Sin debido proceso, no hay paz

"Meme" de autor anónimo que circula en las redes sociales.

En Guatemala, la Constitución no es respetada ni siquiera por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), hoy erigidos en dictadores. Y no es que nuestra carta magna sea la ideal y menos que establezca un sistema que instituya la igualdad de todos ante la ley. Más aún, las leyes en nuestro país están sepultadas debajo de un montón de legislación, no calculada en su totalidad a la fecha, que hace casi inútil las normas generales, universales, abstractas e impersonales que aseguren el respeto a nuestros derechos individuales.

Sin embargo, la Constitución al menos vela por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos, ya que a pesar de sus contradicciones, desde el artículo primero y el segundo, deja claro que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” y que “su fin supremo es la realización del bien común…”, estableciendo que es “deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Por supuesto que en esos mismos párrafos, lista varios términos ambiguos que es importante definir. Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Según define el Diccionario de la Lengua Española, bien es aquello que nos es de utilidad y nos representa un beneficio; y común implica que debe ser para todos, no sólo para unos cuántos miembros de grupos privilegiados: “Que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios… Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa o lugar… Comunidad, generalidad de personas”.

Entonces, ¿qué nos es de beneficio a todos? Vivir en paz, cada quien persiguiendo sus propios fines, lo cual sólo se alcanza cuando la probabilidad de que se violen los derechos individuales de cualquiera es lo más baja posible, y en caso alguien atente contra otro miembro de la sociedad, se tenga la seguridad de que se hará justicia: se le dará a cada quién lo que le corresponde. Parafraseando a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es el bien común.

Para alcanzar esa justicia, y no cometer en su nombre injusticias, nuestros antepasados concibieron el derecho al debido proceso, para que un inocente no fuera condenado por un crimen que no cometió. El debido proceso y la libertad de expresión, son las más importantes garantías contra el abuso del poder de los gobernantes y de todos quienes detentan el poder político. El debido proceso, como todos los derechos hasta que se prueba sin duda racional que un acusado cometió la violación de la cual se le señala, es inherente a toda persona.

Por eso es sumamente preocupante que ni siquiera los magistrados de la CC respeten las garantías procesales, en especial porque después de ellos, como dijo Luis XV, sólo nos queda el diluvio. Qué tremendo error cometieron los constituyentes de 1985 al otorgarle un poder ilimitado a la CC. Un poder ejercido por cinco personas cuyo fallo no tiene apelación. De nuevo se cumplió la sabia advertencia de Lord Acton: “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 5 de febrero de 2018.

¿Es el gobierno inevitable?

Para responder esta pregunta, primero debemos entender por qué la mayoría de personas elegimos vivir en sociedad. ¿Cuál es el objetivo de asociarnos con otros? ¿Por qué y para qué nos necesitamos los unos a los otros? ¿Cuáles deben ser las características de esa asociación para que sea beneficiosa para todos? Si el objetivo de asociarnos es para vivir la mejor vida posible, según nuestros propios valores y proyectos personales, y facilitarnos alcanzar el propósito más importante de todo ser humano racional, ser feliz, sí es inevitable un gobierno. Si queremos vivir en una sociedad donde prevalezca la paz, que solo se logra a base del respeto mutuo, sí es inevitable el gobierno.

Ahora, en base a las respuestas a las preguntas anteriores, ¿cuál es la naturaleza del gobierno? ¿Cuál debe ser su función dentro de la sociedad? ¿Para qué es necesaria la existencia del gobierno? La naturaleza del gobierno es institucional, y quienes actúan en su nombre poseen temporalmente el poder exclusivo, otorgado al Estado, de poner en vigor en una determinada área geográfica, las normas de conducta que aseguren ese respeto irrestricto de los unos a los otros. Y cuando alguno de los miembros de la sociedad violente la vida, la libertad y la propiedad, estos dos últimos derechos necesarios para que toda persona logre alcanzar sus objetivos de vida, es el gobierno el responsable de capturarlo y juzgarlo respetando el debido proceso.

Hay quienes piensan que debe haber competencia entre los gobiernos. Y en cierta forma la hay, por eso muchos emigran a otros países cuando en el suyo no existen las condiciones necesarias para sobrevivir y mejorar. Pero, no hay que confundir al gobernante con el empresario. La naturaleza del gobierno y la naturaleza de la empresa son diferentes. No se trata de qué puede hacer el gobierno y qué la empresa privada: no es cuestión de permisos que se otorguen por medio de la legislación. El punto importante es entender qué DEBE hacer cada uno de acuerdo con su naturaleza. Cuándo el gobernante o el empresario se entrometen en asuntos que no les corresponden, se convierten en un obstáculo para que los miembros de la sociedad alcancen sus fines.

