de 2016.

Movilidad social

Igualdad ante la ley versus la "equidad"

La llamada movilidad social vertical (poder pasar de pobres a ricos y viceversa) depende del sistema político y la forma de gobierno que impere en una sociedad. A más libertad, más respeto a la propiedad privada de los medios de producción y más seguridad en lo que respecta a la vida y el cumplimiento de los contratos, mayor es la probabilidad de que aquellos que nacen en una familia con pocos recursos económicos puedan crear riqueza y mejorar sustancialmente su calidad de vida. Por supuesto, lo anterior a partir de las metas que cada uno se fije, del riesgo que se esté dispuesto a tomar y del esfuerzo, tanto mental cómo físico, que cada quien esté dispuesto a hacer.

Por el contrario, a más intervención, más estatismo, más colectivismo y más privilegios a los distintos grupos de presión, mayores serán los obstáculos para la superación personal de la mayoría, en particular de los más pobres. Los únicos que por un tiempo se benefician de un status quo basado en la idea de que los gobernantes, en nombre del abstracto Estado, pueden violentar los derechos de unos para favorecer a otros, son aquellos que llegan al ejercicio del poder, sus parientes y sus amigos.

Hace un par de semanas leí un artículo firmado por Sarah O’Connor en el Financial Times (elP 28 de junio de 2016), titulado “Los ricos tienen que ceder su lugar para que los pobres salgan adelante”, el cual me motivó la presente reflexión. En el escrito de O’Connor, lleno de falacias, la autora asegura que casi nada ha cambiado desde el siglo quince, lo que salta a la vista que no es cierto. Obvia, no sé si intencionalmente o por ignorancia, todo el progreso que hubo para los miembros de nuestra especie a partir del siglo diecinueve y de la revolución industrial.

La mencionada reportera termina su artículo de una forma que me parece funesta: “Si no encontramos una manera de impulsar la productividad y el crecimiento, entonces tendremos que aceptar la alternativa: si queremos que avancen más niños pobres, algunos niños ricos tendrán que bajar de nivel”. O’Connor propone sacrificar a unos niños para el supuesto beneficio de otros, apelando a la confusión que existe en lo que respecta al origen de la riqueza y, me atrevo a apostar, que confía en la envidia y el resentimiento de otros para fortalecer el apoyo a su propuesta.

El argumento principal de O’Connor, muy difundido en ambientes burocráticos estatales, se basa en la falacia de que lo que importa es la brecha entre ricos y pobres, y no en el juicio verdadero de que lo importante es la mejora constante en la calidad de vida, sostenida en el tiempo, de todos. ¿Qué podemos inferir de aquellos que les preocupa más la brecha de la desigualdad, que la mejora en la calidad de vida de la gente?

En fin, una de las cosas que podemos hacer es aprender de los errores de nuestros antepasados y de nuestros contemporáneos (los venezolanos, por ejemplo), para no cometerlos nosotros también. Debemos aclararnos las ideas.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 11 de julio de 2016.

Legislación antiprogreso

Los actuales diputados, enfermos de una legislorrea al parecer incurable, se han dedicado a aprobar más legislación intervencionista, estatista y colectivista, cuyo objetivo es darle más poder a quienes lo ejercen, los gobernantes, a costa de nuestros derechos. La mayoría de los decretos legislativos de lo que va del año obstaculizan el progreso y promueven la violación de la vida, la libertad y la propiedad de los habitantes de Guatemala. En lugar de fortalecer a quien deben servir, al mandante, se otorgan más poder a sí mismos y a la burocracia estatal en general.

Son despreciables quienes se quedan callados ante esta situación a pesar de que se dan cuenta de que el poder que se les otorga a los gobernantes para interferir en nuestras vidas y decidir sobre nuestros bienes es proporcional a los niveles de corrupción, impunidad y abusos. O sea, a mayor poder discrecional de los gobernantes y funcionarios públicos, existe más corrupción, más impunidad y más abusos por parte de éstos.  Y peores son aquellos que reconocen lo anterior, y se asociación para delinquir con quienes hacen de la política un negocio infame. 

A los proestatistas y los neomercantilistas influyentes les conviene a sus intereses hacer creer que la solución a las carencias de nuestra sociedad se encuentra en quienes, en la mayoría de los casos, son los causantes del problema: los gobernantes.  Por supuesto, también se avocan luego a ellos para cobrarles la factura del apoyo solicitando privilegios. En nuestro país los gobernantes y los buscadores de rentas promueven una ciega carrera hacia el abismo de la miseria perenne.