Como bien lo explica Thomas Babington Macaulay, en “Southey’s Colloquies on Society” (1830): “No es por la intermediación del Estado omnisciente y omnipotente, sino por la prudencia y la energía del pueblo, que Inglaterra ha sido civilizada hasta el presente; y es a la misma prudencia y la misma energía que ahora nos vemos con comodidad y buena esperanza. Nuestros gobernantes promoverán la mejora de la nación limitándose estrictamente a sus propios deberes legítimos, dejando al capital encontrar su curso más lucrativo, a las mercancías su precio justo, a la industria y a la inteligencia su recompensa natural, a la ociosidad y a la locura su castigo natural, manteniendo la paz, defendiendo la propiedad, disminuyendo el costo de la ley y observando la estricta economía en todos los departamentos del Estado. Que el Gobierno haga esto: el pueblo seguramente hará el resto”.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 9 de octubre de 2017.

El diseño pro impunidad

En la reciente reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Iván Velázquez, jefe actual de la CICIG,  hizo una declaración en la cual coincido en principio. Dijo Velázquez que Guatemala fue diseñada para la impunidad. No obstante, como bien dice el refrán que el diablo está en los detalles, me pregunto ¿a qué “diseño” se refiere el Comisionado? Si se refiere al sistema político, continúo estando de acuerdo con él.

Ahora, ¿cuál es el sistema político que impera en Guatemala desde hace más de 70 años? Hasta hace unos días que leí por enésima vez nuestra Constitución, el sistema que prevalece es el de Estado Benefactor/Mercantilista, que es estatista e intervencionista y otorga grandes poderes a los gobernantes, no sólo para proteger los derechos individuales, sino para satisfacer las demandas de los grupos de presión y otorgar privilegios.

Esto me lleva a preguntarme si las acciones legales y los cambios constitucionales que promueve Velázquez, más allá de sus intenciones sean éstas cuales sean, que asumo son buenas, ¿profundizan ese sistema de incentivos perversos o lo cambian radicalmente? Según lo que investigué antes de escribir este artículo, lamentablemente, en lugar de corregir de raíz el problema, lo profundiza proponiendo en la mayoría de los casos más de lo mismo. Repito: estatismo e intervencionismo, además de la concentración del poder judicial en pocas manos. Terrible.

Siguiendo el hilo anterior, pienso que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en la misma reunión mencionada, se equivocó al decir que la corrupción provoca la pobreza. La pobreza no tiene causas, solo la riqueza. En otras palabras, la corrupción NO genera pobreza, pero sí impide que la gente la supere porque la corrupción es parte de ese sistema de incentivos perversos que le roba fondos a la gente productiva para repartirlo entre aquellos que viven parasitariamente dentro de la burocracia estatal (nacional, internacional y supraestatal), los gobernantes, sus familiares, sus amigos y los miembros de los grupos de presión influyentes, en particular en los medios de comunicación. Nos debe de preocupar (y ocupar) quitar los obstáculos que impiden la creación de riqueza y facilitan la corrupción.

Lo anterior explica la preocupación de Fernando del Rincón, en lo que respecta a por qué no existe una lucha real de los Estados contra la corrupción, sino lo que existe es complicidad. Es lógica esa complicidad, al final, los Estados son sólo abstracciones. Quienes actúan con el poder del Estado son los gobernantes y todos los que ya mencioné que se benefician del diseño político que no sólo asegura la impunidad: también facilita la corrupción, o sea, la acumulación de fortunas y, en el largo plazo, la destrucción de la riqueza que podría ayudar a la mayoría a superar la pobreza.

Por tanto, termino preguntando a Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la SAT, ¿para qué debemos pagar impuestos? ¿Para sostener ese nefasto diseño?

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 17 de abril de 2017.

Fábrica de leyes

Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad los medios de información tradicionales, es esa manía de la mayoría de sus miembros de confundir las leyes con la legislación y creer que al Congreso hay que evaluarlo por la cantidad de decretos que emitan los diputados, sin importar las consecuencias en el largo plazo que acarrean estos decretos. Nuevos decretos cuyo objetivo es crear más regulaciones que lo único que logran es debilitar aún más las pocas normas que merecen ser llamadas leyes. Un mal hábito que repiten año con año, en particular por estas fechas.

El error de creer que el Organismo Legislativo es una especie de fábrica de leyes, que rara vez cumplen con las condiciones para serlo efectivamente, promueve el estatismo y la intervención y, contrario a lo que muchos sostienen, esa incontinencia legislativa a los únicos que favorece es a los gobernantes y sus cómplices, ya sean estos últimos miembros de grupos de presión influyentes o familiares y amigos de quienes ejercen el poder.

Un Estado de Derecho, dentro del contexto republicano, está basado en la igualdad de todos ante la ley. Por eso, las leyes deben de ser universales, abstractas, impersonales y pocas para que sean conocidas y obedecidas. Las leyes deben aplicarse a todos por igual, mandantes y mandatarios, estos últimos todavía llamados por la mayoría gobernantes. Ninguno de los decretos legislativos, no importa cuántos sean ni quiénes los propongan, que promuevan la violación de los derechos individuales de unos, con la excusa de beneficiar a otros, pueden ni deben ser llamados leyes, porque estos son contrarios a la igualdad mencionada que asegura la vida, la libertad y la propiedad de todos sin distinciones de ninguna clase.

Sin embargo, en los tiempos actuales, aunque mucha gente engaña y se engaña creyendo que vivimos dentro de una república, la realidad es que hay pocas leyes y mucha legislorrea. Y esta última ahogando, poco a poco con cada nueva regulación que es aprobada, a las primeras. Acabando con la efectividad de las leyes y, de paso, con nuestros derechos individuales que quedan a merced de los caprichos de los poderosos y sus secuaces.

En lugar de promover la emisión de más legislación, debemos exigir la desregulación: la eliminación de todos aquellos decretos que les han permitido a los gobernantes adquirir más y más poder. Poder que es el origen de la corrupción, como bien lo enfatizó el célebre Lord Acton, con su hoy aún más célebre frase: “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”. Si queremos vivir en una sociedad donde imperen la paz, el respeto y la justicia, en la cual podamos convivir, compartir e intercambiar sin la intervención arbitraria de terceros, exijamos a los diputados que legislen menos y fiscalicen más.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 19 de diciembre de 2016.

El poder

El poder es el origen de la corrupción: entre más poder tengan los gobernantes, mayor será ésta. Por tanto, que debemos urgentemente limitar el ejercicio del poder político, es la más importante lección que al menos a mí me dejan las largas, monótonas y soporíferas audiencias que se llevan a cabo para determinar la situación de los acusados en los casos de corrupción denunciados por el MP/CICIG.

                                                              

“Que si Otto aceptó tanto… que si Roxana exigió cuánto… Que si Daniela movió tal cantidad…” En fin, podría dedicar todo este artículo y los siguientes a listar a los acusados y todo el dinero que lograron acumular mientras gobernaban o eran parte del gobierno. “Que si lo dijo fulanito… que si perencejo le reclamó… que si zutanito formó tal sociedad de cartón para lavar lo extorsionado, los sobornos, lo robado…”. Así fue, así es y así será el desarrollo de casi todos los procesos actuales y los que están por venir.

La extorsión es posible porque los gobernantes, los funcionarios gubernamentales y los burócratas estatales TIENEN el poder para hacerla. Los gobernantes, los funcionarios gubernamentales, los burócratas estatales son sobornables porque TIENEN el poder de conceder los privilegios y las prebendas que desean aquellos que tienen el dinero para comprar tales favores. ¿Por qué los gobernantes han adquirido tanto poder? ¿Un poder del cual gozan y abusan también los actuales gobernantes? Porque la mayoría sucumbió ante el engaño del Estado benefactor/Mercantilista. La ÚNICA forma de evitar la corrupción es no dándoles el poder a los gobernantes de otorgar concesiones a NADIE.

Ni los gobernantes ni ningún burócrata de cualquiera de los tres organismo del Estado, debe tener el poder para otorgar privilegios y prebendas a NADIE bajo ninguna excusa. No se justifica, bajo ningún punto de vista racional y objetivo, el que se violen los derechos de unos para beneficiar a otros. Es cuando se les otorga tal poder a los gobernantes con el pretexto de ayudar a los más frágiles, que se pervierte el sistema político y termina siendo una herramienta para cometer injusticias en lugar de prevenirlas o corregirlas.

Aspiremos a vivir en una sociedad donde prevalezca la igualdad de todos ante la ley y donde cada quien coseche lo que siembre. Que nadie goce de prerrogativas que lo sitúen al margen de la ley, la cual debe de regir por igual para todos. Una sociedad en la cual podamos sentir el orgullo de saber que lo que tenemos nos lo hemos ganado, sin importar cuánto sea: poco o mucho son términos relativos. Sentir el orgullo de saber que no le hemos robado nada a nadie de ninguna manera: ni por medios propios ni utilizando al abstracto Estado. Sentir el orgullo de saber que lo que poseemos es nuestro legítimamente: es el resultado de nuestro esfuerzo mental y físico por alcanzar nuestros objetivos libremente fijados. Saber que merecemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Frutos que compartiremos o intercambiaremos con otros según nosotros lo deseemos. Una sociedad justa.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 20 de junio de 2016.