Me da pena pensar en el futuro de los más pobres, aquellos por quienes dicen velar los neopopulistas, neonacionalistas y neosocialistas, porque no sólo no logran superar la pobreza en la que viven, sino que cada ley que aprueban los diputados reduce sus probabilidades de que logren mejorar honradamente su calidad de vida. La opción que les queda es la de emigrar a países en los cuales se goza de una mayor libertad, respeto a la propiedad, justicia y seguridad.

Tenga cuidado con quienes proponen más de lo mismo: más allá de las consignas ideológicas desgastadas, agotadas… más allá de los ataques falaces (non sequitur, hombre de paja, ad hominem) enfoquémonos en lo que es nuestro sistema político: ¿qué nos enseña la realidad? Los hechos, ¿qué nos dicen del tipo de sistema que impera en Guatemala? ¿Por qué se ha caracterizado? ¿Por la intervención gubernamental en nombre del abstracto Estado o por el respeto a los derechos individuales de cada uno de los miembros de la sociedad y la igualdad ante la Ley para todos? ¿Hasta dónde llega el control de los gobernantes sobre nuestras vidas? ¿Hasta dónde pretenden llegar con los cambios que intentan aprobar?

El sistema que tiene más de siete décadas de prevalecer en Guatemala es el Estado Benefactor/Mercantilista. Es este el origen del problema. Más de lo mismo, sólo va a empeorar las condiciones en las cuales vivimos.

                                                                            

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 25 de abril de 2016.

No tributemos en la SAT

Depositemos el pago de nuestros impuestos en un tribunal, amparándonos en el artículo 45 de la Constitución que dice: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Es más que evidente que la ineficiente burocracia estatal y los gobernantes corruptos no cumplen con sus obligaciones.

Esta protesta pacífica y legal está más que justificada. Para tener éxito, se necesita del apoyo de algún grupo organizado y con recursos para prepararnos legalmente y dar la batalla. ¿Será que entre los miembros del CACIF, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro… hay quien esté cansado de que a los gobernantes no les importe lo que les ordene la Corte de Constitucionalidad y otras instancias del Estado de Guatemala? ¿Alguien que esté harto de ser explotado por la partida de ladrones en el ejercicio del poder, y sus aliados de pandillas delincuenciales como lo son CODECA, FNL, CUC… que, además de parasitar de nosotros no dejan trabajar?

Edward Snowden en  la sección “Ask Me Anything” en “reditt”, el pasado lunes 23 de febrero, respondió lo siguiente a una pregunta que le hicieron: “…sospecho que los gobiernos están más preocupados por la pérdida de su capacidad para controlar y regular el comportamiento de sus ciudadanos que con el descontento de ellos. ¿Cómo podemos convertir esto en una ventaja para nosotros? Podemos idear medios, mediante la aplicación y sofisticación de la ciencia, para recordarle a los gobernantes que si no son responsables en la custodia de nuestros derechos, nosotros implementaremos los sistemas que garanticen los medios para defender nuestros derechos y eliminar la capacidad de los gobiernos para interferir con esos derechos.

“La idea no es promover la anarquía y eliminar al gobierno, sino recordarles que siempre debe haber un equilibrio de poder entre los gobernantes y los gobernados. Que el progreso científico empodera a comunidades e individuos… que si insisten con su comportamiento deplorable y el cruel desprecio por el ciudadano, podemos encontrar maneras de reducir o eliminar sus poderes sobre un nuevo y permanente fundamento. Nuestros derechos no son garantizados por los gobiernos: son inherentes a nuestra naturaleza. Pero es todo lo contrario para los gobiernos: sus privilegios son artificiales.

“No hemos pensado sobre esto en las últimas décadas porque la calidad de vida ha aumentado en casi todos los aspectos de una manera significativa, y eso nos ha llevado a una cómoda complacencia. Pero tarde o temprano, a lo largo de la historia, nos topamos con períodos donde a los gobernantes les interesa más el poder hacer que lo que DEBEN hacer: lo que es legal se distancia cada vez más de lo que es moral. En esos tiempos, debemos recordar que al final del día la ley no nos defiende; nosotros defendemos la ley. Y cuando eso se convierte en lo contrario a nuestra moral, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de reequilibrarlo hacia fines justos”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de marzo de 2015.