Inocentes

El 28 de diciembre de cada año, es el día en el cual los cristianos occidentales decidieron, arbitrariamente, conmemorar la supuesta matanza de niños menores de 2 años ordenada, según el Evangelio de Mateo, por Herodes I, apodado El Grande. Como es el caso en la mayoría de creencias y celebraciones místicas y religiosas, no existe ninguna evidencia histórica ni arqueológica que sustente este crimen como un hecho que realmente se haya dado en la realidad. A lo más que han llegado algunos que han estudiado este tema es a decir que este asesinato en masa de infantes encajaría con el carácter brutal de Herodes I. Pero nada más, no hay ninguna evidencia que sustente el relato de Mateo.

A mí en lo particular, si acaso se hubiera dado este infanticidio colectivo, me parece algo horrendo conmemorarlo. A lo sumo pienso que habría que recordarlo para que aprendamos que, desde siempre, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, como afirmó Lord Acton. Y que por eso el poder del cual gozan los mandatarios (todavía conocidos como gobernantes) se debe restringir al cuidado de los derechos individuales de todos los miembros inocentes de la sociedad de la cual recibieron el mandato.

El juez Hugo L. Black, uno de los miembros más respetados de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., en su obra titulada “The bill of rights” (1960) apuntó lo siguiente: “El mal uso del poder del gobierno, sobre todo en momentos de estrés, ha traído sufrimiento a la humanidad en todos los tiempos, sobre los cuales tenemos historia auténtica. Algunos de los hombres más nobles y más importantes del mundo han sufrido la ignominia y la muerte sin haber cometido un crimen... Incluso en la iluminada Atenas hubo víctimas inocentes, como es el caso de Sócrates… Las llamas de las inquisiciones en todo el mundo nos han advertido que los gobernantes dotados de poder ilimitado, incluso los hombres bienintencionados… son peligrosos”. Coincido plenamente con el juez Black en lo aseverado en el párrafo citado.

Y, precisamente para asegurar el respeto a los derechos individuales de los inocentes (aquellas personas que respetan la vida, la libertad y la propiedad de los demás y asumen las obligaciones que les corresponde para reclamar el respeto de los propios), debemos reducir el poder que les otorgamos a los mandatarios al estrictamente necesario para que cumplan con sus funciones primordiales: dar seguridad y velar por que haya justicia.

Cualquier otra función que se les otorgue en nombre del abstracto Estado, por más loable que sea, solo abre la oportunidad para que aquellos que lleguen al ejercicio del poder violenten los derechos de quienes se lo otorgaron. Es darles el permiso legal para que cometan injusticias, sin importar en nombre de quién o de qué lo hagan. Bien dicen que la legalidad es una cuestión de poder más que de justicia, lo que ha permitido a lo largo abominaciones como la esclavitud. ¿Queremos vivir en paz? Limitemos el poder político.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 28 de diciembre de 2015.

La impune CICIG

La filosofía y el periodismo tienen un propósito similar: la búsqueda de la Verdad. La filosofía busca las respuestas a las preguntas que nos hacemos en lo que respecta a la realidad, el lugar propio dentro de esa realidad y nuestra relación con los otros. El periodismo busca establecer la Verdad de los hechos que impactan a la mayoría de miembros de la sociedad. El periodismo responde al qué, cómo, dónde, cuándo, quién, cuánto… La filosofía nos explica el por qué y el para qué. Ambas son disciplinas necesarias para la vida del ser humano.

En lo que ha hechos trata, los miembros de la CICIG han mostrado que su fin no es fomentar la justicia. Lo que les interesa es condenar a cualquiera (menos a sus aliados, a sus amigos ideológicos y a quienes ejercen el poder) para presentar resultados ante sus jefes en Nueva York. Para alcanzar tal meta, han intimidado a testigos (sobran denuncias al respecto en la PDH), han comprado los testimonios de los colaboradores eficaces, han extorsionado a los acusados para que se declaren culpables… Ha llegado a tal extremo su prepotencia, que hasta al actual Presidente de la CC, Héctor Hugo Pérez Aguilera, intentaron corromper. Es lamentable que los magistrados no lo denunciaron antes, y que Francisco Dall’Anese haya protegido al responsable, Thomas Pastor. ¿O es que este último solo cumplía órdenes?

Entiendo a las personas bienintencionadas, aunque poco informadas (o mal informadas), que promovieron y respaldaron este experimento de la ONU destinado al fracaso. Pero, lo que no entiendo es la necedad de algunos de continuar apoyando a un ente que probó, nuevamente, lo cierta que es la aseveración de Lord Acton de que “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. El problema va más allá de quién está al frente de la CICIG: el problema es que actúan por encima de la Ley. El problema es el sistema.

El pasado miércoles 28 de agosto se cumplieron 50 años del célebre discurso de Martin Luther King Jr. titulado “I have dream”, del cual reproduzco unas líneas que expresan mi sentir, y el de muchos, en lo que respecta a nuestro país: “... nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación… hemos venido a cobrar este cheque… que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia".

Quienes entendemos lo que implica ser mandantes, que no somos serviles a los gobernantes ni a los arrogantes burócratas internacionales, debemos exigir que acabe esta insensatez, y que los diputados cumplan con su deber de derogar toda la legislación arbitraria, contraria a la Constitución, que nos aleja de un verdadero Estado de Derecho. Los decretos que han aprobado irresponsablemente, ya sea presionados o comprados, que ya no deben ser tolerados por los habitantes de Guatemala que, además, los mantenemos a ellos y a la burocracia en general. Comiencen con el Decreto 35-2007 que dio vida a la CICIG.

Artículo publicado en el diario guatemalteco “Siglo Veintiuno”, el lunes 2 de septiembre de 2013.

El poder de la naturaleza

La naturaleza humana es más poderosa que cualquier intento del hombre por cambiarla. Nuestra naturaleza, que es teleológica. O sea, de fines propios, elegidos por cada individuo. Nuestra naturaleza que es egoísta y de nosotros depende que ese egoísmo sea racional o irracional. Egoísmo cuyo significado es que todo ser humano vela por su interés propio. Por supuesto, al ser el hombre el ser vivo con una capacidad racional superior, exponencialmente mayor que la del resto de animales, lo hace capaz de actuar en contra de sí mismo, en detrimento de su vida y, en mucha ocasiones, en perjuicio de otras personas. Todo por un error sin sentido: el error de falsear la realidad.

Pero, ¿quiénes le tienen miedo a la naturaleza humana y por qué le temen? ¿Cuál es el problema de aceptarla? ¿Por qué prefieren vivir en una fantasía, que suele terminar en una pesadilla, en vez de disfrutar de su vida? ¿Por qué no se promueven las normas que vayan de acuerdo con lo que somos, y no lo que algunos quisieran que fuéramos? ¿Para qué desean tantos cambiar nuestra naturaleza? ¿Los intereses de quiénes favorece esta confusión? ¿Por qué la mayoría acepta, casi sin discutir, esta situación? ¿Por qué hay tanta gente que tan fácilmente se deja manipular?

Las anteriores preguntas, y muchas más, me las hago constantemente. Lo que hoy me lleva a compartirlas con ustedes es un artículo reciente del escritor nicaragüense Sergio Ramírez titulado: “La derrota de las ilusiones”. A continuación copio las ideas que me parecieron más interesantes del escrito mencionado:

"...los antiguos combatientes... convertidos en prósperos burgueses, dueños de la riqueza que con las armas arrebataron de otras manos. Es como si la ley de la historia fuera esa, que los ideales solo pudieran subsistir en tiempos de lucha, y empezaran fatalmente a revertirse, pervertidos por el ejercicio del poder que tiene sus propias reglas, la peor de ellas convertir a los oprimidos en opresores… Más que un agente del cambio será en adelante un agente del poder… El poder, que se vuelve contra los ideales que lo engendraron…  Las reglas del poder son milenarias y funcionan lo mismo bajo cualquier sistema como queda explícito en los dramas de Sófocles y en los de Shakespeare, bajo las tiranías griegas o bajo el feudalismo, bajo la revolución francesa o bajo la revolución cubana, o la fenecida revolución nicaragüense… La realidad nunca miente…”

Me parece sumamente importante el reconocimiento que hace el exVicepresidente de Nicaragua a que la historia del fracaso de las revoluciones violentas ha sido la misma desde siempre. Pero, mal que bien, la civilización avanza, el hombre como especie progresa, gracias al reconocimiento que pensadores preclaros hacen de hechos propios de la naturaleza humana. Entre ellos puedo citar el infinitamente repetido axioma de Lord Acton: “El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente”… a todos.

El presente artículo fue publicado el lunes 30 de julio de 2012 en el diario guatemalteco Siglo Veintiuno. La imagen la bajé del blog atcomunicacion.blogspot.com